A lo largo de las últimas tres décadas el fútbol profesional ha experimentado una transformación radical que lo ha llevado desde la naturaleza de actividad cultural de ámbito eminentemente local que tenía hasta los años 90, a convertirse en una rama más de la industria del entretenimiento global. No en vano el presidente de La Liga, Javier Tebas, reconoció hace unos años en una ponencia en el foro del World Football Summit que su rival hoy en día “no es la Premier League, es Netflix”. Esta transformación se debe en gran parte a los ingresos generados por la explotación de los derechos comerciales y televisivos del fútbol. Es, sin duda, un proceso más de monetización y comercialización de una actividad social tremendamente apegada al acervo cultural europeo.

Esta comercialización del fútbol ha provocado una serie de problemas nuevos y ha agravado otros ya existentes: la manipulación de los partidos y su conexión con los mercados ilegales de apuestas, la difícil sostenibilidad financiera de los clubes, la ruptura de los vínculos sociales entre afición y club, el tráfico de personas asociado al mercado de traspasos, la adquisición de clubes por magnates o incluso por Estados para su uso como instrumento propagandístico, o la corrupción en la concesión de torneos internacionales son algunos de ellos.

En este contexto general y en una coyuntura de crisis pandémica no es de extrañar la aparición de iniciativas como la de crear una denominada Superliga por parte de algunos clubes de élite europeos. Estos clubes buscan independizarse de los órganos de gobierno y gestores de competiciones para garantizarse un alto nivel de ingresos minimizando al máximo (o eliminando si fuera posible) la volatilidad que supone que los ingresos económicos dependan en gran parte de los resultados sobre el campo.

Esta deriva de nuestro fútbol, que llevamos tres décadas experimentando, choca con una realidad a menudo obviada en los análisis más mercantilistas: su componente sociocultural, su importancia para la sociedad al agrupar comunidades y conformar identidades en torno a él, en definitiva, su capacidad de crear capital social.

La presentación fallida de la Superliga espoleó a varios gobiernos e instituciones europeas a pronunciarse sobre los problemas del fútbol y la mejor manera de solucionarlos

Ante este panorama, las comunidades de aficionados han reaccionado contra lo que sienten como un atentado a su forma de entender el fútbol. No es de extrañar que haya sido la movilización de la afición, sobre todo en Inglaterra, una de las principales causas del fracaso del proyecto de Superliga presentado la primavera pasada.

Pero no han sido solo los aficionados los que han pasado a la acción. La presentación fallida de la Superliga espoleó a varios gobiernos nacionales e instituciones europeas a pronunciarse sobre los problemas del fútbol continental y la mejor manera de solucionarlos. Hemos visto en los últimos meses diversas propuestas sobre el futuro del fútbol europeo que parten del consenso relativamente generalizado (aunque no unánime) de que es necesario proteger al fútbol de los efectos negativos de una comercialización excesiva.

La respuesta más contundente llegó por parte del gobierno británico, el país inventor del fútbol. Por un lado, el primer ministro Boris Johnson anunció que usaría todas las herramientas legislativas necesarias para impedir que los clubes ingleses se uniesen a la Superliga. Por otro, puso en marcha una comisión para reformar las estructuras de gobierno del fútbol inglés cuyo informe se publicó recientemente. Las propuestas de reforma son de amplio calado llegando a solicitar la creación de un regulador independiente del fútbol profesional con poder por encima de la federación y de la propia liga. Además, exige que los clubes cumplan con criterios mínimos de transparencia, democracia y diversidad, incluyendo a los aficionados de manera efectiva en la toma de decisiones. Las propuestas estrella en este sentido son dos: dar derecho de veto a los aficionados en decisiones clave del club y la creación de una “junta directiva en la sombra” que pueda fiscalizar la labor de los dueños. Además, recomienda introducir la figura del consejero independiente en las directivas de los clubes. Son propuestas que suenan ambiciosas, pero el derecho de veto ya funciona en otros países como Alemania, y los consejeros independientes son ya algo habitual en el mundo empresarial e, incluso, en federaciones deportivas.

Aunque está por ver si alguna de estas reformas se hace realidad en la cuna del fútbol, la presión política para democratizar la gestión de los clubes dando más responsabilidad a los aficionados ha llegado a un nivel en el que las federaciones y las ligas tienen muy difícil negarse, exponiéndose a ser obligados por ley.

El mensaje que ha llegado desde las instituciones europeas en los últimos seis meses también es claro. El Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y el Consejo de Europa han unido sus voces para pedir tanto a gobiernos nacionales como federaciones, ligas y clubes que reconozcan de manera formal el papel legítimo y democrático de las asociaciones de seguidores en las estructuras de gobierno y gestión del fútbol. Las tres instituciones razonan que un paso así aumentaría la transparencia y la democracia en el fútbol y, al mismo tiempo, protegería el capital social comunitario del deporte.

En España que, no olvidemos, es una de las grandes naciones del mundo futbolístico, se han manifestado de forma muy grave algunos de los problemas producto de la deriva mercantil de nuestro deporte. La obligación para los clubes de categoría profesional de estar constituidos como sociedades anónimas deportivas –vigente desde 1990 hasta hace poco más de un mes– significó la eliminación de las aficiones de la ecuación de poder en la inmensa mayoría de los clubes. Desde entonces han crecido exponencialmente los casos de gestión irresponsable o delictiva que han puesto en riesgo la supervivencia de los clubes o incluso les han llevado a la desaparición. Sirva como ejemplo que la mitad de las sociedades anónimas deportivas que compiten en categoría profesional a día de hoy han pasado por un concurso de acreedores en las últimas dos décadas.

El actual del Proyecto de Ley contiene la supresión de la obligación para las entidades que compitan en categoría profesional de estar constituidas como sociedad anónima

Pero este no es el único problema al que se enfrenta la afición de nuestro país. La excesiva comercialización de nuestro deporte ha traído horarios de los partidos pensados para la televisión que hacen casi imposible para muchos aficionados poder seguir a sus equipos. Esto, unido a unos precios de las entradas que se han incrementado muy notablemente en los últimos años y a una política de seguridad que limita considerablemente la expresión de la cultura tradicional de grada, ha expulsado en buena parte a los colectivos más populares que siempre poblaron las gradas de nuestros estadios, sustituyéndolos por un público con mayor poder adquisitivo. Esta gentrificación del fútbol ha incrementado la capacidad de generar ingresos del sector, pero ha supuesto una renuncia en términos de valor social.

Esta situación hace imprescindible un cambio legal que busque no solo la sostenibilidad financiera de nuestros clubes, algo en lo que se ha avanzado en los últimos años aunque es todavía bastante mejorable. También, al igual que están haciendo otros países, es necesario regular el sector para que el cumplimiento con su función social se equilibre con su importancia como sector económico. Es imprescindible preservar el papel de nuestros clubes como instituciones sociales y culturales apegadas a sus comunidades. El Proyecto de Ley del Deporte que se encuentra pendiente de aprobación en el Parlamento debe otorgar a la afición el estatus de grupo implicado clave que reclaman sus organizaciones representativas y exigen las instituciones europeas.

La redacción actual del Proyecto de Ley –aún pendiente del trámite de enmiendas– contiene dos elementos en este sentido: la supresión de la obligación para las entidades deportivas que compitan en categoría profesional de estar constituidas como sociedad anónima y la introducción de la figura del consejero independiente para defender los intereses de la afición en aquellas entidades que opten por estar constituidas como sociedades anónimas pese a no estar ya obligadas. Pero estas dos medidas son insuficientes. Un avance significativo debe incluir también al menos la participación de la afición en los órganos de gobierno del fútbol, como recomiendan Bruselas y Estrasburgo, y la protección de los vínculos comunitarios de los clubes mediante medidas como la implantación de la regla 50+1, vigente en Alemania y Suecia, para nuevas sociedades anónimas deportivas y la instauración de derechos de veto por parte de la afición sobre ciertas decisiones, como puedan ser traslados de estadio o cambios en símbolos, para las sociedades anónimas existentes.

Nuestro deporte se encuentra en un momento crítico en el que el legislador debe elegir entre dejar que se convierta únicamente en una rama más de la industria del entretenimiento global, con todo los efectos externos negativos de concentración de recursos en pocas manos, de desaparición de instituciones sociales y culturales centenarias y de pérdida definitiva del capital social acumulado, o proteger la función social del fútbol, fomentando la participación de la afición para que esta se convierta en el imprescindible contrapeso que permita preservar nuestro ecosistema de clubes vinculados a sus comunidades.

La pelota la tiene el legislador botando en el punto de penalti, ahora solo los parlamentarios y parlamentarias pueden marcar el gol que necesitamos para salvar nuestro fútbol.

----------------------------------------------------

Borja García es profesor titular de Política y Gestión Deportiva (Loughborough University, Reino Unido).

Emilio Abejón es secretario general de FASFE – Accionistas y Socios del Fútbol Español.