Querida comunidad de Contexto:

Leo hoy recién levantada que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara va a plantear a los grupos de la Asamblea de Extremadura que trasladen al Congreso un cambio en la legislación estatal del suelo, de forma que se pueda indultar el complejo residencial Marina Isla de Valdecañas, que el Tribunal Supremo ha ordenado derruir. Una obra que sentencia tras sentencia, todas las instancias judiciales han determinado que es ilegal y que debe demolerse.

Me retrotraigo al año 2005 y os cuento sucintamente los grandes hitos de este culebrón. Ruego disculpas por lo descriptivo, pero para entender lo que está en juego, hay que conocer su historia.

En 2005 se presentó en Extremadura una solicitud formal para construir una ciudad privada en la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Valdecañas, integradas en la Red Natura 2000. Se pretendía sortear la prohibición de urbanizar mediante la aprobación de un Proyecto de Interés Regional (PIR). Se trataba de un primer prototipo para otras actuaciones similares en el resto de embalses de la comunidad autónoma. Adenex y Ecologistas en Acción fueron las asociaciones que, nada más anunciarse este proyecto (Marina Isla de Valdecañas), cuestionaron y denunciaron esa figura urbanística.

El proyecto fue declarado de interés general a través de la resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en enero de 2006. Se presentó como un complejo turístico de salud (se iba a instalar allí un centro de investigación médica y un spa terapéutico), paisajístico y de servicios. De paso, se construía una urbanización de 133 hectáreas, en la que más tarde se levantarían 180 villas de lujo (el plan inicial era hacer 300), un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, una base náutica con 76 atraques, además de playa artificial. Un complejo comercializado por Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del rey emérito, y Jaime López Ibor, nieto del psiquiatra Juan José López-Ibor y sobrino del empresario Alberto Alcocer, a través de la inmobiliaria Vertical Real Estate. En seguida se sumaron altos directivos de los bancos y empresas del país, cantantes como Carlos Baute, jugadores del Real Madrid, o familiares de expresidentes del gobierno, como José María Aznar Jr., que compraron casa allí. El centro de investigación médica, que sirvió para justificar la utilidad pública del proyecto, terminó reconvertido en más apartamentos.

En 2007, la Junta de Extremadura aprueba definitivamente el PIR. A partir de ahí, se inicia toda una serie de denuncias, alegaciones, quejas a la Comisión y al Parlamento Europeos, informes científicos, además de diversas protestas y manifestaciones, encabezados por Adenex y Ecologistas en Acción.

En marzo de 2009, llega la primera sentencia en contra. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara la anulación del decreto de ciudades mixtas porque iba en contra de la ley del suelo extremeña en vigor, que no contemplaba que ese tipo de desarrollos turísticos fueran objeto de Interés General.

En marzo de 2011, llega la segunda sentencia. El mismo tribunal estimó nulo el decreto de aprobación del PIR. La Sentencia decía literalmente: “Existe la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del proyecto aprobado, sobre la oportunidad de efectuar la reclasificación de unos terrenos de especial protección a urbanizable”. Y continuaba: “En suma, no parece que pueda negarse que el único interés que ha sido valorado en la aprobación del proyecto haya sido otro que el meramente económico –como es lógico– de la promotora, que asume una importante inversión de la que, es obvio, ha de pretender resarcirse”. Consideraba, además, que no se había realizado correctamente la evaluación de impacto ambiental al no contemplarse distintas alternativas de ubicación para el proyecto. Esta sentencia de 2011 ordenó reponer los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acordó ejecutar la sentencia, decretando la paralización de las obras, la desocupación de los inmuebles ya construidos, que eran muy pocos en aquel momento, y la inscripción de la sentencia en el registro de la propiedad a los efectos de evitar que se siguiera urbanizando, y para garantizar su cumplimiento. Pero el tribunal fijó una fianza de nada menos que 41 millones de euros, que los demandantes tenían que depositar previamente para que se hiciera efectiva la paralización de las obras. La imposibilidad económica de asumir la fianza hizo que la sentencia, de facto, fuese papel mojado.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decretó la paralización de las obras, la desocupación de los inmuebles ya construidos y la inscripción de la sentencia en el registro de la propiedad

Tres días después de la notificación de la Sentencia de marzo de 2011, el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Extremadura emitía un certificado al promotor del proyecto donde le comunicaba que: “Las obras realizadas conforme al proyecto son legales y pueden seguir ejecutándose, no existiendo ninguna limitación para continuar con su ejecución y desarrollo del proyecto aprobado”.

Las obras continuaron y fue a partir de este momento cuando se construyeron y vendieron la mayor parte de las viviendas. Los compradores eran informados notarialmente de los procesos judiciales, y la promotora se comprometía a recomprar las viviendas en caso de que finalmente tuvieran que ser demolidas. La promotora quebró posteriormente en 2014.

También en marzo de 2011, tres semanas después de la sentencia, la Junta de Extremadura cambió la Ley de Suelo, estableciendo que la protección del terreno no era incompatible con su urbanización. Y acto seguido, homologó el PIR Isla de Valdecañas. Esta decisión fue, de nuevo, recurrida por Ecologistas en Acción que pidió que se plantease una cuestión de inconstitucionalidad, por entender que se trataba de una ley singular dictada para evitar los efectos de la sentencia y que contradecía la legislación básica estatal.

En enero de 2014, el Tribunal Supremo confirmaba definitivamente lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Era la tercera sentencia que confirmaba la ilegalidad del complejo y la obligación de su demolición.

Desde entonces, la Junta de Extremadura realizó todo tipo de alegaciones para no ejecutar la sentencia, es decir, no demoler, y para escaquearse de la responsabilidad política de semejante chapuza.

Se alegaron los efectos adversos para la revitalización de la comarca. Hay que decir que no se acreditaron. Un informe pericial, elaborado en 2014 por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Manuel Delgado y otros expertos, concluía que el poco empleo generado tenía una altísima temporalidad y había sido a costa de inversiones disparatadas –al menos, 1,8 millones euros de inversión por cada empleo generado–. Por otro lado, en la comarca se había registrado un incremento del desempleo del 23,7% a pesar de la ejecución de esta urbanización ilegal. Y en particular, en los pueblos más próximos a Marina de Valdecañas, los demandantes de empleo entre 2007 y 2014, los años de construcción del complejo, se habían multiplicado por 12 en El Berrocalejo, o habían aumentado un 137% en El Gordo.

Así que el único argumento material que el Gobierno de Extremadura pudo plantear con la intención de frenar la sentencia se basaba –al loro– en los... ¡¡efectos ambientales negativos de la demolición!! El Tribunal decidió solicitar una prueba pericial que dirimiese ese asunto y se lo encargó a la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al CSIC. Emitieron su informe en enero de 2019 y decía textualmente: “Mantener el Complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional. Por tanto […] la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla”, es decir el desmantelamiento de lo construido.

En noviembre de 2019, llega la cuarta sentencia. El Tribunal Constitucional vuelve a dar la razón a las organizaciones ecologistas, declarando que la reforma de la Ley del Suelo Extremeña que mencionamos más arriba era inconstitucional.

En junio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decide que bastaría con demoler lo que está a medio construir, es decir, permitía que lo que ya se ha levantado permaneciera por “imposibilidad material” de echarlo abajo. Este auto planteaba compensar a las entidades denunciantes con el pago de 250.000 euros, en concepto de compensación por el largo procedimiento judicial. Obviamente, se renunció a cobrar esa cantidad.

Ecologistas en Acción volvió a llevar ese auto de ejecución al Tribunal Supremo, que, de nuevo, le dio la razón y en febrero de 2022 dictaminó la demolición de todo el complejo.

Este es a grandes rasgos el proceso. Os voy a ahorrar todo el anecdotario a lo largo de estos más de 16 años. Intentos de sobornos, amenazas más o menos veladas, desprestigio, criminalización, presentación de las personas y entidades denunciantes como amenaza y peligro. Las caras más visibles de la denuncia y la movilización han sido insultadas, amenazadas e incluso alguna ha tenido que dejar los pueblos en los que vivían. Me refiero especialmente a Paca Blanco, que fue entrevistada en CTXT. Si leéis su entrevista veréis que es poco sospechosa de ser una urbanita adinerada que se dedica a joderle la vida a la gente que vive en el espacio rural.

Las caras más visibles de la denuncia y la movilización han sido insultadas, amenazadas e incluso alguna ha tenido que dejar los pueblos en los que vivían

El Gobierno regional ya ha anunciado que recurrirá esa decisión, con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, ante el Tribunal Constitucional.

En este momento, el tratamiento político y de una parte importante de los medios de comunicación es lamentable. La pobre Isla de Valdecañas ha sido descrita como vertedero, terreno putrefacto, con árboles piltrafosos y animales sin valor. Eso a pesar de que fue la propia Junta de Extremadura la que le otorgó las figuras de protección y tenía la obligación de cuidar el lugar. Las asociaciones ecologistas que han denunciado son linchadas y se hacen declaraciones que, si no fuese porque son de alguien responsable de las cuestiones relacionadas con el reto demográfico del partido que gobierna, serían hasta cachondas. “No hemos visto (a los ecologistas) protestar porque las aves migratorias se salen de sus circuitos y vienen a nuestras parcelas a comerse el grano de las siembras o a nuestras dehesas a por las bellotas de nuestras ovejas, vacas, caballos o cerdos. Ni las parcelas ni las dehesas en las que pastan las grullas como ganadería en extensivo sin control sanitario alguno están bajo protección, ni reciben compensación extra por este robo de producto (y en años como este de sequía extrema estamos para regalarlo…)”. Ecologistas que exigen el cumplimiento de las leyes y grullas ladronas como culpables del despoblamiento rural…

Fernández Vara reclama cambiar la Ley del Suelo porque de lo contrario no se van a poder “hacer cosas”. El problema, precisamente, está en precisar qué cosas se quieren hacer, a costa de qué y a quién benefician. Después del estallido de la burbuja inmobiliaria, del destape de la gigantesca maquinaria de corrupción que supuso la recalificación masiva de suelos, y las consecuencias que tuvo para muchas personas, resulta infame sostener que el bienestar de la gente de a pie requiere allanar el camino para que los más ricos se enriquezcan más.

Reducir la política económica y social a eliminar trabas a cualquier negocio es alucinante. En un momento de crisis de suministro de energía y materias primas, con la amenaza de las subidas de precios de bienes básicos, y en medio de la profundización de las desigualdades, es una propuesta política insultante, sobre todo para un político acoplado en un partido socialista. Fernández Vara se equivoca también al decir que los territorios se están despoblando como consecuencia del exceso de protección ambiental. La mejor prueba es señalar que Extremadura tiene un 34% de su territorio sujeto a alguna figura de protección, un porcentaje similar a la media estatal. Sin embargo, comunidades con mucha más población y por tanto urbanización como Madrid y Valencia tienen más territorio protegido, 41% y 39% respectivamente. No es que defienda esos modelos de desarrollo, uso el ejemplo para señalar que la correlación entre protección y despoblación no se sostiene.

Es obvio que se compraron casas y se firmaron las escrituras de propiedad a sabiendas de la ilegalidad del complejo. Tampoco se puede obviar la responsabilidad de la empresa promotora, en concurso de acreedores desde 2014, cuyo gerente ya está jubilado. Pero lo sangrante es que se obvie una contundente serie de sentencias que evidenció, de forma persistente y sin atisbo de duda, que la Junta incumplió una y otra vez la legislación vigente en materia urbanística y de protección del medio ambiente. El presidente Fernández Vara ha dicho que “habría que pedir responsabilidades a quienes en ese momento (los años 90, cuando las autonomías propusieron a Europa las zonas a proteger) se pusieron a delimitar tanto espacio”. Pero a quien hay que pedir responsabilidades es a las administraciones y representantes del Gobierno y de la Asamblea de Extremadura que, lejos de defender el interés general, la legalidad urbanística y proteger el territorio, han actuado protegiendo el interés particular del promotor urbanístico.

El comportamiento de la Junta está siendo deleznable. Las agresiones verbales contra los grupos ecologistas son alentadas por buena parte de los poderes mediáticos y económicos extremeños

El comportamiento de la Junta está siendo deleznable. Las agresiones verbales contra los grupos ecologistas son alentadas por buena parte de los poderes mediáticos y económicos extremeños. Se está presionando a quienes han defendido la legalidad –con rigor y con un solvente trabajo de los abogados que han intervenido–, en lugar de exigir responsabilidades a quienes la han vulnerado de forma consciente y premeditada. En lugar de reconocer y pedir disculpas por su nefasta y delictiva actuación, la Junta de Extremadura alienta discursos populistas que no se distinguen de los que mantiene la ultraderecha.

Hubo muchos años para rectificar y se optó por la huida hacia delante y la política de hechos consumados. Se cruzaron los dedos confiando en la impunidad. Se ganan los pleitos pero no se ejecutan. Asumir la política de hechos consumados es asentar la impunidad. Somos un país asentado sobre la impunidad. Si ya están construidas las casas ¿para qué demolerlas? Si se consiguieron mascarillas que hacían falta ¿para qué investigar quién se enriqueció con dinero público? Si ya están muertos los enterrados en las cunetas ¿para qué buscar sus huesos? La impunidad legitima a quienes violan la posibilidad de vivir en común de forma justa y digna. El indulto como política de privilegio.

Resulta especialmente doloroso que se azuce a la gente de los pueblos para que sean las que se manifiesten en contra de la sentencia y la demolición. Es terrible que un gobierno socialista aliente que la gente de los pueblos salga en tromba a defender el patrimonio de los ricos. Hace poco el portavoz de Ciudadanos decía: “Quiero más Valdecañas, que vengan todos los ricachones en vez de irse a Ibiza a gastarse las perras”. Ahora, que vivo en un pueblo, veo la rabia que le da a mucha gente de aquí la idea de que el desarrollo es dejar disponibles los sitios menos destrozados para que gente urbana y rica haga lo que quiera, y eso posibilite trabajar limpiando sus váteres, haciendo de segurata en sus propiedades o de camarero en los bares y restaurantes.

Hablando de despoblación, desigualdad y pobreza en Extremadura, alguna responsabilidad tendrán los partidos que han gobernado la Junta los últimos 40 años, ¿no? Quizás algo tenga que ver con cómo se ha gestionado y malgastado el enorme monto de ayudas europeas procedentes de los fondos estructurales, el clientelismo y el caciquismo convertidos en la “cultura política” que impera en los ayuntamientos y la propia Junta o el desigual reparto de la tierra que hacen de Extremadura una colonia intrametropolitana, que sufre el (mal) gobierno de unas élites rentistas que usan las instituciones públicas para su propio mantenimiento y lucro.

Y hoy, me levanto con la información de la intención de cambiar la Ley del Suelo estatal en un nuevo intento de saltarse todas las sentencias. Tendremos que estar atentas. Veremos cómo recibe el Gobierno central la petición de cambio en la Ley del Suelo. Mirando al mundo que tenemos alrededor, se hace cada vez más obvio la necesidad de cambios estructurales que protejan a las personas, en el sentido de que tengan garantizadas la cobertura de las necesidades, y que preserven el suelo y las condiciones ecológicas que hagan posible la producción de alimentos y la regeneración de la vida. España es un país muy afectado por el cambio climático, y dependiente alimentaria y energéticamente.

Apostar por una reedición de la cultura del ladrillo es un disparate. Veremos qué hace Sánchez. Y seguiremos contestando lo que haga falta.

Que al menos le podamos decir a quienes vienen detrás que nunca dejamos de intentarlo.

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