1. Número 1 · Enero 2015

  2. Número 2 · Enero 2015

  3. Número 3 · Enero 2015

  4. Número 4 · Febrero 2015

  5. Número 5 · Febrero 2015

  6. Número 6 · Febrero 2015

  7. Número 7 · Febrero 2015

  8. Número 8 · Marzo 2015

  9. Número 9 · Marzo 2015

  10. Número 10 · Marzo 2015

  11. Número 11 · Marzo 2015

  12. Número 12 · Abril 2015

  13. Número 13 · Abril 2015

  14. Número 14 · Abril 2015

  15. Número 15 · Abril 2015

  16. Número 16 · Mayo 2015

  17. Número 17 · Mayo 2015

  18. Número 18 · Mayo 2015

  19. Número 19 · Mayo 2015

  20. Número 20 · Junio 2015

  21. Número 21 · Junio 2015

  22. Número 22 · Junio 2015

  23. Número 23 · Junio 2015

  24. Número 24 · Julio 2015

  25. Número 25 · Julio 2015

  26. Número 26 · Julio 2015

  27. Número 27 · Julio 2015

  28. Número 28 · Septiembre 2015

  29. Número 29 · Septiembre 2015

  30. Número 30 · Septiembre 2015

  31. Número 31 · Septiembre 2015

  32. Número 32 · Septiembre 2015

  33. Número 33 · Octubre 2015

  34. Número 34 · Octubre 2015

  35. Número 35 · Octubre 2015

  36. Número 36 · Octubre 2015

  37. Número 37 · Noviembre 2015

  38. Número 38 · Noviembre 2015

  39. Número 39 · Noviembre 2015

  40. Número 40 · Noviembre 2015

  41. Número 41 · Diciembre 2015

  42. Número 42 · Diciembre 2015

  43. Número 43 · Diciembre 2015

  44. Número 44 · Diciembre 2015

  45. Número 45 · Diciembre 2015

  46. Número 46 · Enero 2016

  47. Número 47 · Enero 2016

  48. Número 48 · Enero 2016

  49. Número 49 · Enero 2016

  50. Número 50 · Febrero 2016

  51. Número 51 · Febrero 2016

  52. Número 52 · Febrero 2016

  53. Número 53 · Febrero 2016

  54. Número 54 · Marzo 2016

  55. Número 55 · Marzo 2016

  56. Número 56 · Marzo 2016

  57. Número 57 · Marzo 2016

  58. Número 58 · Marzo 2016

  59. Número 59 · Abril 2016

  60. Número 60 · Abril 2016

  61. Número 61 · Abril 2016

  62. Número 62 · Abril 2016

  63. Número 63 · Mayo 2016

  64. Número 64 · Mayo 2016

  65. Número 65 · Mayo 2016

  66. Número 66 · Mayo 2016

  67. Número 67 · Junio 2016

  68. Número 68 · Junio 2016

  69. Número 69 · Junio 2016

  70. Número 70 · Junio 2016

  71. Número 71 · Junio 2016

  72. Número 72 · Julio 2016

  73. Número 73 · Julio 2016

  74. Número 74 · Julio 2016

  75. Número 75 · Julio 2016

  76. Número 76 · Agosto 2016

  77. Número 77 · Agosto 2016

  78. Número 78 · Agosto 2016

  79. Número 79 · Agosto 2016

  80. Número 80 · Agosto 2016

  81. Número 81 · Septiembre 2016

  82. Número 82 · Septiembre 2016

  83. Número 83 · Septiembre 2016

  84. Número 84 · Septiembre 2016

  85. Número 85 · Octubre 2016

  86. Número 86 · Octubre 2016

  87. Número 87 · Octubre 2016

  88. Número 88 · Octubre 2016

  89. Número 89 · Noviembre 2016

  90. Número 90 · Noviembre 2016

  91. Número 91 · Noviembre 2016

  92. Número 92 · Noviembre 2016

  93. Número 93 · Noviembre 2016

  94. Número 94 · Diciembre 2016

  95. Número 95 · Diciembre 2016

  96. Número 96 · Diciembre 2016

  97. Número 97 · Diciembre 2016

  98. Número 98 · Enero 2017

  99. Número 99 · Enero 2017

  100. Número 100 · Enero 2017

  101. Número 101 · Enero 2017

  102. Número 102 · Febrero 2017

  103. Número 103 · Febrero 2017

  104. Número 104 · Febrero 2017

  105. Número 105 · Febrero 2017

  106. Número 106 · Marzo 2017

  107. Número 107 · Marzo 2017

  108. Número 108 · Marzo 2017

  109. Número 109 · Marzo 2017

  110. Número 110 · Marzo 2017

  111. Número 111 · Abril 2017

  112. Número 112 · Abril 2017

  113. Número 113 · Abril 2017

  114. Número 114 · Abril 2017

  115. Número 115 · Mayo 2017

  116. Número 116 · Mayo 2017

  117. Número 117 · Mayo 2017

  118. Número 118 · Mayo 2017

  119. Número 119 · Mayo 2017

  120. Número 120 · Junio 2017

  121. Número 121 · Junio 2017

  122. Número 122 · Junio 2017

  123. Número 123 · Junio 2017

  124. Número 124 · Julio 2017

  125. Número 125 · Julio 2017

  126. Número 126 · Julio 2017

  127. Número 127 · Julio 2017

  128. Número 128 · Agosto 2017

  129. Número 129 · Agosto 2017

  130. Número 130 · Agosto 2017

  131. Número 131 · Agosto 2017

  132. Número 132 · Agosto 2017

  133. Número 133 · Septiembre 2017

  134. Número 134 · Septiembre 2017

  135. Número 135 · Septiembre 2017

  136. Número 136 · Septiembre 2017

  137. Número 137 · Octubre 2017

  138. Número 138 · Octubre 2017

  139. Número 139 · Octubre 2017

  140. Número 140 · Octubre 2017

  141. Número 141 · Noviembre 2017

  142. Número 142 · Noviembre 2017

  143. Número 143 · Noviembre 2017

  144. Número 144 · Noviembre 2017

  145. Número 145 · Noviembre 2017

  146. Número 146 · Diciembre 2017

  147. Número 147 · Diciembre 2017

  148. Número 148 · Diciembre 2017

  149. Número 149 · Diciembre 2017

  150. Número 150 · Enero 2018

  151. Número 151 · Enero 2018

  152. Número 152 · Enero 2018

  153. Número 153 · Enero 2018

  154. Número 154 · Enero 2018

  155. Número 155 · Febrero 2018

  156. Número 156 · Febrero 2018

  157. Número 157 · Febrero 2018

  158. Número 158 · Febrero 2018

  159. Número 159 · Marzo 2018

  160. Número 160 · Marzo 2018

  161. Número 161 · Marzo 2018

  162. Número 162 · Marzo 2018

  163. Número 163 · Abril 2018

  164. Número 164 · Abril 2018

  165. Número 165 · Abril 2018

  166. Número 166 · Abril 2018

  167. Número 167 · Mayo 2018

  168. Número 168 · Mayo 2018

  169. Número 169 · Mayo 2018

  170. Número 170 · Mayo 2018

  171. Número 171 · Mayo 2018

  172. Número 172 · Junio 2018

  173. Número 173 · Junio 2018

  174. Número 174 · Junio 2018

  175. Número 175 · Junio 2018

  176. Número 176 · Julio 2018

  177. Número 177 · Julio 2018

  178. Número 178 · Julio 2018

  179. Número 179 · Julio 2018

  180. Número 180 · Agosto 2018

  181. Número 181 · Agosto 2018

  182. Número 182 · Agosto 2018

  183. Número 183 · Agosto 2018

  184. Número 184 · Agosto 2018

  185. Número 185 · Septiembre 2018

  186. Número 186 · Septiembre 2018

  187. Número 187 · Septiembre 2018

  188. Número 188 · Septiembre 2018

  189. Número 189 · Octubre 2018

  190. Número 190 · Octubre 2018

  191. Número 191 · Octubre 2018

  192. Número 192 · Octubre 2018

  193. Número 193 · Octubre 2018

  194. Número 194 · Noviembre 2018

  195. Número 195 · Noviembre 2018

  196. Número 196 · Noviembre 2018

  197. Número 197 · Noviembre 2018

  198. Número 198 · Diciembre 2018

  199. Número 199 · Diciembre 2018

  200. Número 200 · Diciembre 2018

  201. Número 201 · Diciembre 2018

  202. Número 202 · Enero 2019

  203. Número 203 · Enero 2019

  204. Número 204 · Enero 2019

  205. Número 205 · Enero 2019

  206. Número 206 · Enero 2019

  207. Número 207 · Febrero 2019

  208. Número 208 · Febrero 2019

  209. Número 209 · Febrero 2019

  210. Número 210 · Febrero 2019

  211. Número 211 · Marzo 2019

  212. Número 212 · Marzo 2019

  213. Número 213 · Marzo 2019

  214. Número 214 · Marzo 2019

  215. Número 215 · Abril 2019

  216. Número 216 · Abril 2019

  217. Número 217 · Abril 2019

  218. Número 218 · Abril 2019

  219. Número 219 · Mayo 2019

  220. Número 220 · Mayo 2019

  221. Número 221 · Mayo 2019

  222. Número 222 · Mayo 2019

  223. Número 223 · Mayo 2019

  224. Número 224 · Junio 2019

  225. Número 225 · Junio 2019

  226. Número 226 · Junio 2019

  227. Número 227 · Junio 2019

  228. Número 228 · Julio 2019

  229. Número 229 · Julio 2019

  230. Número 230 · Julio 2019

  231. Número 231 · Julio 2019

  232. Número 232 · Julio 2019

  233. Número 233 · Agosto 2019

  234. Número 234 · Agosto 2019

  235. Número 235 · Agosto 2019

  236. Número 236 · Agosto 2019

  237. Número 237 · Septiembre 2019

  238. Número 238 · Septiembre 2019

  239. Número 239 · Septiembre 2019

  240. Número 240 · Septiembre 2019

  241. Número 241 · Octubre 2019

  242. Número 242 · Octubre 2019

  243. Número 243 · Octubre 2019

  244. Número 244 · Octubre 2019

  245. Número 245 · Octubre 2019

  246. Número 246 · Noviembre 2019

  247. Número 247 · Noviembre 2019

  248. Número 248 · Noviembre 2019

  249. Número 249 · Noviembre 2019

  250. Número 250 · Diciembre 2019

  251. Número 251 · Diciembre 2019

  252. Número 252 · Diciembre 2019

  253. Número 253 · Diciembre 2019

  254. Número 254 · Enero 2020

  255. Número 255 · Enero 2020

  256. Número 256 · Enero 2020

  257. Número 257 · Febrero 2020

  258. Número 258 · Marzo 2020

  259. Número 259 · Abril 2020

  260. Número 260 · Mayo 2020

  261. Número 261 · Junio 2020

  262. Número 262 · Julio 2020

  263. Número 263 · Agosto 2020

  264. Número 264 · Septiembre 2020

  265. Número 265 · Octubre 2020

  266. Número 266 · Noviembre 2020

  267. Número 267 · Diciembre 2020

  268. Número 268 · Enero 2021

  269. Número 269 · Febrero 2021

  270. Número 270 · Marzo 2021

  271. Número 271 · Abril 2021

  272. Número 272 · Mayo 2021

  273. Número 273 · Junio 2021

  274. Número 274 · Julio 2021

  275. Número 275 · Agosto 2021

  276. Número 276 · Septiembre 2021

  277. Número 277 · Octubre 2021

  278. Número 278 · Noviembre 2021

  279. Número 279 · Diciembre 2021

  280. Número 280 · Enero 2022

  281. Número 281 · Febrero 2022

  282. Número 282 · Marzo 2022

  283. Número 283 · Abril 2022

  284. Número 284 · Mayo 2022

  285. Número 285 · Junio 2022

  286. Número 286 · Julio 2022

  287. Número 287 · Agosto 2022

  288. Número 288 · Septiembre 2022

  289. Número 289 · Octubre 2022

CTXT necesita 15.000 socias/os para seguir creciendo. Suscríbete a CTXT

CARTA A LA COMUNIDAD

Kafka en Valdecañas

Yayo Herrero 4/04/2022

Urbanización de Marina Isla de Valdecañas.
Urbanización de Marina Isla de Valdecañas. M.A.F

A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!

Querida comunidad de Contexto:

Leo hoy recién levantada que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara va a plantear a los grupos de la Asamblea de Extremadura que trasladen al Congreso un cambio en la legislación estatal del suelo, de forma que se pueda indultar el complejo residencial Marina Isla de Valdecañas, que el Tribunal Supremo ha ordenado derruir. Una obra que sentencia tras sentencia, todas las instancias judiciales han determinado que es ilegal y que debe demolerse.

Me retrotraigo al año 2005 y os cuento sucintamente los grandes hitos de este culebrón. Ruego disculpas por lo descriptivo, pero para entender lo que está en juego, hay que conocer su historia.

En 2005 se presentó en Extremadura una solicitud formal para construir una ciudad privada en la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Valdecañas, integradas en la Red Natura 2000. Se pretendía sortear la prohibición de urbanizar mediante la aprobación de un Proyecto de Interés Regional (PIR). Se trataba de un primer prototipo para otras actuaciones similares en el resto de embalses de la comunidad autónoma. Adenex y Ecologistas en Acción fueron las asociaciones que, nada más anunciarse este proyecto (Marina Isla de Valdecañas), cuestionaron y denunciaron esa figura urbanística.

El proyecto fue declarado de interés general a través de la resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en enero de 2006. Se presentó como un complejo turístico de salud (se iba a instalar allí un centro de investigación médica y un spa terapéutico), paisajístico y de servicios. De paso, se construía una urbanización de 133 hectáreas, en la que más tarde se levantarían 180 villas de lujo (el plan inicial era hacer 300), un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas, una base náutica con 76 atraques, además de playa artificial. Un complejo comercializado por Beltrán Gómez-Acebo, sobrino del rey emérito, y Jaime López Ibor, nieto del psiquiatra Juan José López-Ibor y sobrino del empresario Alberto Alcocer, a través de la inmobiliaria Vertical Real Estate. En seguida se sumaron altos directivos de los bancos y empresas del país, cantantes como Carlos Baute, jugadores del Real Madrid, o familiares de expresidentes del gobierno, como José María Aznar Jr., que compraron casa allí. El centro de investigación médica, que sirvió para justificar la utilidad pública del proyecto, terminó reconvertido en más apartamentos.

En 2007, la Junta de Extremadura aprueba definitivamente el PIR. A partir de ahí, se inicia toda una serie de denuncias, alegaciones, quejas a la Comisión y al Parlamento Europeos, informes científicos, además de diversas protestas y manifestaciones, encabezados por Adenex y Ecologistas en Acción.

En marzo de 2009, llega la primera sentencia en contra. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara la anulación del decreto de ciudades mixtas porque iba en contra de la ley del suelo extremeña en vigor, que no contemplaba que ese tipo de desarrollos turísticos fueran objeto de Interés General.

En marzo de 2011, llega la segunda sentencia. El mismo tribunal estimó nulo el decreto de aprobación del PIR. La Sentencia decía literalmente: “Existe la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del proyecto aprobado, sobre la oportunidad de efectuar la reclasificación de unos terrenos de especial protección a urbanizable”. Y continuaba: “En suma, no parece que pueda negarse que el único interés que ha sido valorado en la aprobación del proyecto haya sido otro que el meramente económico –como es lógico– de la promotora, que asume una importante inversión de la que, es obvio, ha de pretender resarcirse”. Consideraba, además, que no se había realizado correctamente la evaluación de impacto ambiental al no contemplarse distintas alternativas de ubicación para el proyecto. Esta sentencia de 2011 ordenó reponer los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acordó ejecutar la sentencia, decretando la paralización de las obras, la desocupación de los inmuebles ya construidos, que eran muy pocos en aquel momento, y la inscripción de la sentencia en el registro de la propiedad a los efectos de evitar que se siguiera urbanizando, y para garantizar su cumplimiento. Pero el tribunal fijó una fianza de nada menos que 41 millones de euros, que los demandantes tenían que depositar previamente para que se hiciera efectiva la paralización de las obras. La imposibilidad económica de asumir la fianza hizo que la sentencia, de facto, fuese papel mojado.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decretó la paralización de las obras, la desocupación de los inmuebles ya construidos y la inscripción de la sentencia en el registro de la propiedad

Tres días después de la notificación de la Sentencia de marzo de 2011, el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Extremadura emitía un certificado al promotor del proyecto donde le comunicaba que: “Las obras realizadas conforme al proyecto son legales y pueden seguir ejecutándose, no existiendo ninguna limitación para continuar con su ejecución y desarrollo del proyecto aprobado”.

Las obras continuaron y fue a partir de este momento cuando se construyeron y vendieron la mayor parte de las viviendas. Los compradores eran informados notarialmente de los procesos judiciales, y la promotora se comprometía a recomprar las viviendas en caso de que finalmente tuvieran que ser demolidas. La promotora quebró posteriormente en 2014.

También en marzo de 2011, tres semanas después de la sentencia, la Junta de Extremadura cambió la Ley de Suelo, estableciendo que la protección del terreno no era incompatible con su urbanización. Y acto seguido, homologó el PIR Isla de Valdecañas. Esta decisión fue, de nuevo, recurrida por Ecologistas en Acción que pidió que se plantease una cuestión de inconstitucionalidad, por entender que se trataba de una ley singular dictada para evitar los efectos de la sentencia y que contradecía la legislación básica estatal.

En enero de 2014, el Tribunal Supremo confirmaba definitivamente lo dictaminado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Era la tercera sentencia que confirmaba la ilegalidad del complejo y la obligación de su demolición.

Desde entonces, la Junta de Extremadura realizó todo tipo de alegaciones para no ejecutar la sentencia, es decir, no demoler, y para escaquearse de la responsabilidad política de semejante chapuza.

Se alegaron los efectos adversos para la revitalización de la comarca. Hay que decir que no se acreditaron. Un informe pericial, elaborado en 2014 por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Manuel Delgado y otros expertos, concluía que el poco empleo generado tenía una altísima temporalidad y había sido a costa de inversiones disparatadas –al menos, 1,8 millones euros de inversión por cada empleo generado–. Por otro lado, en la comarca se había registrado un incremento del desempleo del 23,7% a pesar de la ejecución de esta urbanización ilegal. Y en particular, en los pueblos más próximos a Marina de Valdecañas, los demandantes de empleo entre 2007 y 2014, los años de construcción del complejo, se habían multiplicado por 12 en El Berrocalejo, o habían aumentado un 137% en El Gordo.

Así que el único argumento material que el Gobierno de Extremadura pudo plantear con la intención de frenar la sentencia se basaba –al loro– en los... ¡¡efectos ambientales negativos de la demolición!! El Tribunal decidió solicitar una prueba pericial que dirimiese ese asunto y se lo encargó a la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al CSIC. Emitieron su informe en enero de 2019 y decía textualmente: “Mantener el Complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional. Por tanto […] la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla”, es decir el desmantelamiento de lo construido.

En noviembre de 2019, llega la cuarta sentencia. El Tribunal Constitucional vuelve a dar la razón a las organizaciones ecologistas, declarando que la reforma de la Ley del Suelo Extremeña que mencionamos más arriba era inconstitucional.

En junio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decide que bastaría con demoler lo que está a medio construir, es decir, permitía que lo que ya se ha levantado permaneciera por “imposibilidad material” de echarlo abajo. Este auto planteaba compensar a las entidades denunciantes con el pago de 250.000 euros, en concepto de compensación por el largo procedimiento judicial. Obviamente, se renunció a cobrar esa cantidad.

Ecologistas en Acción volvió a llevar ese auto de ejecución al Tribunal Supremo, que, de nuevo, le dio la razón y en febrero de 2022 dictaminó la demolición de todo el complejo.

Este es a grandes rasgos el proceso. Os voy a ahorrar todo el anecdotario a lo largo de estos más de 16 años. Intentos de sobornos, amenazas más o menos veladas, desprestigio, criminalización, presentación de las personas y entidades denunciantes como amenaza y peligro. Las caras más visibles de la denuncia y la movilización han sido insultadas, amenazadas e incluso alguna ha tenido que dejar los pueblos en los que vivían. Me refiero especialmente a Paca Blanco, que fue entrevistada en CTXT. Si leéis su entrevista veréis que es poco sospechosa de ser una urbanita adinerada que se dedica a joderle la vida a la gente que vive en el espacio rural.

Las caras más visibles de la denuncia y la movilización han sido insultadas, amenazadas e incluso alguna ha tenido que dejar los pueblos en los que vivían

El Gobierno regional ya ha anunciado que recurrirá esa decisión, con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, ante el Tribunal Constitucional.

En este momento, el tratamiento político y de una parte importante de los medios de comunicación es lamentable. La pobre Isla de Valdecañas ha sido descrita como vertedero, terreno putrefacto, con árboles piltrafosos y animales sin valor. Eso a pesar de que fue la propia Junta de Extremadura la que le otorgó las figuras de protección y tenía la obligación de cuidar el lugar. Las asociaciones ecologistas que han denunciado son linchadas y se hacen declaraciones que, si no fuese porque son de alguien responsable de las cuestiones relacionadas con el reto demográfico del partido que gobierna, serían hasta cachondas. “No hemos visto (a los ecologistas) protestar porque las aves migratorias se salen de sus circuitos y vienen a nuestras parcelas a comerse el grano de las siembras o a nuestras dehesas a por las bellotas de nuestras ovejas, vacas, caballos o cerdos. Ni las parcelas ni las dehesas en las que pastan las grullas como ganadería en extensivo sin control sanitario alguno están bajo protección, ni reciben compensación extra por este robo de producto (y en años como este de sequía extrema estamos para regalarlo…)”. Ecologistas que exigen el cumplimiento de las leyes y grullas ladronas como culpables del despoblamiento rural…

Fernández Vara reclama cambiar la Ley del Suelo porque de lo contrario no se van a poder “hacer cosas”. El problema, precisamente, está en precisar qué cosas se quieren hacer, a costa de qué y a quién benefician. Después del estallido de la burbuja inmobiliaria, del destape de la gigantesca maquinaria de corrupción que supuso la recalificación masiva de suelos, y las consecuencias que tuvo para muchas personas, resulta infame sostener que el bienestar de la gente de a pie requiere allanar el camino para que los más ricos se enriquezcan más.

Reducir la política económica y social a eliminar trabas a cualquier negocio es alucinante. En un momento de crisis de suministro de energía y materias primas, con la amenaza de las subidas de precios de bienes básicos, y en medio de la profundización de las desigualdades, es una propuesta política insultante, sobre todo para un político acoplado en un partido socialista. Fernández Vara se equivoca también al decir que los territorios se están despoblando como consecuencia del exceso de protección ambiental. La mejor prueba es señalar que Extremadura tiene un 34% de su territorio sujeto a alguna figura de protección, un porcentaje similar a la media estatal. Sin embargo, comunidades con mucha más población y por tanto urbanización como Madrid y Valencia tienen más territorio protegido, 41% y 39% respectivamente. No es que defienda esos modelos de desarrollo, uso el ejemplo para señalar que la correlación entre protección y despoblación no se sostiene.

Es obvio que se compraron casas y se firmaron las escrituras de propiedad a sabiendas de la ilegalidad del complejo. Tampoco se puede obviar la responsabilidad de la empresa promotora, en concurso de acreedores desde 2014, cuyo gerente ya está jubilado. Pero lo sangrante es que se obvie una contundente serie de sentencias que evidenció, de forma persistente y sin atisbo de duda, que la Junta incumplió una y otra vez la legislación vigente en materia urbanística y de protección del medio ambiente. El presidente Fernández Vara ha dicho que “habría que pedir responsabilidades a quienes en ese momento (los años 90, cuando las autonomías propusieron a Europa las zonas a proteger) se pusieron a delimitar tanto espacio”. Pero a quien hay que pedir responsabilidades es a las administraciones y representantes del Gobierno y de la Asamblea de Extremadura que, lejos de defender el interés general, la legalidad urbanística y proteger el territorio, han actuado protegiendo el interés particular del promotor urbanístico.

El comportamiento de la Junta está siendo deleznable. Las agresiones verbales contra los grupos ecologistas son alentadas por buena parte de los poderes mediáticos y económicos extremeños

El comportamiento de la Junta está siendo deleznable. Las agresiones verbales contra los grupos ecologistas son alentadas por buena parte de los poderes mediáticos y económicos extremeños. Se está presionando a quienes han defendido la legalidad –con rigor y con un solvente trabajo de los abogados que han intervenido–, en lugar de exigir responsabilidades a quienes la han vulnerado de forma consciente y premeditada. En lugar de reconocer y pedir disculpas por su nefasta y delictiva actuación, la Junta de Extremadura alienta discursos populistas que no se distinguen de los que mantiene la ultraderecha.

Hubo muchos años para rectificar y se optó por la huida hacia delante y la política de hechos consumados. Se cruzaron los dedos confiando en la impunidad. Se ganan los pleitos pero no se ejecutan. Asumir la política de hechos consumados es asentar la impunidad. Somos un país asentado sobre la impunidad. Si ya están construidas las casas ¿para qué demolerlas? Si se consiguieron mascarillas que hacían falta ¿para qué investigar quién se enriqueció con dinero público? Si ya están muertos los enterrados en las cunetas ¿para qué buscar sus huesos? La impunidad legitima a quienes violan la posibilidad de vivir en común de forma justa y digna. El indulto como política de privilegio.

Resulta especialmente doloroso que se azuce a la gente de los pueblos para que sean las que se manifiesten en contra de la sentencia y la demolición. Es terrible que un gobierno socialista aliente que la gente de los pueblos salga en tromba a defender el patrimonio de los ricos. Hace poco el portavoz de Ciudadanos decía: “Quiero más Valdecañas, que vengan todos los ricachones en vez de irse a Ibiza a gastarse las perras”. Ahora, que vivo en un pueblo, veo la rabia que le da a mucha gente de aquí la idea de que el desarrollo es dejar disponibles los sitios menos destrozados para que gente urbana y rica haga lo que quiera, y eso posibilite trabajar limpiando sus váteres, haciendo de segurata en sus propiedades o de camarero en los bares y restaurantes.

Hablando de despoblación, desigualdad y pobreza en Extremadura, alguna responsabilidad tendrán los partidos que han gobernado la Junta los últimos 40 años, ¿no? Quizás algo tenga que ver con cómo se ha gestionado y malgastado el enorme monto de ayudas europeas procedentes de los fondos estructurales, el clientelismo y el caciquismo convertidos en la “cultura política” que impera en los ayuntamientos y la propia Junta o el desigual reparto de la tierra que hacen de Extremadura una colonia intrametropolitana, que sufre el (mal) gobierno de unas élites rentistas que usan las instituciones públicas para su propio mantenimiento y lucro.

Y hoy, me levanto con la información de la intención de cambiar la Ley del Suelo estatal en un nuevo intento de saltarse todas las sentencias. Tendremos que estar atentas. Veremos cómo recibe el Gobierno central la petición de cambio en la Ley del Suelo. Mirando al mundo que tenemos alrededor, se hace cada vez más obvio la necesidad de cambios estructurales que protejan a las personas, en el sentido de que tengan garantizadas la cobertura de las necesidades, y que preserven el suelo y las condiciones ecológicas que hagan posible la producción de alimentos y la regeneración de la vida. España es un país muy afectado por el cambio climático, y dependiente alimentaria y energéticamente.

Apostar por una reedición de la cultura del ladrillo es un disparate. Veremos qué hace Sánchez. Y seguiremos contestando lo que haga falta.

Que al menos le podamos decir a quienes vienen detrás que nunca dejamos de intentarlo.

 

* Esta carta es exclusiva para la comunidad suscriptora de CTXT, pero dada la trascendencia informativa del tema hemos decidido darla en abierto. Si tú también quieres recibir las cartas de las firmas de la revista, puedes suscribirte aquí.

Querida comunidad de Contexto:

Leo hoy recién levantada que e

Este artículo es exclusivo para las personas suscritas a CTXT. Puedes suscribirte aquí

Autora >

Yayo Herrero

Es activista y ecofeminista. Antropóloga, ingeniera técnica agrícola y diplomada en Educación Social.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí

Artículos relacionados >

1 comentario(s)

¿Quieres decir algo? + Déjanos un comentario

  1. Fernando

    Excelente artículo. Los presidentes Rodríguez Ibarra, Monago y Fernández Vara, y altos cargos de sus respctivos gobiernos deberían estar encausados personalmente y ser apartados de sus funciones. Los que agitan las banderas son quienes venden los tesoros públicos y contemplan la naturaleza como lugar mercantilizado para cazar, quemar, talar, extraer, secar, envenenar, construir... y amenazar a quienes defienden nuestro medio ambiente. Gracias.

    Hace 5 meses 26 días

Deja un comentario


Los comentarios solo están habilitados para las personas suscritas a CTXT. Puedes suscribirte aquí