Dos semanas antes de la histórica victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales colombianas, el Consejo Atlántico (Atlantic Council), el poderoso think tank de Washington, celebró el 200º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos con la presentación del libro Aliados: 27 ideas audaces para “reimaginar” (sic) la relación entre EE.UU. y Colombia. Ninguno de los tertulianos –desde Bill Clinton, Michael Bloomberg a Carlos Vives– logró imaginar la idea más audaz de todas: respetar el derecho democrático del nuevo gobierno colombiano de no ser un aliado de Estados Unidos.

Un desfile de exgenerales, embajadores y políticos colombianos y estadounidenses participaron en el evento y todos coincidieron en la idea de que, cualquiera que fuera el ganador en los inminentes comicios, la alianza estratégica entre ambos países debía seguir como siempre. 

“Nuestra relación con Colombia no cambiará”, anunció Fred Kempe, el consejero delegado del Atlantic Council. Juan González, colombiano estadounidense responsable de política latinoamericana de la Administración Biden calificó a Bogotá como “nuestro principal aliado fuera de la OTAN”, un socio de “estatus global”. Carlos Pinzón, el embajador colombiano en Washington, se deshizo en elogios sobre la estrecha relación histórica. Iván Duque, el presidente colombiano, participó por videoconferencia desde el palacio presidencial en Bogotá que pronto desalojaría, para asegurar que nada cambiaría en la alianza tras las elecciones. María Claudia Couture de la Cámara de Comercio colombiana –afincada en Estados Unidos– dijo que los dos países “no solo comparten los valores de la libertad ante la ley sino también la libertad del mercado” y que esto jamás cambiaría. 

El evento fue patrocinado por el semanario antipetrista Semana, que, unos días después, publicaría una serie de vídeos de conversaciones privadas entre Petro y su equipo electoral obtenidos ilegalmente, y que, pese a ser bastante aburridos, fueron presentados como la prueba concluyente de que el candidato de izquierdas lideraba “un bando criminal”.

Los generales jubilados en la conferencia repitieron el mensaje central de las ideas audaces y “reimaginadas” sobre Colombia-EE.UU.: que nada debe cambiar en Bogotá cualquiera que sea el resultado electoral. Aunque el nuevo gobierno implemente, de una vez, el acuerdo de la paz firmado en La Habana en el 2016, pero saboteado por el gobierno de Duque, hace falta más apoyo militar desde Washington, dijo el general estadounidense David Petraeus. “Colombia necesita más fuerzas militares y policiales que antes y no menos”, sostuvo el militar preferido de Barack Obama y exdirector de la CIA. “Estados Unidos debe profesionalizar las fuerzas armadas y la policía colombiana”.

Colombia cuenta con 500.000 efectivos policiales y militares, dos veces más que Brasil que tiene cuatro veces más habitantes

Esto pese a que Colombia cuente con nada menos que 500.000 efectivos policiales y militares –ambas fuerzas bajo el control del Ministerio de Defensa–, dos veces más que Brasil que tiene cuatro veces más habitantes.

El general Craig Faller, exjefe del Comando Sur, aportó su propia idea audaz. “La democracia se enfrenta a múltiples amenazas como la Rusia de Vladímir Putin, la República Popular de China …”. Por eso, hay que “invertir en nuestra relación militar con Colombia.” Que nadie en Bogotá piense que China va a ser el socio principal de Colombia, al igual que es de Brasil, Perú y Chile.

Con siete bases militares estadounidenses, Colombia ha sido, en efecto, un aliado clave de Washington en la nueva guerra fría. Mientras que el resto de América Latina –México, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, entre otros– ha apostado por el no alineamiento, Colombia ha sido atlantista hasta la médula. Esto –insistieron los invitados del Atlantic Council– no debería cambiar tras las elecciones porque el imperativo de la democracia es defender el mundo libre. Por si no quedaba claro, Biden había anunciado en plena campaña electoral colombiana que Colombia es y será un global partner de la OTAN pese a que Petro, ya líder en las encuestas, se oponga a la alianza militar occidental.

En Washington y Miami –cualquiera que sea el partido en el poder– hay consenso en que Estados Unidos ha sido generoso con Colombia tras gastar más de 10.000 millones de dólares del presupuesto federal en apoyo militar mediante el Plan Colombia (1999) y Plan Patriota (2003), diseñados para combatir la guerrilla de las FARC y vencer en la llamada guerra contra la droga. “EE.UU. ayudó a Colombia a evitar la catástrofe con el Plan Colombia”, sostuvo The Washington Post, en un artículo publicado durante la campaña electoral.

En Colombia, los años de estrecha colaboración militar con el aliado americano han sido precisamente los de más violencia atroz

Pero en Colombia, al menos, para la mayoría de los votantes que entregaron la presidencia a Petro el pasado 19 de julio, la catástrofe ya ocurrió. Los años de estrecha colaboración militar con el aliado americano han sido precisamente los de más violencia atroz. Es más, gran parte de la juventud colombiana, cuyo voto fue decisivo para Petro, quiere una reforma radical de las fuerzas de seguridad tras la represión salvaje durante el estallido social del 2021. “Tenemos a muchos en la cárcel”, dijo una mujer que vendía recuerdos de las manifestaciones del 2021, al lado de La Puerta de la Resistencia, un monumento en forma de brazo erigido en el centro de Cali con las retratos de los jóvenes asesinados o desaparecidos durante el estallido social

Según el informe final de la Comisión de la Verdad, presentado en Bogotá la semana pasada, el 75% de las víctimas de la violencia en Colombia fueron asesinados, torturados, secuestrados o desplazados entre 1996 y 2010, los años en los que EE.UU. proporcionaba su generosa ayuda.

Durante esos años, 110.000 personas desaparecieron, se produjeron 2.000 masacres en comunidades campesinas y 6.400 jóvenes vecinos de barrios pobres –los denominados falsos positivos– fueron asesinados por el ejército colombiano y disfrazados de guerrilleros para así cumplir con la cuota militar de guerrilleros liquidados.

El general estadounidense David Petraeus reconoció que desde 2010 la superficie en Colombia dedicada a la coca casi se ha cuadruplicado

Gastar tanto dinero en mantener fieles a los colombianos no fue fácil. Se tuvo que justificar el apoyo ante el Congreso en Washington con constantes juicios a narcotraficantes extraditados para cantar victoria en la War on Drugs, declarada en los años setenta por Richard Nixon y librada sin tregua desde entonces. En realidad, el apoyo estadounidense ni tan siquiera ha servido para combatir la droga. El propio Petraeus, en su intervención en el Atlantic Council, reconoció que desde 2010 la superficie en Colombia dedicada a la coca ha pasado de ser 75.000 hectáreas a 250.000 hectáreas. Por eso habría que entrenar a aún más soldados.

“Confluyó el discurso contrainsurgente, antiterrorista y antinarcóticos con la guerra contra el narcoterrorismo”, se explica en el informe de la Comisión de la verdad. Pero, lejos de resolver el problema, esta “guerra contra las drogas se ha convertido en un factor de persistencia del conflicto”, resume.

La victoria de Petro podría ser una oportunidad histórica para cambiar de estrategia y adoptar ideas verdaderamente audaces para lograr la paz. Petro quiere negociar con las guerrillas disidentes que no han seguido a las FARC en el proceso de desarme. Apoya la adopción de un programa de apoyo al campo mediante créditos subvencionados, cursos de formación y el reconocimiento de los títulos de propiedad de la tierra. Se opone a la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos y rechaza la fumigación. Insiste en que “no se puede criminalizar a quien cultive coca; hay que mirar las causas”. Se opone también a la extradición de los narcos a Estados Unidos, optando por su procesamiento en Colombia. Quiere desmilitarizar las políticas contra el narcotráfico. No ha llegado tan lejos como la Comisión de la verdad que pide la legalización regulada de la cocaína. Pero no lo descarta. Si fuera adoptada en EE.UU. también esto constituiría una verdadera reimaginación de la desastrosa guerra contra la droga.

La militarización de la policía colombiana se ideó en el Pentágono, no para luchar contra la droga, sino contra la izquierda colombiana

Petro pretende también trasladar el mando policial desde el Ministerio de Defensa a Interior. Es lógico que un líder histórico de la izquierda y exguerrillero del M19 (una guerrilla más simbólica que violenta) quiera devolver a la policía al ámbito civil. Porque la militarización de la policía colombiana se ideó en el Pentágono, no para luchar contra la droga, sino contra la izquierda colombiana. Bajo el Plan Lazo (1962-66), Washington “profundizó la militarización de la policía”, se explica en el informe de la Comisión de la Verdad.

Petro ha intentado tranquilizar a aquellos poderes en Washington que reciben invitaciones del Atlantic Council. Ha pedido la colaboración con Estados Unidos en áreas como el cambio climático. Calificó como constructiva la conversación telefónica que mantuvo con Biden tras su victoria. Ha nombrado como coordinador de la transición gubernamental en el área de seguridad al exgeneral William René Salamanca que, según el diario El Tiempo, “es bien visto en las agencias federales en EE.UU.” 

Pero todo indica que Washington se opondrá a la reforma de las fuerzas de seguridad y al cambio de la guerra contra la droga que Petro propone. “La inercia es grande en Washington. Mantener la droga como prioridad ha permitido justificar la presencia en Colombia de las bases militares, una influencia estadounidense muy fuerte en la policía colombiana, y el adiestramiento de unidades de lucha antinarcótica para Centroamérica y Sudamérica”, dijo Ricardo Vargas, crítico de la guerra contra la droga, de la Universidad de Bogotá. “En el departamento de Defensa y en parte del departamento de Estado no quieren cambiarlo”, dijo Vargas. Con elecciones legislativas en noviembre, en las cuales se pondrá en juego el voto anti “castrochavista” en Florida, el abrazo del oso estadounidense a Colombia no se aflojará.

Pero aunque el aliado en Washington se sienta traicionado, Petro tiene que actuar contra el militarizado Estado colombiano. “La reforma de la policía y el ejército es un tema de urgencia para Petro, porque si algo quiere la gente después de la explosión social es que haya reforma de la policía”, dijo Oscar Guardiola, analista colombiano de Birkbeck College en Londres. “La reacción de Washington va a ser el primer test”, añade, porque reformar supone cambiar “la presencia militar de Estados Unidos en Colombia y la penetración tanto educativa como cultural como en términos logísticos del aparato militar industrial estadounidense en el Ejército y la policía colombiana”.