El llamado Índice de Revalorización de las Pensiones fue aprobado en 2013 por el Gobierno de M. Rajoy y ataba la actualización de dicha prestación a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social: en tanto que hubiese déficit estas solo podrían aumentar en un 0,25% anual. Esta limitación provocó que del año 2014 al 2018 se estancasen en ese valor. Tras la moción de censura, una de las primeras medidas del Gobierno del PSOE fue eliminar dicho índice y planificar una subida del 1,6% en 2019. Valor que fluctuó durante el periodo del Gobierno de coalición entre el 0,9% (2020 y 2021) y el 8,5% (2023).

En un contexto inflacionario controlado (2014-2018), los gobiernos del PP no lograron aumentar ningún año el poder adquisitivo de los y las pensionistas ni siquiera en un 1%. Por su parte, el Ejecutivo de coalición comenzó su andadura subiendo este poder adquisitivo en un 1,2% antes de toparse con una inflación descontrolada que provocó grandes pérdidas en esta variable (-2,2% en 2021, -5,9% en 2022). No obstante, en lo que va de 2023 ya se están paliando aquellas pérdidas, con una subida histórica de las pensiones que mejora, también, el poder adquisitivo de sus perceptores y perceptoras en un 6,6%. Este incremento se debe al Real Decreto 20/2022, por el cual desde 2022 la revalorización de las pensiones está ligada a la variación media del IPC del año anterior. 

El pasado 15 de marzo, el Gobierno de coalición y los sindicatos llegaron a un acuerdo para la reforma del sistema de pensiones. Aprobado el 30 de marzo en el Congreso de los diputados con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PDeCAT y Coalición Canaria; y la negativa de PP y Ciudadanos. Este proceso de “modernización del modelo” incluye un nuevo sistema dual para calcular la cuantía de la pensión a percibir, en el que se podrá elegir entre los últimos 25 años cotizados o los 29 restando los dos peores, una garantía de que las pensiones mínimas contributivas alcancen, al menos, el 60% de la renta mediana del país o un complemento para reducir la brecha de género por el cual se subirán un 10 % adicional, entre otros aspectos.