Suicidio perfecto es el título de una novela del exitoso autor de suspense Petros Márkaris y aunque el argumento que desarrolla vaya por caminos distintos de los que enmarcan la muerte dudosa del fiscal argentino Alberto Nisman, su nombre pone en juego algunas sospechas que se agitan en la cabeza de muchos, dentro y fuera del país.

Investigaciones periodísticas han vuelto a poner en el candelero esta semana la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero, aportando datos que alejan la hipótesis del suicidio y evidenciando una serie de errores graves, cometidos por los investigadores en su primer contacto con los restos del fiscal.

El domingo 31 de mayo, el programa de TV Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata (Canal 13), reveló el vídeo oficial que registra las primeras actuaciones de policías y peritos en el apartamento de Nisman la madrugada del 19 de enero. Lo visto allí deja en claro cómo se desconocieron prácticas básicas, que cualquier serie al estilo C.S.I enseña como ABC forense.

Sólo por nombrar algunas: preservar la escena limitando el acceso de personas (las imágenes muestran una romería paseándose por los distintos ambientes); uso de guantes para recolectar pruebas (se ve tomar objetos y huellas dactilares sin ellos) y evitar la alteración del estado de los objetos hallados (se muestra cómo se limpia con papel higiénico la sangre de la pistola para hacer visible su marca, cuando hubiera bastado buscar el número de serie grabado en la culata del arma).

El vídeo evidencia, por ejemplo, cómo un perito usa los mismos guantes ensangrentados con los que tocó la pistola hallada cerca del cuerpo de Nisman (una Bersa calibre 22, propiedad de Diego Lagomarsino, uno de sus colaboradores, hoy imputado por habérsela prestado), para quitar las balas del cargador, limpio hasta ese momento. El detalle no es menor: la sangre borra huellas. Si había alguna allí, gracias a los peritos, será difícil hallarla. Desprolijidades cuyos efectos se potencian tras conocerse el jueves la conclusión de los expertos que trabajaron sobre el cuerpo: los técnicos oficiales y de la querella coincidieron en que con los datos médicos que tienen no pueden afirmar si se suicidó o lo mataron, porque no podrían descartar ninguna de las dos hipótesis.

Tras la difusión del video policial, la fiscal a cargo de la investigación, Viviana Fein, concedió entrevistas a distintas radios locales defendiendo las actuaciones y calificando el procedimiento de "brillante". Pero la elocuencia de las imágenes la contradice. Y a una investigación ralentizada por las diferencias entre la fiscal y la querella (representada por la exmujer de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien desde el comienzo sostiene que Nisman fue asesinado y que ha acercado pericias que lo probarían), se ha sumado ahora el sambenito de que la policía contaminó la escena.

Menos espectacular, pero de contundencia impactante, es la información sobre la intrusión en el contenido de la computadora personal (Nisman tenía cuatro), en la que el fiscal estuvo trabajando durante su último fin de semana. El mismo domingo que Lanata difundió el vídeo policial, el diario La Nación publicó las conclusiones de un peritaje conocidas en ámbitos judiciales desde hacía varias semanas: alguien accedió al ordenador del fiscal y conectó tres pendrives la noche del domingo 18 de enero, cuando Nisman ya estaba muerto y aún no había sido encontrado. Lo que los peritos investigan aún es si en esas entradas se borró información relacionada con la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el fiscal había presentado el 14 de enero.

Nisman, recordemos, iba a ratificar y a ampliar el 19 de enero en el Congreso su denuncia contra la presidenta y otros funcionarios por el presunto encubrimiento de terroristas iraníes, en relación con la voladura en 1994 de la mutual judía AMIA, que causó la muerte de 85 argentinos. Encubrimiento materializado, según el fiscal, en el Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán, aprobado por el Gobierno en 2013, un documento incomprensible para gran parte de la opinión pública y luego declarado inconstitucional. Desde el discurso gubernamental, el acuerdo iba a servir para garantizar la colaboración iraní en la investigación del atentado.

Horas antes de esa presentación, el fiscal fue hallado muerto con un disparo en la cabeza, en el baño de su piso en el barrio de Puerto Madero. Los custodios encargados de cuidarlo (que dependían del subsecretario de la Seguridad de la Nación, Sergio Berni) demoraron más de 10 horas en entrar al apartamento y en lugar de derribar la puerta ante la imposibilidad de contactar con el funcionario, se encargaron de que fuera la madre de Nisman quien les franqueara la entrada y encontrara a su hijo, muerto y tendido boca abajo en un charco de sangre. Dilaciones incomprensibles que alimentan la idea de una zona liberada (la justicia investiga denuncias en ese sentido).

Tras su muerte, diversas publicaciones internacionales (la revista brasileña Veja, entre otras) dieron a conocer información que apoyaría la denuncia de Nisman, relacionando el presunto encubrimiento con intercambios comerciales de distinto tipo que negociaban ambos países y Venezuela (puente entre Argentina e Irán) y que involucraban incluso energía nuclear.

La noticia dada por La Nación sobre la manipulación del ordenador del fiscal fue ampliada en días sucesivos por Clarín. El miércoles 3 de junio, el periódico precisaba los alcances de la información, surgida de fuentes judiciales: las entradas en la notebook Samsung habrían sido 60, simultáneas, realizadas a través de puertos USB, y quedaron registradas a las 20:07:48  del domingo 18 de enero. Se investiga todavía si podrían haber sido realizadas en forma remota (las pericias decisivas tardarán más de un mes) pero, en cualquier caso, lo que ya se sabe basta para alimentar las sospechas de que la escena del suicidio fue cuidadosamente montada.

El caso estuvo surcado desde el comienzo por versiones que apuntan a la autoría de servicios de inteligencia locales y/o extranjeros. Incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner las fogoneó, sin dar mayores precisiones, el 22 de enero en Twitter: "El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio. Hoy no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas", escribió.

La jueza interviniente, Fabiana Palmaghini, acaba de ordenar a la fiscal Fein que investigue la conexión entre agentes de inteligencia argentinos y servicios iraníes; una línea desestimada hasta ahora, a pesar de que obran en la causa declaraciones de la diputada Patricia Bullrich sobre la preocupación de Nisman por garantizar que la reunión del 19 de enero en el Congreso fuera reservada (revelar la identidad de un espía es contra la ley), para poder hablar con tranquilidad y presentar toda la prueba acerca de escuchas telefónicas que formaron parte de la denuncia contra la presidenta, en las cuales agentes de inteligencia argentinos daban información detallada sobre sus hijas.  

Lo cierto es que tras la muerte de Nisman, la justicia desestimó su denuncia contra CFK sin abrirla a prueba, a pesar de que había sido impulsada por otros dos fiscales en distintas instancias. Se inició, además, una campaña por desacreditar a la víctima en la que participan activamente medios de comunicación afines al Gobierno: se han ventilado detalles de la vida social, afectiva y económica de Nisman, desviando la atención del único hecho no opinable, su muerte sorpresiva e inexplicable.

"No sólo cuenta el perfil psicológico, que no es el de un suicida. Basta usar el sentido común. Ninguno de nosotros se mataría sin despedirse de sus hijos. Nisman tenía dos hijas. ¿Dónde está la carta de suicidio explicándole a esas chicas de 7 y 15 años una decisión que las marcará de por vida?", reflexionaba un veterano periodista de sucesos, al comentar con CTXT, corrillos tribunalicios que se potencian ante los nuevos hallazgos.

Además de la demora que ralentiza investigaciones e impide recabar pruebas, lo que garantiza la perfección de un crimen (de esto sabe Márkaris) es el olvido: que deje de importar lo que se investiga, que la opinión pública mire para otro lado, para que cuando la verdad llegue -si llega-, su huella sea breve, desleída y el control de daños, mínimo.

De allí la importancia cívica de manifestaciones populares como la que el 18 de febrero, a un mes de su muerte, congregó a unas 400.000 personas (las cifras son de la Policía Metropolitana), que marcharon bajo la lluvia reclamando a las autoridades el esclarecimiento del caso Nisman.

Y el valor republicano del periodismo independiente que, tras casi cinco meses del hecho, aunque escalde al poder o justamente por eso, mantiene vivos tanto el tema como las sospechas de magnicidio en sus portadas. Le toca mover a la justicia.