El debate catalán tiene desde hace años picos y valles. Con la proximidad de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, nos encontramos en uno de los picos recurrentes. En principio, la celebración de unas nuevas elecciones no debería generar demasiada polémica, pero sucede que en esta ocasión los partidos secesionistas plantean los comicios como un plebiscito sobre la independencia. Esto es resultado de la negativa del Gobierno de España  respecto a la celebración de una consulta / referéndum. Desde los primeros trabajos del Consell Assessor per a la Transició Nacional ya se contemplaba, en caso de que la consulta fuera bloqueada por las instituciones del Estado, unas elecciones plebiscitarias como segunda mejor opción.

Frente a la consulta / referéndum, que algunos partidos planteen las elecciones autonómicas como un plebiscito sobre la independencia no rompe con la legalidad ni viola en ningún sentido el principio democrático. Su principal inconveniente es que los resultados no pueden interpretarse inequívocamente como grado de apoyo a la secesión, puesto que los votantes pueden votar en función de otras consideraciones distintas a la independencia. No obstante, si los partidos que defienden el carácter plebiscitario de las elecciones alcanzan una mayoría muy amplia, podrán utilizar el apoyo popular y el peso parlamentario resultante para negociar con el Estado la posible ruptura con España y, si no hay acuerdo, realizar una declaración unilateral de independencia.

Desde la perspectiva del Estado español, las condiciones en las que tendrán lugar las elecciones catalanas no podían ser más favorables: las preferencias a favor del independentismo viene cayendo desde hace meses, los escándalos de corrupción que afectan a Convergència se recrudecen y ha surgido una nueva plataforma en la izquierda (Catalunya Sí que es pot) que debilita a la izquierdista secesionista. No debería haber, pues, excesivo temor sobre el resultado. Sin embargo, una vez más, los errores “españolistas” vuelven a calentar el ambiente.

La iniciativa del PP de modificar por la vía de urgencia y sin consenso la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la intención de que el TC pueda suspender a las autoridades públicas que no colaboren en la ejecución de sus sentencias, fue presentada por el candidato pepero, Xavier García Albiol, con esta expresión lapidaria: “Se acabó la broma”. La demanda de independencia, nos enteramos ahora, era una broma, una broma pesada, y cuando los bromistas se ponen pesados, ya se sabe, hay que cortarles.

La propuesta se parece mucho a aquella medida promovida por el Gobierno de José María Aznar para castigar con pena de cárcel al lehendakari Ibarretxe si este seguía adelante con su plan y convocaba un referéndum: el PP de entonces modificó el Código Penal, de manera que la celebración de un referéndum ilegal contara como un delito de desobediencia. El Gobierno de Zapatero corrigió aquel dislate y acabó con el plan Ibarretxe a su manera, por una vía más democrática, en un debate parlamentario.

El error más persistente en las filas del españolismo consiste en considerar que el desafío secesionista es un asunto fundamentalmente legal y debe abordarse, por tanto, mediante medidas legales y no mediante negociaciones políticas. En el polémico artículo de Felipe González del 30 de septiembre, en el que con exquisito tacto y gran precisión histórica comparaba los anhelos nacionalistas catalanes con el fascismo de entreguerras, y en el que con no menor tino presagiaba un futuro albanés para una Cataluña independiente, había una referencia solemne y grave a la LEY, así, con mayúsculas:

“El señor Mas sabe que, desde el momento mismo que incumple su obligación como presidente de la Generalitat y como primer representante del Estado en Cataluña, está violando su promesa de cumplir y hacer cumplir LA LEY. Se coloca fuera de la legalidad, renuncia a representar a todos los catalanes y pierde la legitimidad democrática en el ejercicio de sus funciones.”

El problema reside aquí. La respuesta a las demandas catalanas no puede consistir solamente en acallarlas apelando a la LEY. Si la LEY no permite un referéndum catalán (cosa harto discutible), ¿no cabe que los partidos dejen de refugiarse en el orden constitucional y propongan las reformas y pactos necesarios para hacer posible dicho referéndum, evitando una declaración unilateral de consecuencias imprevisibles que, incluso si no llegara a buen puerto, supondría una pesada losa para la democracia española?

No está de más recordar que convocar un referéndum o realizar una declaración unilateral de independencia (como la que creó los Estados Unidos de América el 4 de julio de 1776) no es exactamente lo mismo que violar un artículo del Código Penal o del Código Mercantil. Por supuesto, la política no debe sustraerse a la legalidad, pero es un buen punto de partida entender que las decisiones políticas son algo más que actos sujetos a los códigos legales de un país. El Estado español y los nacionalistas españoles parecen incapaces de razonar primero en términos políticos y buscar luego las vías para que el acuerdo alcanzado tenga un cauce legal y constitucional. Más bien, utilizan la Ley para taponar y deslegitimar demandas que vienen cargadas de legitimidad democrática.

Sería una broma muy pesada que ahora que todo se conjuraba en contra del frente independentista catalán, el dogmatismo españolista de los dos grandes partidos y el griterío habitual de intelectuales y periodistas consiguiera hacer revivir el desfalleciente movimiento por la independencia en las elecciones del día 27

El Tribunal Superior de Canadá, en su histórica sentencia sobre la independencia de Quebec, acertó de pleno construyendo su argumentación sobre la necesaria complementariedad entre la legalidad constitucional y la legitimidad democrática. Puesto que todo el orden constitucional canadiense se asienta en última instancia sobre un principio político democrático, el Tribunal concluía que era necesario encontrar la forma de seguir procedimientos democráticos a la hora de procesar una demanda de secesión. Como se ha contado en innumerables ocasiones, el Tribunal resolvió que no asistía a Quebec derecho alguno a la autodeterminación, pero que si los habitantes de aquel territorio expresaban una voluntad claramente mayoritaria de desligarse de Canadá, el Gobierno debía abrir un proceso negociador para gestionar y acomodar la demanda de secesión.

Nuestras instituciones y sus intérpretes bloquean el asunto catalán y lo transforman en un conflicto irresoluble cuando renuncian a introducir consideraciones democráticas en sus razonamientos estrechamente legalistas. Sería una broma muy pesada que ahora que todo se conjuraba en contra del frente independentista catalán, el dogmatismo españolista de los dos grandes partidos y el griterío habitual de intelectuales y periodistas consiguiera hacer revivir el desfalleciente movimiento por la independencia en las elecciones del día 27.