Quien no lo viera venir es que no quiso mirar. Llegó la afirmación independentista de un alto porcentaje de ciudadanos de Cataluña. Casi el 48% de quienes depositaron su voto las pasadas elecciones lo hizo a favor de una Cataluña independiente. Luego están los matices, importantes pero secundarios: ese resultado se plasmó en una mayoría de escaños, pero no de votos. Tal "detalle" permitió a muchos respirar más tranquilos, lo cual se vio acompañado por el más minucioso examen de la distribución de votos en el verdadero "día de reflexión", el 28 de septiembre, lunes siguiente a la jornada para elegir diputados al Parlamento catalán.

Buena parte de las conversaciones, y no sólo en Cataluña, sino en toda España, se volcaron desde la mañana a la noche --por supuesto, en los medios de comunicación-- en los resultados de los comicios: mayoría independentista, de escaños pero no de votos; ascenso vertiginoso de Ciutadans, como derecha españolista con aires civilizados; socialistas que mantienen el tipo aun perdiendo diputados; Podemos e ICV que se quedan mirando cómo se les escaparon las papeletas; un PP hundido con el salvavidas Albiol; y una CUP que, con su independentismo, su republicanismo y su anticapitalismo, hace bailar la llave de la gobernabilidad ante los ojos de todos y las narices de Junts pel Sí. Con un cuadro así, sin embargo, la reflexión apenas va al fondo de la cuestión cuando la mayor parte de los comentarios abundan acerca del futuro de Mas, el hasta ahora presidente de la Generalitat, y en qué hará esa mayoría parlamentaria difícil de barajar, pero dispuesta a seguir la hoja de ruta secesionista.  

No faltan quienes insisten, con su parte de razón, en que tanto atender a la cuestión de la independencia ha hecho que queden en segundo lugar problemas muy reales que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña: el paro, los recortes en educación, los problemas de la sanidad pública... Cierto, pero ante ello no cabe decir que eso y sólo eso es lo que interesa a los ciudadanos, cuando casi dos millones de ellos han votado a candidaturas que pusieron en primer plano la cuestión nacional y, más exactamente, la independencia de la nación catalana para constituir un nuevo Estado. Los que se resisten a reparar en el peso político de esos millones de votos son los mismos que insistían en que el carácter de las elecciones era meramente autonómico, y de ninguna manera con pretensión plebiscitaria alguna que pudiera sostenerse. Cierto es que aplicando con rigor el criterio plebiscitario de una mayoría absoluta a favor del sí a la independencia se puede concluir que las elecciones no han arrojado el resultado que esperaban quienes sostenían, con Mas a la cabeza, que tenían dicho carácter; pero el caso es que el hecho político de una abrumadora mayoría de voto independentista es ineludible. Políticamente no se puede --no se debe-- prescindir de él.

Remitir la cuestión a una reforma superficial de la Constitución que habrían de votar todos los españoles podría ser viaje a un nuevo callejón sin salida

Es verdad que el mensaje de la independencia emitido por esa mayoría en las urnas se ve contrapesado por el hecho de que el 52 % del electorado no ha votado independencia. Tal porcentaje, de suyo, no propicia una declaración unilateral de la misma, aunque no todos los no independentistas están en la misma posición: una buena parte lo ha hecho incluyendo en su opción el derecho a decidir, otros se inclinan por la posición socialista en torno a una reforma "federalizante" de la Constitución, los electores de Ciutadans avalan un españolismo reciclado y los votantes del PP, un españolismo inmovilista que no se libra de ser percibido como anticatalanista.  

Como quiera que sea, es evidencia política incontestable que la actual inserción de Cataluña en el Estado español y, por tanto, este mismo Estado, se ven fuertemente deslegitimados en su actual orden constitucional. Su crisis es patente y conlleva el anuncio de que el Estado no puede seguir con el diseño autonómico que ha tenido hasta ahora, a pesar de sus frutos. Remitir la cuestión a una reforma superficial de la Constitución que habrían de votar todos los españoles, sin tener en cuenta la especificidad de esa deslegitimación en Cataluña, podría ser viaje a un nuevo callejón sin salida. Evitar eso era una de las ventajas de la propuesta de consulta legal a la ciudadanía catalana para que se pronunciara sobre su preferencia en cuanto a la relación de Cataluña con el Estado español, consulta que sigue siendo pertinente plantear. Es a partir de ahí como se puede empezar a pensar una reforma constitucional que en definitiva ha de dar los pasos necesarios para realizarse como proceso constituyente, dada la envergadura de los cambios necesarios --hasta Miquel Iceta dice, desde el PSC, que debe incluirse en la Constitución el reconocimiento de Cataluña como nación-- y la gravedad de una crisis que exige reconstruir el pacto constitucional sobre nuevas bases.

Dicho en términos coloquiales actualmente al uso, hay que resetear el Estado español para hacer de él, en los términos de un federalismo consecuente con nuestra realidad política de pluralidad nacional, un Estado de naciones. Eso significa acometer lo que no se ha hecho hasta ahora para resolver la "cuestión de las naciones" que nos viene dada por nuestra historia, lo cual supone en primer lugar reconocerlas como tales. Y a partir de ahí, articular un verdadero pacto federal, que genere lealtad constitucional sobre nuevas bases. Desde ellas es como se puede abordar después lo relativo a redistribución de cargas y beneficios con políticas de cohesión federal y solidaridad entre territorios, los cuales, reconocidos en sus diferencias, no tienen por qué albergar desigualdades de derechos en lo que se refiere a los ciudadanos y las ciudadanas.

¿Y por qué, incluso, no pueden ser Estados esas naciones dispuestas, como entidades políticas, a pactar en torno a una seria propuesta federal?

Ir a un Estado de naciones --plurinacional, por tanto-- no es ninguna quimera malamente desiderativa, sino la solución de convivencia democrática que se vislumbra para el Estado español. Sí es cierto que para ello hay que dialogar mucho y debatir a fondo hasta buscar los puntos de encuentro entre quienes quieran vivir juntos. Ha de saberse que condición para ese diálogo es, entre otras, que los interlocutores vayan al mismo respetándose en sus identidades nacionales, lo cual significa que, al ser diversas, es obligado relativizarlas, sin menospreciar ninguna y sin elevar alguna a dominante sobre las demás. Eso implica que de una vez se desacralice el concepto de soberanía que normalmente se esgrime en los discursos políticos, una soberanía mitificada que refuerza la dogmática que al respecto conservan los textos jurídico-políticos. Devuélvase la soberanía, sin mitos, y la que en verdad quede, a los ciudadanos como sujetos políticos, para que cuando y como sea oportuno se pronuncien sobre propuestas viables para el futuro de un Estado de naciones. ¿Y por qué, incluso, no pueden ser Estados esas naciones dispuestas, como entidades políticas, a pactar en torno a una seria propuesta federal? No sólo hay que atreverse a pensar, sino a actuar, so pena de que los acontecimientos nos sobrepasen a todos. Si el socialista Anselmo Carretero ya hablaba desde su exilio mexicano de reconocer esa pluralidad nacional, el poeta Joan Maragall, desde Cataluña, también lo hizo sobre el "ideal federal" que podía aglutinar a los pueblos de España. Son dos buenas referencias para avanzar en serio hacia un Estado federal plurinacional en el que nadie tenga por qué verse llevado a decir "adéu".