Parece que lo de separarse se ha puesto de moda. Dejando a un lado Cataluña, hoy le ha tocado el turno al Reino Unido. Oficialmente allí no existe la corrupción rampante que hay en España y supuestamente la crisis no ha sacudido al ciudadano de a pie de la misma manera pero el Brexit también sobrevuela el ambiente como un ave carroñera. Pero en este caso el malo oficial, además del gobierno central europeo que obliga a los ingleses pacientes a hacer cosas que no quieren, -cuáles es un misterio- el problema son los otros europeos, esos que vienen a quitarle el pan de la boca a los británicos. 

David Cameron se aprendió bien el discurso de “los malos son los otros” que abanderaba el Ukip, para hacerse con el apoyo de millones de euro-escépticos de cara a las pasadas elecciones generales. Más racional que Artur Mas, prometió un referéndum antes de 2017 sin decir explícitamente qué le exigiría a la UE para no apoyar el Brexit pero ya no ha podido hacerse más el remolón y Europa le ha pedido que sea claro. Por eso el 10 de noviembre el primer ministro británico le enviaba a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, una carta con los cuatro puntos clave sobre los que versarán sus exigencias. Y lo remataba dando un discurso oficial en Londres haciéndolos públicos.

¿En qué consiste todo este deshojar la margarita tan british ,“que me voy, que no me voy”? Cameron pide que Europa no imponga reglas de mercado a los países que no están en el euro y les ayude más a que sus productos circulen libremente, quiere que las empresas europeas sean más competitivas (o sea bajarles los impuestos) y darle más poder a los Parlamentos nacionales para poder vetar propuestas europeas. Su objetivo es que los Tratados Europeos se reformen para que más allá de la excepción inglesa, todo esté sancionado por las leyes europeas.

Cameron pide que Europa no imponga reglas de mercado a los países que no están en el euro

Pero la cuarta exigencia, --¡ay la cuarta!-- es la que hará saltar ampollas: impedir que los europeos que emigran al Reino Unido tengan acceso a las ayudas sociales de las que disfrutan los británicos hasta que no lleven cuatro años residiendo allí. Obligar a Europa a aceptar eso significaría aceptar la discriminación dentro de la Unión, y eso, a priori, suena fatal. Es más, Polonia ya ha dicho que jamás votará a favor de que Europa lo acepte: lógico, el polaco es el segundo idioma más hablado en el Reino Unido desde 2011 así que los primeros afectados serían sus ciudadanos. Y en cuanto a España, más de 225.000 españoles han emigrado al Reino Unido desde 2008, ahí es nada.

O sea que el problema real no es Europa con mayúsculas sino los europeos con minúscula. Como si el Reino Unido fuera a colapsar bajo el peso de la inmigración europea. Los números no dicen eso: según el Migration Observatory de la Universidad de Oxford, actualmente casi tres millones de europeos residen en Reino Unido, de los cuales dos millones tienen trabajo. El millón restante se divide entre hijos de esos inmigrantes, estudiantes y gente que busca trabajo. Hay que recordar que el paro en Reino Unido apenas alcanza el 5,7%. Curiosamente, del total de inmigrantes que llegaron al país en 2014, alrededor de medio millón, sólo el 48% eran europeos. Y en cuanto a los que se acogen a las ayudas sociales que ofrece el Reino Unido, ahí empieza el debate puesto que los números son confusos. 

Hoy Downing Street aprovechaba para dejar caer unas cifras, aparentemente descontextualizadas, según denunciaba The Guardian, en las que se afirma que el 43% de los europeos que llega al Reino Unido se acoge a las ayudas sociales británicas durante los primeros cuatro años de estancia en el país, es decir, 224.000 personas. Lo que no dice exactamente es de donde salen esos números, sobre todo teniendo en cuenta que en 2013 llegaron, por ejemplo, sólo 201.000 europeos.

El problema real no es Europa con mayúsculas sino los europeos con minúscula

Se trata de cifras confusas puesto que en el recuento oficial las familias de inmigrantes incluyen a cualquiera en la que al menos un miembro sea extranjero por lo que podrían contabilizarse también a parejas británicas de un inmigrante europeo. 

Además, según los números que ofrece otro organismo gubernamental, el Ministerio de Hacienda británico (HMRC), los europeos sólo serían el 2,5% del total de personas que han utilizado ayudas sociales en 2014, y el 7% de los que han utilizado deducciones fiscales basadas en necesidades económicas. Es decir, cifras mínimas comparadas con las de ciudadanos británicos. No obstante el Gobierno de Cameron asegura que esas ayudas son el incentivo que mueve a los inmigrantes a buscar fortuna en su país y por eso quiere cortarlas de cuajo. Poco importa que en realidad sean muy pocos los que lo utilicen y apenas tenga impacto económico real en los presupuestos gubernamentales. Los números, manipulados y utilizados con astucia, siempre convencen. 

Si Cameron consigue que Europa le escuche, hará campaña a favor de quedarse en la Unión. Si Europa le ignora, amenaza con pasarse al bando del no, aunque la mayoría de su propio partido sea favorable al sí. “Cuando miras los desafíos a los que se enfrentan los líderes europeos hoy, los cambios que pide Gran Bretaña no entran en la categoría de ‘imposibles’” proclamó durante su discurso. Su intención es que la UE incluya esos cambios en la próxima revisión del Tratado de Lisboa. A mediados de diciembre los países miembros votarán por primera vez sobre este espinoso asunto. 

Así arrancará lo que promete ser una interminable negociación en la que sin duda los países más ricos de la UE mostrarán su verdadero rostro. Alemania, que recientemente dijo que “Europa ya no se mueve a una sola velocidad”, además de Francia, Holanda, Dinamarca y Suecia parecen no estar del todo en contra de las peticiones de Reino Unido. Para los países del sur y Este de Europa, en cambio, la película es muy diferente.