El pasado 13 de enero entraron en el Parlamento distintos partidos emergentes, abanderados de la nueva política, el centrismo, la regeneración o la defensa social. Entre sus rasgos, la juventud de los nuevos diputados que accedían a los escaños. En Podemos, la edad media de los congresistas es de 41 años. En Ciudadanos, de 45. En las formaciones del bipartidismo la media supera el medio siglo, y el aura de vieja política sigue sobrevolando sobre ellos.

Sin embargo, y por más que estos nuevos partidos parezcan o quieran identificarse fuertemente con la juventud –así lo acredita la horquilla de edad de su voto–, el colectivo joven sigue dando pocas señas de recuperarse del ostracismo al que le ha sometido la crisis y las decisiones políticas de los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP.

La situación de la juventud pasa por la insostenibilidad. El colectivo se ha convertido en el grupo más vulnerable de la sociedad. Su peso –social, económico y demográfico– se ha reducido sustancialmente desde 2007. Muchos de ellos también deciden abandonar el país. Su papel en el futuro del país se antoja, dadas las circunstancias, insuficiente para el mantenimiento de un estado de bienestar muy debilitado.

Cuando en política se habla de juventud, la temática dominante suele ser el desempleo. Lo hacen habitualmente los grandes partidos, con numerosas menciones y propuestas, incluyendo sus programas electorales. Es, sin duda, un ámbito fundamental en el drama de la juventud. Sin embargo, la situación del colectivo va mucho más allá de los índices de desempleo.

Excluidos de la sociedad

Recientemente, el Informe de Oxfam Intermón sobre desigualdad y privilegios fiscales advertía sobre el crecimiento imparable de la pobreza en España en los últimos años. En 2014, cerca de un tercio de la población –13,4 millones de personas– se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión. Según señala la investigación ‘Sueños Rotos’ de la fundación porCausa, es precisamente en la juventud donde este indicador –conocido como tasa AROPE– más se ha disparado. En concreto, el riesgo de pobreza y exclusión social para la población de 16 a 24 años creció 15 puntos entre 2007 y 2014, hasta afectar al 38,7% de las personas en esta franja de edad.

La juventud es también en el grupo donde más ha crecido la privación material severa. Cerca de 1 de cada 10 jóvenes españoles no puede permitirse, entre otras cuestiones, comer saludablemente, hacer frente a gastos imprevistos o mantener la casa caliente en los meses de invierno. 

Precariedad y pobreza laboral 

El altísimo nivel de paro que afecta a la juventud se ha unido en los últimos años a una precarización del empleo tremendamente agresiva con el colectivo. El resultado de esta situación es la proliferación y multiplicación de la pobreza laboral entre los más jóvenes. Si en 2007 esta afectaba al 7,5% de los jóvenes trabajadores de entre 16 y 24 años, en 2014 el porcentaje se ha multiplicado por tres hasta alcanzar al 21,3% de las personas en este grupo de edad.

De esta forma, no solo cerca de la mitad de la población joven menor de 24 años se encuentra desempleada. De los que trabajan, 1 de cada 5 está en riesgo de pobreza. Es decir, cuentan con menos del 60% de la mediana nacional de ingresos. Además, a finales de 2014 el 56,3% de los asalariados menores de 30 años estaba sobrecualificado en su puesto de trabajo.

En este ámbito, la fractura social es evidente. El porcentaje de trabajadores pobres jóvenes supera en casi 10 puntos la media nacional del indicador (12,6%). Si lo comparamos con el marco europeo, la diferencia llega a los 12 puntos.

Sin planes para el futuro

Muchos de los objetivos personales y profesionales que tradicionalmente se venían asociando con la juventud afrontan en la actualidad numerosos obstáculos. La inestabilidad e inseguridad del colectivo joven ha llevado a que la edad media de emancipación en España se situara en 2014 en 29,1 años, casi tres por encima de la media europea. Los problemas se multiplican cuando los jóvenes deciden independizarse, con uno de cada tres jóvenes que vive emancipado en riesgo de pobreza y exclusión social.

La precariedad económica de la juventud, además, dificulta el acceso a la vivienda en cualquier de sus modalidades. En España, que cuenta con unos niveles de propiedad –79%– diez puntos por encima de la media europea, el alquiler supone un sobreendeudamiento para la juventud aún mayor que la compra de vivienda: en 2014 el 29% de los hogares jóvenes con alquiler estaba sobreendeudado, por el 23,9% de los que estaban en régimen de propiedad.

Por otro lado, también han aumentado la dificultades en la formación de familias. Al problema histórico y estructural de la natalidad en España se une los riesgos económicos y la vulnerabilidad del colectivo joven. La edad para tener el primer hijo ha sobrepasado la barrera de los 30 años –29,4 en 2007–, frente a los 28,6 de media que había en la Unión Europea en 2013. También ha descendió el número el número medio de hijos por mujer, pasando de los 1,38 en 2007 a los 1,27 en 2013.

Los costes de la precariedad

El proyecto Juventud Necesaria, desarrollado por el Consejo de la Juventud de España, advierte sobre las consecuencias que tendrá en el largo plazo la situación de la juventud en España. La investigación señala que, de mantenerse este fenómeno, el impacto social y económico del problema repercutirá sobre el conjunto total del país y su población en los próximos años.

A las ya señaladas cuestiones de precariedad, pobreza o exclusión habría que sumar los costes que está suponiendo para el estado la creciente y sostenida migración de jóvenes hacia el extranjero.

Este impacto negativo de la migración se vincula principalmente a la falta de retorno de la inversión en educación, además de a la recaudación fiscal que dejan de aportar las rentas de las personas cualificadas que abandonan el país.

De mantenerse los flujos migratorios de los últimos cuatro años, en la próxima década la inversión ‘perdida’ en educación de jóvenes cuya actividad y productividad tenga lugar fuera de España podría ascender al 2,5% del PIB de 2013 –unos 29.300 millones de euros–. Por otra parte, los costes relacionados con la perdida en la recaudación de impuestos que no pagarían estos jóvenes ascendería en el mismo periodo al 2% del PIB de 2013. 

En un segunda hipótesis –que tiene en cuenta migrantes jóvenes más cualificados (con estudios secundarios o universitarios)–, la proyección señala para los próximos diez años una perdida de inversión en educación equivalente al 3,4% del PIB de 2013. Los costes fiscales en este caso ascenderían al 2,2% del PIB.

Una juventud para el futuro

Otro de los problemas que enfrenta España y que tendrá repercusiones en las próximas décadas son los bajos niveles de natalidad. Los distintos factores sociales que influyen sobre este fenómeno –y que guardan relación directa o indirecta con la juventud– advierten que el actual índice de fecundidad nacional es más que insuficiente para mantener una estructura poblacional que asegure el sostenimiento del estado de bienestar. Esto, unido el alto paro juvenil, presenta obstáculos fundamentales para lograr un demográfica más equilibrada en el futuro.

De los cambios en las tendencias de la fecundidad y los factores que influyen sobre ella dependerá el sostenimiento de las pensiones y del sistema de bienestar en su conjunto. Como muestra, entre 2007 y 2014 el número de jóvenes en régimen de cotización se redujo en casi 2 millones, dejando el total en poco más de 2,3 millones de cotizantes menores de 30 años. El escenario actual presenta una carga económica de las pensiones sobre los sueldos que, de mantenerse los distintos sesgos, pasará del 35% de la actualidad al 72% en 2050.

La implementación de políticas –familiares o de vivienda– que afecten directamente o indirectamente a los jóvenes podrían aliviar parte de esta situación. Si a ello le unimos un descenso significativo en las tasas de desempleo en juventud, el ratio de gasto en pensiones podría bajar al 60%, según las estimaciones que realiza el informe del Consejo de la Juventud.