“Todas las guerras son devastadoras, y la española lo fue especialmente para el mundo de las letras, con ese desgarrador grito de Millán Astray”. Aquel “Muera la inteligencia” que el general sublevado espetó el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca a su rector, Miguel Unamuno, simboliza para el catedrático de Literatura Española Jesús Rubio Jiménez (Universidad de Zaragoza) uno de los rasgos del franquismo que, tras el golpe militar desatado menos de tres meses antes, comenzaba a extender su dominación a sangre y fuego por el país. 

“En España se desmanteló todo un proyecto de futuro de país, que es lo que estaba cuajando en la II República”, explica el catedrático, que considera “sintomático” el hecho de que “entre los cuerpos que más machacó la represión franquista se encontraban el de maestros y el de veterinarios, claves para el desarrollo a través de la educación y de la formación” y especialmente importantes en un país cuya economía se basaba en el sector agrario. “La limpieza fue brutal en la enseñanza, en la que, tras la guerra, las comisiones de depuración llegaron a purgar incluso a gente que se sabía que había fallecido, como Antonio Machado. Fue un antes y un después”.

Eso ocurrió con los republicanos e izquierdistas –también con meros sospechosos de simpatizar con esas posiciones ideológicas– que sobrevivieron a la guerra. Numerosos intelectuales no la vieron terminar: fueron asesinados por el bando que argumentaba a tiros ideas opuestas a las suyas.

Las ilustres víctimas del 36: Bueno, Lorca, Maeztu y Muñoz Seca

Sucedió en el verano de 1936, un año escrito con sangre para las letras españolas, con Manuel Bueno --el cronista conservador al que la leyenda atribuye el golpe de bastón por el que Valle-Inclán quedó manco--, fusilado el 11 de agosto en Barcelona, y una semana después, el 18, con Federico García Lorca, la figura emblemática del simbolismo, desaparecido tras ser paseado por un grupo de falangistas en Granada. 

La guerra se cobró ese otoño la vida de dos de las plumas más lúcidas de la derecha: el alavés Ramiro de Maeztu, una de las principales figuras de la Generación del 98, cuyas posiciones viraron del socialismo y el reformismo en los años 20 al tradicionalismo en la década siguiente, que murió fusilado en Aravaca el 29 de octubre; y el gaditano Pedro Muñoz Seca, el fundador del teatro del astracán, tiroteado en Paracuellos el 28 de noviembre tras dirigir al pelotón de fusilamiento –cuenta la leyenda-- una extravagante observación a tono con su sarcástica pluma: “Me temo que ustedes no tienen intención de incluirme en su círculo de amistades”.

Ese mismo año, las letras españolas perderían a dos de sus genios, aunque en este caso no por muerte violenta. No en el caso de Ramón María del Valle-Inclán, fallecido el 5 de enero y que no llegó a conocer la terrible versión hispana de su Tirano Banderas. El último día de 1936 expiraba Miguel Unamuno, que llevaba dos meses en arresto domiciliario tras el incidente en el que Millán Astray le espetaría aquel “Muera la intelectualidad traidora”, “muera la inteligencia”, según el cronista, tras el incidente iniciado al tachar de “paradoja repelente” y de “insensato y necrófilo grito” el “viva la muerte” que acababa de escuchar en el Paraninfo, tras soltar Francisco Maldonado una diatriba contra Euskadi y Cataluña.

La libre explotación de la obra de los asesinados

A lo largo de 2016, conforme se vayan cumpliendo los octogésimos aniversarios de sus muertes, sus obras pasarán a ser de dominio público. ¿Eso qué significa? Que caducan los derechos de autor que hasta ahora han podido gestionar sus herederos –en algunos casos a través de fundaciones-- y que cualquier ciudadano puede explotar sus obras de manera libre y gratuita, musicando poemas del Romancero gitano, escenificando La venganza de don Mendo o reeditando las novelas de El ruedo ibérico, Niebla o San Manuel Bueno, mártir. Los derechos de otras, como La guerra de Transvaal, escrita a seis manos por Maeztu, Vall-Inclán y Pío Baroja bajo el triple pseudónimo de Van Poel Krupp, no pasarán a ser de dominio público hasta dentro de diez años, cuando, en 2026, se cumpla el 70º aniversario de la muerte del tercero de ellos.

Ocurrirá lo mismo en los tres años siguientes con los escritos del andalucista Blas Infante, fusilado por falangistas el 11 de agosto de 1936, con los trabajos del trotskista Andreu Nin, oficialmente desaparecido el 22 de junio de 1937 en Madrid tras una larga tortura a manos de agentes del NKVD; con las obras propias de Serafín Álvarez Quintero, fallecido de muerte natural el 12 de abril del 38, y, también, el 22 de febrero de 2019, con la extensa bibliografía de otro de los principales autores españoles del siglo pasado: Antonio Machado, muerto en el exilio en el sur de Francia antes de que terminara la Guerra Civil.

Y volverá a pasar en los siguientes años con la producción de varios de los autores españoles más destacados: el 28 de marzo de 2022 pasará al dominio público la de Miguel Hernández, fallecido en la cárcel de Alicante –“no fue una muerte violenta, pero sí dejarlo morir”, apunta Rubio-. Sin embargo, la de uno de sus compañeros de celda, Antonio Buero Vallejo, será liberada el 29 de abril de 2070, a las siete décadas de su muerte por causas naturales.

¿A qué se deben esas diferencias? La regulación de los derechos de autor en España ha dado lugar a numerosas confusiones, ya que la Ley de Propiedad Intelectual establece una amplia excepción a que “los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento”. Lo hace en la disposición transitoria cuarta, según la cual se mantienen los plazos de la norma de 1879 –ocho décadas-- para “las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987”. Paralelamente, la enrevesada normativa deja en 70 el plazo de prescripción de los derechos de los trabajos publicados bajo pseudónimo.

Jubilados con arte: cobrar la pensión o el salario mínimo

Ese inicio del paso a dominio público de la obra de algunos de los principales autores del siglo XX coincide con la enésima iniciativa polémica del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de cultura: por si el IVA al 21% no había complicado suficientemente el último tramo de su vida laboral, los ministerios de Empleo y de Hacienda obligan ahora a los autores jubilados a optar entre vivir de la pensión pública por la que han cotizado o subsistir con sus derechos –y cotizar por ellos– si les generan unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, 9.000 euros brutos anuales.

“¿Por qué los derechos de autor deben tener una limitación temporal si ningún otro bien lo tiene?”, se pregunta el profesor Rubio, que llama la atención sobre la aparente paradoja por la que “un ladrillo tiene valor durante generaciones, pero un libro o un disco no. Eso lleva a la decadencia”.

En opinión del experto, “la peculiaridad de la producción artística hace que esta pase a dominio público porque sí, y además se penalizan los ingresos”. “Esto es muy cruel. No hace falta una guerra civil para devastar la cultura: puede hacerse desde un Gobierno democrático. El Estado español no ayuda a sus creadores sino que los castiga”.

Rubio, que ironiza con la eventual encrucijada en la que puede encontrarse un escritor jubilado al que le sea concedido el Premio Cervantes (dotado con 125.000 euros)  –“o renuncia o puede acabar en los tribunales por defraudar”--, critica el afán recaudatorio del Ejecutivo: “Se trata de recaudar, no de proteger al autor, que está condenado a morir en la miseria”.

Con la ley en la mano, un autor español actual dejaría de percibir a los cien años los derechos de explotación que no haya cedido –las prácticas de las editoriales y sus precios son otro tema-- por obras escritas a los treinta. Mientras la Unión Europea presiona para reducir esos periodos a 50 años, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez sientan las bases para que, con independencia del plazo final, quienes logren vivir de su arte sufran una tormentosa vejez.