Convendría evitar que por alguna circunstancia factible (un gobierno de coalición que incorporase un mínimo común denominador pactado entre las fuerzas que lo formen, la convocatoria de nuevas elecciones generales en otras circunstancias,...) el texto presentado por el PSOE el pasado 8 de febrero para negociar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno (Programa para un Gobierno progresista y reformista) quedase enterrado, como tantas veces ha ocurrido, en el cubo de la basura.

Lo importante de ese Programa no son las palabras y las cuantificaciones, que también, sino los énfasis, las prioridades. El cambio de prioridades supone una ruptura con los postulados socialdemócratas hegemónicos durante el dominio ideológico de la tercera vía de Blair, Clinton o Schroeder que está en el origen de la crisis de representación que han padecido los partidos socialistas en los últimos años.

El Programa arranca de la crítica contra la extensión de la pobreza, de la pérdida de esperanza para millones de ciudadanos con efectos particularmente devastadores para los jóvenes que afrontan el comienzo de su vida adulta, con el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados por cuenta ajena y los autónomos, y con el recorte en un gasto público destinado a luchar contra la desigualdad, asegurar la igualdad de oportunidades y ofrecer certezas contra las situaciones de necesidad vinculadas a la edad, la enfermedad, la dependencia, la pobreza, la condición de mujer o el desempleo.

El programa del PSOE supone una ruptura con los postulados de la `tercera vía´, que están en el origen de los problemas de representación de los partidos socialistas.

Conceptos tradicionalmente socialdemócratas que se concentran en un capítulo específico sobre el Estado de Bienestar español, que contiene un programa de emergencia social, un ingreso mínimo vital, medidas contra la pobreza energética, contra el sobreendeudamiento familiar y los desahucios, subida del salario mínimo interprofesional, o el restablecimiento de la universalidad de la cobertura del sistema nacional de salud, etcétera. Cómo no reconocer en este paquete la música del 15-M, de los movimientos de los indignados y de los partidos que los han heredado, y lo que ha influido --aunque a algunos les cueste reconocerlo-- en este giro en la socialdemocracia española. ¿Alguien piensa que hubiera sido posible esto sin aquello?

La segunda piedra de la política económica --más allá del habitual toque de campanas sobre un nuevo modelo de crecimiento-- es la negociación con Bruselas para obtener mejores condiciones (mayores plazos) para cumplir los criterios de estabilidad presupuestaria: déficit y deuda pública. Tampoco aquí lo importante para este análisis es si el tiempo que se demanda es mayor o menor, sino el hecho de que la justificación para el aplazamiento no es sólo la de que el PP deja una importante desviación al alza en el objetivo de déficit y una deuda pública al borde del 100% del PIB (la más alta en un siglo), ni siquiera la dificultad cierta para reducir el déficit y la deuda en un entorno deflacionario, sino sobre todo la situación de emergencia social (pobreza, exclusión, desigualdad,...) y la necesidad de recuperar los niveles de gasto social por habitante para converger con los estándares europeos.

Olvidémonos por un momento de lo que se ha quedado al margen y que un día los socialistas españoles prometieron (reforma del artículo 135 de la Constitución, coste del despido, nivel adquisitivo de las pensiones,....). ¿Desde cuándo el discurso socialdemócrata en Bruselas no era el de la emergencia social, el de la igualdad de oportunidades, el del futuro de una generación tras la devastación de la crisis económica, en lugar de la inflación o la estabilidad presupuestaria, que devienen ahora en factores instrumentales aunque necesarios de cumplir?

La tercera pata del programa, la de las derogaciones, no es precisamente secundaria: una reforma laboral "extremadamente agresiva" (en palabras de Luis de Guindos, comunicada con un lenguaje corporal genuflexo con el anterior comisario de Economía, Oli Rehn, visto en todas las televisiones), que ha debitado la negociación colectiva --pilar básico del Estado de Bienestar-- y desequilibrado el poder en el seno de la empresa, por lo que ha sido más fácil establecer la devaluación salarial permanente; una ley mordaza que ha dado lugar a este autoritarismo censurador del que en la actualidad aparecen tantos ejemplos; y una ley de educación no consensuada, que ni siquiera satisfacía a abundantes barones autonómicos del PP, y que no sirve para achicar las diferencias entre el capital humano de nuestro país y el de los más avanzados.

En las medidas del PSOE se reconoce la música del 15-M y de los movimientos de los indignados. ¿Alguien piensa que hubiera sido posible esto sin aquello?

Una vez conocido ese Programa, conviene blandirlo como fuerza de choque ante la limitación exterior de la política económica (Bruselas, Fráncfort, Washington), aunque en algunos aspectos no sea suficiente. La cuestión es: si gobernase el PSOE, ¿cómo se podría compatibilizar la política que pretende, con los nuevos sacrificios que exigen a la población española los comisarios de la UE y el presidente del Eurogrupo, y con el corpus de la "austeridad expansiva" que emana de la Europa oficial y sus órganos desde hace casi ya dos lustros? O de modo más general, cómo se gestiona la tensión entre una democracia nacional y la pertenencia a un club supranacional como es la eurozona en el caso de que la razón económica (la eficacia de los mercados) prevalezca sobre la razón política (la razón democrática), en caso de contradicciones entre ambas (caso de Grecia). El estrechamiento del rango de las normas que pueden aplicar los gobiernos nacionales es lo que lleva a muchos ciudadanos a pensar que los cambios de gobierno a través de las elecciones no conlleva cambios de las políticas económicas, excepto en lo anecdótico (véanse los eurobarómetros).

CTXT publicó hace tiempo el resumen de una conferencia dada en Fráncfort por el primer economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el halcón alemán Omar Issing, miembro también del consejo de dirección del Bundesbank, el banco central de Alemania. En ella se descaró ante la cuestión de si era posible una unión monetaria y económica sin una unión política de Europa: "Los peligros son fáciles de identificar. El más evidente, la actual falta de flexibilidad del mercado de trabajo", dijo. La obsesión de los banqueros centrales por los mercados laborales es contagiosa. Esa rigidez laboral, unida a "los incentivos mal orientados" que proporcionan la Seguridad Social y el Estado de Bienestar, sería incompatible con la moneda única. La política monetaria de la UE no podrá luchar contra el paro. Por ello, según Issing, "los llamamientos a una Europa social van en una mala dirección". La Europa social podría poner en peligro la moneda única.

El analista norteamericano Thomas Friedman, en su aclamado best-seller La tierra es plana hace una interesante analogía con el trilema del economista Dani Rodrik (un país no puede tener al mismo tiempo democracia, globalización y soberanía nacional; de los tres términos hay que escoger, en el mejor de los casos, dos), que sirve para profundizar en estas cuestiones. La globalización, dice Friedman, obliga a todos los países a ponerse una "camisa de fuerza dorada" con las reglas fijas a las que deben someterse los países: "Si a tu país no le han tomado las medidas para hacerle una, lo harán pronto".

Sustitúyase el concepto globalización por el de eurozona. Cuando te ponen esa camisa de fuerza pueden suceder dos cosas: la mala y la peor. La mala: que la economía mejore aunque la política se encoja; puesto que las reglas del juego del club no permiten que el país en cuestión se desvíe de las mismas so pena de excomunión, la política (económica) nacional se reduce a elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. La peor: cuando la política se encoge y la economía empeora (la Gran Recesión, la crisis del euro). Entonces, la mayoría de la población, que había mirado hacia otro lado mientras las cosas fueron bien para su intendencia, se interroga, por ejemplo, acerca de si el euro y sus criterios de convergencia son una camisa de fuerza dorada y si es ésta es compatible con el modelo social, una de las señas de identidad fuertes de Europa.

Será más fácil denunciar el Concordato con la Santa Sede que aplicar el programa social socialista, sin la enemiga de Bruselas.

La peor de las opciones es la que se ha desarrollado en Europa en los últimos años. Ya hay una generación de jóvenes escépticos para los que la idea de que la unión monetaria va a ser capaz de ofrecer más prosperidad y trabajo no forma parte más que de las utopías soñadoras de los padres fundadores de la Europa unida, y de sus propios progenitores. Y al revés, la demostración de que aquella unión monetaria se estableció desde el primer momento de manera defectuosa porque se puso en pie una moneda con unas normas nada flexibles, que sólo podría sobrevivir --Issing dixit-- con una extraordinaria flexibilidad del mercado laboral europeo, es parte de sus vivencias. Para ellos, y para cada vez más ciudadanos, el club de la moneda única no sólo supone ceder la soberanía monetaria de los países miembros a un órgano común, el BCE, sino que limita la capacidad democrática de esas sociedades en muchos y fundamentales aspectos de la vida política.

Estos escépticos opinan que si los socialistas españoles gobernaran, aislados de una corriente socialdemócrata mayoritaria en el seno europeo, sería más fácil, por ejemplo, denunciar el Concordato con la Santa Sede que aplicar su programa en materia de mercado de trabajo y reconquista del Estado de Bienestar, con una convergencia en el gasto público per cápita medio. Al fin y al cabo, Rodríguez Zapatero fue capaz de sacar las tropas de Irak, pero no pudo resistirse a las presiones del BCE para que cambiase su política económica.