El pasado 11 de marzo, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo anunció, repentinamente y mediante decreto, que las elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial se celebrarían el próximo 24 de abril.

Los partidos de la oposición denunciaron la ilegalidad de la convocatoria electoral ya que, según la Constitución, las elecciones presidenciales deben celebrarse 45 días antes de la fecha de la expiración del mandato del presidente o, como máximo, 70 días después de dicha fecha, es decir, entre octubre de 2016 y febrero de 2017.

Estos comicios son los primeros que se convocan después de la reforma de la Constitución del país en noviembre de 2011, que posibilita a Obiang a presentarse nuevamente a los comicios por siete años más.

El actual presidente lleva en el poder desde 1979 tras un golpe de Estado; si, como es más que previsible, resulta elegido, finalizará su mandato en el año 2023, por lo que cumplirá 44 años como presidente del país.

En 1996, 2002 y 2009, las elecciones se vieron empañadas por acusaciones de fraude, violencia, intimidación y violaciones de la libertad de expresión, asociación y reunión. Una vez más, los partidos de la oposición y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian irregularidades en el proceso electoral y graves violaciones de derechos humanos.

El derecho de sufragio universal, tanto activo como pasivo, que permitiría al pueblo soberano de Guinea Ecuatorial elegir libremente a sus líderes políticos, así como el derecho a contender en las elecciones sin ningún tipo de discriminación, son derechos humanos básicos que siguen siendo negados en Guinea Ecuatorial.

Graves irregularidades

Varias disposiciones de la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad, ratificada por Guinea Ecuatorial, obligan al Gobierno a "establecer y fortalecer organismos electorales nacionales independientes e imparciales" y "garantizar un acceso justo y equitativo de los partidos y candidatos a los medios de comunicación controlados por el Estado durante las elecciones".

La Junta Electoral Nacional, el organismo encargado de la supervisión y organización de las elecciones, está a cargo del ministro del Interior, Clemente Engonga Nguema Onguene, miembro leal del partido en el poder, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE).

Los partidos de la oposición han denunciado graves irregularidades en el censo electoral al tener serias sospechas de haber incluido a personas ausentes, no residentes y menores de edad. A pesar de haber solicitado el censo electoral detallado para verificar los datos, el Gobierno negó el acceso a dicho censo. Además Obiang ha vetado a la oposición en el distrito de Mongomo, donde inexplicablemente se registraron 38.000 electores, cuyos votos están reservados, en su totalidad, al candidato del PDGE.

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado las detenciones ilegales de líderes de la oposición que han sido arrestados, encarcelados y brutalmente golpeados por miembros de los cuerpos policiales. Algunos de ellos permanecen arbitrariamente encarcelados, sin cargos formales y sin respuesta a la petición de habeas corpus formulada por el abogado que les asiste.  

Durante toda la campaña electoral se ha obstaculizado el acceso a los medios de comunicación y se ha violentado el derecho a la libertad de expresión a los miembros de los partidos de la oposición para la realización de actos de la campaña electoral. Los medios de comunicación, tanto del Estado como de titularidad privada, están al servicio único y exclusivo del presidente y del partido en el poder.

“Las maniobras del presidente Obiang para manipular el mal llamado diálogo nacional, el no reconocimiento de algunos partidos, la abstención de otros partidos reconocidos, el adelanto injustificado de las elecciones, y un sinfín de violaciones de la Constitución vigente son pruebas fehacientes de la falta de voluntad política de celebrar unas elecciones libres y transparentes”, aseguró Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice. “Hasta ahora, muchos ciudadanos siguen resignados a votar, en unas elecciones amañadas directa o indirectamente por Obiang, por miedo a no perder su trabajo o sufrir represalias.” 

El Gobierno de Guinea Ecuatorial debe asegurar que las disposiciones de la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad se cumplan para que las elecciones presidenciales puedan considerarse  transparentes, libres y justas. España y la comunidad internacional conocen y hasta ahora han ignorado estas violaciones de derechos humanos.

Estas elecciones se convocan cuando el país atraviesa su peor crisis económica desde hace tres años, en parte como consecuencia del bajo precio del petróleo.

El informe anual de EG Justice sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial señala que el presupuesto del año 2015 aprobado por el Parlamento de dicho país reflejaba una reducción de un 58% de ingresos procedentes del petróleo. Esto ha supuesto que miles de personas hayan perdido sus empleos como consecuencia de la contracción de los sectores de la industria petrolera y de la construcción.

En septiembre de 2015, el presidente Obiang alertó a su Consejo de Ministros sobre la grave crisis económica que sufría el país y mostró su preocupación por las personas que perdían sus trabajos. Sin embargo, la gestión y las políticas económicas para la explotación de hidrocarburos, petróleo y gas que  han sido adoptadas por el presidente durante muchos años sólo han beneficiado a una minoría sin contribuir a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Según el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, Guinea Ecuatorial se encuentra en el puesto 182 de 189, a la cola de los países menos avanzados y con mayor pobreza. Esto indica la vulneración de los derechos económicos y sociales de la gran mayoría de la población ecuatoguineana.

A esta situación se le suma la ausencia de un Estado de derecho, la corrupción de la pequeña élite que rodea a la familia del presidente Obiang y la represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra amplios sectores de la población. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado las graves restricciones del derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación que sufre gran parte de la población y en especial aquellas voces críticas con el régimen.

Todo ello se ve agravado por la crónica debilidad de un sistema judicial corrupto que deja en la impunidad las graves violaciones de derechos humanos que se producen en el país. El Informe de EG Justicia señala que “la falta de un poder judicial imparcial e independiente, la corrupción en el ámbito judicial y la inexistencia de un marco jurídico sólido que tenga en cuenta los derechos humanos contribuyen a que haya una ausencia absoluta del Estado de derecho.”

La comunidad internacional cierra los ojos

Ante esta grave situación de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población ecuatoguineana,  la comunidad internacional se reparte la explotación de los recursos naturales del país y continúa manteniendo relaciones bilaterales y multilaterales con el gobierno actual.

Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial y una de las principales fuentes de inversión en el sector del petróleo. En los últimos años, el presidente Obiang ha fortalecido su posicionamiento en la región con otros países como Sudáfrica, Marruecos, Ruanda y Brasil. China ha pasado a ser un aliado diplomático de gran importancia para el Gobierno de Obiang al formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Durante los tres procesos electorales anteriores y a pesar de las innumerables denuncias de irregularidades de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y de los partidos de la oposición, la comunidad internacional ha mirado hacia otro lado manteniendo y apoyando al actual gobierno ecuatoguineano.

Ahora nos encontramos ante una nueva oportunidad donde la comunidad internacional debe exigir al Gobierno de Obiang que cumpla con las disposiciones de la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad para que se celebren unas elecciones presidenciales transparentes, libres y justas y que cese inmediatamente el acoso y persecución de las voces críticas con el  régimen.

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Jacinto Lara. Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).