La escena la explicaba con una imagen muy cruda un médico, consciente de la situación: “Un día iremos por la calle y veremos a un señor desplomarse delante de nosotros, porque una bacteria, rutinaria años atrás, ha logrado vencer a los antibióticos, ya que a la industria farmacéutica no le resultó interesante económicamente invertir en esto”. Con la industria farmacéutica nos pasa como con el alcantarillado, sabemos que ese subsuelo es una zona necesaria de la realidad que nos rodea, pero a veces salen malos olores e intuimos que algo no va bien por ahí, sin llegar a entender del todo qué es eso que no funciona, en qué consiste. ¿Cómo respira y se alimenta ese gigantesco, poderoso y desconocido mundo que se mueve bajo –o más bien sobre-- nuestros sistemas de salud?

Para responder esas preguntas CTXT se dirige a Elena Villanueva Olivo, coordinadora de políticas de ISGlobal y portavoz de No Es Sano, una campaña coral que nace de la preocupación de varias organizaciones por sanear el modelo de innovación de los medicamentos, un bien público y de salud, en manos actualmente de los intereses económicos de la farmaindustria.

¿Cuánto cuesta la pastilla que nos sana?

Los precios de los medicamentos se fijan con una completa arbitrariedad. No hay transparencia. En una negociación entre país y empresa farmacéutica, si la capacidad de compra que tiene España es más alta que la que tiene Egipto, el precio de un medicamento que pagará España será más alto que el que pague Egipto y el que pague EE.UU., por lo tanto, será todavía más alto.

¿Por qué no es transparente? Quiero decir, ahí hay unos presupuestos públicos...

No se llega a ese nivel de detalle, producto a producto. Y la industria farmacéutica juega a “te lo vendo más barato que a Francia, pero no digas por cuánto te lo vendo”. Y usando ese tipo de secretismo estamos donde estamos hoy.

Hace unos días, en Francia, se ha publicado una carta de los oncólogos franceses reclamándole al presidente que se tomen medidas para que los precios de los tratamientos oncológicos se bajen, porque están alcanzando precios escandalosos que van a poner al sistema de salud francés, como al resto de sistemas de salud europeos, en la situación de a quién tratar y a quién no tratar, porque los precios son altísimos.

En España lo vivimos hace no mucho con la hepatitis C…

El caso de la hepatitis C ha sido uno de los que más repercusión ha tenido en España, pero no es el único. Es un caso que al trascender ha mostrado por primera vez ante la opinión pública en España las escandalosas formas en que la industria farmacéutica fija los precios. Hemos pagado, mediante el sistema de salud pública, 25.000 euros por cada tratamiento. Es una barbaridad. Incluso con el precio que se le puso en Egipto, que fueron 900 euros, esto supondría el presupuesto que tiene el Ministerio de Sanidad para 5 años. Para ponerles ese tratamiento a todos los enfermos de hepatitis C que hay en Egipto, no podría atenderse durante 5 años ningún otro tema de salud. Y te hablo de 900 euros, no de 25.000 que es lo que España pagó por tratamiento. Pero es que 900 euros también es un precio muy caro para determinados sistemas de salud. No podemos fijar los precios sobre la base de la capacidad económica de un país.

La industria, una vez esto se ha mostrado públicamente, quiere hacer creer que es una excepción, pero no lo es. Nosotros queremos insistir en que estos altos precios fijados por la industria del tratamiento para la hepatitis C lo serán en breve para el cáncer y ya lo son para el VIH y otra serie de enfermedades neurológicas y cardiovasculares.

Alguien del sector farmacéutico le respondería ahora mismo lo costosa que es la investigación hasta llegar al medicamento...

El 80% de la investigación básica, que es la primera parte del proceso de investigación, la hacen los institutos de investigación públicos, lo que pasa es que la mayoría de los ensayos clínicos al final del proceso, los centros de investigación públicos no tienen la capacidad de hacerlos. Pero la investigación básica, que es la más larga y compleja, es la que supone muchas horas de laboratorio hasta que das con una molécula prometedora, y se hace desde lo público. Y una vez que llega la molécula prometedora, llegan las farmacéuticas, la compran y hacen los ensayos clínicos. Ellos lo que están pagando son los ensayos. La verdadera investigación e innovación se está haciendo desde lo público. Así que tenemos que cambiar el argumentario de que la innovación la está haciendo la industria farmacéutica.  Lo público, instituciones y ciudadanos, están a merced de la industria farmacéutica. Es el doble pago. Estamos financiando la investigación básica, la más compleja, y se la vendemos a la industria cediendo todos los derechos sobre ese producto, sin asegurarnos que luego se venderá a un precio accesible para el ciudadano. Eso es incomprensible.

Por lo tanto, no se justifican estos precios por el coste de investigación. Hay estudios que dicen que el tratamiento para la hepatitis C, por ejemplo, se puede conseguir por un precio tan bajo como 100 dólares. Y entendemos y respetamos que la empresa tiene que tener beneficios, pero deben ser unos márgenes de beneficio que sean asumibles. No puede ser que el sector farmacéutico sea el sector industrial con más márgenes de beneficios que existe y que no esté dando a la sociedad los productos que necesita. Esto es lo que no es asumible. Beneficios sí, pero beneficios que hagan que los sistemas de salud tengan que elegir qué personas pueden ser tratadas y cuáles no, es lo que no vemos lógico.

La salud operando bajo criterios comerciales…

En un mercado libre como el que tenemos pasa no solo con medicamentos, pero en este caso es que estamos hablando de bienes públicos de salud. No podemos hablar de esto como si fuese un producto cualquiera. Y además, es que ni siquiera en otros sectores la diferencia de precios es tan exageradamente brutal.

Necesitamos que esos precios sean transparentes, que la negociación sea pública. Que tú le preguntes a tu Gobierno y sepas el porqué de los acuerdos firmados y cuánto paga. Nos ha costado auténticos esfuerzos conocer lo que se paga en España y en el resto de países. Y por qué la Unión Europea no fija precios de forma conjunta y de forma transparente. No puede ser que Alemania pague una cosa, España otra, etc. Eso crea desigualdades dentro de la comunidad europea e incluso entre regiones dentro de España.

Y hablamos de Europa, pero más abajo lleva pasando un tiempo.

En los países en desarrollo lo llevan sufriendo de forma más alarmante desde la crisis del VIH-sida, desde finales de los 80, principios de los 90. Muere mucha gente por el VIH y cuando se consigue el tratamiento resulta que muchos siguen muriendo porque es un tratamiento excesivamente caro, que se podría producir de una forma muchísimo más barata, con genéricos. Entonces se producen movilizaciones internacionales para pedir esto, pero no se hace porque no interesa porque no hay niveles de mercado, son poblaciones sin capacidad económica, y porque enfermedades crónicas como el VIH son para la industria muy interesantes económicamente, porque son gente que va a estar en tratamiento el resto de su vida si quiere sobrevivir. Un tratamiento caro en una enfermedad crónica es un negocio asegurado. Esa es una de las cosas por las que nosotros, como otras organizaciones, hemos preguntado desde hace mucho tiempo por qué no hay una investigación por parte de la industria para la vacuna contra el sida. Pero no interesa mientras el negocio de las enfermedades crónicas esté asegurado.

Si enfermas, más te vale que tu enfermedad sea rentable para otros.

Esto es lo que se conoce como la brecha 90/10 que hace que muchas enfermedades queden totalmente desatendidas por falta de rentabilidad. Por eso demandamos que el poder de la negociación y el poder de la investigación pase del sector privado al sector público: que sea el sector público el que maneje las reglas del juego, que en los últimos años han perdido completamente.

¿De dónde viene esta falta de control por parte de lo público en un tema vital?

Es un proceso que viene de largo. No siempre fue así. Desde que se produjeron las fusiones entre grandes empresas farmacéuticas en los años 90 se produjo un conglomerado, quedan 5 o 6 farmacéuticas que monopolizan el mercado y la Bolsa, que se rigen por parámetros absolutamente comerciales. Su único interés es obtener beneficios con un gran margen, el interés sanitario queda totalmente aparcado. En 2002 la OMC aprueba el acuerdo de propiedad intelectual por el que se establecen patentes para productos farmacéuticos. En ese momento cambian absolutamente las reglas del juego y del mercado. Y a partir de ahí la cosa ha ido empeorando. Es algo único lo que pasa en la industria farmacéutica que no pasa en ninguna otra industria. Además de lo delicado del tema, porque estamos hablando de problemas de salud pública, comparándolo con otras industrias, como la automovilística, donde todos pelean por sacar un modelo nuevo al mercado, donde la innovación es muy importante, donde se busca un coche con más motor, más prestaciones, esto en la farmacéutica no se da. En los automóviles no sucede que saques un modelo de coche, lo patentes y digas, durante 20 años nadie me puede copiar este avance. Esto no pasa, existe una competencia, una continua mejora e innovación. En este sentido no se justifica esta protección al sistema farmacéutico. Y sobre todo, esa falta de transparencia en las conversaciones entre el sector privado y los gobiernos. Creemos que eso es lo más preocupante.

Las patentes son, imagino, el soporte legal que permite ciertas prácticas dañinas.

No creemos que las patentes sean el único problema y el gran demonio. Dar patentes de innovación a cosas que realmente sean innovación no sería un problema. El problema es que se están dando patentes a cosas que no son innovación. En los últimos 10 años, sólo el 25% de los productos que han salido bajo patente son realmente innovadores, es decir, sólo el 25% de los productos con esta licencia que los protege aportaba algo que no aportara ya un producto existente. Eso es lo verdaderamente peligroso. Si permitimos a la industria patentar durante 20 años productos que no aportan nada nuevo y tener unos beneficios y un monopolio en el mercado, ¿cuál es el incentivo para que la industria apueste por investigar productos innovadores que solucionen problemas de salud? Ninguno. La patente no sería un problema si fuera para un producto innovador que solucione un problema de salud pública. Y sucede que, cuando una patente caduca a los 20 años, cuando se podría liberar el producto con el abaratamiento que supondría, se les permite renovar la patente con pequeñas modificaciones que no aportan ningún valor añadido ni mejora y se alarga la patente otros 20, 10, 5 años, por lo cual, sin hacer apenas inversión se están renovando monopolios durante años y se desincentivan inversiones en la investigación que sí es necesaria, para las enfermedades crónicas, para las cardiovasculares, para el cáncer…  El mercado de patentes como tal no funciona.

Si desde lo público pueden hacerse cosas, ¿por qué no se hacen?

La industria farmacéutica es el lobby más poderoso que hay. En EEUU gastan más en lobby que la industria armamentística, que es bien conocida. Invierte grandes cantidades de dinero en tener bien representados sus intereses. Y nadie dice que no lo puedan hacer, lobby podemos hacer todos, pero ¿de qué manera? A qué técnicas se están recurriendo.

¿Hay experiencias de modelos alternativos fuera del gobernado por la industria farmacéutica?

Sí, las hay. Brasil es un caso. Cuando sucedió la crisis del sida, que les afectó fuertemente, allí se decidió que iban a producir sus propios medicamentos, no iban a importarlos. Tailandia también decidió hacerlo así. Y gobiernos que en ese momento se sintieron con fuerza decidieron que, o bien las farmacéuticas daban los tratamientos a un precio más bajo, o bien los producirían de forma nacional. Es una de las medidas que se pueden tomar. Los gobiernos tienen esa capacidad. Si hay voluntad política puede hacerse. Brasil lo hizo y obtuvo buenos resultados. Y no solo para el VIH, cuando decidieron hacer genéricos para asegurar el tratamiento para todos los enfermos del país, sino que ahora se está formando a médicos, se están distribuyendo antirretrovirales por África, y no solo esto, sino que su propio modelo de innovación es distinto al del resto de países europeos o EEUU. Y todo este modelo distinto y más sano, se basa en que hay voluntad política. También Argentina es algo diferente, la India es completamente diferente, la llaman la farmacia de África porque es donde están la mayoría de empresas de genéricos. Brasil y Argentina están incluso reformando sus directrices de patentes para definir de forma más restrictiva, entre otros, los conceptos de novedad y actividad inventive para asegurarse que solo se patenta la verdadera innovación.

El problema es que se están firmando acuerdos entre la Unión Europea y la India, entre EE.UU. y los países de la ribera del Pacífico, como es el caso del TTP, que va a limitar la capacidad de esos países para hacer lo que han estado haciendo hasta ahora por las reglas de propiedad intelectual. EE.UU. y Europa, que son las sedes de las grandes farmacéuticas están buscándole las vueltas a la situación para que estos países que tienen otro modelo, dejen de operar como están operando.

Entiendo entonces, por los casos de Brasil, Tailandia o la India que no es excusa para los gobiernos que todo esté globalizado y no se pueda hacer nada, que hay margen de maniobra en lo local.

Hay margen. Es cierto que hay limitaciones dentro de la OMC, pero a la hora de negociar individualmente con las farmacéuticas, existe ese margen para hacer las cosas de otra manera. Dentro de la Unión Europea, España tendría posibilidades de hacer cambios. Cada vez que se aprueba qué medicamentos te cubre la Seguridad Social, ahí no te lo marca nadie, tú puedes decidir qué medicamentos se cubren y cuáles no. Tú no tendrías que cubrir medicamentos patentados que no aporten valor añadido ninguno, si ya hay genéricos, libres de patentes. Eso no te lo marca nadie desde fuera. Pero los políticos se excusan en que es un modelo global, pero es eso, una excusa, porque realmente, como se ha visto en otros casos, hay posibilidad de cambio.

¿Qué puede hacer el ciudadano?

Nosotros vemos una oportunidad en el hecho de que el ciudadano europeo o norteamericano esté empezando a sufrir las consecuencias que hasta ahora solo sufrían los ciudadanos de países en desarrollo. Es una pena que tenga que sufrirse aquí, pero esperemos que eso nos haga despertar y decir, ojo, que hasta ahora nosotros como europeos teníamos aseguradas nuestras medicinas, y con el caso de la hepatitis C hemos visto que no es así. Y ese argumento tan extendido, esa justificación por parte del ciudadano, de que gracias a que las farmacéuticas gastan mucho en investigación tenemos estas posibilidades, empieza a caerse. Porque para empezar no gastan tanto en investigación, la mayor parte del gasto es marketing, y se empieza a percibir que las prácticas no son como deberían. Creemos que es un buen momento para que las cosas cambien. Incluso Hillary Clinton en la campaña de Estados Unidos está reclamando un cambio de modelo, cada vez está más claro que los precios tienen que bajar. Está habiendo una presión social cada vez mayor para que el modelo cambie.

Tenemos que pedir más cuentas al gobierno respecto a su relación con el sector privado y exigirle transparencia al sector farmacéutico. Tenemos que sospechar más, hacernos más preguntas. Si hay esa demanda social, que hasta ahora no la ha habido porque el argumentario ha sido muy bien controlado por la industria, realmente creemos que se pueden propiciar cambios.

Nos poníamos en situación para ilustrar el estado del asunto con el caso de los antibióticos...

Los antibióticos que tenemos vienen desde hace décadas. Y como son tratamientos que duran 3 o 4 días, las farmacéuticas no tienen prioridad en invertir en ellos, no son tan rentables, por ejemplo, como la diabetes, que es una enfermedad crónica en la que la persona va a tener que estar el resto de su vida en tratamiento, es decir, pagando, de su bolsillo o mediante los impuestos que financian el sistema público de salud, depende del país. Entonces, ante la falta de innovación en antibióticos, lo que nos encontramos es que estos medicamentos están generando resistencias, hacen falta nuevos antibióticos. Desde hace 20 años sólo han salido dos nuevos a la luz, porque a la industria no le parece interesante, pero la bacteria se va haciendo resistente a los tratamientos que tenemos. Hay un riesgo altísimo, hay informes de la OMS que dicen que de aquí a 30 años no tendremos antibióticos para tratarnos. Porque si lo seguimos dejando en manos de la industria, ellos no lo van a hacer, porque no les resulta interesante comercialmente. No podemos dejar que el sistema de innovación dependa de intereses comerciales, porque entonces, no va a funcionar. No basta con que subvencionemos la investigación, si no que haya investigación pública.

Todo esto da bastante miedo, la verdad.

No queremos alarmar, pero creemos que la gente debe ser consciente de a lo que se enfrenta. Los políticos, la ciudadanía y los medios han de ser conscientes del problema al que nos enfrentamos y de los riesgos que conlleva no cambiar este modelo. Es un tema desconocido porque es complejo y eso hace que los medios no lo traten, porque es difícil tratar algo tan complicado en poco espacio, pero es necesario.

No Es Sano está conformado por las organizaciones siguientes: Salud Por Derecho, Médicos del Mundo, Organización Médica Colegial, OCU, SESPAS, CECU, No Gracias, Oxfam Intermón e IS Global.