---------------------------------
CTXT necesita la ayuda de sus lectores para seguir siendo un medio radicalmente libre e independiente. ¿Nos echas un cable?

Mensual : €6,00 EUR - mensualmente Anual : €60,00 EUR - anualmente Estudiante Mensual : €3,00 EUR - mensualmente Estudiante Anual : €30,00 EUR - anualmente

---------------------------------

La Gran Coalición goza de una perfecta salud. La última votación realizada en el Parlamento Europeo respecto del Tratado entre la UE y Canadá ha vuelto a demostrar que la alianza entre populares y socialdemócratas sigue siendo la opción preferida de ambos bloques de partidos --pese al creciente número de rebeldes en las filas socialistas-- para sostener las políticas más duras de la Comisión Europea en el ámbito económico y comercial.

Aun cuando a nivel estatal hemos asistido a lo largo de los últimos meses a la puesta en escena de un baile político entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en el que tan pronto quieren subrayar sus diferencias como demuestran su proximidad y alianzas, en el ámbito de la UE la fusión de intereses está clara: ambos partidos están jugando en el mismo equipo, en el que se agrupan los eurodiputados/as que tienen como línea política la defensa de los intereses de las multinacionales, los bancos y el capital financiero.

Los dos grandes partidos juegan a la par las decisiones fundamentales sin molestarse mucho en disimularlo

En el Parlamento Europeo, a una distancia prudencial de los ojos y críticas de la ciudadanía, los dos grandes partidos juegan a la par las decisiones fundamentales sin molestarse mucho en disimularlo. Es cierto que, cuando se trata de realizar grandes declaraciones sobre temas de igualdad o de derechos humanos, los socialdemócratas muestran su cara más amable; sin embargo, cuando llega el desagradable momento de votar decisiones vinculantes que pueden corregir la deriva antisocial de las políticas económicas y de comercio de la UE, a los llamados socialdemócratas les tiembla el pulso y acaban cediendo a las presiones de la enorme maquinaria de lobbies, intereses empresariales y presiones de la Comisión Europea.

El ejemplo más reciente y más claro ha sido la votación respecto de la suerte jurídica del CETA celebrada el miércoles en la Eurocámara. A simple vista podría parecer una votación menor porque no se trataba de aprobar o no el texto del Tratado, a eso se enfrentarán próximamente, sino de solicitar al Tribunal de Justicia una valoración jurídica del acuerdo con Canadá. El objetivo de esta valoración era dilucidar si el acuerdo contiene, como han señalado numerosas personas expertas en derecho de la UE, disposiciones contrarias al contenido de las normas fundamentales que sostienen la Unión Europea (TUE y TFUE). En concreto, se ha venido señalando desde diversos sectores de la judicatura y el ámbito académico que el mecanismo de arbitraje que integra el acuerdo con Canadá vulnera las competencias del Tribunal de Justicia europeo y el derecho de establecimiento reconocido a las empresas de la Unión. 

Así las cosas, lo que se pretendía era utilizar un mecanismo previsto en el propio derecho de la UE (TFUE), que permite que un conjunto de eurodiputados/as eleven una cuestión ante el Tribunal para verificar si lo que se va a aprobar es jurídicamente correcto o no, una especie de “control de constitucionalidad previo” a nivel de la Unión. Se trataba por tanto de un método de verificación que en este caso fue impulsado por 89 eurodiputados/as, entre los que no sólo hay miembros del GUE/NGL (izquierda europea) y de los Verdes sino también algunos nombres socialdemócratas. Al ser un mecanismo de higiene democrática y de control jurídico, la aprobación de esta petición no debería de haber generado rechazo y mucho menos entre aquellos que son firmes defensores de las bondades del Acuerdo con Canadá y de su adecuación con el derecho de la UE, pero lo cierto es que entre los más de 60 eurodiputados/as socialdemócratas que apoyaron esta resolución no se encontraba ningún español. De hecho, eurodiputadas/os socialistas como Inmaculada Rodríguez Piñero, José Blanco, Juan Fernando López-Aguilar, Ramón Jáuregui y otros conocidos políticos españoles no dudaron en sumar su voto al de los conservadores para oponerse a un control democrático absolutamente aconsejable. 

A pesar de los pequeños avances en las competencias del Parlamento que se incluyeron tras el Tratado de Lisboa, la institución sigue siendo una cámara demediada con menos poderes

Las implicaciones de este voto en contra son diversas y graves, tanto en el trasfondo político general como en la concreta suerte del CETA y sus repercusiones. Con esta votación se ha evidenciado que una mayoría de miembros del Parlamento Europeo prefieren mantenerlo como una institución “menor de edad” incapaz siquiera de cuestionar las decisiones de la Comisión Europea. En este sentido, es útil recordar que a pesar de los pequeños avances en las competencias del Parlamento que se incluyeron tras el Tratado de Lisboa, la institución sigue siendo una cámara demediada con menos poderes que los parlamentos estatales y sin iniciativa legislativa. En el ámbito comercial, respecto de los Tratados que nos incumben (CETA, TTIP y otros), el Europarlamento sólo puede elevar un informe (no vinculante) y dar su voto a favor o en contra cuando el tratado en cuestión ya esté cerrado y firmado por el Consejo. 

En esta situación, quedaban pocas posibilidades para que el Europarlamento debata y cuestione el contenido del CETA, ya firmado tras una larga polémica por el Consejo, antes de pasar a la votación final. La primera de las vías ya había sido desechada con anterioridad. El pasado 17 de noviembre, la conferencia de presidentes, el órgano del Parlamento Europeo que filtra y discute en petit comité los asuntos delicados, conformado por los presidentes de los siete grupos parlamentarios, ya decidió, activando la Gran coalición social-conservadora, con el siempre útil apoyo de los liberales, no permitir que el acuerdo con Canadá sea discutido en los comités de asuntos laborales y medioambientales que ya habían anunciado sendas resoluciones críticas. Esta decisión deja todo el debate parlamentario sobre el CETA en el Comité de Comercio, donde hay pocas voces críticas.

La segunda de las vías posibles para mostrar que la Eurocámara se preocupa por el contenido del CETA era utilizar este mecanismo de control. Su aprobación habría demostrado que el Parlamento Europeo no está al servicio de los designios de la Comisión sino que se preocupa, con voz propia, por la suerte del derecho de la UE y de los derechos de su ciudadanía. Una vez más, los socialdemócratas tenían en su mano la llave para aprobar o no esta petición y así reivindicar el Parlamento Europeo como cámara capaz de velar por el cumplimiento del derecho de la UE, como lugar para el debate político y como vía para cuestionar las políticas impuestas por la Comisión. Sin embargo han preferido, una vez más, evitar la discusión e incluso la valoración jurídica de la política comercial de la UE, no vaya a ser que les salpique en sus intereses electorales y/o alianzas estratégicas en el plano económico. Las puertas giratorias pueden atascarse por no votar “correctamente” en una ocasión como esta. 

Pero, como decíamos, la votación perdida tiene graves consecuencias respecto del futuro del CETA. Ahora, ya sin más diques, el Parlamento se apresta a dar el espaldarazo final al acuerdo, una aprobación que permitirá su aplicación provisional aun antes de que se pronuncien los Estados miembro. Solo nos falta saber exactamente cuándo se va a producir esta votación que algunos prevén para diciembre y otros para enero/febrero. La marcha del presidente Schultz, que regresa a la política alemana, hace aún más difícil acertar en las quinielas respecto del momento exacto pero deja entrever una recompensa en las filas de algunos partidos por la lealtad a los populares.

El Parlamento se apresta a dar el espaldarazo final al acuerdo, una aprobación que permitirá su aplicación provisional aun antes de que se pronuncien los Estados miembro

Desde luego, no se puede dar el juego por terminado. Al tratado con Canadá aún le quedan unos cuantos obstáculos por saltar y sin lugar a dudas los consensos intra-UE e internacionales sobre el libre comercio se están resquebrajando. En última instancia, el futuro del CETA, la votación en el Parlamento Europeo y las votaciones en el ámbito de los Estados miembros, sigue vinculado a la capacidad de la sociedad civil de continuar movilizando a la opinión pública y poniendo contra las cuerdas a los partidos socialdemócratas que se encuentran en una fase preelectoral nada fácil en Francia o en Alemania. Esto es algo que las campañas contra el CETA y el TTIP han valorado a la perfección, como demuestran los esfuerzos redoblados de las últimas semanas y la continua actuación en redes, a la que cada vez se suman más colectivos e individuos.

Pero en medio de la batalla institucional es necesario, como señalan las campañas, ir más allá de las votaciones concretas y replantearse en este momento, al calor del creciente rechazo del TTIP, CETA y de TISA (que sigue siendo un gran desconocido y muy peligroso), el conjunto de la política comercial vinculada a este tipo de tratados de comercio, ya sean realizados en sentido norte-norte o en sentido norte-sur. Así, por un lado, debe también denunciarse que el tratado con Ecuador que será votado en el Parlamento Europeo próximamente es otra muestra de una política comercial tendente a la privatización de servicios y a la creación de instancias supranacionales orientadas a agrandar la separación entre las decisiones comerciales y la ciudadanía.

Por otro lado, es fundamental responder a las acusaciones facilonas que han intentado asimilar las campañas ciudadanas de rechazo a este tipo de tratados con el proteccionismo de Trump y sus secuaces. Evidentemente se trata de dos posturas diametralmente opuestas en su fundamentación y en sus objetivos. Trump es un proteccionista, que defiende algunos intereses particulares, y en ese sentido es probable que haga un intercambio entre TPP-TTIP y TISA, donde los sectores económicos que le apoyan tienen grandes intereses. El reto ahora no es sólo seguir con la movilización contra los efectos devastadores de la globalización en nuestras sociedades sino explicar qué tipo de relaciones comerciales y de sociedad planteamos frente a los Trump y también a los paladines del neoliberalismo con el liberal Europeo Guy Verhofstadt. Todo un trabajo en el que nos va nuestro futuro.