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Este martes 18 de octubre se reunieron en Luxemburgo los responsables de Comercio de los países de la UE para debatir el CETA, el tratado entre la UE y Canadá. El orden del día contemplaba la adopción de tres decisiones: autorización de la firma, aplicación provisional y celebración del CETA. No se adoptó ninguna de ellas, lo cual ha sido entendido como una victoria inicial por los movimientos sociales y políticos contrarios a este acuerdo. Para decepción de la Comisión y de algunos gobiernos como el español, que acudían dispuestos a aplaudir un consenso afirmativo, el acuerdo con Canadá se ha topado con una serie de obstáculos que dificultan (mas no imposibilitan de momento) su futuro.

Para entender lo que ocurrió en la reunión de cinco horas --se preveía una duración de no más de media-- en el Consejo del martes 18 es importante examinar las posiciones de las diferentes partes implicadas en el asunto, en concreto de diversos Estados miembros y de la Comisión Europea.

El Ejecutivo en funciones del Partido Popular decidió dar carta blanca al tratado entre la UE y Canadá en la última reunión del Consejo de Ministros 

Comencemos por los que defienden de manera entusiasta el acuerdo con Canadá, entre los que se encuentra el Gobierno español en funciones. A pesar de que las campañas que promueven el NO al CETA y al TTIP están consiguiendo un elevado grado de movilización y de que empieza a extenderse un consenso entre el mundo académico, sindical, movimientos sociales e incluso diversos medios de comunicación respecto de las consecuencias negativas del tratado para España (denominaciones de origen, agricultura, pymes, derechos laborales), el Gobierno español decidió dar carta blanca al CETA en la reunión del Consejo de Ministros del viernes 14 de octubre. En aquella reunión se autorizó concretamente la firma de dos acuerdos, el Acuerdo Económico y Comercial Global (el CETA) y el Acuerdo de Asociación Estratégica entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros (AAE). Sobre este segundo acuerdo sabemos poco o nada. Se trata de un texto que se está negociado desde 2010 y que no ha conseguido el consenso necesario para ser aprobado hasta el momento, fundamentalmente por discrepancias respecto de la aplicación provisional de sus disposiciones, es decir, su entrada en vigor antes de completar el procedimiento de ratificación. El texto recoge una serie de principios básicos, de valores compartidos entre Canadá y la UE referidos a derechos humanos, seguridad internacional, fomento del libre comercio y la inversión, y cooperación en distintos planos Además, y de manera sorprendente, se han incluido una serie de anexos que tienen una relación directa con el CETA y su procedimiento de ratificación, en concreto una declaración relativa al artículo 23 sobre reciprocidad en materia de visados y una declaración sobre el artículo 13 relativa a las indicaciones geográficas. Nada de esto es, evidentemente, mencionado en el Acuerdo del Consejo de Ministros.

Tras la adopción de este acuerdo, fundamentalmente en relación a la autorización de la firma del CETA, distintas voces se pronunciaron de manera crítica tanto por el fondo como por la forma. Así, la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez, conocida por su batalla en el Parlamento Europeo contra el TTIP y el CETA, indicó con acierto que un gobierno en funciones no debería adoptar actos de esa trascendencia. Todo parece indicar que así es, no sólo porque consideramos necesario interpretar la Ley del Gobierno (art. 21) en ese sentido sino porque no se trata de un tratado cualquiera. Más bien se trata de un texto que prevé un alto grado de integración supranacional, que incluye, además de una rebaja de aranceles -- como ya hemos señalado en otros artículos--, una importante dosis de mecanismos de cooperación reguladora que inciden en los procedimientos de conformación de normas europeas y estatales así como una gran carga de protección a la inversión extranjera con idénticas implicaciones. La firma de un tratado como este no puede, sin lugar a dudas, decidirse por el Consejo de Ministros y mucho menos por uno en funciones.

Pero más allá de las cuestiones de estricta legalidad en el ámbito español, fundamentales sin duda para el devenir del CETA y que están siendo debidamente exploradas, es importante atender a los obstáculos que están alzándose en otros países. Comencemos por Alemania.

El Tribunal Constitucional alemán exige que Berlín establezca las reservas necesarias para que solo sean activadas en aplicación provisional las partes del acuerdo que no son competencia estatal

Lo primero que hay que recordar es que Angela Merkel se convirtió en uno de los baluartes más sólidos de la defensa del TTIP cuando personificó un tándem con Obama a principios del verano pasado. Las bondades del TTIP y el compromiso de Alemania con el acuerdo fueron aireados en todos los medios, hasta que, como también hemos referido, su ministro de Economía decidió desdecir a su superior y dar al TTIP por muerto… para apoyar el CETA con más energías. No obstante, por iniciativa de Die Linke y diversos movimientos sociales, el Tribunal Constitucional alemán ha tenido que pronunciarse respecto de la petición de una acción cautelar que impidiera a Alemania la firma del CETA. Aunque el Tribunal ha rechazado la posibilidad de adoptar una medida cautelar en este sentido, también ha señalado que el CETA contiene disposiciones que impiden la aprobación de su aplicación provisional (la entrada en vigor antes de la ratificación por los Estados miembros) por afectar a la “identidad constitucional” de Alemania. En este sentido, en su resolución el Tribunal exige al Gobierno alemán que establezca las reservas necesarias para que únicamente sean activadas en aplicación provisional las partes del acuerdo que no son competencia estatal (capítulos 8 y 13 del CETA, inversiones; capítulo 14, transporte marítimo; capítulo 11, reconocimiento mutuo de calificaciones y capítulo 23 respecto de los estándares laborales). De igual manera, el Tribunal ha señalado sus reservas respecto de los amplios poderes del Comité Mixto del CETA y ha señalado que es necesario un acuerdo interinstitucional que se añada al texto del tratado en el que se  afirme que este Comité no puede modificar los anexos del CETA sin una decisión previa del Consejo tomada por unanimidad. Debe entenderse por tanto que el Tribunal ha puesto una serie de condiciones específicas que Alemania está, sin duda, negociando con la Comisión a marchas forzadas.

Más allá de Alemania y de manera más contundente, aun a pesar de su pequeño tamaño, se ha situado la región belga de Valonia, que se ha ratificado en su no rotundo al CETA impidiendo el consentimiento de Bélgica a pesar de las continuas presiones. El ministro de Asuntos Extranjeros belga, el valón Didier Reynders, expresó su deseo de convencer a su patria natal en el cambio de voto. Pero el ministro-presidente de la región valona y exalcalde de Charleroi, el socialista Paul Magnette, ratificó el 18 de octubre por la noche el voto negativo al acuerdo en los términos actuales y con el calendario impuesto por la Comisión, dejando entrever que la cumbre Unión Europea-Canadá tendrá que suspenderse. Si esto llega a ocurrir, el revés político a la comisión Juncker sería durísimo.

Merece la pena ahondar en lo que ocurre en la pequeña Valonia, que está en proceso de convertirse en una aldea gala, y como es conocido, de todas las Galias, el pueblo más valiente es el belga (Julio Cesar dixit). ¿A qué se debe dicho valor? Bélgica vivió una crisis institucional en 2010 cuando el país permaneció sin gobierno durante casi 550 días. La cuestión se resolvió con un gobierno donde sólo participa un partido francófono de los cinco existentes. Desde entonces la lucha entre comunidades pasó a un segundo plano a causa de la coalición federal de liberales francófonos con toda la derecha flamenca [liberales, cristianos y nacionalistas de derecha extrema], que impuso un programa de recortes sociales muy importantes.

El Parlamento valón votó el pasado mayo una declaración anunciando que, si no había cambios sustanciales, no darían su visto bueno al tratado

En Valonia gobierna el Partido Socialista con apoyos puntuales de la izquierda y de unos socialcristianos más sociales que sus amigos flamencos. Eso ha puesto contra las cuerdas al PS, que necesita mostrar fuerza frente al gobierno federal. De hecho, la composición del Parlamento valón está claramente más a la izquierda que el flamenco, con una extrema izquierda que obtuvo el 5,67% de los votos en los últimos comicios -- dos diputados-- y que sigue subiendo en los sondeos, que les dan una intención de voto del 9%. En busca de este pulso permanente y escuchando la creciente movilización ciudadana contra el CETA, el Parlamento valón votó el pasado mayo una declaración anunciando que si no había cambios sustanciales, no darían su visto bueno. El presidente del partido socialista (PS), y ex primer ministro belga, Elio Di Rupo, se han quejado públicamente de que la Comisión Europea ni se dignó a responder a dicha resolución. En esta época de soberanías compartidas y consultas a los parlamentos nacionales, es curioso el olvido de la Comisión. De hecho, posteriormente, la reacción de la Comisión ha sido múltiple: por un lado han amenazado con quitar las ayudas a la reconversión industrial y, por otro, han apostado por seguir negociando el sí de Valonia. Esta confusión sólo refuerza la posición del Parlamento valón, especialmente en un periodo marcado por el cierre de grandes empresas en la región tras haber recibido ayudas millonarias de fondos comunitarios. Con el cierre de Arcelor-Mittal hace un par de años y el anuncio de cierre de Caterpillar hace dos meses, decenas de miles de empleos industriales se van sin que la Comisión Europea haya movido un dedo. Este voto de los que The Economist llama “los perdedores de la globalización” tiene su base material en las condiciones sociales de lo que otrora fue la región industrial por excelencia de Europa Occidental. 

Pero la cosa no queda aquí y al ya conocido voto del Parlamento valón se le han sumado varias reservas significativas. Por un lado Eslovenia tiene dudas sobre el texto del acuerdo en relación a la liberalización del agua porque, pese a que la Comisión prometió que no entraría en el texto del CETA, aparece entre sus contenidos de manera significativa y diversas organizaciones han denunciado que el acuerdo con Canadá va permitir la liberalización de este sector. Cabe recordar que Eslovenia está en plena reforma constitucional y todo parece indicar que en el nuevo texto se va a incluir el agua como derecho humano, lo cual entraría en contradicción con la previsión del CETA.

Polonia está denunciando la mala calidad de las traducciones del acuerdo alegando que el texto en polaco y en inglés (el idioma de la negociación) no dicen lo mismo

Rumania y Bulgaria continúan con sus reservas ante la falta de reconocimiento de los visados por Canadá. En el texto anexo al CETA que se está manejando --bajo la constante supervisión de Alemania -- para intentar calmar los ánimos, no se termina de levantar este veto y los países afectados no se dan por satisfechos. Todo un ejemplo de la verdadera voluntad de compromiso de las partes y de la “amabilidad” del gobierno canadiense tan subrayada por la comisaria de Comercio.

Por otro lado, Polonia está denunciando la mala calidad de las traducciones del acuerdo y alega que el texto en polaco y en inglés (el idioma de la negociación) no dicen lo mismo. Esto también ha pasado en alguna parte de la traducción española del acuerdo.

Para acabar de arreglarlo, y con la vista puesta en el Consejo Europeo que se celebrará los días 20 y 21 de octubre, el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, lanzó ayer un tuit críptico que no tiene desperdicio: “Una UE que no sabe defenderse de los hooligans del comercio no sabrá construir apoyo al comercio”. ¿Nos está llamando hooligans a las millones de europeas que nos estamos manifestando contra la rendición ante las multinacionales que suponen estos tratados? ¿Está llamando a la moderación del texto del CETA en aras del control de la vorágine de desregulación en nombre del comercio como valor absoluto que ha emprendido la UE? Lo que está claro es que en Polonia esta frase ha sido entendida como una defensa de la soberanía nacional que ha acabado de caldear un debate que ayer la comisaria elevaba a tema central de la política europea. “La UE se juega su prestigio internacional. Será un contratiempo en el proceso de construcción europea, es mal momento y nos quita credibilidad”, decía Maalsmtröm. Nosotras en cambio seguimos pensando, como miles de europeas, que lo que está restando credibilidad a la UE es sostenerla y no enmendarla, es decir, obcecarse en aprobar unos tratados que incluyen mecanismos contrarios a los derechos de las mayorías sociales de la Unión y que la ciudadanía ya entiende como un traje a medida de las grandes multinacionales.

Así Valonia muestra el camino. La presión está siendo enorme y va a seguir aumentando contra cualquier aldea gala que pueda aparecer en el mapa, porque evidentemente no sólo se juegan el CETA.  Si cae el acuerdo con Canadá, caerá también el que se está negociando con EEUU (el TTIP) y correrá un gran peligro el TISA. En unos días veremos si nuestros galos aguantan el asedio. De momento, hay que seguir movilizándonos para que vean que no están solos.