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Nunca se había oído noticia de un fraude intelectual a tan gran escala en el ámbito universitario. Como han venido informando eldiario.es, Cuarto Poder o El Correo Gallego, el rector de la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Fernando Suárez Bilbao, ha plagiado una buena parte de su producción investigadora. Entre noviembre y diciembre se han descubierto 10 plagios.

Cada pocos días, aparecía en prensa una nueva tabla comparativa que remarcaba decenas de párrafos robados. Por toda respuesta, Suárez lanzó un escrito que enrabietó a la comunidad universitaria y a las víctimas del plagio. Se negaba a dimitir, hablaba de campaña mediática, rechazaba las acusaciones incurriendo en confusiones legales y emulaba a Luis XIV con una suerte de ‘la URJC soy yo’ al calificar las peticiones de responsabilidad a su figura como ataques a toda la universidad.

El silencio se había roto primero tímidamente: se pronunciaron las víctimas, agrupaciones de alumnos. Sin embargo, plagio a plagio, se levantaron más voces de catedráticos de distintas universidades: la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante emitió un manifiesto “en defensa de la ética”, la crisis saltó a los telediarios. Ante la presión, hace una semana, el órgano de coordinación de los rectores españoles, el CRUE, forzó el cese como vocal de Suárez. Estaba acorralado y, finalmente, el 20 de diciembre, reunió al consejo de gobierno: no dimitió, adelantó las elecciones y volvió a negar el plagio masivo. Tampoco cerró la puerta a presentarse de nuevo a las elecciones. Sólo 2 de los 50 miembros presentes pidieron su dimisión, y una gran parte le dedicó palabras de agradecimiento por la gestión. Al acabar la reunión, recibió una ola de aplausos.

Una ovación, y un abrazo caluroso en forma de silencio público por parte de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Educación. El partido que domina ambas instituciones guarda una entrañable relación con la URJC y con el rector Fernando Suárez. Después de haber violado el capital más básico de un investigador, la honestidad intelectual, ha hecho falta un terremoto público para que obligaran a Suárez a mover su posición inicial. ¿Qué engranajes de poder se esconden detrás de las universidades españolas? ¿Por qué el silencio? ¿Qué conciencia hay en la sociedad española sobre la dignidad de la producción intelectual?

Primera línea de infantería

“Se hizo un juicio mediático en el que se enjuiciaba no sólo al rector, sino también al resto de la universidad"

El campus de Vicálvaro de la URJC estaba casi vacío el viernes 16. Plena época de exámenes. En el edificio en el que CTXT habla con el Consejo de Estudiantes no hay nadie. En el despacho, Juan Rivera, presidente del consejo; estudia Periodismo y es un apasionado de la comunicación corporativa. Tiene tablas y muchos adverbios. También está Virginia Huidobro, Ciencias Ambientales, vicepresidenta; desprende menos pasión y más escepticismo. Rivera deja claro, desde el principio, que habla en nombre del consejo: “Es complejo para la comunidad universitaria en general que su rector esté acusado de plagio, y es la primera vez que hemos vivido una situación así: tampoco sabíamos muy bien cómo actuar, nos lo tomamos con cautela”. Enseguida se refiere a una “abrasión mediática”: “Se hizo un juicio mediático en el que se enjuiciaba no sólo al rector, sino también al resto de la universidad, cuestionando nuestra agilidad a la hora de responder”. Huidobro interviene y se queja de la presión que ha recibido: llamadas, preguntas de medios, de trabajadores de otras universidades solicitando que pidieran la cabeza del rector... Señala que hay quienes se han tenido que cambiar el número: “Que estemos aquí no significa que tengamos las respuestas”. Son la primera línea de infantería mientras el rector calla.

Rivera invoca constantemente la presunción de inocencia de Suárez: “No nos pueden pedir una respuesta inmediata, un golpe encima de la mesa, primero tenemos que coordinarnos todos”, se queja. “Existen unos plazos en los que tenemos que hacer las cosas, básicamente, para preservar la seguridad jurídica de la figura el rector”. Insiste mucho en trámites, pasos, burocracia. Excusa la demora en la convocatoria de la comisión de investigación en la falta de experiencias previas.

“Como son casos excepcionales puedes inventarte un proceso lento o un proceso rápido; tardaron ocho meses en quitarle el doctorado honoris causa a Rodrigo Rato”, protesta más tarde, sentado en unas escaleras de otro edificio del campus, Víctor Guzmán, representante de la asociación de alumnos Rise Up, responsable de la iniciativa en Change.org que pide la dimisión del rector y que ya acumula 69.700 firmas. También Rise Up fue la artífice de la campaña contra Rato. Guzmán critica el papel laxo del Consejo de Estudiantes y no comprende las alusiones a los hipotéticos ataques contra la universidad: “Esto no es un ataque, ni ideología ni una conspiración, esto es una cuestión de comprensión lectora; coges un texto, coges el otro y comparas. Si tú exiges una cosa y eres la máxima autoridad, debes cumplirla con mayor rigor”.

La laxitud del consejo se nota en los adverbios. Preguntamos si creen que hay plagio. La vicepresidenta asiente, más con la cara que con las palabras. Rivera se resiste, suspira, ni niega ni admite que haya plagio: “Existe la duda más allá de lo razonable de que es probable que haya plagiado. Entrar a decir que ha plagiado sería ir en contra de la presunción de inocencia. Más allá de lo razonable hay pruebas suficientes para plantearse seriamente la posibilidad de que haya plagiado”.

"Más allá de lo razonable hay pruebas suficientes para plantearse seriamente la posibilidad de que haya plagiado”

Emilio la Parra, catedrático de Historia de la Universidad de Alicante, no cae en circunloquios. Él es una de las víctimas de la voracidad calcadora de un rector que copiaba hasta las erratas. De La Parra, Suárez Bilbao tomó párrafos del libro El primer liberalismo y la Iglesia. Las Cortes de Cádiz (1985) para su artículo Las Cortes de Cádiz y la Iglesia (2011). En este texto, el rector saqueó a un total de cinco autores: “Nos citaba así una vez en general, pero luego reproducía frases nuestras al pie de la letra: un plagio manifiesto”. No se enfadó tanto por su caso personal, sino porque “significaba que había catedráticos que habían construido su obra a base de plagios”, y le molesta, sobre todo, que el culpable sea un rector.

Uno de los argumentos que utilizan algunos defensores de Suárez es el de reducir el rectorado a unas funciones meramente administrativas. “Pero un rector”, se opone La Parra, “debe impulsar la ciencia y vigilar, entre otros aspectos, la honestidad intelectual”.  

Caminos de la impunidad

La Parra, con más de 30 años de experiencia investigadora, asegura que el plagio está más presente y menos perseguido de lo que cabría esperar. “A veces, se ha tratado de ocultar estas actuaciones, y hay algún caso doloso, en el sentido de que se han dejado pasar plagios apreciables y se han tratado de ocultar por ser de una persona concreta”, explica. Si el plagiario es un superior y la víctima quiere hacer carrera universitaria o ser titular en el futuro, la mejor medida es el silencio. “Es evidente que hay una mafia y están practicando este tipo de cosas, hay amaños, una fontanería por parte de sujetos de calaña dudosa”, lamenta el catedrático.

En suelo español, la impunidad está ligada a esta modalidad de fraude. A José Solís le copió en 2001 parte de su tesis Juan Francisco Baltar, el cual había sido miembro suplente de la comisión del doctorado. El rector de la Universidad de Zaragoza se puso del lado de Baltar. El corporativismo funcionó. Solís debió esperar hasta 2015 para que el Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza le diera la razón.

“Cuando un creador alcanza fama y reconocimiento ya puede cometer el mayor disparate que nadie le apea de la posición que tiene"

El director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que ayuda a marcar los objetivos estratégicos del Ministerio de Hacienda, José Antonio Martínez Álvarez, se mantiene a la cabeza del organismo a pesar de plagiar varios artículos y de colocarse como titular de una cátedra que no existe. Los plagiarios invulnerables suelen vivir adscritos al poder institucional y público, incluso fuera de la universidad. Arturo Pérez Reverte fue condenado por plagiar el guión de la película Gitano. Hoy, continúa cómodamente en el sillón de la Real Academia de la Lengua y su prestigio acumulado como autor, en este punto, no ha sufrido daños.

Ignacio Sánchez Cuenca, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III y autor de La desfachatez intelectual, conoce bien las distintas facetas del fraude en la producción cultural. “Cuando un creador alcanza fama y reconocimiento ya puede cometer el mayor disparate que nadie le apea de la posición que tiene, le siguen llamando para conferencias, artículos, cursos”, opina.

En la universidad, el carácter intocable de quienes tienen cierta trayectoria y reconocimiento se agrava con los engranajes del corporativismo. “Es el mecanismo que explica que no pase nada, los colegas no quieren enfrentarse unos a otros. Es fácil, por ejemplo, escribir un artículo contra el rector de otra universidad, pero en mi propia universidad no sé si tendría el arrojo de hacerlo, sabiendo que mi posición futura depende de las decisiones que tome el rectorado”, reflexiona Sánchez Cuenca.

Quizás, para blindar más la situación, habría que recordar que, según los primeros datos sobre endogamia universitaria que publicó el Ministerio de Educación, en el curso 2013/14, el 73% de los profesores trabajaban en el centro en que se habían formado. Esto aumenta el riesgo de que el clientelismo, las deudas personales, los agradecimientos, prevalezcan sobre el mérito.

Al autor de La desfachatez intelectual  le preocupa la politización de la universidad: “Cuando cambia el gobierno, cambian hasta las comisiones de evaluación para hacerse catedrático o profesor titular. Cambia el director de la ANECA y de ahí hacia abajo”.

La ANECA es la agencia que decide quién debe ascender en la carrera universitaria y quién no. Cuando Mariano Rajoy llegó al gobierno, el ministro Wert colocó a Rafael van Grieken Salvador (también catedrático de la URJC) a la cabeza de este organismo. Hoy es Consejero de Educación de Cristina Cifuentes y no ha dicho una palabra sobre los fraudes de su antiguo compañero Suárez Bilbao.

Wert colocó a Van Grieken a la cabeza de este organismo. Hoy es Consejero de Educación de Cristina Cifuentes

Por otra parte, la burocracia se inventa y se regula desde arriba, de modo que se hace difícil confiar en las verdaderas intenciones de una comisión de investigación: “La comisión puede tomarse su tiempo, que normalmente es muy largo, de forma que se desactive el caso y la gente se olvide. Se habla de investigar como si fuera una enfermedad rara e hiciera falta un equipo médico para estudiarla durante años; en realidad, un plagio se puede resolver en una semana”, critica Sánchez Cuenca.

Pero hay factores culturales que juegan a favor de la omertà que rodea el fenómeno. El profesor de la Universidad Carlos III lamenta que no haya un consenso consolidado contra el plagio en España: de ser así, el castigo se aplicaría automáticamente. Yolanda Marotó, en su Reflexión necesaria sobre el plagio en el Espacio Europeo de Educación Superior, recordaba que en los países anglosajones, incluso, existe una mayor variedad de palabras para definir la copia o la falsificación y que cada alumno, al ingresar en la universidad, debe firmar un “código de honor y compromiso de honestidad”.

El profesor de la Universidad de les Illes Balears Rubén Comas ha dedicado años a estudiar el plagio entre los alumnos españoles. De momento, no se ha atrevido a abordar el de los profesores “por no destapar la caja de Pandora”. En un artículo, analizó las 72 normativas universitarias españolas en lo tocante a fraude y plagios, y comprobó de primera mano el desfase de la regulación. “La mayoría de profesores no sabe qué hacer en caso de plagio, primero porque no conocen la existencia de reglamentación y segundo porque ésta no estipula medidas sancionadoras claras al respecto”, explica Comas. Los profesores actúan por instinto, lo cual traslada el mensaje de que el plagio no es reprochable per se, sino una cuestión de sensibilidades. “Desde el punto de vista del alumno, genera mucha indefensión”, concluye.

En las escaleras del Campus de Vicálvaro, Víctor Guzmán, de Rise Up, se queja justamente de esta arbitrariedad: “Me da clase José Ramón Monrobel, vicerrector de alumnos, del equipo del rector, y dice que si nos pilla copiando no nos manda a septiembre, sino directamente al año que viene; sin embargo, no se ha pronunciado sobre Suárez”.

Pese a las reservas para calificar el plagio a las claras, el presidente del Consejo de Estudiantes, Juan Rivera, cuenta que en la preparación del Trabajo Final de Grado sí aprenden los métodos de citas correctos para no caer en la apropiación del trabajo ajeno: “Nos enseñan a citar por el método Harvard, o por el de la Universidad de Chicago… Evidentemente, en el tema de las citas nos dicen que hay que citar bien y que si no, se puede llegar a considerar plagio”, asume.

El perjuicio a la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos no procede de las peticiones de dimisión. El fraude intelectual del rector, de hecho, no pasaba totalmente desapercibido antes de la explosión de la crisis de los plagios. En una revista especializada chilena se hablaba así de una publicación de Suárez Bilbao: “No es un buen libro. Es una acumulación de páginas diversas sueltas”, “agradeceríamos que F. Suárez Bilbao se concentrara en la Baja Edad Media y no prodigara sus incursiones científicas en los siglos XIX y XX”. El prestigio de una universidad se mide en función de su capacidad para producir conocimiento, no de la lealtad hacia la jerarquía.