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Un 2,5% de la población española tiene reconocida una situación de dependencia, pero casi un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia aun teniendo pleno derecho, según los últimos datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. En términos absolutos, se trata de 355.596 personas desatendidas, aunque, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), esta cifra es mucho menor, de 232.460 personas. La diferencia se debe a que el dato que presenta el Imserso corresponde sólo a la cifra de los dependientes moderados que están en lista de espera, que entraron en el sistema en julio de 2015.

La semana pasada se cumplieron diez años de la aprobación de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, un texto que reconocía, al fin, las necesidades especiales de este segmento de la población y hacía un guiño, aunque pequeño, a los familiares que se encargaban de su cuidado. Una década y una crisis económica después, la Administración General del Estado sólo aporta el 18,1% del total del gasto público para financiar la normativa, aunque la ley establece que el gasto se dividirá a partes iguales entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

 “Lo que hace el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es terrible. Ha seguido un mantra de manipular los datos, y esa manipulación ha sido contar mentiras en el peor de los casos; y en el mejor, utilizar eufemismos para cubrir la demolición que ha hecho el ministerio en una ley que no se cumple”, afirma contundente por teléfono José Manuel Ramírez, director de la asociación de Directores y Gerentes. “El gobierno de España es insumiso, no cumple la ley de dependencia”.

Una década y una crisis económica después, la Administración General del Estado sólo aporta el 18,1% del total del gasto público para financiar la normativa

Ramírez señala como uno de los puntos de mayor discrepancia la cuestión de la financiación. “Creemos que no se debe considerar la supuesta financiación estatal relacionada con los fondos adicionales regulados en la LOFCA como financiación del sistema ya que se trata de financiación no finalista [no está destinada específicamente al gasto en ayudas a la dependencia]”, indica. 

Según los cálculos de la asociación, el recorte acumulado del Estado en materia de dependencia desde el año 2012 es de 2.865 millones de euros. Según el Imserso, que depende del Ministerio de Sanidad, un 74,32% de los beneficiarios con prestación comenzaron a recibirla entre 2012 y 2016, y estos datos muestran “un sistema de dependencia fuerte, sostenible, por lo que no se puede hablar así de demolición de la Ley de Dependencia ni, mucho menos, de que ésta se encuentre debilitada o en situación de caída libre”. 

 Lo que no explica es que la incorporación al sistema de los distintos grados y niveles de dependencia ha sido gradual, y buena parte de los beneficiarios fueron incluidos en este periodo porque así lo estipulaba el texto legal y recibieron las ayudas entonces, y no antes, por las listas de espera. Tampoco explica que fue el gobierno del Partido Popular quien retrasó la inclusión de las personas con dependencia moderada al sistema, que debían incorporarse en 2014 y lo hicieron a mediados de 2015.

Según los cálculos de la asociación, el recorte acumulado del Estado en materia de dependencia desde el año 2012 es de 2.865 millones de euros

En este sentido, las comunidades con mejor atención a los dependientes son Castilla y León (PP), Andalucía (PSOE) y País Vasco (PNV). Las peores, la Comunitat Valenciana (PSOE-Compromís), Canarias (Coalición Canaria) y Aragón (PSOE). 

“En Valencia no se llevaba a cabo el desarrollo del sistema de atención a la dependencia porque el gobierno anterior (PP) utilizó como rehenes de la política a las personas dependientes porque no quería que esa ley, que consideraba socialista, se desarrollase y tuviese éxito; en el caso de Canarias, fue por la desidia de la consejera Inés Rojas, que no ha sido capaz de desarrollar el sistema en esa comunidad autónoma; y en el caso de Aragón, funcionaba bien el desarrollo hasta que empezó a gobernar Luisa Fernanda Rudi (PP), que hizo el desmantelamiento y entre 2011 y 2015 redujo en un 30% el número de personas beneficiarias”, indica Ramírez. 

Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunitat Valenciana señalan que la financiación estatal de la dependencia en la región es insuficiente. Según los datos de 2015 (el 2016 todavía no está cerrado) la financiación estatal alcanzó el 12'3% del total del gasto en dependencia (el más bajo de los últimos 7 años), mientras que el 88% restante fue asumido por fondos propios de la Generalitat Valenciana, indican. 

Por su parte, un portavoz de la Diputación General de Aragón afirma que “el Estado computa su aportación con los fondos no finalistas que manda a las comunidades, cuando para la dependencia en concreto sólo aporta un 17% y debería ser del 50%; en concreto, a Aragón le adeuda 60 millones de euros de 2015”.

¿Se puede obligar de alguna forma al Estado a cumplir el compromiso de financiar el 50% de las prestaciones? “Sí, desde la lealtad institucional en la financiación autonómica, desde el pacto federal, no de un sistema discrecional que el Estado interpreta a su antojo, que gestiona su tesorería a interés propio y que no es percibido por el ciudadano como un derecho sino como una dádiva. Todo eso debería cambiar para rehacer la situación actual”, afirma por correo electrónico Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, consejero del Banco de España y miembro del grupo de expertos que elaboraron el informe de evaluación y del desarrollo y aplicación de la ley de dependencia en 2009.  

Pacto de Estado sin Gobierno 

El 14 de diciembre, a instancias de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, todos los grupos parlamentarios, salvo PNV y PP, firmaron un documento por el que se comprometían a revertir en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 los recortes de la financiación de la dependencia y a impulsar un pacto entre la Administración central y las comunidades autónomas para acabar con la desatención en dos años. 

Todos los grupos parlamentarios, salvo PNV y PP, se comprometieron a revertir en los Presupuestos de 2017 los recortes de la financiación de la dependencia

La portavoz Adjunta del Área Social del Grupo Parlamentario Popular, Marta González, escribió una carta a Ramírez en la que explicaba que su partido había decidido “apoyar la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, con el objetivo de estudiar el desarrollo de la ley en todo el territorio, y elaborar propuestas de mejora que permitan una aplicación efectiva y eficiente de la misma”, que será “el mejor espacio para poder estudiar, debatir, y en su caso, asumir, el documento” del Pacto de Estado por la Dependencia. 

Por su parte, el PNV no lo firmó porque entiende que es una competencia propia que les arrebató el Estado con la ley de dependencia, indica el director de la asociación, aunque podrían acabar sumándose.  

Financiación, empleo, e impacto de género

“La crisis económica obliga en 2012 a reformular la ley a la vista de su insostenibilidad financiera. En cualquier caso, las disfunciones con las que operaba la ley hacían necesario su replanteamiento, ya que se había formulado sobre la base de unos supuestos bastante irreales, y no sólo de financiación, sobre la constancia del ciclo económico álgido”, señala López Casasnovas.

Este experto considera que una manera de mejorar la financiación de la ley sería “afectando toda o parte de la recaudación de algún impuesto”. “Por ejemplo, el de sucesiones. Al fin y al cabo, lo que hace la ley es proteger con dinero de todos patrimonios de algunos, que de otra forma se tendrían que liquidar para asumir los gastos. Parece lógico, por eficiencia y equidad, la revisión parcial de estos cuando se abre la sucesión hereditaria”, indica.

En la Asociación de Directores y Gerentes sociales insisten en que se tiene que potenciar más la idea de que invertir en este concepto genera retornos y crea puestos de trabajo. En el último Observatorio de la Dependencia que publicaron, con datos de diciembre de 2015, señalaron que el año pasado se generaron 35 empleos directos por cada millón de euros invertido en atención a la dependencia, 250.000 trabajadores están empleados directamente en el Sistema de Atención a la Dependencia (y, de estos, casi el 90% son mujeres), y el sistema de atención a la dependencia produce unos retornos directos vía impuestos y cotizaciones del 38,3% en el mismo ejercicio. 

El Observatorio alerta también de la necesidad de hacer un estudio del impacto de género en esta cuestión. El 94% de las cuidadoras son mujeres

Además, el Observatorio alerta también de la necesidad de hacer un estudio del impacto de género en esta cuestión. “El 94% de las cuidadoras son mujeres; el real decreto de julio de 2012 primero les quitó un 15% de la prestación económica a 400.000 cuidadoras no profesionales (familiares, básicamente), que eso suponía una rebaja media de 50 euros al mes, que para pensiones de 330-400 euros al mes es mucho dinero; pero no conformes con eso, excluyeron a las 170.000 mujeres que estaban cotizando a la seguridad social en el convenio de cuidadores no profesionales”, indica Ramírez, director de la asociación. “El avance en la protección social, en este caso, a quien verdaderamente está empoderando es a las mujeres”, señala.

Sufrir la espera en carne propia 

Germán tiene 64 años, y desde hace 14 padece demencia con cuerpos de Lewi, una enfermedad neurodegenerativa que tiene características en común con el Alzhéimer y con el Párkinson, y en la que los enfermos también acostumbran a padecer alucinaciones. Después de dos años de trámites y paciencia, su mujer, Fina, de 59 años, ha conseguido que tenga plaza pública en un centro de día. 

“El trámite es lento y además hay listas de espera. Al ser mi marido menor de 65 años, necesita un expediente de excepcionalidad para conseguir una plaza pública en residencia o centro de día”, explica Fina. “Cuando le hicieron la valoración, en julio de 2014, tenía una discapacidad del 78% y un nivel de dependencia de Grado II [severa]. De haber sabido que tardaban tanto, la habría pedido antes, pero claro, quizás si la pides antes no te la dan porque al hacerle la evaluación antes está mejor, y luego lo tienen que reevaluar”.

En septiembre de 2014 entró con una plaza privada en el centro de día Icaime, en el barrio barcelonés de Sarrià, por la que pagaba 900 euros por ocho horas al día. En marzo de 2016 le comunicaron que se le había concedido la plaza pública en el mismo centro, con lo que el precio se reduce más de la mitad, pero la decisión no ha sido efectiva hasta este mes. 

Además, su mujer necesita también a alguien que le ayude a las tareas más rutinarias, como levantarlo de la cama, lavarlo o vestirlo. Aunque le habían concedido cinco horas de cuidador semanales del servicio municipal con copago, decidió pagar íntegramente el sueldo de un cuidador privado de su elección. “No es sólo que sea un número insuficiente de horas, es que para mí es un problema añadido: con la demencia, y más con la de cuerpos de Lewy, te envían a una persona, pero después a otra, te la cambian y no te avisan, y es más un problema que una solución. Yo por la mañana tengo que poder irme a trabajar tranquila, dejarlo con alguien con quien sé que está bien, porque él se puede poner tozudo y hasta agresivo. Y tampoco te garantizan que el que venga tenga experiencia con la enfermedad”, explica. 

“Me costó mucho encontrar un centro de día que me gustara, y ahora estoy en la misma lucha con la residencia (públicas y privadas), porque las que no tienen un problema de infraestructura lo tienen de personal”, señala. Las plazas en las residencias privadas con atención para este tipo de enfermedades rondan los 3.000 euros al mes, explica, y él cobra una pensión de 2.500 euros.

Las plazas en las residencias privadas con atención para este tipo de enfermedades rondan los 3.000 euros al mes

En el caso de Mercè, cuya madre, Dolors, acude al mismo centro de día que Germán, la Administración tardó más de un año en darle la plaza pública, y casi dos en pagarle a ella la ayuda como cuidadora no profesional. Con 90 años, enferma de Alzheimer desde hace al menos cinco años y una pensión de 700 euros, el copago de su plaza es de 137 euros, aunque a partir de enero pagará 181 euros. La ayuda de su hija no ha aumentado en la misma proporción: actualmente cobra 129 euros y en enero cobrará 134 euros. “No estoy descontenta, porque pienso que lo que me han dado a mí es más o menos lo que paga ella”, afirma Mercè, de 68 años, y con artritis reumática. También llevan dos años y medio esperando plaza en una residencia pública.   

La principal queja de los trabajadores sociales y afectados, como Germán y Fina, no es ya que la prestación, en muchos casos, sea insuficiente, sino la burocracia y el tiempo de espera. En los últimos cuatro años, 125.000 personas han muerto sin recibir la prestación o servicio que se les había reconocido. 

“En el caso de mi madre, la verdad es que tardamos poco en recibir las prestaciones-- que incluían una asistencia domiciliaria unas horas a la semana y una ayuda de unos 250 euros--, pero cada vez que ha estado ingresada más de un mes, le han retirado la prestación, y reactivarla sí que ha llevado meses”, explica Maria del Mar, de 46 años, cuya madre, Carmen, tiene graves problemas de movilidad. Carmen, de 79 años, sufre insuficiencia renal desde hace más de 12 años, además de obesidad y diabetes. Un accidente en la ambulancia que la trasladaba a diálisis (no la abrocharon debidamente y el vehículo dio un frenazo) le costó, además, una pierna que le tuvieron que amputar. Actualmente, se encuentra ingresada en como paciente de larga estancia en el Centre Fòrum, el socio-sanitario del Hospital del Mar, en Barcelona. Al estar ingresada no recibe la prestación, pero al ser larga estancia es un recurso social, no sanitario, y tienen que abonar 479 euros al mes. Y, además, tienen media jornada a una persona en casa que ayuda al marido de Carmen, que tiene 83 años y está solo en casa. “Después de mí, el que más ha sufrido es él, porque también le ha cogido mayor”, afirma Carmen.

La principal queja de los trabajadores sociales y afectados no es ya que la prestación, en muchos casos, sea insuficiente, sino la burocracia y el tiempo de espera

Antes de su último ingreso en el socio-sanitario, Carmen tenía una cuidadora 24 horas al día en casa. Tras perder la pierna, reevaluaron su dependencia y el Departament de Benestar Social i Familia les envió una carta en el que les reconocían que les debían 6.000 euros, que se los irían pagando en plazos anuales. “Nos dieron 1.000 euros hace cuatro o cinco años y nunca más se supo”, explica Maria del Mar. 

A Ramón, de 86 años, la diabetes y la mala circulación le hicieron perder una pierna. Tiene un grado II de dependencia, y está en la lista de espera desde hace más de un año para entrar junto con su mujer en un piso con asistencia pero “como va por sorteo, quién sabe si te tocará”, comenta. Ha solicitado también una plaza en una residencia, así como la asistencia domiciliaria y la teleasistencia. Mientras, por las mañanas acude al hospital de día del Centre Fòrum para acostumbrarse a la prótesis. 

“Cobro 1.400 euros de pensión y mi mujer la pensión no contributiva. Ahora estamos pagando 162 euros por un alquiler antiguo, pero nos acaban de decir que venden la propiedad y nos han dado tres meses para encontrar otra cosa”, explica preocupado. Hace menos de un año que se habían mudado desde otra finca que tenía el mismo propietario en la misma zona, porque iba a hacer obras en el piso. Ahora viven en un segundo sin ascensor, por lo que no puede utilizar la silla eléctrica de segunda mano que se compró. 

“La ley generó mucho interés, pareció que iba a dar forma y profesionalizar el sector geroasistencial, pero se ha convertido en un proceso administrativo, y cuando las empresas que ganan los concursos públicos de asistencia se ajustan al precio, la atención orientada a la persona es imposible porque no hay recursos”, indica un trabajador del ámbito social sanitario de uno de los principales hospitales de Catalunya, que prefiere no ser identificado. “Creó grandes expectativas, porque España es el país más envejecido del mundo después de Japón, pero la operatividad sigue siendo lenta, no resuelve y no se pone en el lugar ni de los dependientes ni de sus familias. Si no hay recursos económicos, la familia se organiza como puede, pero también se agota”, apunta. Este trabajador también lamenta que “España es un país no profesionalizado en el tema de las ayudas; subvencionamos, creamos dependencia, pero no estimulamos la independencia individual”.

Susan Campos, trabajadora social del Centre Fòrum, el socio-sanitario del Hospital del Mar, en Barcelona, explica que “la gestión es compleja, sobre todo para las personas mayores, por la documentación, datos económicos, firmas e informes médicos que solicitan. Luego llega la carta de requerimiento que dice que tienen que presentar un extracto bancario, etcétera. Mucha gente, al empezar a tramitar esto dice ‘uy, me piden muchos papeles, no lo hago’. Pero tiene la necesidad de tener un recurso derivado de la ley de dependencia”. 

España es un país no profesionalizado en el tema de las ayudas; subvencionamos, creamos dependencia, pero no estimulamos la independencia individual

Este desincentivo por la burocracia y la dificultad de conseguir un recurso lo apreció también María Isabel Castarlenas, enfermera del Centre Fòrum, que durante seis años trabajó como evaluadora de personas con dependencia. “Durante los años de la crisis, sobre todo 2011-12, bajaron el número de solicitudes; la gente pensaba que pedían muchos papeles y no tenían las expectativas de conseguir nada, y eso les frenaba”, señala. 

Inicialmente, la ley reconocía tres grados de dependencia y, dentro de cada uno, dos niveles. Con el paso de los años, se endurecieron los baremos para conseguir los grados y se eliminaron los niveles. “No es lo habitual, pero se han dado casos de personas que han pedido una reevaluación de su condición al cabo de un tiempo y les han rebajado el grado [lo que, en los casos de Grado I, significa echarlos del sistema]; sabiendo esto, a menos que sea un deterioro muy evidente, recomendamos que no pidan reevaluación si han conseguido un grado de dependencia”, explica Campos. 

Esta trabajadora social explica también que otro de los problemas de esta ley es que no atiende al término intermedio. “Te ofrecen un servicio de dos horas de cuidador al día, o centro de día, o residencia, pero si tú necesitas cuatro horas al día de cuidador, por ejemplo, no tienes esta opción”. 

También hay recursos que no entran en la ley y se ofrecen a través de los servicios sociales, ya que esto lleva su tiempo y la persona tiene una necesidad social y no puede esperar a que se lo concedan. Por ejemplo, la ayuda domiciliaria. “Si yo doy un alta hospitalaria y a las familias se les ha recomendado pedir esta ayuda por la dependencia, entre que la presenta, lo valoran y tiene una resolución, pasan mínimo 6 meses, pero esa señora quizás para ir a casa necesita una ayuda domiciliaria. Se establece un vínculo con los servicios sociales de la zona, se expone el caso y valoran cuántas horas se le pueden dar. Pero claro, eso es en un ámbito municipal, hay recursos que igual se ofrecen en Barcelona ciudad, pero en Sant Andreu, que está al lado, no, y hay la misma necesidad y problemática social”, comenta Campos.

Por su parte, Castarlenas lamenta que no exista ningún control sobre la ayuda que se otorga, lo que ha facilitado la picaresca. “Veías casos de familias con todos o algunos de sus miembros en el paro que sacaban al abuelo o abuela de la residencia para cobrar su pensión y su ayuda a la dependencia y comer todos de eso”, explica. Si, al darse cuenta de lo que suponía cuidar a una persona dependiente, intentaban mandarla de nuevo a la residencia, tenía que apuntarse de nuevo a la larga lista de espera.