Cuando nos repitieron, una y otra vez, que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, nunca imaginamos que la factura iba a ser tan alta. Tan dolorosa. Tan mal repartida. En mayo de 2010, ese mayo de 2010 que no olvidará José Luis Rodríguez Zapatero, empezamos a pagarlo. Un efecto mariposa peculiar por el que mientras un presidente del Gobierno ve la sombra del rescate, los ciudadanos a los que gobierna empiezan a palpar los tijeretazos, los recortes. Pocos escaparon. Muy pocos. En apenas cinco años hemos batido un par de récords: el mayor recorte en gasto social de la democracia, obra y gracia de Zapatero, y la mayor subida de impuestos y disminución del gasto público, obra y gracia de Mariano Rajoy.

Zapatero agotó su legislatura en un ambiente asfixiante y con olor a rescate, con una prima de riesgo a la que nunca hasta entonces se le había hecho caso y que pasó a ocupar demasiados minutos de telediarios y páginas de periódicos. A partir de junio de 2010 y aún con el susto en el cuerpo, bajó un 5% el sueldo a los funcionarios y se lo congeló al año siguiente. Luego quitó el chequé bebé que había inventado él mismo, redujo la ayuda a cooperación --en plena polémica por la cúpula de Barceló en Ginebra--, y recortó un 8,2% el gasto sanitario. La cuantía total del tijeretazo superó los 15.000 millones en un año. Y Rubalcaba pagó la factura entregando el testigo al PP. 

Rajoy empezó su presidencia con un primer golpe encima de la mesa y eliminó la paga extra de Navidad a empleados y altos cargos públicos de todas las administraciones en 2012. Una reducción salarial del 7%, según los cálculos que elaboró la Federación de Empleados Públicos de Unión Sindical Obrera (USO). Les tocaron la cartera y algo más: recortes del número de días de libre disposición, del número de liberados sindicales… y empezó a hablarse de las ventajas de la movilidad. En muchos casos, forzosa.

El sector público es la víctima de cualquier neocon que se precie. Siempre es demasiado grande. Se gasta demasiado. Se recurre a él demasiado. Siempre supera el índice de masa corporal. Y Rajoy decidió que había que ponerlo a dieta. A la Administración local le anunció la homogeneización de retribuciones de alcaldes y concejales en función de las características del municipio y la reducción de un 30% del número de concejales. Y puso sobre la mesa una nueva reducción de las empresas públicas. Aunque, una vez más, su antecesor en el Palacio de la Moncloa se le había adelantado con la supresión de 29 empresas públicas y altos cargos para ahorrar 16 millones de euros, pura calderilla.

Luego llegó el turno del IVA. En la presentación de los Presupuestos Generales de 2010, el Ejecutivo socialista optó por una subida de dos puntos del IVA general hasta el 18%. Anunció y cumplió. Rajoy, el que dijo que nunca subiría el IVA porque eso es cosa de socialdemócratas y no de liberales, decidió que cambiaba de opinión al llegar a Moncloa. Consecuencias de tirar de la alfombra, se excusó entonces. Incumplió programa y también lo aumentó. En su caso, el tipo general --y el de la cultura-- ascendió al 21% y el tipo reducido al 10%. También subió de forma progresiva el IRPF desde un 0,75% para el primer nivel hasta alcanzar el 7% para 300.000 euros de base liquidable. Más impuestos, menos liquidez para el ciudadano, menos consumo, una ecuación fácil de entender.  

Pero la crisis, que empezó mucho antes de ese mayo de 2010, también trastocó uno de esos principios inamovibles para los dos grandes partidos: que las pensiones, la sanidad y la educación eran intocables. Zapatero repitió como una letanía que no reduciría el gasto social pese a la crisis. Rajoy, dos semanas antes de las elecciones generales, avisó de que iba a meter la tijera en todo “salvo a pensiones, sanidad y educación”. El primero congeló las pensiones en 2011 a unas seis millones de personas y anunció recortes que afectaban a educación y sanidad; el segundo procedió a una bajada de las cotizaciones de un punto en 2013 y otro adicional en 2014. Las partidas de educación y sanidad también sufrieron un retroceso.

Lo intocable dejó de serlo y entramos en un terreno embarrado en el que no había sitio para los escrúpulos. Con una tasa de paro que sigue estando en el 23,7%, el Gobierno del PP decidió recortar la prestación por desempleo para los nuevos receptores, que a partir de los seis meses pasarían a cobrar el 50% de la base reguladora en lugar del 60% que estaba establecido. No bastaba, no era suficiente y Bruselas seguía reclamando más así que Rajoy decidió un nuevo ajuste: el que limita el colectivo con derecho a cobrar la ayuda de los 400 euros para los parados que no cuentan con otra prestación y la eliminación de bonificaciones a la contratación excepto para emprendedores y personas con discapacidad.

Entre visita y visita a Bruselas, empeñada en racionalizar el gasto, el Gobierno orientó la mira hacia la dependencia. Una decisión que reafirmó el Consejo Interterritorial de Dependencia confirmando su entrada de lleno en la racionalidad: los discapacitados entraban en el copago, para calcular la capacidad económica del usuario se tendría en cuenta no sólo los ingresos sino su patrimonio y se recortaban un 15% las prestaciones económicas para los que cuidan a sus familiares en casa.

Aunque la tijera venía de lejos. También Zapatero, para sorpresa de votantes y no votantes, aunque cariacontecido, recortó  670 millones de euros en dependencia en 2010, una ley que él mismo promulgó y que se había convertido en uno de los grandes logros de su legislatura. Lo hizo con la eliminación de la retroactividad en la aplicación de la ley.

Educación y sanidad

Mientras tanto, el dinero destinado a sanidad y educación disminuía progresivamente. No sólo en los Presupuestos Generales del Estado, también en los de las comunidades autónomas que gestionan cerca del 90% del presupuesto total de los servicios sociales básicos.

Es ahí donde el daño ha sido mayor para los ciudadanos. Las transferencias del Estado a las CC. AA. se han reducido en un 53% de 2008 a 2015, según un estudio realizado por Intermon Oxfam, que señala que la media que éstas emplean en gasto social (que incluye educación, sanidad, y promoción y protección social) es del 60%.

Desde 2008 esas transferencias han bajado desde 39.056 millones de euros a 14.291 en 2015. Este descenso ha tenido como consecuencia que el gasto en sanidad de las comunidades ha caído de 2010 a 2014 en un 11%, con un monto final de más de 52.000 millones de euros. La frialdad de esos datos globales se humaniza cuando se observa la caída del gasto en sanidad per cápita, un mal que se ha generalizado en todas las regiones españolas, particularmente en Aragón y Extremadura, con una bajada respectivamente del 21% y del 22%. Pasaron de gastarse 1.419 y 1.509 euros por persona a 1.119 y 1.178.

La educación ha corrido peor suerte y la bajada del presupuesto autonómico en en este periodo ha llegado al 16%. En términos netos, la cuantía para 2014 fue de 35.000 mil millones de euros.

Las universidades han sufrido su calvario particular, algunas con particular virulencia. Así, las de Castilla La Mancha, durante el periodo 2010-14 han visto mermados sus presupuestos en más de un 23%. Le siguen las de Murcia, con una rebaja del 21,8% y Cantabria con el 20%.

También ha caído el gasto medio que las universidades dedican a cada alumno por curso como se ve en el siguiente gráfico.

Si a estas cifras les sumamos los recortes de estas partidas en los Presupuestos Generales del Estado -en educación hemos pasado de 3.092 millones-,  nos encontramos con una situación en la que los ciudadanos han visto empeorar dos pilares fundamentales del Estado del bienestar. ¿Era necesario? Los técnicos del Ministerio de Hacienda han declarado en varias ocasiones que si se redujera en diez puntos la tasa de fraude el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones de euros adicionales.

Los casi ocho años de crisis (el 9 de agosto de 2007, con la inyección de casi 95.000 millones de euros de capital del Banco Central Europeo, es para muchos el inicio de la recesión) lo han trastocado casi todo. Tocaron lo superfluo pero también llegaron a la médula. El Estado de Bienestar por el que se podía sacar pecho se quedó, si no en los huesos, demasiado flaco. El cinturón dejó de tener hueco para más agujeros.