No hace falta una renta básica: cinco medidas para afrontar la amenaza del desempleo tecnológico
El debate sobre cómo responder a la revolución digital será una de las discusiones más importantes durante los próximos años
Henning Meyer (Social Europe) 29/03/2017
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La potencial amenaza del desempleo tecnológico es uno de los asuntos económicos que está suscitando uno de los debates más acalorados de nuestro tiempo, tanto en los consejos directivos, como en las oficinas sindicales y entre los líderes políticos. En los últimos años, se ha añadido el término comodín ‘digital’ a numerosos conceptos políticos, pero más allá de la etiqueta no se ha producido ningún debate sustancial sobre cuál debería ser la respuesta política integral ante esta amenaza. No sabemos si se materializará alguna de las agoreras predicciones acerca de la destrucción laboral a gran escala, pero sí sabemos que los gobiernos y otras instituciones tienen que estar preparados en el caso de que se produzcan cambios sustanciales en el mercado de trabajo.
El valor social que proporciona el trabajo es una fuente primordial de autoestima y sirve para estructurar las vidas y el rol de las personas en la sociedad
La resucitada idea de establecer una Renta Básica Universal (RBU) es la piedra angular de las escasas discusiones políticas en curso. Por supuesto, la idea no es nueva, sino que ha experimentado diversas reencarnaciones a lo largo de muchas décadas y ha sido propuesta como solución a problemas bastante diferentes. El asunto que aquí nos ocupa es averiguar si la RBU puede servir como solución al desempleo tecnológico a gran escala o a las perturbaciones del mercado laboral que resulten de un cambio tecnológico precipitado. Si examinamos el problema con detenimiento, resulta evidente que una renta básica no solucionaría muchos de los problemas clave. Por diversas razones que expongo a continuación.
La primera es que, en realidad, la renta básica relega el valor del trabajo a un mero ingreso. Soy consciente de que muchas personas están en desacuerdo con este argumento, pero yo lo veo así. Por supuesto, ganarse la vida es un elemento crucial que se asocia con el trabajo, pero los aspectos sociales también son fundamentales. El valor social que proporciona el trabajo es una fuente primordial de autoestima y sirve para estructurar las vidas y el rol de las personas en la sociedad.
También está el peligro de los efectos traumáticos. Si la gente abandona el mercado de trabajo y vive de la renta básica durante un período prolongado de tiempo, las posibilidades que tendrá de volver a acceder a ese mercado serán exiguas. Es muy probable que un cambio tecnológico precipitado haga que las habilidades existentes se vuelvan obsoletas mucho más rápidamente, y sea, por lo tanto, mucho más fácil perder la habilidad para trabajar y quedarse atascado en la renta básica de manera casi permanente.
Este argumento, a su vez, plantea la cuestión de la desigualdad. Pagar a las personas una renta básica no eliminará el problema fundamental de la economía digital según el cual algunas personas prosperarán de manera extraordinaria, mientras otras quedarán rezagadas. Un razonamiento que se escucha a menudo establece que si las personas quieren más dinero del que suministra la renta básica, pueden sencillamente trabajar algunos días. Sin embargo, si el problema es el desempleo tecnológico, esta opción queda automáticamente eliminada puesto que la pérdida de trabajos a gran escala hará que sea inviable. Por consiguiente, la economía digital generará una nueva clase inferior atascada en la renta básica y una élite económica que cosechará la mayoría de los beneficios. Al mismo tiempo, también sería en su mayor parte una economía libre de responsabilidad social hacia los excluidos, puesto que las ideas para financiar la renta básica a menudo se apoyan en un impuesto de tipo único y en la abolición de las prestaciones sociales.
Si la gente abandona el mercado de trabajo y vive de la renta básica durante un período prolongado de tiempo, las posibilidades que tendrá de volver a acceder a ese mercado serán exiguas
Una versión universal de la renta básica también representaría una pobre asignación de los escasos recursos. Ya sea abonada de manera directa, o entregada mediante algún tipo de desgravación fiscal, es poco probable que todos los recursos que se abonen a las personas que en realidad no lo necesiten puedan recuperarse a través de un sistema de tributación reformado, en el caso de que se tome como referencia la asignación del sistema de tributación actual. Además, ¿por qué debería un pago universal ser una buena solución para un problema tan concreto?
En último lugar, puede que surjan algunos temas peliagudos cuando los inmigrantes resulten elegibles para la renta básica y, en el caso de Europa, cuando haya que ver cómo compatibilizar ese sistema con la libertad de movimiento y las normas de no discriminación de la Unión Europea. Por otra parte, en muchos países no será para nada fácil acabar con los sistemas de pensiones existentes (otra consecuencia de la renta básica), ya que estos se basan en estrictos derechos legales adquiridos.
Por todos estos motivos, la renta básica no parece ser una respuesta política adecuada a la amenaza del desempleo tecnológico. Como alternativa, ¿qué sistema podría funcionar? Una agenda política basada en los siguientes cinco puntos podría ser una solución más exhaustiva y adaptada.
En primer lugar, los sistemas educativos sin duda tienen que adaptarse a las nuevas realidades económicas de manera más eficaz que hasta ahora. La educación debería basarse menos en la memorización/retención de información y centrarse más en convertir esa información en conocimiento y en enseñar habilidades transferibles creativas, analíticas y sociales. Puede que las habilidades técnicas se vuelvan obsoletas muy rápidamente, pero la habilidad de ser creativo, adaptarse y participar en la formación permanente seguirá siendo valiosa siempre.
En segundo lugar, si se produce un desempleo tecnológico a gran escala, el primer paso debería ser reasignar el trabajo restante. Puede que no resulte en la semana de 15 horas que preveía John Maynard Keynes para sus nietos, pero, dentro de lo posible, esta política sería razonable y brindaría una primera herramienta para reequilibrar la situación.
En tercer lugar, los líderes políticos deberían pensar en elaborar planes de garantía laboral que complementen el mercado laboral normal. Garantizar de esta manera una actividad remunerada daría inicio cuando se pierdan los trabajos tradicionales y mantendría a la gente activa y capaz de utilizar sus habilidades. Si los gobiernos actuaran como ‘empleador de última instancia’, se evitarían los efectos traumáticos y se fomentaría de manera activa la actualización de las habilidades si, como debería ser, la reorientación/reciclaje profesional fuera un elemento clave de la actividad garantizada.
En efecto, como este plan disociaría el pago por realizar una actividad de su contenido, se crearía una herramienta adicional para elaborar políticas públicas que incentivaran las actividades socialmente beneficiosas. Por ejemplo, un trabajo garantizado se podría usar con eficacia para mejorar los sectores relacionados con la salud y la asistencia, ya que, según indican las tendencias demográficas actuales, en el futuro hará falta más mano de obra. También podría usarse para financiar deportes y otras actividades culturales en el ámbito local y reforzar de estar manera la cohesión social de las comunidades.
Los líderes políticos deberían pensar en elaborar planes de garantía laboral que complementen el mercado laboral normal
Un sistema de garantía laboral podría gestionarse a través de diversos intermediarios e instituciones gubernamentales diferentes. No se trata de establecer una economía de planificación, la idea se basa en el supuesto de que incluso si los trabajos tradicionales desaparecen, o hay períodos de desempleo transitorio, nosotros, como seres humanos, no nos quedaremos sin ideas sobre el tipo de actividad socialmente beneficiosa en la que podemos participar de manera activa.
El cuarto punto va dirigido a cómo financiar este sistema. Seguramente merezca la pena repensar la tributación y la manera de aumentar la base impositiva, pero al fin y al cabo puede que esto sea insuficiente, distorsionador o ambos. Si realmente acabamos viviendo en un mundo en el que el trabajo lo realizan los robots, la pregunta fundamental es: ¿quién es el dueño de los robots?
Esto nos lleva al quinto y último punto: democratizar la propiedad del capital. Si los dueños de los robots son los ganadores de este mundo feliz digital, entonces el mayor número de personas posible debería poseer títulos de propiedad. Esto puede funcionar tanto en el plano individual como global. En el ámbito empresarial, los modelos como la ‘participación de los trabajadores’ podrían aumentar la titularidad entre los empleados para que los trabajadores fueran individualmente cada vez menos dependientes del ingreso que genera un salario. En el plano global, podrían crearse vehículos financieros con fines específicos para resocializar el rendimiento del capital. Estos podrían darse en forma de fondos de inversión soberanos que serían similares a las fundaciones universitarias o a los fondos soberanos de riqueza, y que generarían nuevas fuentes públicas de ingreso que luego podrían emplearse para financiar la garantía laboral.
La idea central de la renta básica se basa en una visión libertaria de la sociedad. Implementarla supondría individualizar muchos aspectos de nuestra vida diaria que actualmente se organizan de manera colectiva. Por el contrario, el conjunto de políticas aquí propuesto no solo proporcionaría una protección eficaz contra los potenciales efectos negativos de la revolución digital, sino que al mismo tiempo crearía herramientas para fortalecer las comunidades y reducir la desigualdad.
El debate sobre cómo responder con políticas a la revolución digital será una de las discusiones más importantes durante los próximos años. La renta básica no es más que una opción, altamente problemática por las razones aquí descritas. Aunque hay otras maneras de abordar esta cuestión.
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Henning Meyer es director de Social Europe e investigador asociado del Public Policy Group en la London School of Economics and Political Science.
Traducción de Álvaro San José.
Este texto se ha sido publicado originalmente en Social Europe.
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