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Han pasado 37 años desde que las aguas de la ría de Bilbao arrastraron a sus profundidades el  nombre Puente de la Victoria que la dictadura le impuso para devolverle el histórico de Puente del Arenal.  Los miles de ciudadanos que lo atraviesan a diario se topan desde el 24 de marzo con una gran carpa blanca de las que suelen acoger mercadillos artesanales pero en la que ahora dos hombres y una mujer, de ocho que fueron al principio, siguen una huelga de hambre dispuestos a  salir victoriosos o en ambulancia. El motivo se lee en las camisetas rosas que visten, en las pintadas y en las palabras que los altavoces repiten como un mantra en euskera y castellano: “Huelga de hambre contra el recorte de la RGI (Renta General de Ingresos). No tragamos”.

Josu Balmaseda, de 46 años; Isa García Durán, de 43, y Alberto Diez (como el número, remarca), de 49, son los huelguistas. Cuatro han abandonado por enfermedad y uno  encontró un trabajo que no podía rechazar.

Los tres tienen empleo. Son sus ideas y militancia en causas sociales las que les ha llevado a adoptar una medida altruista que puede poner en peligro su salud y su vida. En el momento del encuentro, llevan 13 días sin comer y se ven bien. “Estamos muy cansados pero con el ánimo de mucha hambre de derechos sociales. Con todas nuestras fuerzas en la lucha contra los recortes. No abandonaremos hasta que nos escuchen o nos saquen en ambulancia”, cuenta Josu Balmaseda, quien se muestra tan activo que se preocupa cuando le pedimos unos minutos para la entrevista. Luego, responderá amablemente durante el tiempo necesario.

Los huelguistas han dejado temporalmente sus empleos para reclamar al Gobierno vasco que retire de sus presupuestos el recorte de un 7% en la partida destinada a la ayuda y aplique el incremento del 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Luchan por los derechos de toda la ciudadanía, dicen, porque quien hoy tiene trabajo mañana puede  necesitar la renta.

Los presupuestos vascos para este año, pendientes de aprobación parlamentaria, incluyen una subida en torno al 1,5%, en la misma medida que el IPC, y no el 8% aprobado para el SMI. Si se aplicara esta subida, el Ejecutivo de Euskadi estima que necesitaría 40 millones de euros y “colocaría en riesgo la sostenibilidad del sistema”. Los perceptores recibirían entre 50 y 80 euros más al mes.

Los presupuestos vascos para este año, pendientes de aprobación parlamentaria, incluyen una subida en torno al 1,5%, en la misma medida que el IPC, y no el 8% aprobado para el SMI

La RGI son tres letras cargadas de polémica. Con el 12% de la población en paro, su solo pronunciamiento genera en el País Vasco una tormenta de opiniones que chocan como asteroides en una sociedad en la que actualmente 63.000 personas perciben una ayuda mínima de 625,58 euros mensuales, a los que se pueden sumar 250 para la vivienda y otras, hasta percibir un máximo en torno a los 1.100 euros, dependiendo de diversos factores. Uno cada cuatro perceptores es inmigrante. Euskadi es la comunidad autónoma que cuantitativamente más invierte en rentas mínimas de inserción: el 42% del total estatal.

Daniel Raventós, profesor universitario de Economía, presidente de la Red Renta Básica y uno de los mayores expertos internacionales en el tema, acaba de llegar a la carpa para apoyar a los huelguistas y a quienes les acompañan. Algunos son viejos conocidos y le reciben con abrazos. “La huelga es muy razonable. Hay que ser muy crítico con los recortes y con la RGI, que es cierto que es la más generosa del  Estado junto a Navarra, y estoy dispuesto a admitir que tiene niveles de los más avanzados de la Unión Europea, lo que nos da una idea de cómo estarán en Murcia o La Rioja. Pero el balance de los últimos 27 años desde que se instauró, aunque con distintos nombres, es muy insuficiente con respecto a los objetivos”, explica.

La RGI es una especie de bestia negra social. Pocas iniciativas han suscitado tanto rechazo por motivos tan diversos como estos.

-Hay gente que la necesita pero muchos se aprovechan. Conozco a alguien que se lo gastaba todo en cocaína nada más cobrar el último día de mes.

-No acaba con la situación de pobreza y trata de dejar fuera del sistema a los más desprotegidos. Los controles estigmatizan a quienes la cobran.

-Los inmigrantes se aprovechan y a los de aquí no nos dan nada.

El propio lehendakari se vio sacudido hace unos días por la lluvia de quejas en torno a la RGI. Coincidiendo en el tiempo con la huelga de hambre por los recortes, Iñigo Urkullu respondió  las 20 preguntas más votadas que le planteó la ciudadanía desde las redes sociales. La mayoría de ellas se centró en la prestación y representaba esa idea que parece abundar fuera de las declaraciones políticas.

Estas fueron textualmente algunas de las cuestiones:

-¿Cuál es la razón de que a un extranjero solo por el hecho de serlo se le concedan ayudas, en muchos casos vitalicias, y sin nunca haber aportado nada al mantenimiento de nuestro sistema, mientras que les son negadas a cientos de autóctonos con casos con sangrantes de necesidad?

-¿No cree que al igual que en otros países europeos sería justo pedir un mínimo de cotización y no solo que sean aforados (deben estar empadronados en Euskadi) para que tengan derecho a acceder al sistema vasco de ayudas? Se supone que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es un servicio vasco de empleo. ¿No dice que el mejor servicio social es el empleo?  Pues hasta ahora no cumplen con ello.

-¿Cuándo se va a reformar la RGI? ¿Cómo es posible que un inmigrante perceptor de RGI pueda cobrar más que un pensionista que ha pagado siempre sus impuestos y que ha trabajado y aportado a este país? No lo entiendo.

-¿Por qué no se controlan las ayudas mediante huella digital o iris? Con esos métodos se quitarían muchas de las estafas y al que se le pille que no se le vuelvan a dar. Además, ¿por qué son vitalicias las ayudas sin ningún tipo de contraprestación, como que se presenten todos los días para hacer trabajos sociales para los que no hay dinero (limpiar montes, ayudar a gente mayor, etc.)?

-¿Por qué señor Urkullu los vascos no tenemos derecho a una vivienda y a cobrar los 900 euros al mes, más ayudas por hijo, por colegio, etc., así como para poner un negocio, y en cambio sí tienen los musulmanes, paquistaníes, etc...? ¿No hemos trabajado toda nuestra vida para mejorar un país como Euskadi para nosotros y nuestros hijos?

Un tercio de los perceptores es pensionista y otro tercio cobra para complementar el salario que recibe por su trabajo. Las personas extranjeras representan una minoría

Este cuestionario es una plasmación de lo que resulta ser uno de los factores más polémicos: el número de personas inmigrantes que percibe la RGI. Los datos concluyen que un 27% del total de los beneficiarios es extranjero, es decir, más de uno de cada cuatro.  

En números relativos, no son mayoría, como sostienen muchos. Pero, frente a esta tesis que recuerda que el perfil medio del perceptor es mujer vasca, mayor de 50 años, que vive sola o con familia a su cargo, se coloca la que argumenta que ese porcentaje es muy alto teniendo en cuenta que la población inmigrante en Euskadi es del 9%. 

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Josu Balmaseda explica las deficiencias del sistema vasco que “pone dificultades” a quienes más lo necesitan y se detiene en el colectivo extranjero, sobre el que cae la lluvia de quejas de la sociedad vasca. “Detrás de los mensajes está la xenofobia. A las personas inmigrantes se les ponen más trabas que a nadie, se les quiere echar del sistema aunque tengan el mismo derecho y cumplan los requisitos que se les exige. Es  falso que sean ellos los que se aprovechen. La RGI es un derecho subjetivo al que todos tenemos derecho, es como la educación o la sanidad, y la piden las personas que cumplen unos requisitos. Un tercio de los perceptores es pensionista y otro tercio cobra para complementar el salario que recibe por su trabajo. Las personas extranjeras representan una minoría”, sostiene Balmaseda, que colabora con el colectivo social Argilan-ESK en el asesoramiento y ayuda a migrantes.

“Hacemos un llamamiento al Gobierno vasco para  que de manera urgente abra un diálogo con la sociedad civil. No es justo ni solidario que las personas empobrecidas de nuestra sociedad sean las que vean recortados sus derechos y condiciones de vida en estos momentos de crisis”, leyeron en un comunicado cuando se cumplían 13 días de huelga de hambre.

La tormenta de quejas ha llevado al lehendakari  a anunciar que el Gobierno vasco llevará el 15 de mayo al Parlamento vasco un informe completo sobre la RGI, con propuestas de medidas estructurales para mejorar este servicio básico.  “Intentando huir de todo tipo de demagogias y de debates innecesarios. Lo que tenemos que perseguir es que nadie se quede atrás y garantizar la cohesión social buscando el  mayor consenso posible en el Parlamento”. El Gobierno ha  presentado un decálogo de medidas para evitar el fraude o los cobros indebidos. Una de esas  medidas será exigir a los perceptores su huella dactilar.

El Ararteko-Defensor del Pueblo vasco advierte del riesgo de que se “estigmatice” a los perceptores. Ante la avalancha de quejas recibidas por la institución en relación con la mala gestión de la RGI, presentará próximamente una propuesta de mejora. Reconoce que cuando Lanbide asumió la gestión de la renta los problemas y protestas aumentaron pero cree que se han ido corrigiendo. Advierte, no obstante, de que la sostenibilidad del sistema exige “actuar de manera resuelta sobre los casos de fraude”.

Así las cosas, es difícil concluir a quién satisface el sistema de renta vasco. Desde el punto de vista de los partidos y grosso modo, las críticas por insuficiente están representadas en EH-Bildu y Elkarrekin Podemos, que reclaman más presupuesto y más facilidades. Sus propuestas abogan por rebajar la edad de los beneficiados, duplicar el presupuesto o una renta básica como alternativa.

En el otro extremo y en solitario, se encuentra el PP, que hace tiempo emprendió una batalla contra los extranjeros, a los que acusó de no querer trabajar y vivir de las rentas. Una idea que generó el rechazo del resto de fuerzas parlamentarias pero la aquiescencia de una parte de la ciudadanía y no solo de la que le vota.

Y, en medio, se sitúa el PNV y su socio de Gobierno el PSOE.  Fue durante el Gobierno  socialista entre 2009 y 2012 cuando se creó Lanbide-Servicio Vasco de Trabajo y el Ejecutivo  se hizo cargo de la RGI hasta entonces a cargo de las diputaciones. Y, con ello, problemas de gestión y control que aún siguen sin resolverse, critica Isa García Duran, en huelga de hambre. “Hay un incumplimiento sistemático de la ley, el funcionamiento es un desbarajuste y todo va dirigido a  cansar a la gente para que no pida la ayuda”, asegura rotunda.

No se le nota en el rostro cansado pero sus palabras expresan indignación ante la “criminalización” de los inmigrantes. “El fraude de la RGI es de un 1%  del que un tercio es imputable a los perceptores, a todos, y otro 0,6%, al propio Lanbide”. Se refiere a los cientos de casos en que el beneficiario informa de que ha conseguido un empleo pero la máquina burocrática sigue ingresándole la renta durante meses. “Y luego exige que se le pague todo ese dinero que no tenía que haber ingresado. Traslada su error al ciudadano”.

Otro de los factores que conocen bien quienes acuden a pedir ayuda es que, mientras antes eran asistentes sociales quienes ayudaban en la gestión, ahora son funcionarios que desconocen los detalles del demandante y a veces se limitan a sellar la documentación. Ello puede conllevar un alargamiento innecesario en la tramitación y la consiguiente dilación en el cobro de la renta, coinciden los tres huelguistas.

Solo hay que acudir a una oficina de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para comprobar las dificultades que encuentran los solicitantes. Mensajes contradictorios por parte de los funcionarios, documentación que puede resultar difícil de lograr --especialmente, en el caso de los demandantes extranjeros y personas mayores-. y un lenguaje críptico en las notificaciones. Al final, un proceso largo cautivo de un sistema que no siempre es justo.

“Debería haber una ventanilla en la que informen sobre qué debo entregar. Que revisen la documentación y en 15 días me respondan. Y los pensionistas no deberían ni pasar por Lanbide, ya que la propia Administración sabe quiénes son y quiénes necesitan ayuda. Lanbide es como un gran muro que solo lo puedes saltar dependiendo de si hay personas que te ayudan a hacerlo”.

Frente a este sistema, se resalta el buen funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, antiguo Inem), que tiene más de un millón de perceptores. “Si no eres capaz, no cojas la competencia”, sentencia Isa García Durán.

Una realidad que oficialmente se cuenta menos es aquella en la que los protagonistas son perceptores que no trabajan porque ante un salario basura prefieren conformarse con la RGI. O cuando llevan años cobrando sin buscar un empleo. Otros son los que realizan trabajos pagados en negro para así seguir percibiendo la renta. Incluso personas que viven en la calle y les empadronan en los albergues para que puedan disponer de una ayuda que les saque finalmente de la calle. La casuística es variada. Los datos oficiales remachan que solo se detecta un 1% de fraude. Pero es conocido que muchos de los beneficiados, aunque teóricamente cumplen los requisitos, se aprovechan del sistema. Son quienes no entran en la estadística.

“Estoy dispuesto a asumir el coste de que una mínima parte se aproveche. Siempre habrá un porcentaje de personas que puedan hacerlo. De todas formas, siempre pensamos que los pobres malgastan y nunca qué hacen los ricos con su dinero. Es impresionante”, reflexiona Raventós,

Raventós, como los huelguistas de Bilbao, aboga por la Renta Básica Universal (RBU), financiada  través de una reforma fiscal y por la integración de la política fiscal en la política social. “Significaría que el 80% de la población gane frente a un 5% de ricos, que pierde. Y, además, favorecería la búsqueda de empleo. La RBU no desincentiva el trabajo como pueden hacer otros subsidios condicionados, como la misma RGI. Un subsidio condicionado lo pierdes cuando aceptas un trabajo quizá mal pagado y con una temporalidad de dos meses”, argumenta.

¿Vagos los extranjeros, aprovechados todos quienes sobreviven de los subsidios? Su perfil de licenciada en Historia y posgrado en Derechos Humanos choca contra el que dibujan quienes se quieren “cargar” la RGI. Durante tres años, Asun Merinero, 42 años, y  actualmente miembro del grupo de Podemos en las Juntas Generales de Bizkaia (el equivalente al Gobierno de este territorio), cobró la RGI. No se recuerda  políticos que hayan tenido que recurrir al subsidio por falta de medios para subsistir. “La huelga es una demostración de responsabilidad frente a los recortes. La situación de la RGI se está complicando desde 2008. Hay que insistir en que es un derecho subjetivo que no se puede usurpar”. Sus compañeros de partido en el Parlamento Europeo han expresado su apoyo a los huelguistas. Ella no tiene la menor duda de que el objetivo final es la RGB y, en el camino, aumentar el presupuesto. “Por lo menos, cumplir la ley”.

Más de 2.500 personas les han apoyado estos días en una manifestación celebrada por las calles de Bilbao.  Arnaldo Otegi y otros dirigentes de EH-Bildu  se han acercado para respaldarlos

Cada día, en uno de los carteles situados en el exterior, junto a la carpa blanca del Arenal, alguien borra un dígito y suma otro. Hoy domingo, la cifra es 17. Los días que llevan en huelga una mujer y dos hombres que han abandonado temporalmente sus empleos para defender un derecho. Más de 2.500 personas les han apoyado estos días en una manifestación celebrada por las calles de Bilbao. Arnaldo Otegi y otros dirigentes de EH-Bildu  se han acercado para respaldarlos; Sólo Bildu y Podemos han mostrado su apoyo. Los huelguistas y quienes les secundan se han concentrado durante estos días frente a  Sabin Etxea, la sede del PNV, en las cercanías de la carpa. Nadie les recibió y tampoco han obtenido aún respuesta a la carta que enviaron al lehendakari.  Son solo tres pero no están solos. Numerosos colectivos sociales y de pensionistas les prestan su apoyo así como todos los sindicatos vascos. Y todos esos ciudadanos que estampan su firma a la entrada de la carpa.

Alberto Diez nació en Bilbao pero lleva la mitad de su vida viviendo en Barcelona, en donde, dice, la renta no alcanza el nivel de Euskadi. Está tranquilo y convencido de que la huelga de hambre, la segunda que sigue en su vida, merece la pena. Uno de los motivos de su decisión es demostrar que es consecuente con unas ideas que le han costado mil discusiones. Otro, no menos importante para él, es poner rostro a todos los damnificados a quienes no se puede pedir luchar por falta de conciencia. Jubilados, extranjeros, personas con menos preparación… la lista es larga. “Muchos de quienes solicitan el subsidio se meten en un laberinto del que es difícil salir. Ni siquiera saben que existe la posibilidad de pelear. “Nadie cuestiona el derecho al paro y sí a percibir la renta. La RGI es un derecho, no un subsidio”. ¿Que hay gente que prefiere percibir la renta que trabajar por un salario basura? Repite la pregunta y responde: “Tenemos derecho a decir tú no me vas a explotar, y eso dignifica como persona”.

Se aleja con su sombrero de paja, un cigarrillo liado y la inseparable botella de agua. Quizá esté pensando en telefonear a su hija de 20 años para decirle que sigue bien. Es lo  único que le ha pedido. Sabe que su aita no traga “con la condena a la miseria y la exclusión social de miles personas”.