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El Estado español está en fase de crisis aguda. Es un hecho innegable, unánimemente reconocido a estas alturas. Hasta el presidente Rajoy ha salido de su letargo para responder con inmediatez y contundencia a la intención del presidente de la Generalitat de convocar un referéndum en fechas próximas con el que dar un paso definitivo hacia la independencia de Cataluña. El referéndum, llegados a este punto, se plantea como unilateral, como impulso decisivo para el llamado proceso de “desconexión” de Cataluña respecto del Estado español. Por ese mismo carácter unilateral, la propuesta del independentismo catalán que encabeza Puigdemont, además de tener enfrente la rotunda negativa del Gobierno de España a negociar nada respecto a dicho referéndum, se ha granjeado el rechazo de todos los que desde el seno de la realidad sociopolítica catalana venían abogando por un referéndum “acordado”, es decir, pactado en sus condiciones procedimentales con las necesarias instancias del Estado español para que su convocatoria no albergue sombras que le resten credibilidad ante la sociedad llamada a pronunciarse y mengüe su legitimidad ante otros Estados y organismos internacionales.

Con los ingredientes señalados, la situación es tal que se ven rebasados los defensores de un referéndum acordado, a la vez que quedan frontalmente opuestos los dispuestos a una secesión por vía exprés y los encastillados en una defensa a ultranza de la actual realidad del Estado, sin gesto alguno que realmente sea invitación a un diálogo efectivo. Ante la previsible ilegalidad de la convocatoria del referéndum unilateral parece que no queda más, como es obvio, que ponerse del lado de la defensa de la Constitución vigente. Así lo acaba de manifestar el PSOE por boca de Pedro Sánchez, su actual –de nuevo-- secretario general. Pero ronda la consciencia de que no basta con atrincherarse para salvar la norma constitucional, habida cuenta de que el intento será baldío si los hechos siguen enhebrándose en su tozudez desde el empeño por sobrepasarla.

Sería una insensatez permanecer pasivos a la espera de que los trenes choquen, por más que se perciban asimétricos

Se aprecia ahora mismo en la vida política española una inquietud grande, una fuerte desazón ante una situación de fuerte confrontación, de consecuencias graves para el Estado y negativas para la ciudadanía. Así sería para la misma Cataluña aun en el caso de que el proceso hacia la independencia no se detuviera. Y así sería también no sólo para el Estado, sino para la sociedad española en su conjunto aun en el caso de que el proceso se frenara por los medios que el ordenamiento legal permite prever para unas circunstancias como las que se pueden presentar –y nos resistimos a pensar que, por madurez política y sensibilidad democrática, lleguen a utilizarse algunos de los que a tal efecto se aducen--.

Sería una insensatez permanecer pasivos a la espera –según imagen a la que tanto se recurre-- de que los trenes choquen, por más que se perciban asimétricos o en las diferentes condiciones que a uno brinda su aceleración constante y que a otro supone su inmovilismo perpetuo. Cualquier persona razonable propondría evitar eso como fuera. “¡Dialoguen, hablen!”, rogaría con vehemencia cualquiera en su sano juicio. Efectivamente, para eso tendría que aprovecharse el tiempo que queda por delante, el que aún resta aunque parezca escaso porque realmente se agota. Después de todo, el tiempo antropológico, y el de la historia y la política lo es, no es el mero tiempo de los relojes con el transcurrir impertérrito de momentos que se suceden, sino el tiempo que se contrae o se dilata según los acontecimientos que tienen lugar.

¿Por qué no provocar el acontecimiento que nos pueda sacar del atasco en que se halla la política española, reverso del callejón sin salida en que puede verse el independentismo catalán? El acontecimiento que nos eleve por encima de los cálculos tacticistas en que unos y otros nos vemos arrojados no puede abrirse paso más que por la palabra, esa palabra sin la cual no hay política por ser la palabra que, abriendo espacios de libertad y generando cauces de entendimiento, dota de sentido la acción colectiva propia de lo político como tal. Y esa, aquí y ahora, es la palabra que muchos pensamos que puede decirse desde un planteamiento de federalismo plurinacional coherente y consecuente: a) coherente, por tomar radicalmente en serio las realidades nacionales, las cuales, si bien tienen un componente cultural, conllevan una ineludible densidad política; y b) consecuente, porque una propuesta federalista, en el caso de la realidad política hispana, ha de ir hasta el fondo de lo que reclama de manera inexcusable la reforma en profundidad de un Estado de las autonomías que ha de afrontar la cuestión de las naciones con el reconocimiento político de las mismas que ha de fraguar en un pacto federal como renovado pacto constitucional.  

hay que hablar de referéndum: sí, no se puede negar a estas alturas la posibilidad del mismo a la ciudadanía de Cataluña

La responsabilidad política, ante una crisis del Estado español sin precedentes, obliga a dar pasos en la dirección señalada. Y eso es lo que puede aportar a nuestro debate político –hoy en un bloqueo que puede devenir antipolítico-- una propuesta seria de federalismo plurinacional. Cabe pensar, en ejercicio imaginativo que nos ayude a trascender los límites que hemos puesto a nuestra propia realidad, que hay que hablar de referéndum: sí, no se puede negar a estas alturas la posibilidad del mismo a la ciudadanía de Cataluña. Y lancemos ese envite a quienes se apalancan en una posición inmovilista, que por su propia índole es lo peor para conducir a buen puerto la tormentosa dinámica en la que estamos metidos. Igualmente, ofrezcamos esa apuesta a quienes quieren referéndum, insistiendo en que su legitimidad, utilizando para ello todos los resortes de la legalidad, estribará en que sea “pactado”. Y tal condición no se deberá sólo a motivos estratégicos, sino a cuestiones de principio, pues será la que permita una adecuada articulación de derechos colectivos y derechos individuales, como los que aquí están en juego.

Una comunidad nacional tiene derecho a expresar democráticamente, conforme al principio de legalidad, su voluntad colectiva, pero el ejercicio de ese derecho, como bien señala el canadiense Will Kymlicka, buen conocedor de estos asuntos, no puede implicar la vulneración de derechos de los individuos, pues todos han de tener iguales posibilidades de manifestar sin trabas su preferencia. Por tanto, ¿por qué no poner de una vez sobre la mesa la posibilidad de un referéndum “acordado”? Éste podría constar de tres opciones posibles para que ciudadanas y ciudadanos se pronunciaran sobre una de ellas: 1) continuidad del Estado de las autonomías según el ordenamiento legal actual, 2) configuración de un Estado federal plurinacional en el que Cataluña vea reconocido jurídica y políticamente su carácter de nación, o 3) constitución de Cataluña como Estado independiente respecto del Estado español. A tenor de lo que resulte, si el caso es que sale adelante la opción 2, podrá plantearse cabalmente la pertinente reforma de la Constitución que ulteriormente se someterá al refrendo de la ciudadanía española en su conjunto. Y de todas formas, lo que no pueden decir ni inmovilistas ni independentistas es que no se contemplaron en igualdad de condiciones las antagónicas vías que unos y otros respectivamente representan.

Hablar de referéndum no es claudicar. Por el contrario, y dicho sea frente a quienes con interesada ligereza lo denuestan, es apostar por un ejercicio serio de participación democrática. Es cuestión de plantearlo bien y sin trampas. ¿Política-ficción? Me temo que si algo así no se pone en práctica nos vamos a topar con lo real en su más dura versión, que es la que puede hacernos desembocar en una política-desastre.