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Donald Trump, maestro propagador de ondas expansivas, se lo ha buscado. Al esperpento que rodeó el cese del director del FBI, James Comey, le han seguido la previsible cascada de filtraciones comprometedoras y el anuncio de que el propio Comey –también aficionado a la fanfarria mediática– comparecerá públicamente ante el Congreso en las próximas semanas. Hasta el correveidile asistente del ministro de Justicia, señalado en primer término por la Casa Blanca como artífice del despido de Comey, quiso resarcir su maltrecha reputación de independencia política al nombrar la semana pasada a un fiscal especial para la investigación de la posible connivencia entre la campaña electoral de Trump y agentes rusos, la misma que investigaba Comey hasta su despido. “Respeto la decisión”, declaró entre dientes Trump, antes de autoproclamarse víctima de una “caza de brujas sin precedentes”. Y con eso se subió al avión presidencial para su primer viaje en misión diplomática, que consistirá en cerrar la venta millonaria de un arsenal de armas para que Arabia Saudí siga aniquilando yemeníes y reiterar el apoyo al apartheid del Israel de Netanyahu. (“Los muros funcionan… ¡Pregúntenselo a Israel!”).

Trump deja en casa una tormenta perfecta, que ha situado la eventualidad del juicio político en el alero: varios congresistas republicanos han especulado en público sobre la posibilidad de juzgar a Trump por “obstrucción a la justicia”, la misma supuesta ofensa que llevó al impeachment a Bill Clinton y forzó la dimisión de Richard Nixon antes de ser juzgado por las escuchas ilegales del Watergate. El senador y excandidato presidencial John McCain, némesis de Trump en el partido, no dudó en comparar el escándalo que se llevó por delante a Nixon con la crisis que desborda ahora a Trump: “Esta película ya la hemos visto”, señaló, sibilino y circunspecto, en una cena del Instituto Nacional Republicano, convenientemente cubierta por el periódico local del Estado de McCain. “Esto alcanza el tamaño y la escala del Watergate”.

Dada la supermayoría conservadora en ambas cámaras, harían falta una veintena de deserciones republicanas en la Cámara de Representantes para que un hipotético juicio político se admitiera a trámite

Surgen pues las primeras fisuras en las filas republicanas. Para llegar al impeachment, sin embargo, estas tendrían que alcanzar el tamaño de falla tectónica. Dada la supermayoría conservadora en ambas cámaras, harían falta una veintena de deserciones republicanas en la Cámara de Representantes para que un hipotético juicio político se admitiera a trámite y pasara al Senado. Una vez en este, serían necesarios dos tercios de los votos para declarar culpable al presidente y destituirlo. Se trata, por tanto, de un proceso político, y el que se active o no responderá al cálculo electoral de los republicanos. Con las elecciones legislativas de mitad de mandato a año y medio vista, solo la perspectiva de un cataclismo electoral podría llevar a un número suficiente de republicanos a sacrificar a Trump para salvar su propia reelección. Pero algo se está moviendo, y algunos pronostican ya un “baño de sangre” republicano: el influyente bloguero conservador Erick Erickson reclamaba en pleno escándalo a los republicanos que dejen de defender “como actos reflejo” a Trump de las “heridas que se autoinflige. Estando Mike Pence en la rampa de despegue, no le necesitan”. 

Con sus hechuras de Robocop y su porte de monaguillo, Pence es la baza del movimiento conservador. Su nominación como vicepresidente supuso una concesión al ala más radical del partido, que sospechaba de Trump cuando este lanzó su candidatura. Donde Trump era un farandulero casado tres veces, sin experiencia política y que hablaba –gobernar es otra cosa– de proteger las pensiones y el acceso sanitario, Pence aparecía como el alumno aventajado del reaganismo, versión Tea Party: con una década de experiencia en el Congreso a sus espaldas y cuatro años como gobernador de Indiana, presenta un pedigrí inmaculado para la derecha, y terrorífico para la izquierda.

“Soy cristiano, conservador y republicano; por ese orden”. Así se ha definido Pence siempre que ha tenido la ocasión. Su historial como legislador en Washington y al frente del gobierno de Indiana no deja lugar a dudas. Campeón de la austeridad fiscal y los recortes sociales, el vicepresidente se ha opuesto con fervor al matrimonio gay y a las leyes contra la discriminación de género. Ha defendido la dureza extrema en la “lucha contra el crimen”, que en Estados Unidos sirve de subterfugio para la encarcelación masiva de negros y otras minorías. A Pence le gusta ponerse el disfraz de último mohicano de la reacción: ha sido punta de lanza de la criminalización del consumo de drogas, incluida la marihuana, en un periodo en el que la mayoría del país avanzaba hacia la despenalización o la legalización. Su ley antiaborto en Indiana prohibía los abortos por anomalía genética, y obligaba a las mujeres que abortasen –voluntaria o involuntariamente– a pagar por el entierro o cremación de los restos del feto. Cuando el Tribunal Supremo ratificó la reforma sanitaria de Obama, Pence comparó el fallo con los atentados del 11-S.

Ante la proliferación de polémicas, escándalos y filtraciones, cunde el desánimo entre los republicanos, que ven obstruida la agenda de reformas que esperaban aprobar con la mayoría legislativa de que gozan. Tras un primer fracaso estrepitoso, lograron aprobar en la Cámara de Representantes la contrarreforma sanitaria que tumba la ley de Obama, pero el camino de la ley al Senado se ha visto entorpecido por el affaire Comey. Lo mismo sucede con la reforma fiscal, o la renegociación del acuerdo comercial con Canadá y México, que tampoco han avanzado apenas. La idea del equipo de Trump de atraer apoyos demócratas para un plan de renovación de infraestructuras parece ahora una quimera. 

El tumulto y la inacción política han hecho saltar las alarmas en la sala de máquinas más ilustre de la derecha estadounidense: el despacho del consultor Karl Rove. Artífice de las mayorías de George W. Bush en los 2000, Rove es el estratega que mejor conoce el ecosistema republicano, y su capacidad de imponer su proyecto político. El miércoles publicaba un artículo en el Wall Street Journal en el que ponía a Trump sobre aviso: los republicanos le apoyaron para que aprobase un paquete de medidas. “Si Trump no reconoce que es la causa del descontrol, se arriesga a desgastar aún más sus índices de aprobación, que rondan el 40%. Esto purgará su poder, dificultará su capacidad de imponer su agenda, y le convertirá en un presidente sin futuro político mucho antes de lo previsto”. 

al alimentar la discusión legalista y técnica de un impeachment para el que no tienen votos suficientes, los demócratas corren el riesgo de hacer dejación de la oposición política

La proliferación de escándalos en torno a la presidencia de Trump está ahogando el espacio para la política, reduciéndola a un juego de intrigas cortesanas. Pero las fuerzas progresistas se equivocarían si creen que solo pueden beneficiarse de la deriva caótica de las últimas semanas. La vorágine ha empantanado –sí– las posibilidades de avance de los republicanos en su agenda inmediata. Pero hay otra cara de esa misma moneda: al alimentar la discusión legalista y técnica de la posibilidad de un impeachment para el que no tienen votos suficientes, los demócratas corren el riesgo de hacer dejación de la oposición política y el planteamiento de alternativas más allá del rechazo a Trump. Un claro ejemplo fue la oportunidad perdida en torno a la sanidad. Cuando los republicanos fracasaron en su primer intento de derogar la ley de Obama, algunos, como Bernie Sanders, se apresuraron a mover ficha para presentar propuestas de sanidad universal. La propuesta republicana hubiera dejado a 24 millones de personas sin asistencia sanitaria. La de Sanders ampliaría la cobertura hasta los 28 millones que no la tienen bajo el plan de Obama. El aparato del partido se apresuró a enfriar el plan, y varios de sus líderes dejaron claro que no había gustado la “osadía” de Sanders. Pocas semanas después, los republicanos lograban aprobar en la Cámara de Representantes otra versión de su contrarreforma sanitaria.

Ceder la iniciativa política no es el único riesgo de esta estrategia. El énfasis casi absoluto en Trump y sus problemas de liderazgo y legitimidad ofrece a los republicanos otro salvavidas: Mike Pence.

La nominación de Pence para la vicepresidencia fue el aval con el que Trump compró el voto de la derecha republicana. ¿Se lo terminarán cobrando? La posibilidad no resulta inverosímil, sobre todo si sigue avanzando la lógica del desgaste de Trump a la marca republicana propulsada por voces como la de Erickson o Rove. La vía del impeachment no es la única que se plantean para deshacerse de Trump. Algunos, como Erickson, alientan a Trump a que dimita, para limitar los daños al partido. Otros abogan por recurrir al artículo 25 de la Constitución, que permite defenestrar al presidente por “incapacidad”. Las tres opciones tienen un denominador común: ungirían a Pence como presidente. Para los republicanos, ese escenario tendría la virtud de salvar los muebles y eliminar los roces innecesarios del estilo de gobierno de Trump.

Pence es, al fin y al cabo, uno de los suyos, conocedor del funcionamiento de las diferentes corrientes ideológicas en el partido y lo suficientemente disciplinado como para evitar abrir crisis constantes a golpe de tuit. Su figura tiene más de consenso interno que la de Trump, que hizo una opa hostil al partido y ganó. Con Pence, sueñan algunos, podría engrasarse la maquinaria de la mayoría legislativa, y aplicar las ansiadas reformas a golpe de rodillo parlamentario. 

No ser Trump es un proyecto político insuficiente, poco atractivo, e irresponsable. A los demócratas ya les salió mal en campaña. Le sirve en bandeja al presidente la escapatoria del victimismo, y a su partido la de liquidar a Trump dejando intacto su proyecto político. Con un presidente tocado y un partido republicano dividido e incapaz de hacer valer sus mayorías, toca hacer oposición política.