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En la última semana Brasil ha vuelto demostrar que el abismo no tiene límites y que siempre se puede caer más bajo. Una mochila con cientos de miles de euros perdida en la casa de un diputado, grabaciones clandestinas con el presidente del país hechas con grabadoras “baratas” --subrayan los peritos--, jueces, fiscales, y más de mil políticos comprados, y en medio un jefe del Ejecutivo que se define como “ingenuo” y que repite: “No renunciaré” y “no sabía nada”.

Esto podría parecer el escenario de una telenovela política pero resulta  ser la dramática situación brasileña. El perfil de Twitter de la serie House of Cards –que narra las intrigas y corruptelas de la Casa Blanca-- optó por la risa cuando publicó la semana pasada: “Siguiendo la política de Brasil. Así nos lo ponéis difícil”. De este modo los norteamericanos ironizaban sobre la hipérbole de la trama que vive el gigante sudamericano desde que el pasado 16 de mayo la cadena Globo diera a conocer unas conversaciones en las que el presidente, Michel Temer, autorizaba la compra del silencio del ex líder de la Cámara Eduardo Cunha, encarcelado por los escándalos de Petrobras investigados en la operación Lava Jato.

Cuatro días antes de que la bomba informativa cayera en Brasilia, Temer celebró su primer año de gobierno -- un gobierno que no pasó por las urnas sino que fue el resultado de un polémico impeachment contra Dilma Rousseff --. En sus doce meses de mandato, los escándalos relacionados con Petrobras provocaron la dimisión de seis asesores personales del presidente, ocho ministros, y la investigación en el Supremo de otros nueve. La corrupción persigue a Temer como el avión de Con la muerte en los talones a Cary Grant sobre los secos campos de algodón americanos.  

Con apenas una aprobación popular del 8%, el líder brasileño estaba cercado de escándalos pero ninguno tenía la suficiente base jurídica para apartarlo de la presidencia. Las acusaciones que pesaban sobre él se referían a delitos anteriores al mandato de gobierno, por lo tanto tenía inmunidad presidencial. Todo cambió con las grabaciones que los hermanos Joesley y Wesley Batista entregaron a principios de mayo a la Procuraduría General de la República.

Sálvese quien pueda

Los Batista son los dueños del conglomerado brasileño JBS, la mayor productora cárnica del mundo, y también la empresa que lidera el ranking de donaciones de las campañas electorales brasileñas. Joesley y Wesley, además de carne, venden otros productos alimenticios, de higiene y ropa de marca, y, por acumular recursos, disponen hasta de gasoductos bolivianos.

Con apenas una aprobación popular del 8%, el líder brasileño estaba cercado de escándalos pero ninguno tenía la suficiente base jurídica para apartarlo de la presidencia

Los hermanos también tenían cinco procesos a sus espaldas, todos ellos vinculados con la operación Lava Jato, y un mandato de prisión coercitiva que estaba a punto de ser puesto en marcha. Fue entonces cuando decidieron tomar la delantera y se acercaron a la Procuraduría General de la República para ofrecer sus servicios: a cambio de su libertad, proporcionarían la información necesaria para demostrar que la Lava Jato tenía mejor salud que nunca, y que la corrupción seguía campando a sus anchas desde el Congreso hasta la puerta de la presidencia.

El procurador general de la República, Rodrigo Janot, aceptó el trato y a principios de este mes llegaron a su despacho dos cintas con dos conversaciones grabadas, una con Michel Temer, y otra con su principal socio de gobierno, el que fuera candidato presidencial por el PSDB Aécio Neves. Además de los audios aportaron pruebas materiales y los vídeos con las delaciones que los dueños de JBS y el director del conglomerado, Ricardo Saud, habían pactado con la procuraduría.

Sin cita agendada y a las once de la noche del pasado 24 de marzo, Joesley Batista llegó al palacio de Jaburu (residencia oficial de Temer) con la grabadora en marcha para firmar la sentencia del presidente. En esa velada el dueño de JBS informaba al mandatario de que había resuelto “las pendencias” con diversos diputados, que mantenía “los acuerdos” con Eduardo (Cunha), y que contaba con la “ayuda” de dos jueces del Supremo y de un procurador “infiltrado”. Temer se limitaba a asentir, sin mostrar sorpresa, indignación o miedo, y señalaba: “Que las cosas sigan así”. Y ante el “cuidar” de Cunha --la expresión que utilizó Batista para referirse a comprar el silencio del ex diputado--, el mandatario brasileño confirmó: “Hay que mantener eso, ¿vale?”.

En la segunda cinta, con las conversaciones entre Joesley y el exsenador y expresidente del PSDB Aécio Neves (fue apartado de ambos cargos la semana pasada), se escucha al pesedebista pedirle al dueño de JBS que le entregue 700.000 euros para pagar su defensa en los procesos abiertos contra él. En las mismas, el propio Neves da a entender que él y Temer habían hablado de “frenar” la operación Lava Jato, y también habla sobre sus “amistades” con un juez del Supremo que “va a ayudar”.

De este modo la conocida verborrea de Aécio Neves, el mismo que interpuso una denuncia contra la pareja política Dilma-Temer por presunta corrupción en los comicios de 2014, y el mismo que exigió que se investigara “la organización criminal del Partido de los Trabajadores”, le jugó una mala pasada y, sin quererlo, acabó delatando a su hermana y a su primo, ambos en la cárcel desde el pasado jueves, lugar al que Neves podría entrar en cualquier momento.  

el presidente Michel Temer ha visto cómo, por primera vez, el Tribunal Supremo Federal (STF) le abría una investigación acusado de organización criminal, corrupción pasiva y obstrucción a la justicia

Si el que fuera líder del PSDB salió golpeado del episodio de las grabaciones, el presidente Michel Temer ha visto cómo, por primera vez, el Tribunal Supremo Federal (STF) le abría una investigación acusado de organización criminal, corrupción pasiva y obstrucción a la justicia. En menos de 48 horas diversos partidos de la oposición presentaron ante la Cámara de los Diputados ocho peticiones de impeachment. Los tres delitos que se investigan en el STF habrían sido cometidos durante el mandato presidencial y podrían considerarse crimen de responsabilidad, único motivo por el que se puede iniciar un proceso de destitución.

La democracia a subasta

Si las delaciones de la constructora Odebrecht, una de las principales empresas investigadas por los escándalos de Petrobras, se definieron como “las del fin del mundo”, las horas de entrevistas con los Batista y con el director Ricardo Saud superan el universo y más allá.

Además de la frivolidad de Joesley Batista para hablar de millones de euros en negro destinados a una u otra campaña (todos los grandes partidos se beneficiaron), lo que más sorprende de las delaciones es la manifiesta capilaridad de un sistema donde la corrupción es la norma, y el soborno, el principal instrumento de gobernabilidad.

Solo hay que ver los números que presentó Ricardo Saud cuando reconoció que la empresa había gastado 200 millones de euros para sobornar a 1.829 candidatos que pertenecían a 28 partidos diferentes a cambio de “ayudas” en el sector público. La compra de votos aparece como el modus operandi para conseguir diversos objetivos. Como ejemplo, Batista reconoce que pagó a cinco diputados para que votaran en contra del impeachment de Dilma Rousseff: “Me pedían un millón y medio de euros cada uno, al final pagamos 900.000 por cabeza”, decía el emperador de la carne. Más dinero se gastó en conseguir que Eduardo Cunha se convirtiera en presidente de la Cámara: “Un total de seis millones invertimos para que ganara Eduardo”.

Batista reconoce que pagó a cinco diputados para que votaran en contra del impeachment de Dilma Rousseff: “Me pedían un millón y medio de euros cada uno, al final pagamos 900.000 por cabeza”

El todopoderoso Eduardo Cunha, quien “por venganza” sacó adelante el impeachment de Rousseff (según reconoció el propio Temer el pasado enero), es uno de los políticos que les ha generado más gastos. Incluso desde la cárcel el exdiputado continuó recibiendo su “cuota” a la que en JBS se referían de una manera especial: “Dar alpiste a los pajaritos” era la frase en clave para mantener en silencio a uno de los políticos más peligrosos del país.  

Una vez más, y esta vez desde prisión, Cunha ha puesto al borde del abismo a otro presidente brasileño. Si primero acabó con Dilma Rousseff de forma voluntaria, ahora le ha tocado el turno al que fue su aliado, Michel Temer, que por autorizar la comida de los pájaros hoy tiene grandes posibilidades de que le corten las alas y pierda su mandato.

La JBS en cambio tiene un futuro más halagüeño que el de Temer y que el de la propia Odebrecht. Sus dueños no solo han evitado la cárcel sino que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, les sugirió que, antes de que se hicieran públicas sus delaciones, se marcharan a Estados Unidos y no dieran información de su paradero ni siquiera a sus familiares. Los Batista, previsores, antes de dejar Brasil, y conscientes de la repercusión que la noticia iba a causar en el mercado financiero, decidieron hacer un último negocio.

El día antes de darse a conocer la existencia de las grabaciones, compraron 750 millones de dólares y al día siguiente, con el alza de la moneda en Brasil, ganaron 150 millones más. Todo ello sumado a los 300 millones que habían conseguido con la venta de acciones de su empresa un mes antes de publicar la noticia (ahora su precio ha bajado estrepitosamente). Con una y otra operación se hicieron con dinero más que suficiente para pagar a la multa de 250 millones de dólares, impuesta por la Procuraduría General de la República, poca cosa para el imperio de la carne.

Gatopardo a la brasileira

A lo largo de la semana los medios brasileños analizaron cada detalle de las conversaciones para adivinar las opciones reales de una posible destitución del mandatario. La Policía Federal adelantó que sus peritos tardarían al menos un mes en evaluar la calidad de las grabaciones y, a partir de ahí, se sabrá si el STF sigue adelante con la denuncia. Si el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, aceptara alguna de las solicitudes de impeachment, las posibilidades de que ese juicio político prosperara y se condenara a Temer serían muy altas. Pero por ahora no parece que Maia tenga intención de hacerlo.

Las élites brasileñas, como los lobbies del Congreso (que son más o menos lo mismo), no están tan preocupados por el futuro de Temer como por sacar adelante la reforma laboral y la del sistema de pensiones, dos promesas clave que hizo el jefe del Ejecutivo cuando llegó al gobierno. Dos reformas que estaban a punto de ser aprobadas y que supondrían un enorme retroceso para los derechos de los trabajadores y una gran ventaja para las grandes empresas. Dos reformas que son de interés para los partidos conservadores y liberales, entre los que se encuentra el PSDB, que hoy tiene la sartén por el mango en relación al futuro de Temer.

Si este partido decidiera abandonar el barco, el resto de aliados se marcharía y forzaría la renuncia del mandatario, una circunstancia que el propio Temer ha negado: “Nadie me va a sacar de aquí”, dijo al día siguiente de conocerse la noticia. Pero con el paso de los días las reuniones entre el Congreso y el Palacio de Planalto, sede del poder ejecutivo del Gobierno Federal brasileño, indican que el PSDB podría convencer a Temer de que renunciara, a cambio de un acuerdo que evitase su entrada en prisión. En ese caso, el líder de la Cámara, Rodrigo Maia, asumiría el puesto, convocaría elecciones indirectas y el Legislativo elegiría a un nuevo presidente hasta diciembre de 2018.

Ante este panorama, ya se han desatado las especulaciones y fuentes de Brasilia aseguran que los candidatos más probables serían Henrique Meirelles (actual ministro de Hacienda y exasesor de JBS), el expresidente Fernando Henrique Cardoso (como gran conciliador) o el exministro de Defensa Nelson Jobim. Todos ellos son firmes defensores de las reformas y están dispuestos a hacer el trabajo sucio antes de las elecciones de 2018.

El último en unirse a este gran acuerdo gatopardiano (de cambiarlo todo para que nada cambie) ha sido el Partido de los Trabajadores (PT), que en un primer momento defendió la salida de Temer y las elecciones directas (el pueblo votaría Ejecutivo y Legislativo de nuevo) y, a última hora, dio un nuevo bandazo a la derecha y comenzó a barajar la posibilidad de apoyar unos comicios indirectos.

Como se ha visto con Odebrecht, y ahora con JBS, las corporaciones y los intereses privados hace tiempo que se adueñaron de la democracia brasileña (y mundial). La socióloga Esther Solano, profesora de la Unifesp de São Paulo, señala el concepto de ‘corporocracia’ (la captura del poder político por parte de las grandes corporaciones) como una de las claves que revela la operación Lava Jato y el goteo de delaciones que se han visto en los últimos días. “En Brasil todos los partidos, entre ellos el PT, han enriquecido muchísimo a las corporaciones, por eso dentro de la izquierda también hay mucho antipetismo”. Según la socióloga, el único balance positivo de este nuevo escándalo sería que “se acabara de una vez” con la financiación privada de las campañas electorales: “Si no conseguimos eso, las estructuras serán las mismas, todo quedará igual, solo cambiarán los protagonistas”.