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El sacerdote Pedro Puente, presidente de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), se ha querellado por injurias y calumnias contra el activista gitano Lagarder Danciu por divulgar unos informes sobre el supuesto mal uso de 500 millones de euros de fondos públicos que ha recibido en los últimos años la entidad para la integración social y laboral de la comunidad gitana.

El sacerdote considera que los informes contienen injurias y calumnias, y reclama al activista sin techo 10.000 euros en concepto de indemnización; si fuera condenado, Lagarder podría recibir una pena de hasta un año y seis meses de cárcel.

La investigación de la causa la lleva la juez Marta Gutiérrez del Olmo Menéndez, titular del juzgado de instrucción nº54, que archivó la agresión nazi que sufrió el activista Lagarder Danciu el pasado 20 de noviembre en Madrid. La Fundación Secretariado Gitano recibe anualmente cerca de 20 millones de euros de subvenciones públicas (de fondos estatales y europeos), y el activista sostiene que la mayor parte de las ayudas no se destinan a cambiar la situación de pobreza severa del colectivo gitano, sino al pago de salarios de la Fundación y a la adquisición y reforma de locales y sedes de la entidad. Lagarder acusa a la FSG de criminilazarlo y de silenciar sus denuncias mediante querellas judiciales.

La Fundación Secretariado Gitano ha explicado a CTXT su versión de los hechos. Según un portavoz, "la FSG no ha criminalizado a nadie. Por el contrario, nos estamos defendiendo, con infinita paciencia, de un personaje autodenominado activista que la ha tomado con nosotros y que ha aprovechado el interés mediático de sus actividades para difamarnos y calumniarnos, tanto como ONG como a título personal contra nuestro presidente, especialmente por su condición de sacerdote".

La FSG sostiene que todas sus cuentas han sido auditadas, y facilita el siguiente enlace a su web para consultarlas. Además, aclara que "la FSG, para el cumplimiento de sus fines sociales, ha ido adquiriendo y reformando locales durante varios años, con financiaciones específicas para eso, provenientes de fondos europeos y españoles (FEDER, FSE, IRPF)". 

La auditoría realizada por Ernst&Young muestra que la entidad tiene un patrimonio de 13 millones de euros y una deuda de 38,7 millones de euros. El director de la fundación, Isidro Rodríguez, aclara que esa deuda contabiliza los fondos europeos que la FSG debe cobrar desde ahora hasta 2019. 

Lagarder insiste en que "Puente ha invertido gran parte de las subvenciones públicas en compras y reformas de locales, durante muchos años", y añade que "muchos de esos locales están en sitios céntricos, no en barrios marginales donde viven los gitanos, y al final se los queda la Fundación en propiedad". El director de la FSG replica que la fundación utilizó dinero del Fondo Social Europeo entre 2002 y 2009 para adquirir sedes útiles para desarrollar la labor social, y admite que en la actualidad la FSG cuenta con 25 sedes en propiedad.

"Los ayuntamientos ceden sedes a las ONGs para realizar sus actividades sin ánimo de lucro", contesta Lagarder. "La pregunta sería: ¿por qué la entidad invierte el dinero de las subvenciones en sedes propias y no solicita locales a los ayuntamientos? Sencillo. Las entidades de la Iglesia de toda la vida han buscado hacerse con propiedades inmobiliarias". Isidro Rodríguez aclara que aunque la Fundación está presidida por un sacerdote, "la FSG es una entidad aconfesional, sin relación con la Iglesia católica".

Lagarder explica que "la vinculación de la FSG con el Opus Dei es conocida", y añade que Pedro Puente "fue jefe de personal de la Conferencia Episcopal con Rouco Varela".

El activista rumano recuerda además que la fundación tiene 669 empleados, y gasta en sueldos cada año unos 14 millones de los 20 que recibe del Estado y de la UE. "La conclusión es que, al final, entre salarios y gastos de sedes, dedican solo unos 2 millones de 20 para los gitanos más vulnerables", concluye.

El activista matiza que nunca ha acusado a la FSG de cometer delitos, sino de manejar de forma poco ética el dinero público que recibe. Y cita como ejemplo los préstamos con entidades bancarias que ha solicitado la FSG en los últimos años. 

La Fundación replica que los argumentos de Lagarder "constituyen una sucesión de despropósitos, injurias y calumnias que no se pueden pasar por alto ya que dañan seriamente nuestra reputación". El portavoz considera que "la labor que realiza anualmente la fundación queda totalmente empañada por dar credibilidad a un pretendido activista (¿de qué movimiento?) que solo busca hacer daño por algún tipo de resentimiento". Isidro Rodríguez concluye que Lagarder "mezcla datos reales e inventados para hacer daño a la FSG, pero lo que nunca dice es que el año pasado atendimos a 30.000 personas sobre el terreno y conseguimos firmar 5.000 contratos de trabajo".

Lagarder ha sido citado por la jueza que investiga la querella el 14 de junio en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. 

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