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El pasado 31 de mayo el presidente del Gobierno pulsó por error el botón del No en el Congreso de los Diputados. Era en una votación de los Presupuestos Generales del Estado. El dedo índice le debió jugar una mala pasada. No me extraña. He asistido como periodista muchos años a una sesión como esa y todavía no me explico cómo no hay más errores. Se votan centenares de enmiendas en una mañana, casi todas de pequeños detalles. Sólo uno o dos diputados de cada grupo saben en realidad qué hay que votar y se lo transmiten a sus compañeros con una seña.  En realidad, aunque se trate del dinero de todos, esa larguísima sesión de votaciones, que se prolonga dos días,  es un acto intrascendente en política presupuestaria. Cierto que algunas suponen más dinero para un asunto. Pero a la vez, esa misma cantidad de dinero se resta a otra actividad programada. En total y para el conjunto de la ciudadanía nada cambia. 

Es así porque  el Parlamento no puede aumentar ni reducir las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado que le envía el Gobierno. Puede rechazarlas en su conjunto o aprobarlas, como ha ocurrido. A partir de ahí, las modificaciones del Congreso están condicionadas. Si un grupo parlamentario propone aumentar el gasto para una cosa, debe proponer también reducir en la misma cuantía otra partida de las cuentas. Lo contrario no está permitido. Lo deja muy claro el artículo 133 del Reglamento del Congreso. He informado  años y años de la tramitación de los presupuestos. He vivido así muchos fuegos de artificio, he narrado muchas peleas dialécticas por un “quítame allá esas pajas”, pero modificaciones de calado de las cuentas públicas presentadas por el Gobierno no he visto ni una. Y no porque el Gobierno tuviese mayoría y siempre ganase, simplemente porque una modificación de verdad, que cambie las cuentas elaboradas por el Gobierno, no se puede votar. Como prueba: este año la oposición (el PSOE, Podemos y otros grupos más pequeños) presentó 4.000 enmiendas  que modificaban el presupuesto del Gobierno y fueron a la papelera sin más. Precisamente porque modificaban el presupuesto del Gobierno.

Este año la oposición (el PSOE, Podemos y otros grupos más pequeños) presentó 4.000 enmiendas  que modificaban el presupuesto del Gobierno y fueron a la papelera sin más

Pero esto no ocurre sólo con los Presupuestos del Estado. Los grupos políticos pueden presentar proposiciones de ley, cosa normal si se trata de la cámara legislativa, la que hace las leyes. Sin embargo, el Gobierno puede rechazarlas si considera que con ellas se alteran en algo los gastos o los ingresos del Estado. Parece inconstitucional que el Gobierno pueda prohibir al Parlamento elaborar una ley, pero así lo recoge el artículo 126 del Reglamento del Congreso. Lógicamente, es muy difícil  hacer leyes en materia económica, laboral o sobre servicios públicos que no tengan efecto alguno sobre los ingresos y los gastos del Estado, lo que hace que todo el poder, al menos en estos ámbitos, recaiga en el Gobierno.

A primeros de año el Gobierno aseguró que había rechazado, con este argumento, 18 proposiciones de ley de la oposición. Desde entonces ha hecho lo propio con al menos otras cuatro proposiciones de ley y 10 más esperan  a que el dedo pulgar de Rajoy se manifieste hacia arriba (autorizando su tramitación) o, como es más previsible, hacia abajo (denegándola).  Insisto, no es que los diputados, en los que reside la “potestad legislativa”, según la Constitución, las hayan rechazado. No se han podido ni votar, por decisión del Gobierno. Así son las cosas. 

En lo que llevamos de legislatura, los grupos parlamentarios del Congreso han presentado 103 proposiciones de ley. ¿Es mucho o poco? Pues representan, para el tiempo transcurrido, más del doble de las que se presentaron en un periodo equivalente durante la última legislatura completa de Rajoy. Puede decirse en esto que los grupos no han parado. Unos más que otros: El PSOE ha presentado 30; Unidos Podemos, 21, aunque de estas los medios de comunicación convencionales prácticamente no informan. El Grupo Mixto (allí están la antigua CiU, Compromís y Bildu, entre otros), 25. Ciudadanos, cuya actividad parlamentaria se presenta como frenética en los medios de comunicación convencionales, sólo 9. Esquerra Republicana de Catalunya, 11; el PNV, 8. Y el PP, 8. ¿Cuántas se han convertido en ley? Sólo dos. ¿De qué grupo eran? Es fácil adivinarlo: del Partido Popular. El resto o han ido a la basura o esperan el sueño de los justos. 

En los 10 meses de legislatura el Gobierno ha aprobado 16 decretos-leyes; a cambio, 32 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios han ido a la basura o están a punto de ir

Ahora, veamos los proyectos de ley que ha presentado el Gobierno. Serán muchos, ya que no deja que prosperen las iniciativas de la oposición. Pues no son muchos: tan sólo 5 y, de momento, sólo uno se ha convertido en ley. ¿Significa eso que el Gobierno no hace nada en materia de leyes? ¿Qué está atado de pies y manos? Pues no exactamente. Ha recurrido a un sistema mucho más práctico para sacar adelante lo que quiere: el decreto-ley. Tiene el mismo efecto que una ley, pero lo aprueba el Gobierno directamente. Luego debe someterlo a la convalidación del Congreso, con un sí o un no, simplemente, sin necesidad de introducir cambios. En los 10 meses de legislatura el Gobierno ha aprobado 16 decretos-leyes; a cambio, 32 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios han ido a la basura o están a punto de ir, sin necesidad siquiera de una votación. 

El Gobierno de Rajoy ya se empleó a tope en el uso del decreto-ley entre los años 2012 y 2015. Aprobó 76. El año 2012 hubo récord con 30 decretos-leyes aprobados, algo nunca visto. De hecho, todas las medidas que los ciudadanos identifican con los recortes y la pérdida de derechos sociales y laborales se tomaron mediante decretos-leyes. 

Ahora el Gobierno de Rajoy no manda leyes al Parlamento,  pero poco le importa porque el trabajo ya se hizo en la anterior legislatura. Ahora basta con que las empresas frente a los trabajadores y los austericidas frente a la mayoría de los ciudadanos recojan lo sembrado.

Hasta ahí llega de verdad el dedo de Rajoy, indicando NO. El que pulsó por error el botón indebido sólo tuvo una consecuencia: provocar la risa o el chascarrillo de aquellos a los que les queda eso como único consuelo.

Las cosas han cambiado. El Congreso no es el de antes. Nadie tiene una mayoría de diputados para imponerse a los demás. El Gobierno tampoco. El resto de las fuerzas políticas suman 80 diputados más que el PP. Pero el poder lo tiene el Gobierno. Tiene la capacidad legal de imponerse a los demás. Incluso a veces aunque no cuente con el apoyo de su socio, Ciudadanos. Lo de forzarle a cambiar desde el Parlamento son cuentos, ingenuos o interesados, para mantenerle en el poder y que nada cambie.

El Parlamento sólo dispone de capacidad real en dos cosas: elegir al presidente del Gobierno (se llama investidura) o cesarle y poner a otro (se llama moción de censura). Si la desvergüenza de la corrupción no fuera suficiente para echarle, lo explicado aquí creo que lo reafirma. Se argumenta que una moción de censura no puede prosperar. Eso sería cierto si el PP tuviera mayoría absoluta, pero no es así ni con su socio, Ciudadanos. 

Los ciudadanos saben que se puede hacer. La inacción de las fuerzas políticas, aceptando el juego  de llevar al Congreso continuas iniciativas, que se quedan en nada ante el poder del Gobierno (eso sí que es un circo), puede llevar a los ciudadanos a considerarles cómplices de lo que está pasando. Y eso se suele pagar.