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Javier López Madrid aka “Compiyogui”, condenado a prisión por las tarjetas black, detenido en el curso de las operaciones Lezo y Púnica, acusado de presuntos sobornos, está a punto de conseguir una operación redonda de la compañía que todavía preside, Ferroglobe (fusión de Ferroatlántica, la compañía de su suegro José Miguel Villar Mir, y la británica Globe): vender las centrales hidroeléctricas cuya concesión pública habían obtenido para que suministraran energía a su factoría de Hidrocarburos en Cee (A Coruña). Simplificando mucho, es como si una línea ferroviaria pretendiese saldar deudas vendiendo por separado la locomotora del tren con el teórico objetivo de mejorar la productividad de los vagones.

Desde el pasado febrero Ferroglobe tiene una oferta de 153 millones de euros y el único obstáculo es la aprobación de la Xunta de Galicia, que se ha comprometido a dar una respuesta estos días. Todo apunta a que será positiva, o al menos eso temen quienes se oponen a la medida: trabajadores, todos los alcaldes de la zona --la Costa da Morte--, independientemente de su adscripción política, y todos los partidos, excepto el PP. La circunstancia de que el Congreso de los Diputados haya aprobado, a iniciativa de En Marea, una proposición no de ley que exige al Gobierno que recupere la titularidad pública de las plantas de aprovechamiento eléctrico si prospera su petición de segregación de la empresa no parece haber inmutado ni a Ferroglobe ni a la Xunta. La concesión de Ferroatlántica en Galicia para gestionar los saltos de agua, que producen 150 de los 209 megavatios que tiene en total Ferroglobe, caduca en 2069. En Huesca tiene cinco centrales con una producción de 39 megavatios, pero están en régimen de alquiler y el contrato vence en 2019.

En 1897, cuando se creó en Cee una empresa que se llamó Sociedad Española de Carburos Metálicos, se hizo ya el primer aprovechamiento eléctrico en los ríos Xallas y Grande, pero fue en la era de los grandes pantanos, la década de los 60, cuando empezaron a construirse las cuatro centrales que ahora jalonan el Xallas: Fervenza, Ponte Olveira, Castrelo y Santa Uxía. La causa de tanto martirio fluvial era que las factorías de ferroaleaciones tenían grandes necesidades energéticas y la tecnología de la época exigía que estuviesen próximas. Pero no solo el río resultó afectado: hubo centenares de expropiaciones (algunas pagadas con puestos de trabajo en la fábrica) y la construcción de saltos y túneles ocasionó muchas víctimas humanas. En 1993 había 585 personas consideradas “personal pasivo”: huérfanos, viudas, jubilados y discapacitados, según recoge un informe del comité de empresa. 

En 1992, Villar Mir compró Carburos Metálicos a precio de saldo –marca de la casa– al Banesto de Mario Conde… gracias a un crédito de Banesto

En 1992, Villar Mir compró Carburos Metálicos a precio de saldo –marca de la casa– al Banesto de Mario Conde… gracias a un crédito de Banesto. Ya entonces intentó la segregación: conservar las plantas de producción eléctrica y deshacerse de la fábrica de ferroaleaciones. Sin embargo, la reacción ciudadana, incluida una huelga general en toda la Costa da Morte, lo impidió. La Xunta de Manuel Fraga incluyó en la concesión una cláusula que prohibía a Ferroatlántica –el nuevo nombre de la empresa– la segregación de las dos actividades, y establecía que “la pérdida por parte de Ferroatlántica de la titularidad de los aprovechamientos será causa de extinción de la concesión”. Villar Mir recurrió la cláusula, pero primero el Tribunal Superior de Galicia y después el Supremo confirmaron su legalidad.

El negocio de Ferroatlántica, desde luego estaba en la producción eléctrica, y no solo porque le aseguraba unos precios enormemente competitivos de la energía. Según estimó el ingeniero José Bembibre en Público.es, entre la tarifa preferente, el descuento del 60% por interrumpibilidad, las primas a la producción y la práctica consistente en poner a la venta --a precio de mercado-- toda la energía generada y comprar –con toda la batería de descuentos-- la que realmente necesitaba, “entre 2007 y 2012, Ferroatlántica no solo no paga nada por la energía consumida sino que se embolsa más de cuatro millones de euros al año”. Con ese beneficio que obtenía del agua, lo lógico era querer apurar hasta la última gota. 

El río Xallas es, o era, el único de la Europa continental que desemboca en un acantilado, O Pindo, una impresionante mole granítica conocida como el Olimpo Celta, y en el que hay desde un ara romana hasta los restos de un castillo excomulgado (sic) en el año 1130. La presa de Santa Uxía está a un kilómetro de la desembocadura. En 2000 Villar Mir pidió a la Xunta sustituir el caudal ecológico que establecía la concesión (un 10% del total) por un novedoso concepto que llamó “caudal turístico”: permitir el flujo del agua en horario restringido y fijo. La petición era digna de figurar no sólo en los códigos éticos empresariales –“Ferroatlántica, en su permanente actitud de considerar y atender en todo lo razonablemente posible las preocupaciones sociales de la zona, está optimizando la cantidad de agua a gastar en la obtención de una cascada que produzca un efecto estético que incentive la visita”--, sino en la teoría del paisajismo –“al establecerse de una forma fija la ocurrencia de la cascada, esta puede ser observada por un mayor número de espectadores, que son los que al fin y al cabo definen el paisaje”-- y en la del turismo –“el horario más indicado para ello es los domingos al mediodía”--.

Entre exministros franquistas no nos vamos a pisar la manguera, nunca mejor dicho. (Aunque Villar Mir afirma “ser el único español que por dos veces rechazó ser ministro de Franco” y haber sido ministro de la Monarquía, el hecho es que lo fue, con Fraga, del Gobierno Arias Navarro, franquista pos-Franco). El Gobierno gallego concedió la petición y en agosto de 2000 Manuel Fraga incluyó en su apretadísima agenda de inauguraciones la de la única cascada intermitente y con horario fijo del mundo. En 2011, litigios por delito medioambiental por medio (Ferroatlántica salió indemne argumentando que había prescrito), la Xunta volvió a exigir el caudal ecológico.

La Administración gallega tiene ahora sobre la mesa otra demanda de Ferroatlántica. En enero de este año, Ferroglobe, el grupo multinacional a cuyo frente Villar Mir puso a su yerno Javier López Madrid, solicitó la segregación de las centrales de los Xallas y Grande. Los argumentos de la petición son, por una parte, que el sector de las aleaciones ya no es “de dudosa viabilidad, sino una actividad creciente con buenos resultados económicos”, mientras que, por otra, la producción hidroeléctrica es “difícilmente rentable” a consecuencia de los cambios normativos sobre primas y autoconsumo, según justificó el pasado jueves Luis Míguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago (USC).

Míguez, un experto que habitualmente asesora al Gobierno del PP en aspectos administrativos, quitó importancia a la existencia de la cláusula de la concesión que vincula ambos sectores, considerando que las decisiones del Superior y del Supremo se debieron a “motivos formales y en sentencias que nunca entraron a enjuiciar la legalidad de la cláusula". Además, “aunque imponga una obligación, la cláusula es accesoria y, de eliminarla, no afectaría para nada a lo que es la esencia de la concesión”. No se puede decir que la literatura emanada de Ferroglobe carezca de vuelo imaginativo. Por el contrario, Carlos Aymerich, profesor de Derecho Administrativo de la Universidade de A Coruña (UDC) y autor de las alegaciones presentadas por el comité de empresa, afirma que la sentencia del Superior de Galicia, confirmada por el Supremo en 2001, “establece que la cláusula de no segregación tiene carácter esencial. Como ante los tribunales no ha conseguido nada, lo que hace Ferroatlántica es dar un rodeo y llamar a la puerta de la Xunta para que la revoque”.

Ferroglobe ha echado mano del habitual comodín de los puestos de trabajo y de la táctica del palo y la zanahoria. Si no hay segregación, está en peligro la continuidad de la factoría de Hidrocarburos

Además, Ferroglobe ha echado mano del habitual comodín de los puestos de trabajo y de la táctica del palo y la zanahoria. Si no hay segregación, está en peligro la continuidad de la factoría de Hidrocarburos. Si la hay, habrá un plan industrial que supondría la inversión de 100 millones de euros y la creación de 22 empleos directos y 300 indirectos. Y además reforzaría la producción de silicio solar, que ahora realiza en Arteixo con 29 trabajadores, con una nueva planta en las factorías de la Costa da Morte, Cee y Dumbría. Un plan que las federaciones estatales de UGT y CCOO apoyan, pero los trabajadores no. Todos los afiliados y delegados de estas centrales se han dado de baja, y el comité de empresa lo forman ahora seis representantes de la CIG y siete independientes. 

“Villar Mir, o Javier López Madrid, dicen aquí que necesitan vender las centrales para subvencionar el plan industrial, pero a sus accionistas les dicen otra cosa”, asegura Aymerich. “En su propia web, en la página 23 de un informe anexo al de cuentas de 2016, figura: ‘No completar dicha disposición resultaría en una incapacidad para pagar cierto endeudamiento existente y así reducir nuestro apalancamiento y puede afectar negativamente a nuestra capacidad de mantener nuestra liquidez y cumplir con nuestras obligaciones financieras’. Venden porque lo necesitan, no para invertir en nada”. “En enero, cuanto hicieron la petición, no hablaban para nada de un plan industrial. Lo presentaron cuando vieron el rechazo a la segregación”, señala Alfonso Mouzo, portavoz del comité, que recuerda que para construir las centrales hicieron expropiaciones forzosas y las declararon de interés público. “En la Costa da Morte a la factoría no le llamamos ‘Hidrocarburos’ o ‘Ferroatlántica’. Le llamamos ‘la Fábrica’, porque no hay otra”. 

Mientras tanto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se lo piensa y, as usual, dice que hará lo mejor para Galicia y/o los trabajadores. A su vez, Javier López Madrid solicitaba estos días a la junta de accionistas permiso para poder donar a partidos políticos hasta 100.000 libras.