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La comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior fracasará sin llegar a conclusiones esclarecedoras. Habrá sido una pérdida de tiempo y, sobre todo, un desgaste y una neutralización del relato sobre las cloacas del Estado que, por fin, se está enriqueciendo de evidencias, nombres, sombras, herramientas.  

El PP, en solitario, no reúne fuerza suficiente para evitar que se escarbe en el lodo, pero PSOE y Ciudadanos le han cedido músculo para bloquear los trabajos de este órgano parlamentario: la parálisis ha sido tal que se llegó al final de su mandato (3 meses) sin alcanzar ninguno de los objetivos propuestos: sólo habían comparecido el exministro Jorge Fernández Díaz y De Alfonso, exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, protagonistas de las grabaciones. Su interrogatorio no aclaró nada, se marcharon y la comisión volvió a dormirse. Después de mucho estancamiento, llegó Ignacio Cosidó, ex director general de la Policía, y se desvinculó de la Operación Cataluña. Mikel Legarda, presidente del órgano y portavoz del PNV, sintetiza la encrucijada: “No ha habido bandazos, ha habido un bloqueo desde el principio”.

Tras el intento de echar la persiana de PP y Ciudadanos, la presión mediática obligó a aplicar una prórroga de algo más de dos meses. Pero nada cambia. Legarda se mantiene escéptico: “Si seguimos con la misma actitud de los grupos que hasta ahora no han accedido a que comparezcan funcionarios policiales, estos dos meses sobrarán, llegaremos a julio en las mismas condiciones”. En esas fechas, pleno verano, la noticia pasará desapercibida. La política de nocturnidad siempre se deja para julio y agosto.

El balance final de esta comisión será el recuento de lo que nos quedamos sin conocer: cómo actúa la policía política, desde cuándo, qué recursos ha empleado, cuál ha sido el papel de los fondos reservados, quiénes están implicados, qué estrategias se emplearon para tapar la corrupción del PP. El bloqueo es premeditado y estratégico. ¿El objetivo? Que se agote el tiempo sin que las voces fundamentales se escuchen. Quienes más tienen que aportar son los funcionarios policiales: Marcelino Martín-Blas, Eugenio Pino, José Ángel López Gago o José Manuel Villarejo. El método para esquivar estas comparecencias, cuenta Legarda, es un criterio excepcional en este tipo de órganos parlamentarios y que se asumió gracias al apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos. “Ese criterio no se ha seguido en ninguna comisión que ha habido ni en las que están en marcha”. Se trata de que “no se puedan simultanear las peticiones de documentación y las comparecencias”. “Primero había que pedir documentación, estudiarla, y después llamar a las personas; se manifestó que así no llegaríamos a los tres meses. En realidad, debe establecerse un diálogo entre documentación y comparecientes que se vaya enriqueciendo”, explica. En estas circunstancias, la capacidad indagadora permanece mutilada. “Hay una mayoría que está bloqueando y no quiere que se investigue”, señala el portavoz del grupo vasco.

 Mikel Legarda, presidente del órgano y portavoz del PNV, sintetiza la encrucijada: “No ha habido bandazos, ha habido un bloqueo desde el principio”

A esto se añade otra dificultad: la documentación no llega. En las sesiones cerradas de trabajo, se ha vetado buena parte de la información solicitada por ERC. Y cuando se remiten los documentos aceptados, se hace de manera pobre y esquemática. Gabriel Rufián, portavoz de  ERC, cuenta su versión sobre lo que él califica como omertà entre PP, PSOE y Ciudadanos: “El PSOE es la clave, los diputados Trevín y Campo, de forma tremendamente hipócrita, dicen una cosa a puerta abierta y otra a puerta cerrada. Estaría muy bien poder televisar las reuniones a puerta cerrada, mucha gente se escandalizaría”. Llama la atención, sobre todo, si sopesamos el hecho de que el grupo socialista fue uno de los que propusieron la creación de la comisión. CTXT ha tratado de entrevistar a alguno de estos diputados en dos ocasiones, pero no ha recibido respuesta.

Hace unos días, se supo que los socialistas abrieron un poco la mano: se llamará a declarar al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y al exasesor de la cúpula policial José Ángel Fuentes Gago; ambos integraban la llamada brigada política que habría desarrollado la Operación Cataluña. Según informó El Plural, el PSOE reorientó su voto a cambio de mantener el veto a la comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, el exjefe de Asuntos Internos Martín-Blas y Villarejo. El giro ofrece dos conclusiones: primero, que los socialistas tienen la llave para abrir y cerrar el grifo de la investigación; segundo, que no piensa abrirlo cuando exista la mínima posibilidad de que sus Gobiernos se vean implicados. Como puntualizó Jordi Évole en su entrevista a Villarejo, el excomisario ha sido condecorado por las tres formaciones que han ocupado La Moncloa. “Cualquier persona con un mínimo de interés sabe que Nieto, Gago, Villarejo y otros comisarios o agentes del CNI llevan trabajando en esto muchos años, mucho antes de la presencia de Fernández Díaz y mucho antes, incluso, de la presencia de Rubalcaba. Igual se puede llegar a la conclusión de que el PSOE no quiere que vayan para que no hablen de su gestión, digo yo, ¿no?, es una pequeña sospecha”, ironiza Rufián.

¿Qué nos quedaremos con ganas de saber?

El hecho de que afloraran las grabaciones, de que no se sepa quién introdujo un micrófono en aquel despacho y con qué fin ya constituye una evidencia de las toneladas de materia fecal que hierve en las cloacas. Para el PP, el único escándalo es que se registraran las conversaciones del ministro, pero, al margen de esta ilegalidad, los audios exponen una realidad: la actividad conspiradora de un Gobierno para ejercer una represión política a través de las Fuerzas de Seguridad, la Inteligencia y la Fiscalía. “El Fiscal General del Estado se tiene que mojar (…) tiene que tener conocimiento de ello, abrir su propia investigación con una o dos personas de su absoluta y plena confianza y que la Policía parezca dirigida desde la Fiscalía en la investigación. Eso sí le da una credibilidad absoluta”, así se escuchó, en las grabaciones lanzadas por Público, a Daniel de Alfonso hablar de asestar un golpe de gracia a Xavier Trías. Con esa frase se esbozó una línea que partía del gobierno y se extendía al Poder Judicial. Se trataba de envolver en un “empaque jurídico” el ataque deliberado. El Gobierno quería preparar informaciones contra Trias, Francesc Homs o la familia de Oriol Junqueras; así intentarían redireccionar el clima de repulsa propiciado por sus propias tramas y canalizarlo hacia sus adversarios políticos. Se conseguirían dos cosas: por un lado, romperle unos cuantos huesos al Procés teniendo muy en cuenta los ciclos electorales (la consulta del 9-N); y por otro, quizás de manera colateral, homogeneizar la imagen de la corrupción, aportar cimiento al discurso de las manzanas podridas y difuminar lo evidente, esto es, que la carcoma ha devorado todo el edificio de los conservadores, y no así de otros partidos políticos.

El hecho de que afloraran las grabaciones, de que no se sepa quién introdujo un micrófono y con qué fin ya constituye una evidencia de las toneladas de materia fecal que hierve en las cloacas

En las conversaciones también se hablaba de cómo utilizar medios del grupo Planeta para “externalizar” investigaciones que no se podían permitir. Se cerrará la comisión y no sabremos cómo de larga es la conexión entre el poder y ciertos medios de comunicación. Esto supone seguir ignorando la capacidad real de desinformarnos que tiene el Estado.

Daniel de Alfonso reconoció en su comparecencia que se reunió con el ministro de la mano de José Ángel Fuentes Gago, ex jefe de gabinete de Eugenio Pino y miembro de la llamada policía patriótica (cuyos miembros aparecen salpicados en casos como el ático de González, en la elaboración del informe PISA contra el líder de Podemos o en la extorsión para conseguir información de las cuentas de Jordi Pujol). No hay registros de la entrada y de la salida del director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Desaparecieron. La investigación parlamentaria no ha conseguido dibujar cómo se estructuraban estas operaciones; si se pagaba a las manos ejecutoras con fondos reservados, o si también se hacía a cambio de información, silencios y confesiones; tampoco qué capacidad de instrumentalizar a parte de la policía acaparan los grandes empresarios del país. “Ha habido un uso de según qué medios públicos. El problema grande es ese, no que se digan ciertas cosas en los despachos, que también, sino que lo hagan con el dinero de todos”, lamenta Rufián.

Preguntamos a Mikel Legarda. ¿Sabemos hoy algo más de lo que sabíamos al instituirse la comisión? “Teníamos unos indicios de lo que había pasado. A eso tienes que buscarle apoyaturas más densas a partir de documentación, de preguntar en abierto para ver si hay contradicciones. Hay que contrastarlo de manera pública dentro de la comisión. Eso nos está faltando. En mi caso, las convicciones se han fortalecido”, responde. 

--¿Sin la comparecencia de los funcionarios policiales implicados, todo se quedará en nada?

--¿Usted ha visto algún juicio o alguna comisión sin testigos?... Pues ya está respondido.

Este jueves día 29 de junio acudirán a las Cortes José Ángel Fuentes Gago y Eugenio Pino, una muestra reducida de los nombres implicados en el escándalo. Faltan otros. Sin ellos, nunca se podrá llegar al fondo de la cloaca.