Que el cambio climático es la mayor amenaza para nuestro futuro colectivo como Humanidad ya es algo que pocos se atreven a poner en duda. Y los que se han atrevido a hacerlo, como es el caso del actual presidente de Estados Unidos, han quedado aislados en su defensa de la nimiedad del problema y la preferencia de la no acción. Hace menos de una semana, en la reunión del G20 en Hamburgo se volvió a demostrar esta circunstancia. El resultado del 19 contra 1 en las conclusiones respecto de la necesidad de actuar de manera urgente para frenar el cambio climático y dar cumplimiento al Acuerdo de Paris, mostraba el aislamiento de la administración Trump en su posición a la contra en este tema.

En España, el 85% de la población opina que el cambio climático es un problema muy preocupante y el 96% opina que se debe hacer lo posible para evitarlo. Esta unanimidad en la consideración de las enormes consecuencias que para todos tendría no lograr el objetivo de reducir el aumento de la temperatura media mundial a 2º C al menos (ya pocos creen que es posible limitar el aumento a 1,5º C) desaparece cuando pasamos a evaluar las medidas puestas en marcha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los países que más capacidad tienen para actuar han demostrado no tener una legislación a la altura de su responsabilidad y su capacidad frente al problema. Un estudio realizado en Marzo de este año por la ONG Carbon Market Watch puntuaba cada una de las legislaciones europeas en materia climática en función de su ambición, de los avances conseguidos hasta el momento y de la existencia o no de sanciones en caso de no cumplimiento de los compromisos. Sólo Suecia obtiene una puntuación relativamente holgada, (67 puntos sobre 100) junto con Alemania y Francia. Los siguientes dos mejores países sólo obtuvieron algo más de 50 puntos sobre los 100 posibles.

España se encuentra en una vergonzante penúltima posición que refleja la falta de ambición y la falta de seriedad de la política climática española. En 2014 Europa había reducido de media un 24% sus emisiones frente a los niveles de 1990. Sin embargo España las había aumentado un 15% en ese mismo periodo. Sin el efecto de crisis económica este aumento habría sido mucho mayor. En 2007 el aumento fue del 54%, principalmente debido al crecimiento de la construcción y del transporte. La reciente recuperación económica se ha traducido en un nuevo aumento de emisiones y tanto en 2014 como en 2015 las emisiones han vuelto a crecer.

En 2014 Europa había reducido de media un 24% sus emisiones frente a los niveles de 1990. Sin embargo España las había aumentado un 15% en ese mismo periodo

El recientemente publicado Informe sobre la Sostenibilidad en España 2017 de la Fundación Alternativas analiza qué medidas deberían tomarse en marcha para asegurar que España hace lo que le corresponde para cumplir con los objetivos de París. Algunas de estas medidas son:

Sistema energético basado en el uso de fuentes de energía renovables. Transformar un país que depende en más de un 70% de la energía de terceros países en un país que base su energía en su recurso solar, eólico, hidráulico y de la bioenergía no es un reto fácil y sólo será posible alcanzarlo si los objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que está siendo negociada por los Ministerios de Energía y Medioambiente, son realmente ambiciosos e incluyen metas en el corto, medio y largo plazo.

No se ha avanzado prácticamente nada en este campo. El parón de las renovables, las trabas al autoconsumo, la sobrecapacidad del sistema eléctrico español que no deja espacio para nuevas instalaciones limpias y favorece la presión del lobby del gas y de los ciclos del carbón, las ayudas al carbón nacional y que no haya limitación al uso de carbón importado a pesar de los enormes problemas de contaminación que produce y las decisiones de continuar el funcionamiento de un parque nuclear envejecido son obstáculos que sólo podrán resolverse con objetivos realmente ambiciosos que llamen a una transición energética real.

El parón de las renovables, las trabas al autoconsumo, la sobrecapacidad del sistema eléctrico español o las ayudas al carbón nacional son obstáculos que impiden una transición energética real

Eliminar el petróleo del transporte de personas y mercancías: Tarea extremadamente difícil ya que el 80% del transporte se realiza por carretera y la práctica totalidad de este transporte utiliza petróleo para funcionar. Transformar este sector pasaría por facilitar el uso de los vehículos eléctricos, hacer del ferrocarril el principal medio de transporte de mercancías (el 4% de las mercancías españolas usan este medio muy por debajo del 17% de media europea) y mejorar la movilidad en las ciudades, mejorando el acceso y calidad a los sistemas públicos de transporte, reduciendo el uso del coche y favoreciendo el poder caminar y el uso de la bici.

Tampoco en este campo se ha avanzado. Hay muy pocos puntos de recarga para vehículos eléctricos (en el territorio español hay poco más de 2.000 electrolineras frente a las casi 11.000 gasolineras), el 45% de la red de ferrocarril está sin electrificar aún, la movilidad de las ciudades continua basada en el coche y muy pocas ciudades han comenzado a tomar medidas para que esta situación cambie.

La buena noticia es que las ciudades que sí lo han hecho han obtenido buenos resultados: En Sevilla, una de las pioneras en  programas públicos de bicis, se producen 60.000 desplazamientos diarios en bicicleta. En Vitoria, el 12% de los desplazamientos se hace en bici y el uso del coche se ha reducido en un 34%. Grandes ciudades como Madrid y Barcelona también están apostando por una movilidad más sostenible que reduzca los enormes problemas de contaminación del aire.

La Adopción de una ley de Movilidad Sostenible y una Ley de Financiación de Transporte Público (España es el único país europeo que no cuenta con regulación estatal sobre el tema), así como la reorientación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda serían tres de las principales medidas legislativas que ayudarían a lograr este objetivo.

Incentivos (reales) para reducir las emisiones del sector industrial: El 45% de las emisiones en España son originadas por alrededor de 1.100 instalaciones industriales. Todas ellas forman parte del programa de comercio de emisiones europeo (ETS, según las siglas en inglés) que, cuando se aprobó en 2005, se consideró la herramienta más eficiente para incentivar la reducción de emisiones. Los resultados han sido limitados. En España se han reducido las emisiones del sector un 28% entre 2005-2015 pero se habrían conseguido reducciones mayores de haber reducido el número de derechos de emisión y las asignaciones gratuitas en ese mismo periodo.

La eliminación de las subvenciones a la industria y al sector energético contrarias al Acuerdo de París, la aprobación de un fondo de transición justa que ayude a crear alternativas laborales para las regiones en riesgo de cierres de empresas, fomentar la eficiencia energética en empresas, especialmente en las pymes, serían algunas de las medidas necesarias, sobre las que se ha avanzado muy poco aún.

Medidas de adaptación a los impactos del cambio climático: Esta es quizá una de las áreas de las que menos se habla cuando nos referimos al cambio climático. Sin embargo, es también la más necesaria para mejorar la calidad de vida de todos. Las olas de calor que aumentan cada año y son más duraderas afectan a la salud de todos, sobre todo mayores y niños y niñas. Los periodos de sequía y las lluvias torrenciales producen pérdidas agrícolas y ganaderas y secan embalses y pantanos. Los incendios, de mayor gravedad, cada vez serán más difíciles de apagar no sólo por la sequedad del monte, sino porque se han abandonado las tareas de mantenimiento de nuestras superficies forestales, las inversiones en prevención se han recortado hasta en un 70% en los últimos años y, a pesar de la gravedad del problema, no se han identificado las Zonas de Alto Riesgo de Incendios tal y como proponen desde hace años las ONGs ambientales.

Abordar estos impactos requiere de análisis e investigación, de interés político, de la participación de todos los colectivos involucrados en la toma de decisiones (no es suficiente con dos días de participación) y que esta participación continúe a lo largo de la implementación y del análisis de resultados tal y como ocurre en otros países europeos. Y, por supuesto, requiere también de una financiación (la partida de cambio climático de 2017 se ha reducido en un 45%) que permita la ejecución de las medidas acordadas.

Más allá de que todas estas medidas específicas son necesarias hay también otras medidas transversales: un sistema educativo que forme en sostenibilidad, un sistema fiscal que reduzca los impuestos sociales y aumente los impuestos ambientales, un sistema que mida el progreso social, económico y ambiental del país, más allá del PIB y, en general, apoyar modelos sociales y económicos - alternativas que ya se están desarrollando a nivel local y regional- donde ciudadanos y ciudadanas apuestan por modelos de banca ética, alimentación ecológica, reparación frente a compra y modelos colectivos de movilidad sostenible.

Así que, teniendo los avances alcanzados en todas estas áreas, lamentablemente la respuesta es que España (aún) no se toma en serio el cambio climático. ¿Cambiará esta situación con la nueva Ley de Cambio de Cambio Climático y Transición Energética que está desarrollando el gobierno?

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Ana Belén Sánchez es Coordinadora del área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas