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¿Cuánto le cuesta a España el cambio climático? Mucho dinero. Una cifra incalculable que nadie ha sido hasta ahora capaz de cuantificar y de cuyo aumento sostenido cada vez hay más indicios, mientras los gobiernos centran su actuación en mantener una multimillonaria política caritativa (caridad: “limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados”) con algunos de sus damnificados.

“El cambio climático es un mecanismo que se retroalimenta, que tiene unos costes incalculables y que en unos años va a suponer una reducción sustancial del PIB, de varios puntos”, pronostica Santiago Martín Barajas, responsable de Agua de Ecologistas en Acción. Al margen de la perspectiva productiva, entidades como la aseguradora DKV llaman la atención sobre algunos previsibles efectos de la alteración de la meteorología como elevar la transmisión de algunas enfermedades infecciosas, y prestigiosas publicaciones científicas como The Lancet califican esas modificaciones como “amenaza mundial” en términos de salud pública (especialmente por sus efectos en las patologías respiratorias), mientras la OMS (Organización Mundial de la Salud) se pronuncia en términos similares cuando estima que unas 1.800 personas mueren cada año de manera prematura en España como consecuencia de su exposición al ozono troposférico, un gas dañino también para las plantas y cuyo aumento se encuentra entre los efectos secundarios de las olas de calor como la que desde hace unos días azota España, y que serán cada vez más frecuentes. 

Junto con las consecuencias en la salud pública, de difícil valoración económica, entre los principales efectos ambientales del cambio climático se encuentran el aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones y la alteración de su régimen, con la ampliación de los periodos de sequedad y una concentración de las descargas, estas con un carácter progresivamente más torrencial.

Nadie ha sido hasta ahora capaz de concretar cuánto le cuesta a España el cambio climático pero hay cada vez más indicios de que su coste va en aumento

Las temperaturas más elevadas y la llegada cada vez más temprana del calor veraniego aumentan de manera notable la evaporación del suelo y la evapotranspiración de los vegetales ya en primavera, lo que eleva tanto la demanda hídrica de las plantas como, en muchos casos, su estrés, además de disparar el riesgo de incendios forestales. La reducción de las precipitaciones, tanto en forma de agua como de nieve, tiene uno de sus principales efectos en el desplome de las aportaciones de los ríos, que cayeron más de un 14% entre 1995 y 2005 (un 38% en la cuenca del Segura, un 21% en la del Ebro, donde se espera un retroceso de otro 5% en una década) en relación con la serie de 1940 a 1996 y que, según varios estudios, van a seguir menguando. Es decir, que cae la disponibilidad del recurso al mismo tiempo que aumentan las necesidades de los cultivos, hasta el punto de que organizaciones como COAG advierten de que los viñedos del Duero, el Ebro y la mitad sur del país pueden llegar a necesitar el riego “para mantener el cultivo”. Mientras tanto, la alteración del régimen pluvial se traduce en una intensificación de los procesos de erosión del suelo. 

Una tradición millonaria

¿Qué se puede hacer ante un cuadro de este tipo, que recorta drásticamente la disponibilidad de agua para regar al mismo tiempo que decenas de miles de agricultores de secano ven perderse de nuevo sus cosechas por falta de lluvias? Depende de a quién se le pregunte. 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) mantiene la tradición de los decretos de sequía, los cuales, desde hace décadas, combinan la exención de pagos por el uso del agua para los agricultores con el anuncio de nuevas obras hidráulicas o la modificación de las normas sobre la gestión del recurso. El último, aprobado en el Consejo de Ministros del 9 de junio y que en unos días será debatido en el Congreso, establece una serie de exenciones y moratorias en el pago de las tarifas por acceder al agua y en las cuotas de la Seguridad Social para los agricultores de las cuencas del Júcar, el Segura (incluido el suministro del Tajo vía trasvase) y el Duero, donde este año ha llovido apenas la mitad de lo normal y las organizaciones agrarias valoran en casi mil millones de euros las pérdidas en el sector.

La resolución, que amplía la posibilidad de aplazar el pago de las cuotas del seguro por un año a todas las explotaciones agrarias del país afectadas por la sequía y que está complementada por otra con rebajas en los seguros agrarios, liberaliza la transmisión de derechos de agua para esta campaña dentro de cada una de las tres cuencas, situación que se amplía hasta la siguiente en el Segura y el Duero.

¿Cuánto cuesta este tipo de medidas? Resulta muy difícil cuantificarlo. Un estudio de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) señala cómo, entre 2005 y 2009, las exenciones de las tarifas del trasvase Tajo-Segura a los agricultores y ayuntamientos de la segunda cuenca sumaron 62,9 millones de euros mientras la compra del agua solo les había supuesto 47,7. El Gobierno prevé que esas cifras crezcan, ya que estima que las rebajas alcanzarán esta campaña los 35 millones solo para los beneficiarios de la transferencia hídrica, que únicamente recibirán el agua que compren ante la situación de esquilmación de la cabecera del Tajo, más ocho en el Duero y 8,5 en el Júcar.

Tijeretazo en Medio Ambiente

“La declaración de situaciones de sequía suele ser el punto de partida de nuevas obras hidráulicas, con lo que a la siguiente sequía tenemos más presas vacías”, indica Pedro Arrojo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, miembro de la FNCA y diputado de Unidos Podemos, que resalta que, en situaciones de escasez, el ejecutivo nunca aplica medidas de disuasión del consumo y, desde hace unos años, aprovecha cada episodio para aumentar la liberalización del mercado del agua.

Lo cierto es que el ejecutivo de Mariano Rajoy, partidario como todos sus antecesores de no prever en sus presupuestos otros efectos de calentamiento global como las riadas pese a llevar décadas causando daños por valor de 800 millones anuales, no es muy proactivo en esta materia. Este año ha recortado en más de un 40% las partidas dedicadas a la lucha contra el cambio climático, tal y como denunció Greenpeace: 54,5 millones tras un tajo que la ministra, Isabel García Tejerina, intentó camuflar con el argumento de “que las acciones contra el cambio climático quedan integradas en las políticas sectoriales”. 

El ejecutivo de Mariano Rajoy es partidario de no prever en sus presupuestos otros efectos del calentamiento global como las riadas pese a llevar décadas causando daños por valor de 800 millones anuales

Ocurre otro tanto con la planificación. El regadío consume el 82% del agua que se regula y distribuye en España, mientras el otro 18% se reparte entre el abastecimiento a poblaciones y el suministro a la industria (usos como la producción de energía no son consuntivos), según un estudio de Ecologistas en Acción sobre los últimos planes hidrológicos aprobados por el Gobierno. Más de un tercio de los 15.127 hectómetros cúbicos de agua que consumieron en 2014 las algo más de cuatro millones de hectáreas de regadío de España (5.454, el 36%, casi la mitad de ellos en Andalucía y Aragón) se siguen gastando por gravedad, en prácticas ineficientes, según revela la Encuesta sobre el Uso del Agua en el Sector Agrario del INE (Instituto Nacional de Estadística), que también indica que en 2005 la proporción entre los sistemas localizados como el goteo y la aspersión, por un lado, y “la manta”, por otro, era prácticamente del 50% por el 50%.

Las perspectivas de esos planes apuntan a que en los próximos cuatro años la demanda urbana crecerá ligeramente para situarse en 4.613 hectómetros y la industrial seguirá en el entorno de los 818 actuales, mientras a las actuales 4,07 millones de hectáreas de regadío se les añaden otras 687.686, dos tercios de ellas (445.000) en el Ebro. “Estimamos que los nuevos regadíos supondrían un consumo adicional de agua con respecto a la situación actual de, al menos, 3.000 hectómetros anuales para el conjunto del país, lo que supondría un incremento neto de aproximadamente el 10 % del consumo total actual de agua”, señala el estudio, que pronostica “una situación de completa insostenibilidad y de auténtico colapso hídrico y medioambiental dentro de unos pocos años en una buena parte del país”, en la que pueden darse cuadros de déficit estructural, además de en la cuenca del Segura, en el Júcar, el Guadiana, el Guadalquivir, las cuencas catalanas y las mediterráneas, el sistema Guadalete-Barbate y parte de las del Tajo y Ebro, lo que supone “aproximadamente la mitad de la superficie peninsular”.

El regadío consume el 82% del agua que se regula y distribuye en España, mientras el otro 18% se reparte entre el abastecimiento a poblaciones y el suministro a la industria

¿Qué hacer sin saber qué hacer?

Mientras el país camina hacia el colapso, quizás no sería un mal momento para que el nuevo-PSOE-de-siempre de Pedro Sánchez desempolvara aquel párrafo de su programa electoral que abogaba por encomendar al Banco de España un informe anual “sobre la exposición de la economía y el sector financiero a riesgos climáticos y de carbono”, para que el Unidos Podemos pos-Vistalegre afine su ambiguo propósito de “llevar a cabo un plan de adaptación al cambio climático de ciudades, administraciones públicas y sectores estratégicos”, para que C’s concretara sus inconcretos “objetivos ambiciosos a medio y largo plazo” en la reducción del lanzamiento de gases de efecto invernadero y el desarrollo de las fuentes de energía renovable y/o para que el PP aclare su contradictoria propuesta de combinar “un marco adecuado para que la minería energética competitiva sea un sector de futuro” con dar “pasos adicionales para lograr una economía con menores emisiones de carbono”. En esas propuestas electorales de los cuatro principales partidos se encuentra la clave de la lucha contra el cambio climático en España: ninguno de ellos parece tener un plan claro, pese a que se trata de una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el sistema económico y sobre la seguridad ecológica y ambiental del país.

“El impacto ambiental está siendo fortísimo, con una repercusión enorme sobre los ecosistemas fluviales que, además, se incrementa por el aumento de las demandas” para industria, regadío y abastecimiento, especialmente intensa en verano en las zonas de afluencia turística como los litorales mediterráneo y cantábrico, explica Erika González, de Ecologistas en Acción, para quien “no hay recursos para sostener tanta demanda”.

“Se trata de planificar el uso de los recursos, y de hacerlo de manera que resulte lo menos doloroso posible”, apunta, al tiempo que recuerda que el objetivo principal de la Directiva Marco del Agua es alcanzar un buen estado ecológico de los ecosistemas fluviales. González aboga por determinar los usos del agua en función de los menguantes recursos existentes reduciendo de cuatro millones de hectáreas a tres la superficie de regadío y adecuando también los desarrollos urbanísticos a la disponibilidad real de agua.

“No se puede poner el acento en las infraestructuras sino en cómo aprovechar los recursos. El hormigón no va a solucionar los efectos del cambio climático”, anota González, para quien mejorar la eficiencia de las redes de distribución “es un primer paso, pero resultará insuficiente si continúa aumentando la demanda”.