Las experiencias de recesión económica, como la sufrida en Europa a lo largo de la última década, así como los consecuentes recortes que afectan a los distintos servicios públicos, ponen de relevancia en qué medida el deterioro de dichos servicios tiene un efecto directo sobre los recursos de los cuales dispone la ciudadanía y las decisiones a tomar en función de ellos. En materia de dependencia, la profunda reforma de los sistemas de cuidados de larga duración (CLD) durante el período de crisis revela un escenario en el cual se han visto transformadas tanto la expansión de estas ayudas asistenciales como las características de las mismas, afectando de forma directa a las decisiones acerca de la prestación de cuidados por parte de familias o personas a cargo de los dependientes.

Las decisiones acerca de este tipo de asistencias son tomadas habitualmente basándose en una evaluación de las necesidades de los dependientes, influida por la disponibilidad y asequibilidad de los mismos. Atendiendo a estos parámetros, las asistencias pueden ser proporcionadas en función de diferentes modalidades que, en la mayoría de los casos, influyen de forma fundamental en las políticas de financiación sobre los que se sustenta dicho sistema de cuidados. Así, los servicios asistenciales pueden ser informales, es decir, llevados a cabo dentro del propio hogar –habitualmente por parte de familiares–, servicios de atención domiciliaria y comunitaria – visitas a cada casa y centros de día–, o llevarse a cabo en establecimientos fijos como residencias u hospitales. Partiendo de estas posibilidades, la decisión sobre la idoneidad de cada una de ellas, en función de los condicionantes de cada caso, requiere tener en cuenta diferentes factores de tipo económico que pasan por la disponibilidad asistencia de tipo informal –no remunerada–, así como la asequibilidad de servicios complementarios, en muchos casos fundamentales a largo plazo.

Las diferentes casuísticas que encontramos en los distintos países de ámbito europeo en función de la existencia de ordenamientos independientes en esta materia, ha generado, a raíz de la crisis de 2008, una situación de notable heterogeneidad en cuanto a los modelos de atención y las condiciones de extensión de estos servicios. Este fenómeno se puede constatar analizando los datos de gasto que cada país presenta en este aspecto –aunando tanto gasto social como sanitario– recogidos en el estudio Health at a Glance 2015, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En líneas generales, Países Bajos, primer país en crear un sistema de financiación público universal, muestra el volumen de gasto más elevado en relación a su PIB (4,3%), seguido de Suecia (3,2%), Noruega, Dinamarca y Finlandia, estos tres últimos con valores que superan el 2%. República Checa, Hungría y Estonia, con datos que apenas alcanzan el 0,3 % se encuentran a la cola de la lista de países que dedican parte de su presupuesto a estos  servicios, mientras que Grecia y Eslovaquia no ofrecen ningún tipo de ayuda pública en esta materia.

Fuente: Observatorio Social 'la Caixa'

resulta conveniente advertir las diferencias existentes entre los países del norte y el sur de Europa en cuanto desarrollo de sus programas de financiación pública

Además de estas variaciones en términos meramente cuantitativos, las diferencias en relación a los modelos de financiación y organización de estos cuidados destacan por las peculiaridades de cada país en función de la cultura asistencial predominante, así como del peso la familia como institución social. En este sentido, resulta conveniente advertir las diferencias existentes entre los países del norte y el sur de Europa en cuanto desarrollo de sus programas de financiación pública, atendiendo en gran medida a la consolidación de núcleos familiares que, en líneas generales, suelen ser más sólidos en países del sur y el este europeo que zonas más al norte –países escandinavos en particular–.

Así, mientras que en países centro-septentrionales (Alemania, Suecia, Países Bajos) la financiación universal mediante recursos públicos se encuentra generalizada, y la laxitud de los vínculos familiares hace predominar el desarrollo de cuidados formales, liberando de dicha tarea a las familias, en países del sur y el este, así como en Reino Unido e Irlanda, las ayudas en cuanto a cuidados formales se conceden exclusivamente a familias con dificultades económicas –previa investigación de los recursos que presente dicha familia–. A través de este segundo modelo, consolidado principalmente durante la crisis, se fomenta el desarrollo de la asistencia en el propio domicilio a través de ayudas para que los propios familiares se encarguen de dichos cuidados. No obstante, el impacto de la recesión económica a nivel europeo a lo largo de los últimos años, ha comenzado a generar una tendencia de reducción del recurso de las residencias, incrementando la disponibilidad de cuidadores informales, pero al mismo tiempo reduciendo la asequibilidad de los servicios de asistencia comunitaria y domiciliaria, lo cual vislumbra una dinámica que progresivamente va asemejando el sistema de asistencia a nivel europeo al modelo desarrollado en países del sur de Europa anteriormente expuesto.

El caso de España resulta bastante singular dada la evolución histórica de la regulación en este aspecto. Antes del año 2006 los sistemas de financiación pública para la atención de personas dependientes eran bastante similares a los del resto de países del sur europeo, con ayudas sometidas al nivel de ingresos de los beneficiarios. La posterior aprobación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, supuso la universalización de las ayudas públicas para la atención domiciliaria y comunitaria, así como la concesión de una cantidad para apoyar la extensión de cuidados informales. Sin embargo, en 2012 la reforma que en el marco de los recortes presupuestarios redujo la magnitud de las subvenciones públicas para este tipo de partidas, supuso una drástica rebaja de las subvenciones a los cuidados de larga duración, así como una reducción de entre un 15% y un 25% -en función del grado de dependencia- en ayudas monetarias a los cuidadores informales. Actualmente, el gasto relativo en cuidados de larga duración en España está por debajo de la media de la OCDE y a un nivel parecido a los de Corea del Sur y otros países del sur de Europa.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto Los cuidados de larga duración en los países europeos después de la crisis, de Joan Costa-Font, investigador de la London School of Economics, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.