España continúa financiando el avance del cambio climático. El apoyo brindado por parte del Gobierno español a los sectores productivos más relacionados con actividades altamente contaminantes se mantiene como el soporte fundamental para la viabilidad económica de dichas industrias. Esta es la principal conclusión que se desprende del estudio elaborado por la Red Europea para la Acción Climática (CAN) y el Instituto para el Desarrollo Exterior (ODI) acerca de las ayudas que el sector público destina al desarrollo de los combustibles fósiles como principal apuesta energética de nuestro país. El informe aborda el impacto que las políticas implementadas por el Gobierno en materia energética y medioambiental han tenido sobre la paralización de la transición energética del modelo productivo español. El estancamiento de dicha transición, además de ir en contra del cumplimiento los diferentes acuerdos internacionales adoptados por España, perpetúa una situación de extraordinario riesgo a nivel medioambiental, a través de los diferentes programas de subvención y exención fiscal a sistemas de producción de energías no renovables.

El estudio, firmado por varias de las principales organizaciones ecologistas a nivel internacional (WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción, etc), denuncia la falta de responsabilidad medioambiental demostrada por los diferentes gobiernos de los países comunitarios de mayor relevancia en materia energética. Según el documento, la estructuración de las ayudas públicas en función de  la sostenibilidad ecológica de las diferentes fuentes de producción energética muestra cifras que en modo alguno se corresponden con el cumplimiento de los objetivos marcados por la UE para la suspensión total de las subvenciones fósiles, prevista para 2020. Así, entre los años 2014 y 2016 se destinaron 112.00 millones de euros al apoyo de los combustibles fósiles entre los once principales países de la Unión. Un volumen de ayudas que, según denuncian las organizaciones firmantes, dificulta el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a 1’5ºC, estipulado en los diferentes tratados internacionales.

En el caso de España, a pesar de la falta de transparencia por parte del Gobierno -- denunciada en el informe--, el volumen de ayudas a nivel estatal ronda los 1.000 millones de euros anuales. Un apoyo, habitualmente canalizado a través de los modelos de fiscalidad, que, según estima el documento, alcanzó los 473 y 470 millones de euros en el caso de la producción de carbón y electricidad respectivamente entre los años 2014 y 2016. Durante dicho período, el apoyo fiscal al consumo de combustibles de origen fósil en el sector del transporte fue de 339 millones, mientras que en el sector de la agricultura esas ayudas ascendieron a los 430. El informe refleja asimismo el gasto de 56 millones de euros de media anuales ofrecidos como financiación pública internacional por parte de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) para la producción de petróleo, gas y electricidad. Esta línea de financiación, mantenida durante al menos los tres años a los cuales se refiere el estudio -2014, 2015 y 2016-, tendría a Angola, Costa Rica, Kenia, Rumanía y Turquía como países beneficiados.

El caso de las ayudas al carbón en nuestro país resulta especialmente significativo. Durante el pasado año, el carbón supuso la tercera mayor fuente de energía para el sector eléctrico en España, una posición que para nada se corresponde con el peso que a priori debería tener este sector en relación con los niveles de productividad y rentabilidad que ofrece. Según defiende el informe, la producción de carbón autóctono en España no resulta en modo alguno rentable, y su supervivencia depende de las cantidades mínimas de producción de carbón fijadas por el Gobierno en función del consumo anual de las centrales térmicas nacionales. Unas cuotas que suponen actualmente la única garantía para la supervivencia de las compañías mineras de carbón públicas.

La totalidad de las organizaciones firmantes del documento coinciden en señalar la aceleración de la desinversión en tecnologías fósiles como la única vía para lograr un modelo productivo sostenible a nivel ecológico que, según afirman, debe pasar por la reorientación de estos fondos públicos hacia la inversión en un sistema energético 100% renovable. En este sentido, en línea con los objetivos de descarbonización de la UE, España se encuentra actualmente inmersa en el Plan de Acción Nacional de Energía Renovable 2010-2020. Un programa concebido con el objetivo de aumentar el volumen de las energías renovables hasta el 20% del total del consumo energético en nuestro país para el año de finalización del mismo, que, sin embargo, se encontró en 2012 con un estancamiento de los fondos destinados a dicho fin. 

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.