Cambiar nuestros hábitos de vida podría evitarnos muchas enfermedades,  dolencias y muertes. Por ejemplo,  aquellas asociadas a conductas de riesgo modificables o prevenibles como el tabaquismo y la conducción temeraria. Una prueba de esto es la disminución en un 37%, entre 2000 y 2015, en España de la carga de enfermedad – el impacto de las pérdidas mortales y no mortales de las enfermedades y los accidentes en las personas-- por estas dos causas. Las medidas legislativas aprobadas son, en parte, responsables de esta mejora en la salud de los españoles, pero no todas fueron igual de eficaces.

La experiencia ha demostrado que las iniciativas parciales que trataban de frenar de una forma laxa la mortalidad por tabaquismo y por conducción temeraria no han sido efectivas. Aquellas, sin embargo, más restrictivas si obtuvieron resultados. Por ejemplo, el número de fallecidos por tabaquismo solo se consiguió disminuir con la prohibición total de fumar en determinados lugares como centros de trabajo, bares, etc., mediante la ley de espacios libres de humos.

En el año 2000 en España “se perdieron unos 25.000 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por cada 100 mil habitantes”, según los datos del Institute for Health Metrics Evaluation. Los AVAD resumen en un indicador único el tiempo y la calidad de vida relacionada con la salud. Perder un AVAD equivale a perder un año de vida en plena salud.

De esos 25.000 años de vida perdidos, el 14% estaba asociado al tabaquismo y el 3,41%  a la conducción temeraria y/o bajo los efectos de alcohol y drogas.

Como respuesta a estas cifras, los poderes públicos decidieron poner en marcha políticas destinadas a reducir las conductas  y comportamientos con un alto riesgo para la salud. En los primeros años, la administración optó por la aplicación de sanciones y castigos punitivos de escasa relevancia. Así, por ejemplo, para luchar contra el tabaquismo se incorporaron advertencias sanitarias en el etiquetado del tabaco, se prohibió su publicidad y promoción y se implantó la regulación parcial del consumo en los lugares públicos (Ley 28/2005). Para reducir la mortalidad viaria, se lanzaron campañas televisivas en las que mostraban accidentes de tráfico terribles y se instauró el sistema de pérdida de puntos por infracciones de tráfico con sanción solo administrativa (Ley 17/2005).

Años después, la administración decidió ir más allá y aprobar nuevas medidas con un carácter más coercitivo, como la prohibición total del consumo de tabaco en lugares públicos cerrados (Ley 42/2010) y la tipificación de las conductas consideradas como “conducción temeraria” en la reforma del Código Penal del año 2007.

Si se escoge la reducción de la mortalidad como el factor principal a la hora de valorar la eficacia de dichas medidas, se aprecia que el segundo modelo ha sido más adecuado. En el caso de los accidentes de tráfico puede verse  un claro descenso del número de muertes desde el año 2007. La entrada en vigor de la ley antitabaco en 2010 provocó una caída brusca del 9,41% en las ventas de cigarrillos, lo que vino a consolidar una tendencia iniciada anteriormente, aunque de manera más suave.

En comparación con los 25.000 años de vida ajustados por discapacidad por cada 100 mil habitantes que se perdían en el año 2000 debido a estas dos conductas de riesgo, en 2015 la cifra se ha reducido en unos 1.400 años de vida ajustados. Aun así, a pesar de los avances, siguen siendo problemas graves que es necesario atajar. En 2015 el tabaquismo fue responsable del 9,63% de la carga total de enfermedades en España, mientras que la conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol y las drogas lo fue del 1,09%.

------------------

Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto ¿Cómo legislar para promover la salud pública? Los casos del tabaco y los accidentes de tráfico, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.