Hasta 21 veces los miembros del PP y Ciudadanos de la Mesa del Parlamento han ampliado el plazo para presentar enmiendas a la  Iniciativa Legislativa Popular, según denuncia la plataforma Poletika en su último informe. La ILP, promovida por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, pide garantizar una renta de 426 euros mensuales a las personas en paro que no tengan acceso al subsidio por desempleo y cuyos ingresos sean inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, unos 2,4 millones de personas.

La ILP se presentó con el apoyo de 700.000 firmas y, pese a que el PP intentó tumbarla y canjearla por una “comisión de estudio”, los votos a favor de  PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PNV y parte del grupo mixto consiguieron que fuera admitida a trámite el pasado mes de febrero. Desde entonces, la iniciativa permanece “secuestrada” por la Mesa del Congreso.

Poletika, integrada por más de 500 ONG, hace balance de las políticas sociales en el primer año de la actual legislatura y, aunque señala que se han dado algunos pasos positivos, “son claramente insuficientes para que representen un cambio real en la vida de millones de personas.”

De los 11 aspectos que examina --Sanidad, Educación, Género, Transparencia, Protección social, Fiscalidad, Infancia, Salarios dignos, protección de civiles en conflictos, Cooperación al desarrollo y Cambio climático-- el Gobierno solo logra aprobar en uno, los salarios, por el aumento del SMI (salario mínimo interprofesional). En el resto de asignaturas obtiene 6 insuficientes y 4 ‘necesita mejorar’.

Polétika valora positivamente el incremento del 8% del SMI, pactado por Gobierno y PSOE, y los proyectos de ley del PSOE y Unidos Podemos para asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. También la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género, el anteproyecto de Ley del cambio climático y los posibles avances en transparencia, pero lamenta el abandono de las políticas de cooperación, el desinterés del Gobierno en cumplir con sus compromisos respecto a los refugiados, la continuidad de la LOMCE y de los recortes y la exclusión en sanidad.

En cuanto a la protección de la infancia, señala que las diversas iniciativas presentadas en el Congreso no han llegado a concretarse en acciones, aunque valora la creación de la Comisión no Legislativa de Derechos de Infancia y Adolescencia.

Por otro lado, la organización valora positivamente la aprobación en el Congreso del Pacto de Estado contra la violencia de género, aunque alerta de la necesidad de un seguimiento adecuado y garantías de dotación presupuestaria una vez se ponga en marcha. Por otro lado, considera que la aprobación del anteproyecto de ley sobre custodia compartida impuesta puede suponer un “riesgo” para las mujeres y menores en situaciones de maltrato.

Respecto a la protección de civiles en conflictos internacionales, el informe denuncia la falta de voluntad política del Gobierno, pese a la vigilancia ejercida por el Parlamento. No se ha cumplido la cuota de acogida de refugiados pactada con la UE (sólo se ha acogido a un 11% del total asignado) y la venta de armas sigue siendo opaca y sin control.

La cooperación para el desarrollo tiene una relevancia  muy escasa en la agenda política, situación que desde la plataforma se califica de “insostenible”, y el presupuesto que se le asigna (un 0,21% de la Renta Nacional Bruta) es claramente insuficiente, como ya se ha advertido en otras ocasiones.

Aunque el anteproyecto de Ley de cambio climático y transición energética supone una “oportunidad única” para avanzar en este terreno, Polétika denuncia la lentitud con la que se está legislando ante un problema “urgente”. Recuerda también que no se ha derogado el impuesto al Sol a pesar de que la mayoría de la oposición lo pactó en febrero de 2016.

En el terreno educativo, la plataforma muestra “preocupación” por el hecho de que la subcomisión para un Pacto Social y Político por la Educación haya escuchado a los portavoces del Banco Mundial y la OCDE, y no haya establecido, en cambio, un diálogo con los actores de la sociedad civil. Además, recuerda que no se ha cumplido el compromiso firmado por la mayoría de la oposición en 2013 para derogar la LOMCE en cuanto el PP perdiese la mayoría absoluta.

Aunque se ha aprobado un Plan de lucha contra el fraude fiscal, el informe afirma que está “enfocado de forma exclusiva al fraude a pequeña escala” y “deja fuera medidas de lucha contra las prácticas de evasión y elusión fiscal por parte de grandes empresas y grandes fortunas”.

Respecto a la transparencia, se valora positivamente la proposición de ley presentada por Ciudadanos, que ampliaría los datos de publicación obligatoria y eliminaría el requisito de identificación a la hora de pedir información pública, además de otras iniciativas.

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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.