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Hoy, que crear discursos está en boca de todos, parece más necesario que nunca relativizar el de la recuperación económica: ¿de quién? ¿es real? ¿bajo qué condiciones? ¿con qué perspectiva de futuro? Al abordar este tema, enseguida surge un aluvión de preguntas sobre las que el recién publicado Informe del Estado de la Pobreza en España 2017 no deja duda: la recuperación económica no llega al grueso de la población.

El pasado 17 de octubre se celebró el Día Internacional de la erradicación de la pobreza. EAPN, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, desplegó toda su estrategia mediática para presentar su informe de seguimiento sobre los riesgos de exclusión social. El lunes de esa semana las regiones del norte amanecieron tristes, con el cielo rojizo por los fuegos que asolaban los montes. Además, el rifirrafe catalán estaba en pleno apogeo, de modo que las portadas de los grandes medios no encontraron mucho lugar para recordar a los españoles que el Estado esconde, cada vez más, desigualdades.

Resulta chocante que, en el momento de recuperación, la tasa de pobreza entre la población española alcance máximo históricos

El informe certifica quiénes son los protagonistas más desfavorecidos de esta historia: “Cuando amenaza crisis, los daños comienzan siempre por la población pobre y, cuando se controla, ésta es la última en beneficiarse”. Resulta chocante que, en el momento de recuperación, la tasa de pobreza entre la población española alcance máximo históricos desde que se toma registro con la actual metodología. Para el año 2016 queda fijada en un 22,3%, lo que implica que en España hay 10.382.000 personas en riesgo de pobreza. El porcentaje subió abrumadoramente en los momentos de más recortes, en la bisagra de 2013 y 2014 (+1,8% sólo en un año), y se ha estancado en sus límites superiores. Los especialistas explican que España presenta, en lo que se refiere a pobreza, un comportamiento estático en el registro global y de alta transitoriedad entre las personas en esta situación. Es decir, la pobreza en España lleva instalada por encima del 20% desde hace una década, mientras que se da un flujo de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión constante. Durante la crisis, la estabilidad se ha roto con la entrada de nuevos perfiles en los riesgos de exclusión, fruto del desempleo, los desahucios, la precariedad… Así lo evidencian los tercos datos estadísticos: la única intervención en los últimos años por parte del Estado central ha sido el recorte de derechos básicos, constriñendo la situación de la población; esta intervención negativa desencadenó un efecto inmediato: un incremento de la tasa de pobreza en España, que pasó del ya elevado 19,8% de 2008 hasta el 22,2% de 2014. A partir de ese punto no se ha puesto en marcha ninguna política de corrección, por lo que la pobreza en España vuelve a enarbolar la tasa estática que postula la investigadora Aroa Tejero, ahora en datos superiores y con pocos visos de mejora en un futuro cercano. La excusa perfecta para un gobierno impasible en sus políticas sociales: “Como la tasa de pobreza es estática, no podemos hacer nada para aminorarla. Así que no hacemos nada”. Pero asumir que esa tasa en España es estática sólo responde a una completa inacción para paliarla, lo cual resulta difícilmente ajustable al mensaje de recuperación económica que efectivamente impera.

El hecho de fondo en cuanto al análisis de la pobreza en España que proporciona EAPN pone sobre la mesa algunos puntos que necesitan de una atención pormenorizada. En primer lugar, la discriminación de género se acentúa entre los grupos más vulnerables, de tal forma que las familias monoparentales, prácticamente encabezadas en la totalidad de los casos por mujeres con niños a su cargo, casi duplican las tasas de pobreza (42,2%) respecto a los hogares de dos adultos con menores (25,5%). Sin embargo, y esto es algo que conviene subrayar, en España tener hijos supone un factor de riesgo de pobreza: los hogares de dos personas sin hijos a cargo concentran una tasa de pobreza del 19,6%. Eric Crettaz  y otros investigadores europeos lanzan un mensaje claro a este respecto, como se explica en un artículo publicado en CTXT sobre los cuidados: la ausencia de políticas públicas destinadas a la crianza implica una vulnerabilidad muy evidente entre la población. Si hablamos de cuestiones de género, tenemos que poner también el acento sobre un sistema de pensiones estable pero insuficiente y remarcar que, entre las pensiones mínimas, la tasa de mujeres beneficiarias duplica a la de hombres. En concreto, las pensiones de viudedad abocan a las mujeres a la penuria, ya que el 70% de ellas están por debajo del umbral de pobreza, y el 17% por debajo del umbral de pobreza severa. Esto es, 342 euros mensuales por unidad de consumo. ¿Quién vive con 342 euros? Pues parece que ellas.

Por otro lado, la infancia sigue siendo el termómetro principal de la exclusión, y el informe pone de relieve la dura realidad de que hoy mismo uno de cada tres niños españoles está en situación de pobreza. Al mismo tiempo, se ha dado una inversión entre los grupos más afectados: ahora son los jóvenes entre 16 y 29 años los que registran mayor tasa de pobreza, con un 28,9% en 2016. Esto responde a un descenso en la natalidad, así como a que los empleos que está creando la supuesta recuperación son cada vez más precarios. La contradicción la remarca EAPN: hoy se trabaja más en los hogares, pero más hogares son pobres. Aquí emerge el problema estructural más profundo que ha dejado la crisis: la desregulación de las relaciones laborales implica el desarrollo de una trayectoria laboral incierta, y, en la mayoría de los casos, precaria, que aboca a una vida con tendencia a la penuria. Cabe recordar la contradicción que supone el hecho de que el umbral de riesgo de pobreza para hogares de una persona queda fijado en 684 euros mensuales, por encima del salario mínimo interprofesional español.

Mientras tanto, el otro gran discurso que ha imperado durante la crisis respondía a Europa como elemento legitimador de todo recorte y sacrificio. Además, se ha jugado con una visión deliberadamente inespecífica de la Unión Europa, que parecía exigir el recorte de derechos como único camino posible para que España pudiese continuar marchando con Occidente. Pese a ello, nuestro país se sitúa al cierre del baile muy lejos de los datos de exclusión de los países punteros occidentales: un 22,3% de tasa de pobreza en España en 2016 frente al 16,5% alemán o el 13,6% francés.  Eso por no hablar del 12,2% noruego o el 11,6% finés. La comparativa la hemos de buscar en Grecia, 21,2%, también más baja que la española. En cualquier caso, los acuerdos de Europa reman en muchas direcciones y no debemos olvidar que existe un acuerdo de corresponsabilidad por la administración española respecto al riesgo de pobreza y/o exclusión social. Si Europa funciona como elemento legitimador para el recorte, lo habría de ser también para los compromisos de Europa 2020. En este sentido, España se comprometió a alcanzar una reducción un millón y medio de personas en riesgo de exclusión y/o pobreza entre 2009 y 2019. Sin embargo, durante el periodo transcurrido lo que se ha visto responde a un incremento, lo que implica que para 2020 la cifra habría de reducirse en 2.800.000 españoles. El Informe de EAPN a este respecto resulta incómodamente incisivo: bajo ningún concepto España podrá cumplir con sus compromisos europeos, porque, incluso en un momento de recuperación económica, la tasa de pobreza sigue estancada.

Por encima de lo expuesto hasta aquí sobrevuela la paradoja de la recuperación económica contrapuesta a las tasas de pobreza, que viene a hacer buena la frase hecha de que “los pobres son cada vez más pobres”. El drama actual responde al hecho significativo de que en los últimos años no solamente se ha visto un incremento de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión, sino que, al mismo tiempo, la tasa de pobreza severa ha crecido notablemente (+2,3% entre 2008 y 2016). La desigualdad en España ha ido abriendo una brecha cada vez más profunda, hasta el punto de que ahora mismo la renta total del 20% de la población más rica multiplica por seis la del 20% más pobre.

Curiosamente, o no, en la misma semana que el Informe de Estado de la Pobreza en España de EAPN se presentaba, señalando problemas y planteando preguntas incómodas, el Institutu Asturies 2030 llevó a cabo las Jornadas de Renta Básica Universal en el Principado de Asturias, un evento que reunió a diferentes personalidades expertas en la materia, entre los que se encontraban Guy Standing, Daniel Raventós, Julen Bollain, Carme Porta, Jordi Arcarons o Lorena Gil. Todos ellos sostuvieron un mensaje que claramente da respuesta a muchas de las preguntas y problemas expuestos hasta ahora.

Ante las preguntas de medios y expertos economistas respecto a la viabilidad económica de sostener una renta básica universal, Jordi Arcarons y el resto de ponentes presentaron un modelo de financiación de la renta básica que, como bromeaba Daniel Raventós, hacía de esta medida algo económicamente viable en el Estado “sin ni siquiera tener que tocar la partida de la Casa Real”. No obstante, para alguien que está en contacto directo con el análisis de la exclusión social, el interés de la renta básica universal no surge de la financiación, sino del resto de elementos asociados a una medida como esta: la independencia económica de las personas, la idea de libertad y propiedad que queremos en nuestra sociedad, como bien explicó Daniel Raventós, y, sobre todo, el empoderamiento y la dignidad de los ciudadanos.

Los análisis muestran que en los países occidentales la economía no logrará nunca generar empleo suficiente para todos los demandantes, en especial para los de baja cualificación

Guy Standing, en su discurso, parte de un punto que necesita ser común para un correcto análisis de la situación actual: el empleo no supone necesariamente la salida del riesgo de pobreza y exclusión social. Los análisis muestran que en los países occidentales la economía no logrará nunca generar empleo suficiente para todos los demandantes, en especial para los de baja cualificación, pero tampoco para los altamente cualificados de ciertos sectores no tecnológicos; además, como se está exponiendo, los empleos generados en la actualidad tienen la mala calidad impresa como elemento estructural del mercado de trabajo, y no como una característica transitoria. Por último, y de nuevo algo crucial, hoy más que nunca resulta fundamental diferenciar entre empleo y trabajo. Standing explica en su obra que el trabajador actual trabaja mucho tiempo para las empresas (o el sistema) sin remuneración: periodos de formación, búsqueda activa de empleo, labores de cuidado, que como sostiene Silvia Federici son la parte silenciosa que sostiene el capitalismo… Pero, por encima de toda legitimación, está el plano psicológico de la renta básica universal, una cuestión sobre la que Sergi Raventós ha hablado también en CTXT.

Guy Standing explicó en su charla el caso de las pruebas piloto llevadas a cabo en India, donde se encontró que en ocho regiones de Madhya Pradesh el experimento de renta básica había sido un elemento liberador de la mujer, así como que en los lugares donde se implantaba este modelo aumentan los divorcios de matrimonios no deseados gracias a la libertad que aporta la independencia económica. En el fondo, la renta básica vendría a aportar dignidad, derechos y, en último término, ciudadanía.

En el turno de preguntas posterior a la charla de Guy Standing surgió una cuestión afilada: los estudios electorales muestran que aquellas zonas deprimidas económicamente de regiones que disponen de renta mínima de inserción no registran mayores tasas de voto en las elecciones que la que se da en otras zonas sin ellas. Exactamente aquí está el interés fundamental en el discurso de todos los expertos en renta básica: hablamos de dignidad, no únicamente de ingresos.

Los sistemas de rentas de mínima inserción presentes en muchas autonomías españolas son un derecho necesario para una situación de urgente necesidad como la que se ha mostrado, pero no culminan en el carácter transformador a nivel social que se les podría presuponer. La razón es psicológica, evidentemente, ya que estos sistemas mantienen un elemento estigmatizador como consecuencia de que el demandante se ve obligado a pasar por una serie de controles y requisitos, de modo que a) debe determinar resulta lo suficientemente pobre para recibirlo, y b) debe aclarar también si está tratando de engañar al sistema. Además, suelen ir acompañados de programas de formación o inserción laboral con los que se pretende esclarecer un tercer elemento: que no se sea un vago. La transformación social y el empoderamiento, con este panorama, resultan muy difíciles de imaginar.

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José A. Llosa - Equipo de investigación Workforall de la Universidad de Oviedo.