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España ha necesitado diez años para recuperar el PIB real que tuvo en 2007: ha sufrido una auténtica “década perdida” con elevados costes en términos de renta, empleo, desigualdad y pérdida de bienestar. En esta década nuestro país ha experimentado dos recesiones, la segunda de ellas (2011-2013) atribuible a las propias políticas de austeridad fiscal y devaluación salarial. Desde 2014, no obstante, España ha recuperado una senda positiva de crecimiento. Dedicaremos una serie de artículos a analizar los perfiles que caracterizan este cambio de ciclo, así como los retos de política económica actuales. Damos comienzo a la serie con un primer artículo centrado en el empleo.

Transformar el crecimiento, una necesidad

El discurso del Gobierno plantea que la recuperación económica en curso es una demostración del “éxito” de la políticas de austeridad fiscal y de la devaluación salarial que impulsó la reforma laboral de 2012, una especie de recompensa en diferido de los sacrificios que supusieron estas “inevitables” medidas de ajuste. Sin embargo, la evidencia no confirma en absoluto esta interpretación. No puede entenderse el crecimiento actual sin la influencia de factores completamente ajenos a estas políticas, como la actuación –tardía– del BCE, la reducción de los precios del petróleo, la relajación de las políticas de recortes del gasto público o el impacto del turismo. Tanto el FMI como el Banco de España han confirmado que al menos 2/3 del mayor crecimiento del PIB se explican por estos “vientos de cola” (lo que determina la propia fragilidad del crecimiento actual, y su dependencia de factores externos).

El crecimiento económico no sólo no se está produciendo por los motivos que señala el discurso oficial –el éxito de los ajustes y las “reformas estructurales”–, sino que además presenta perfiles preocupantes. El empleo que se crea es precario y de bajos salarios, las desigualdades se mantienen en niveles muy elevados y los sectores tractores del crecimiento vuelven a ser sectores de limitada productividad. Todo parece indicar que se está reproduciendo el viejo patrón de crecimiento, con similares problemas estructurales que ya vivimos en el pasado. 

Debemos, por el contrario, ser capaces de “transformar el crecimiento” para responder a los enormes retos que tenemos por delante. Destacan particularmente tres desafíos: el primero es restañar los profundos costes sociales que se han provocado en la última década; el segundo pasa por resolver los desequilibrios estructurales de nuestro patrón de crecimiento tradicional; finalmente, y en tercer lugar, nos enfrentamos a nuevos retos, como la digitalización y el cambio climático, que exigen pensar la política económica desde nuevas coordenadas.

El nuevo empleo tras la crisis y las reformas laborales

Si hay un elemento que identifica singularmente bien los costes de la década perdida es el de la destrucción de empleo. A pesar de que la cantidad de empleo que se ha creado en estos años es significativa, aún queda por recuperarse casi la mitad de los 3,8 millones de empleos perdidos entre 2008 y 2013. Más aún, si tenemos en cuenta no solo el desempleo (17% de la población activa), sino también las personas desanimadas que abandonan el mercado de trabajo y aquellas que se encuentran subempleadas (trabajo a tiempo parcial no deseado) la tasa real de infra-utilización del trabajo llega hasta el 28%.

Desde el punto de vista de las “cantidades”, por tanto, la situación del mercado de trabajo deja poco espacio para análisis triunfalistas. Pero aún es más preocupante el análisis de la “calidad”, porque la creación de empleo reciente está suponiendo la cronificación de la precariedad: no solo se mantiene una elevada temporalidad, sino que a esto hay que añadir que la duración de los contratos se reduce (hay una mayor rotación), y que se han generalizado nuevas formas de empleo atípico y en peores condiciones (tiempo parcial no deseado, contratos en prácticas y becas, falsos autónomos).

La “dualidad” entre quienes tienen contrato fijo o temporal era uno de los problemas que, supuestamente, iba a resolver la reforma laboral de 2012. Sin embargo, lo que estamos observando es que la mayor parte del aumento neto de empleo registrado en los últimos años es temporal: el 57% de los empleos creados entre el segundo trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2017. A pesar de que la temporalidad es un problema de nuestro mercado laboral desde hace décadas, esto cifra es mucho peor que la del anterior periodo expansivo (2002-2007), en el que el 74% de los nuevos empleos fueron con contratos indefinidos.

Más aún, una característica del actual proceso de creación de empleo es que a esta elevada temporalidad se le añade una duración menor de los contratos, agravando la situación de las personas que acaban “atrapadas” en una sucesión de contratos precarios.

En la primera mitad del año 2007, la duración media de los contratos era de 79 días, pero se ha reducido hasta los 50 días en 2017. Los contratos más frecuentes son los que duran menos de 15 días, y una cuarta parte del total tiene una duración inferior a 7 días. De hecho, estos son los únicos contratos cuyo número se incrementa respecto a 2007.

Si consideramos el número de contratos que son necesarios para que se cree un nuevo puesto de trabajo, el aumento de la rotación es muy evidente. En 2007 se firmaron en total 18,6 millones de contratos, y se crearon 522.000 puestos de trabajo nuevos (datos EPA): para crear un puesto de trabajo se firmaron casi 36 contratos. En cambio, en 2016 se firmaron más contratos (casi 20 millones) y se crearon menos empleos netos: un aumento de 414.000, con lo que han hecho falta 48 contratos por cada puesto de trabajo nuevo.

Esto se aprecia también si centramos la atención únicamente en los empleos temporales: si en 2007 cada temporal tuvo en promedio de 3 contratos al año, en 2016 este promedio se había elevado hasta 4,6 contratos al año. Respecto a la situación de antes de la crisis, se ha producido un notable incremento del número de personas que firman entre 3 y 5 contratos por año, mientras que el porcentaje de quienes tienen un único contrato nuevo ha disminuido en más de 10 puntos. En el caso de las personas más jóvenes, finalmente, también se constata que su acceso a un contrato indefinido requiere ahora más tiempo y un número mayor de contratos temporales (y de corta duración) previos. Sin olvidar que España es el país de la UE, junto con Malta, con una peor tasa de conversión de empleo temporal en empleo indefinido: apenas el 10% de los empleados temporales pasan a tener un contrato indefinido.

Incluso el gobierno parece ser consciente de los graves problemas que supone la creación de este tipo de empleo, y está anunciando algunas medidas con las que pretende abordarlos. Sin embargo, insiste en avanzar hacia la implantación de un “contrato único”, cuando lo que realmente se necesita es rectificar los pasos dados en el pasado, recuperar una estricta causalidad (contratos temporales sólo para tareas temporales) y penalizar con medidas efectivas el fraude generalizado que existe en su utilización (incrementando sustancialmente la indemnización al trabajador o trabajadora en caso de mal uso del contrato temporal). Esto y promover actividades productivas de mayor valor añadido que hagan inviable el modelo laboral de “usar y tirar” que se ha generalizado en nuestra cultura empresarial.

La crisis se instala en los salarios

Donde sí han tenido éxito los impulsores de la reforma laboral es en promover un intenso proceso de devaluación salarial. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios entre 2008 y 2014 superó el 10%, según el índice de precios del trabajo elaborado por el INE, y afectó principalmente a los salarios más bajos, y a jóvenes, mujeres e inmigrantes.

Pero es que, lo que es aún más preocupante, el crecimiento económico registrado desde 2014 no ha corregido esta redistribución de la renta en contra de los salarios: éstos siguen estancados. En 2016, la remuneración por asalariado se mantuvo constante en el conjunto de la economía, y se redujo un 0,2% en el sector privado. Y en los dos primeros trimestres de 2017, el coste salarial por hora ha caído también un 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Dado que la inflación se está acelerando y previsiblemente acabe el año en torno al 2%, todas estas cifras supondrán una fuerte pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios en 2017. 

Este proceso de devaluación salarial afecta a las personas que mantienen su puesto de trabajo (o sufren reducciones en el salario nominal, o éste crece muy por debajo de la inflación y ven reducido su salario real). Pero afecta con especial intensidad a quienes han perdido su empleo y se han recolocado en otros puestos de trabajo con menores salarios, así como a quienes se incorporan por primera vez al mercado de trabajo. En el caso de las mujeres jóvenes que se emplean por primera vez, por ejemplo, su salario de entrada al mercado de trabajo es un 24% inferior al que podrían cobrar antes de la crisis y, lo que es peor, esta reducción salarial no se corrige a lo largo del tiempo.

Es importante destacar esta idea. Desde 2014, la recuperación del empleo perdido durante la recesión se está produciendo asociado a unas condiciones laborales mucho peores: se paga menos que antes de la crisis por el mismo trabajo.

Por ejemplo, Daniel Fernández Kranz, profesor del IE Business School,  analiza la Muestra Continua de Vidas Laborales y constata que los que pierden su empleo después de 2008 se ven obligados a firmar contratos con menores salarios en sus nuevos puestos de trabajo. Y, además, esto no se debe en la mayoría de los casos a que se hayan desplazado hacia empleos con unas características objetivas peores (menor cualificación requerida, sectores tradicionalmente mal pagados), sino a que tienen que aceptar un salario diario más bajo por realizar un trabajo similar. 

Comparando los nuevos contratos firmados en 2008 con los nuevos contratos firmados en 2015, observamos cómo se ha producido una caída de un 12% en los ingresos por día trabajado. De esa caída, 10 puntos porcentuales (más del 80%) se explican porque los nuevos contratos firmados implican recibir salarios más bajos que los que se pagaban antes de la crisis en empleos con similares características; el segundo factor en importancia para explicar la merma salarial sería la mayor frecuencia de los empleos a tiempo parcial. Además, esto se produce dentro de las mismas empresas, y no porque se destruyan empleos en empresas que tradicionalmente paguen mejor y se cree por empresas que pagan relativamente peor. De este modo, aumenta de forma muy preocupante la brecha salarial entre quienes han mantenido su empleo y quienes, habiéndolo perdido durante la crisis, han vuelto a encontrar uno en peores condiciones. 

Si a esta reducción en el salario diario añadimos la menor duración de los contratos y el aumento de la rotación laboral, con periodos sin trabajo entre contratos, la caída de ingresos reales en términos anuales llega, para los trabajadores analizados, hasta el 23% en promedio.

Empleo y crecimiento económico

El discurso oficial plantea que el tremendo ajuste salarial descrito era el “coste necesario” para posibilitar la vuelta del crecimiento económico a nuestro país. Sin embargo, esta devaluación salarial no ha contribuido a acelerar el crecimiento del empleo –sino lo contrario–, debilita la continuidad del actual crecimiento económico, y ha roto el vínculo entre la creación de empleo y la reducción de la desigualdad (un 15% de las personas con empleo siguen en riesgo de pobreza).

Contrariamente a lo que suele afirmarse, no es cierto que la reforma laboral y el recorte de los salarios haya aumentado la relación entre crecimiento del PIB y crecimiento del empleo: entre 1995 y 2007, la elasticidad del empleo al crecimiento fue igual a 1 (por cada punto de crecimiento del PIB, el empleo creció un 1%) mientras que entre 2014 y 2017 esta relación es de 0,8. Tampoco es cierto que la contracción salarial haya estimulado el crecimiento del PIB: toda la evidencia empírica es muy concluyente en el sentido de que ha tenido un impacto negativo sobre la demanda interna (la reducción de la renta disponible de los hogares fue un factor decisivo en la caída del consumo asociada a la segunda recesión), y un impacto muy débil sobre la demanda externa (las bajadas salariales se han trasladado sobre todo a mayores márgenes de beneficios, no a ganancias de competitividad-precio). En todo caso, aunque las exportaciones han tenido un buen comportamiento durante estos años, su crecimiento desde 2014 (4,5% anual) no es superior al que se registró antes de la crisis (4,8%), por lo que difícilmente podemos hablar de un “boom” de las exportaciones asociado a la devaluación salarial.

En España, el “problema de los salarios” es su bajo crecimiento, y es necesario elevarlo para garantizar un crecimiento inclusivo, pero también sostenible en el tiempo. Incluso organizaciones internacionales como el BCE o la OCDE, que han recomendado las reformas laborales que han provocado estos recortes salariales, son conscientes ya de este problema.  También el Gobierno –aunque con alguna división interna entre sus ministros– ha manifestado que “es el momento de que los salarios suban” (nunca fue el momento de la devaluación salarial, insistimos nosotros). La cuestión es que no basta con manifestar preocupaciones en el vacío, sino que es necesario adoptar las medidas necesarias para que este crecimiento ocurra.

Evidentemente esto pasa, en primer lugar, por medidas como la elevación del salario mínimo o el fortalecimiento de la negociación colectiva, con el fin de lograr una distribución más justa entre salarios y beneficios, y propiciar que el crecimiento de los salarios vuelva a acompasarse al de la productividad (desde 1995, los salarios reales han crecido sustancialmente por debajo de la productividad real). Pero también es necesario impulsar un cambio en el modelo de crecimiento hacia sectores en los que, además, ese incremento de la productividad sea más alto.

En realidad, esta relación entre crecimiento de la productividad y crecimiento de los salarios se produce en las dos direcciones. La posibilidad de pagar bajos salarios y hacer contratos precarios reduce la presión a las empresas menos eficientes para que mejoren su productividad, al poder eludir la presión de la competencia bajando los costes de la peor manera posible.

Lamentablemente, sin embargo, la mayor parte del empleo creado desde 2014 se ha concentrado en el sector servicios y en actividades de baja productividad, sin que se haya recuperado la pérdida de empleo industrial. Un reciente estudio del FMI ha señalado que un 25% de la creación de empleo neto se produce en nuestro país en las actividades relacionadas con el turismo, y en cualificaciones inferiores a las que la formación actual de la mano de obra española permitiría. 

A pesar de lo que tantas veces ha anunciado el gobierno, las “reformas estructurales” no están promoviendo, como anticipábamos, ni un mayor crecimiento diferencial, ni la creación de empleo de calidad ni la necesaria transformación de nuestro modelo productivo.

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Nacho Álvarez es secretario de Economía de Podemos y profesor de la UAM.

Jorge Uxo es miembro de la  secretaría de Economía de Podemos y profesor de la UCLM.