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Rubén tiene 7 años y la mirada ingenua de quien disfruta jugando. Pero ahora su amiga es la escuela. Escucha a su educadora con una concentración férrea, como de ajedrecista. Con sus ojos negros clavados en un folio en blanco anota un deseo, serio y solemne. “Señores de la ONU, les escribo desde Madrid para informarles que muchos derechos que dicen que se cumplen en España no se están cumpliendo, y también para pedirles que detengan los desahucios”. Y lo hace con la firmeza de un notario que custodia un incierto futuro. Los destinatarios podrían haber sido los reyes magos que están en Oriente y que no le visitan desde que unos policías le sacaron a la fuerza de su vieja habitación. Pero eso ocurrió hace unos años. Hoy, Rubén se dirige a los 13 miembros del Comité de Derechos de la Infancia (CRC, por sus siglas en inglés) que el próximo 22 de enero escucharán la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los derechos de los niños que cada cinco años realiza un representante del gobierno español en Ginebra. En esta ocasión, la ministra Dolors Montserrat tendrá la compleja papeleta de convencerles de que España cumple a rajatabla con las obligaciones de una ley que prometió respetar en 1990.

Rubén frunce el ceño. Junto a él otros 4 niños y niñas hacen lo mismo. Sentados cada 15 días en el aula que la Escuela de Derechos que la Plataforma de Afectados por las hipotecas (PAH) abrió junto al colectivo EnClave, especializado en investigación sobre derechos de la infancia, y la cooperativa de investigación social Qiteria de Madrid hablan y exponen ideas que ayuden a digerir el desconsuelo que supuso verse expulsados de sus propias viviendas. En su día, todos ellos quedaron atrapados en el cepo de la estigmatización. Ante sus amigos de clase y ante su espejo familiar. La imagen que les llegaba era el rubor de la pobreza. Aquí, hablan de todo. El objetivo del proyecto es enseñar a estos chavales el manejo de herramientas que les sirva para asumir el drama con dignidad y sin culpas equivocadas. Para Rubén, por ejemplo, significó un desafío que rebasaba los límites de su edad. Lo mismo sucedió con sus compañeros. En la calle, sigue habiendo miles como Rubén matriculándose cada día en cursos intensivos de responsabilidad acelerada. Las últimas estadísticas oficiales son devastadoras.

Sólo en los tres primeros trimestres de 2017 se registraron 45.495 desalojos forzados de viviendas en España –6.695 en Barcelona y 4.889 en Madrid.  En el 61% de ellos había niños o adolescentes involucrados. La cifra exacta es imposible de cuantificar porque el CGPJ no desgrana esos detalles. Fuentes de la PAH calculan que podrían llegar a los 40.000 en todo el Estado. UNICEF y el Comisario europeo de los Derechos Humanos son aún más duros al estimar que la media diaria de desahucios es de 159 y que “en el 70% o el 80%” de los casos están afectados menores de edad. Con estos informes sobre la mesa otro comité de Naciones Unidos, el DESC (Comité de Derechos económicos, sociales y culturales), emitió un inquietante dictamen el pasado 20 de junio donde destacaba que “en España se vulnera el derecho a una vivienda digna a los niños y a las niñas” y recomendaba al gobierno aplicar medidas inmediatas para paliar esta situación. Ante el peligro de que esta diatriba quede en un mero catálogo de intenciones, el CRC ya cuenta con dos informes facilitados por la Plataforma de organizaciones de la Infancia (POI) y UNICEF que no son especialmente indulgentes con España.

Pero como los pequeños de la Escuela de Derechos no se fiaban del todo, insistieron con sus cartas. Dicen que es para reforzar la opinión del comité evaluador. “Les escribo para que detengan los desahucios. Espero que cuelguen esta carta en la pared para que no se les olvide y respondan pronto”, concluye Rubén con los ojos cerrados, pensativo, con ganas de irse a jugar. El repertorio de misivas ha sido enviado en una gran caja revestida con papel de colores sellado con lacre. Para ellos fue como mandar su tesoro dentro de un cofre, la voz de los niños silenciados en este gran drama nacional, la prueba decisiva que demostrará que el gobierno español no hace progresos en la lucha por proteger a los menores que quedaron atrapados en las ruinas del big bang inmobiliario.

Los expedientes abiertos contra España son numerosos. Desde 2014, el Europarlamento, la Comisión europea (CE) y la ONU ponen periódicamente el grito en el cielo ante el desorbitado número de desahucios que siguen registrando, por la inapropiada interpretación de las leyes que hacen los juzgados y la exasperante lentitud con la que se practican los realojos. Es tal el escándalo en esta materia, dicen varios letrados consultados, que el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) estudia una demanda de la propia CE contra España y otras tres países -Croacia, Chipre y Portugal- por incumplir la normativa comunitaria que protege a los ciudadanos triturados por las hipotecas.

En un bufete de abogados de la madrileña calle Atocha, Javier Rubio se afana por mantener en orden un escritorio repleto de documentos. Letrado de la cooperativa CAES dice que desde que explotó el modelo de crecimiento especulativo inmobiliario se ha quemado muchas pestañas estudiando demandas contra desahucios. Tras catalogar de “maquillaje” la reforma de la legislación hipotecaria presentada por Luis de Guindos en noviembre, recuerda que el número de desalojos no se están reduciendo “sino que ha variado el origen. Han bajado los hipotecados pero han subido los de alquiler y los de recuperación, las casas vacías ocupadas por familias sin recursos”. Y cita cifras que “demuestran” que el Estado no se ha decidido a combatir el problema y que los desahucios “siguen produciéndose en toda España al mismo ritmo de 2014”. Sólo en la oficina de CAES reciben al día una media de 4 casos y el patrón de los afectados es “el de una mujer con hijos menores a la que nadie alquila y nadie ayuda”, revela Rubio.

Ante la compleja tesitura de que el gobierno no ha confrontado con energía el reto de los desahucios ha tenido que ser la justicia quien se ha visto obligada a trazar una raya en el suelo moral del sistema de mercado. Hace un mes, el Tribunal Supremo fijó doctrina al revocar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había dado el visto bueno al desalojo de una familia con tres niños de una vivienda pública. El Supremo ordenaba al juez que dictara un nuevo auto teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que quedaban los menores. “La importancia de la sentencia es que por primera vez se tiene en cuenta el principio de la proporcionalidad, un elemento que llevábamos reclamando desde hace mucho tiempo para juzgar este tipo de casos y que supone valorar las circunstancias que concurren cuando se produce el lanzamiento de una hipoteca o de alquileres”, explica Javier Rubio. Por ejemplo, cuando hay niños por medio.

Los especialistas en infancia no albergan la menor duda: dañan su entorno de forma tan irreparable que si no se adoptan medidas pueden acabar hundidos en una miseria material y psicológica. Pedagogos y especialistas que trabajan con estos jóvenes aseguran que llegan a los centros superados por las circunstancias, “desnortados”, añade Marta Martínez, socióloga y autora, junto a dos expertos, del estudio “Te quedarás en la oscuridad” sobre los efectos de los desahucios en la infancia. Su conclusión es categórica: en la niñez hay miedos más difíciles de ahuyentar que el Hombre del Saco. La pregunta que la socióloga se hace a diario es qué idea van conformando estos jóvenes sobre el Estado, la policía y hasta sobre su propia familia expulsada del mundo en pleno proceso de socialización. “Como seres en construcción que son se manejan con certezas”, añade.

Para un psicólogo como Jaume Funes, que ha dedicado media vida profesional a la salud de los jóvenes, “las respuestas a esta problemática suelen olvidar la perspectiva de los niños y adolescentes”. Funes fue el coordinador del proyecto “Reflexiones: La pobreza vista desde la infancia” que durante dos años trató de aportar algo de luz al impacto de la exclusión social en los menores de edad españoles. Con la participación de 60 expertos, las conclusiones fueron inquietantes: “Las políticas públicas a la vulnerabilidad social olvidan la perspectiva de los niños y adolescentes. Se tiende a considerarles como objetos a proteger, con los que es necesario tener un cierto grado de generosidad, teñida de sufrimiento benefactor porque, pobres, no tienen la culpa”. La particular aplicación social de la máxima teresiana de que se derraman más lágrimas por las oraciones atendidas que por las no atendidas. Por eso, insiste la socióloga Marta Martínez, “siempre conviene recordar que los niños son legalmente sujetos activos de derechos”.

Hay comentarios que iluminan una realidad opaca como es la de la infancia. “Lo mejor de todo es que no tengo amigos”. Es una frase que se escucha a menudo en las primeras fases del proceso de asimilación infantil tras un desahucio. Su manera de decir que es durísimo. Pero suele dar pie a una apostilla concluyente de los adultos que le rodean: “Pero por ahora es lo que hay”. A partir de ahí, comienza el tormento interior. Un estudio realizado el pasado año en Cataluña detectó que en uno de cada cuatro jóvenes menores en situación de exclusión considera que la pobreza le priva de sus derechos elementales y, entre los importantes, citan la amistad. Hay otros ejemplos.

A Angelines Díaz, casada y con dos hijos de  12 y 7 años, la crisis le mostró sus afilados colmillos en 2012, cuando el instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) se apropió de su casa. Al principio, la pareja disimulaba con el silencio la causa de la postración familiar. Un día, tras un cambio obligado de centro de estudios, la nueva profesora preguntó a Angelines en dónde trabajaba. Ella dijo que en nada, que estaba en paro. “No me malinterprete. Se lo pregunto porque su hijo anda diciendo que se dedica a parar desahucios”, explica con una entereza admirable. Habla con orgullo. “Primero se impone un pacto de silencio para que no se enteren pero como nunca hay cumpleaños, ni chuches ni nada al final todo se desparrama. Entonces, pasamos al pacto secreto con ellos, un acuerdo familiar para evitar los estereotipos que dañan la salud mental de los hijos”, explica esta mujer de 45 años, madrileña de Orcasitas y alma guerrera. Desde hace cinco años, Angelines forma parte de la Plataforma de Afectados de la Vivienda Pública Social (PAVPS), uno de los corazones que palpitan dentro de la PAH, y asegura que le ha cambiado la vida. “Me he empoderado. Antes los bancos podían atemorizarme con sus amenazas pero hoy les cierro la boca. He aprendido de hipotecas mucho más que cualquiera de ellos”, concluye.