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Del asunto de la multimillonaria indemnización por la “hibernación” del almacén de gas Castor podría decirse que oscila entre la paradoja y el galimatías si no tuviera la apariencia de trapaza (“artificio engañoso e ilícito con que se perjudica y defrauda a alguien en alguna compra, venta o cambio”) que tiene.

El artificio, ejecutado por el Gobierno de Rajoy, tiene su origen en una polémica decisión del de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Por qué iba a tener que pagar el Estado 1.350 millones de euros por quedarse un artilugio que no funciona correctamente? Básicamente, porque así estaba previsto en la adjudicación, realizada en 2008 con Miguel Sebastián como ministro de Industria: la contrata preveía que Escal UGS, con ACS (el grupo de Florentino Pérez ) y los canadienses de Dundee Energy como socios principales, recibiría del Gobierno el equivalente al coste de las instalaciones si estas dejaban de funcionar, ya fuera por paralización o por avería, en un ejemplo palmario de lo que vendría a ser hacer negocios sobre seguro.

“En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán al Estado (...) y (...) se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen operativas”, señalaba el decreto de adjudicación, que añadia que “en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria (...) la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones”.

Estas no llegaron a superar la fase de pruebas: cerraron tras haber provocado varios centenares de terremotos en Catalunya, la Comunidad Valenciana e, incluso, Aragón. Sin embargo, el Supremo, al que el Gobierno de Rajoy llevo el tema para intentar no pagar, bendijo la obligación que había establecido su antecesor, aunque matizando que eso podría no ser así si el cierre se debía a una negligencia de la empresa. Esta, en cualquier caso, nunca ha sido probada.  

En 2014, al equipo de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria se le ocurre que la mejor fórmula para evitar que se pago compute como déficit consiste en tramitarla al margen del presupuesto. Así, el Gobierno opta por que una empresa privatizada como Enagás le pida prestado el dinero a tres bancos y que estos lo recuperen desde el bolsillo de los consumidores de electricidad, que lo pagarán durante tres décadas a través del recibo de la luz y con una prima del 4,2% anual que dispara la factura a 2.400 millones.

La ilicitud del tinglado la ha dictaminado el Tribunal Constitucional, que ha declarado nulo el decreto que impuso ese sistema, mientras el perjuicio recae sobre las espaldas de Juan Español, ese ciudadano al que, por tercer año consecutivo y con independencia del fallo del TC, el Gobierno le carga 80 millones de euros anuales en cuotas mensuales. ¿Qué faltan el engaño  y la defraudación? De ahí que la trapacería se quede en aparente pese a lo patente de la ilegalidad.

El asunto del Castor es una de las varias y sonadas correcciones que los tribunales han dirigido sobre algunas de las decisiones más polémicas del Gobierno. En este caso, la sentencia deja lugar a pocas dudas: declara “inconstitucionales y nulos” el artículo que establece la indemnización por el rescate y los que regulan el engendro financiero llamado “derechos de cobro” para devolver el crédito, puesto que no estaba justificado el recurso al decreto para aplicar una medida de ese tipo.

“Nulo”, en derecho, significa que la resolución no existe. Es decir, que el pago de 1.350 millones de euros a Escal UGS, participada al 66% por ACS, deja de tener soporte legal y que también carece de él la fórmula de reintegro.

Sin embargo, el Gobierno no se plantea tramitar el reintegro de la indemnización, saldar cuentas con la banca (Santander, CaixaBank y Bankia) y dejar de recargar el recibo de la luz. No: el Ministerio de Energía considera que el Constitucional “no se opone a dicho esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación” y que “no concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido”, sino que se limita a cuestionar un asunto formal. Es decir, que en este caso el Gobierno tiene la intención de mantener el pago a las empresas y el cobro a los consumidores pese al revés judicial. Y nadie, a pesar de su minoría parlamentaria, le está llevando la contraria.

Un tribunal que unas veces impide y otras permite recaudar

Todo lo contrario ocurrió con otro de los más sonados reveses judiciales que acumula el actual Gobierno, la amnistía fiscal. En este caso no dio tiempo de perseguir a los defraudadores porque el TC tardó demasiado en dictaminar que aquello no podía ser. La sentencia que declaró nula la “repatriación de patrimonios” tardó tanto en llegar (casi cinco años desde que fue aprobada en marzo de 2012) que cuando lo hizo habían prescrito tanto las infracciones tributarias como los delitos fiscales que hubieran podido cometer los 31.500 evasores fiscales que había aprovechado una medida que, según el criterio del tribunal, supuso “la abdicación del Estado” del “deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.

Esa operación hizo que afloraran patrimonios por valor de 40.000 millones de euros que, sobre el papel, deberían haber aportado 4.000 millones a las arcas públicas. Sin embargo, no aportaron más de 1.200, ya que esas fortunas, varias de ellas en manos de algunos de los principales sospechosos y condenados por corrupción en España, no tributaron por el principal sino por los intereses de los tres últimos años.

Poco más de la décima parte de esos evasores confesos (3.545) fueron sometidos después a inspecciones (el origen de 28.000 millones no era perseguible por haber sido evadido antes de 2007), mientras los técnicos de Hacienda calculan que el fisco perdió la oportunidad de haber recaudado entre 5.300 y 8.000 millones de euros.

Suficiente para pagar dos veces, y hasta tres, episodios como el del Castor sin tener que recurrir a artilugios de ingeniería presupuestaria y recaudatoria como el que acaba de declarar nulo el Constitucional, ese tribunal que, con una perspectiva marianista, unas veces impide y otras permite recaudar.

Cuentas pendientes con el déficit desbocado

El Gobierno, vistos los hechos, está más por la segunda opción, por la socialización del déficit, que en los primeros nueve meses del año superó los 17.000 millones solo en la Administración central pese a la conjugación de los recortes con una notable mejora de la recaudación tributaria que en 2016 rebasó los 40.000 millones. Quizás ese descuadre tenga alguna relación con la descomunal factura de los intereses de la deuda pública estatal: 21.766 millones de enero a agosto  de 2017, que auguran un récord de más de 32.000 al cierre del ejercicio tras los 31.283 de 2016.

Para preocupación de Juan Español, al Gobierno se le están acumulando los compromisos pendientes en forma de sanción económica que amenazan con acabar de descuadrar los presupuestos del Estado y, vistas las prioridades de los responsables económicos del Gobierno, más todavía los de las familias.

En 2021 el Estado debe comenzar a pagar a Abertis una indemnización de cerca 1.500 millones de euros por el erróneo cálculo del tráfico que lleva la autopista AP-7 entre Francia y Tarragona, antes debe haber liquidado 77 a Disa, Cepsa y Repsol por haber mantenido la obligación de vender la bombona de butano por debajo de coste y mientras tanto pueden seguir cayendo más condenas del medio centenar de demandas que España acumula ante el Banco Mundial por los recortes a las renovables (la primera fue de 128 millones).

Esos 1.700 millones pueden verse incrementados por las sanciones comunitarias derivadas de los más de 80 procedimientos de infracción que España tiene abiertos en Bruselas, y que no incluyen algunos ya sustanciados como los errores en la vigilancia del déficit de la Comunitat Valenciana (19 millones) o la desidia en la depuración de las aguas residuales, en el que a los 46 iniciales se le suman 60 más anuales (uno cada seis días) hasta su solución.