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Cuando la dirección de Podemos me pidió en 2014 que realizara, junto a Vicenç Navarro, un documento que les sirviera de base para el debate de su programa electoral hablé con varias personas de diversas corrientes ideológicas para conocer su opinión sobre los principales problemas socio económicos de España y para pedirles propuestas.

Una de ellas fue José Esquinas, quizá el español que en la práctica ha contribuido más en favor de la biodiversidad y sostenibilidad del planeta, trabajando durante 30 años en la FAO, presidiendo su Comité de ética y como alma mater del Tratado Internacional de Recursos filogenéticos.

Esquinas me sugirió que sería muy interesante introducir en España el debate sobre la creación de algún tipo de institución dedicada a defender los intereses de las generaciones futuras. Su argumento era el mismo que utilizó en 1987 el famoso Informe Brundtland de las Naciones Unidas titulado Nuestro futuro común: "Las generaciones futuras no votan, no tienen poder político ni financiero, no pueden oponerse a nuestras decisiones". Asumí convencido esa preocupación e incluimos en el documento una reflexión general al respecto y una propuesta:

"La desigualdad, la explotación de los recursos naturales y el endeudamiento se vienen produciendo desde hace decenios de forma desproporcionada en las sociedades más avanzadas porque no se toman en consideración los derechos de las generaciones futuras que no están hoy día presentes para votar y decidir. Para evitarlo y frenar el crecimiento insostenible de las tres D nefastas (Desigualdad, Daño ambiental y Deuda) es necesario condicionar las decisiones presentes a los intereses de esas generaciones futuras (p. 39)... Puesto que evitar que esto ocurra es fundamental para garantizar la sostenibilidad, habría que crear, como ya se está haciendo en otros países, un organismo independiente que actúe como Defensor de las generaciones futuras con capacidad para impedir que las decisiones económicas se adopten sin contemplar sus efectos sobre el bienestar de la población y la vida futuras en nuestro planeta (p. 54)" (Un proyecto económico para la gente).

La idea no fue tomada en consideración por Podemos, aunque sí por el PSOE que en su último programa electoral propuso "la creación de un Defensor de las generaciones futuras y la elaboración de su estatuto de organización y funcionamiento como adjunto al Defensor del Pueblo".

Tratando de promover esta defensa de las generaciones futuras, la Fundación Savia está llevando a cabo un trabajo muy valioso. Ya ha conseguido que casi un centenar de municipios reclamen su creación y está logrando que la opinión pública y la publicada comiencen a entender que no podemos decidir sobre el futuro sin preguntarnos qué efectos tendrá lo que hacemos sobre nuestros nietos y sus descendientes.

Como parte de esa campaña, la Fundación publicó en noviembre pasado un libro de Manuel Castañón del Valle titulado El Defensor de las generaciones futuras, en el que se hace un análisis bastante detallado de lo que se ha hecho ya en otros países y de lo que se podría hacer en el nuestro.  En él se muestra, por ejemplo, que ya hay al menos 15 países que cuentan con instituciones específicas dedicadas a defender formalmente los intereses de esas generaciones (Finlandia, Hungría, Bélgica, Escocia, Francia, Malta, Gales, Suecia, Alemania, Israel, Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda) y que las constituciones de otros hacen referencia concreta a la necesidad de esa defensa, lo mismo que ocurre en diversos tratados internacionales. Incluso instituciones privadas o universidades muy prestigiosas, como la de Oxford, han creado instancias para analizar y representar el interés de las generaciones futuras.

En la Unión Europa, el Parlamento pidió a la Comisión en 2008 que examinara la posibilidad de garantizar la representación institucional de las generaciones futuras aunque, llamativamente, parece que en este aspecto se va más atrasado que en la defensa de las llamadas "personas electrónicas", para quienes los eurodiputados han pedido ya la creación de un estatuto jurídico, como bien recuerda Castañón en su libro.

La experiencia de otros países muestra que la forma de materializar la defensa de las generaciones futuras es variada. Puede hacerse en el seno de los parlamentos (en el Reino Unido incluso se ha propuesto la creación de una tercera Cámara), como anexo a los defensores del pueblo (tal y como en España propone el PSOE), como órganos del poder ejecutivo o incluso a través de iniciativas privadas. Y, bajo cualquiera de esas formas, la defensa se puede llevar a cabo asumiendo funciones también diversas: legislativas, de control, asesoramiento, denuncia, mediación o litigación. 

La necesidad de tener en cuenta los intereses de quienes vienen detrás de nosotros y la exigencia ética de no destruir lo que no es nuestro, como la Naturaleza, parecen obvias pero lo cierto es que los seres humanos, incluso en un estadio civilizatorio que creemos tan extraordinariamente avanzado como el actual, no somos capaces de poner en práctica algo tan elemental para nuestra propia supervivencia como eso. Nuestro planeta y nuestras sociedades están amenazados, quizá de muerte, si no actuamos pronto. Los daños al medio ambiente comienzan a ser irreversibles; la deuda (el negocio más inmenso e inhumano de la historia) crece sin cesar, esclavizando a la población y haciendo insostenibles nuestras economías; y la desigualdad avanza condenando a una buena parte de las generaciones venideras a vivir sin recursos ni derechos básicos de ciudadanía. 

Esos mismos tres dramas nos están afectando también muy gravemente a los españoles del presente y a los del futuro, aunque apenas hablamos de ello. La pólvora del debate público se nos está yendo en salvas, gastamos nuestras energías en darle vueltas a problemas de segundo orden, aunque quién sabe si conscientemente utilizados por algunos para evitar que contemplemos de frente los verdaderamente importantes.

España ha sido señalada en alguna ocasión por ser el país de la Unión Europea que peor cuida sus recursos naturales, el 80% de nuestra superficie corre el riesgo de convertirse en un desierto a lo largo de este siglo, solo el 12% de nuestros hábitats se encuentra en estado favorable, somos el territorio europeo con el mayor índice de flora endémica en peligro de extinción y nuestro modelo productivo no es solo muy costoso económicamente (aunque muy rentable para las empresas) sino ineficiente energéticamente y muy contaminante y depredador de recursos; hemos registrado el mayor incremento de la desigualdad en Europa en los últimos años; nuestros recortes en investigación están igualmente entre los mayores de nuestros socios europeos, nuestro sistema educativo hace aguas y un joven español de entre 20 y 34 años de cada cuatro ni estudiaba ni trabajaba en 2015; la deuda pública aumentó en 2017 a un ritmo de 1.200 euros por segundo y el Estado tendrá que colocar en los mercados unos 420.000 euros de deuda por minuto en 2018. 

¿Podemos permitirnos el lujo de seguir soslayando estos temas? A mí me parece que es inaplazable que en España actuemos de una vez para evitar que nuestras generaciones futuras (o incluso ya las nuestras) tengan que vivir en un auténtico infierno, y la única forma de conseguirlo es ponernos de acuerdo para educar y concienciar de todo esto a quienes votan y para darle voz a quienes todavía no pueden hacerlo.

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Juan Torres López es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla