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La denuncia de una violación grupal en Antequera (Bobadilla) a una soldado ha devuelto a los focos lo que normalmente ocurre en la penumbra. Por desgracia, el acoso y la agresión sexual, así como las violaciones, han gozado en las Fuerzas Armadas españolas de, al menos, treinta años de oscuridad e impunidad, tantos como los que lleva la mujer en el mundo castrense. Tres décadas en las que las desesperadas denuncias de nuestras uniformadas han sido ahogadas por un pétreo entramado perfectamente diseñado para aplastar cualquier intento de auxilio. Una prisión en la que languidecen miles de casos, quizá decenas de miles, una cárcel que encierra un infierno para muchas mujeres (y también hombres) que se ve aderezado para las damnificadas con acosos laborales, expulsiones, rescisiones de contrato, depresiones o abortos. Pero, sobre todo, la peor consecuencia de esta cruel mazmorra ha sido el secuestro para siempre de sus dramas y el más absoluto desconocimiento, por parte de la sociedad, de todo lo que acontece.

Y no hay, lamentablemente, un ápice de exageración en tan gruesas aseveraciones, pues varias son las pruebas que demuestran esta desalmada impunidad, como varios son los carceleros que la sustentan.

La demoledora ausencia de denuncias 

La baja tasa de denuncias por acoso o agresión sexual (incluyendo violaciones) en nuestro Ejército desnuda por completo las palabras pronunciadas por Pedro Morenés en mitad del revuelo mediático originado por el caso Zaida (2013). El entonces ministro de Defensa alardeaba de ‘tolerancia cero’ sobre este asunto en nuestra milicia (“La incidencia de estos delitos, que las Fuerzas Armadas lamentan profundamente, son un 400% menor que en la sociedad en general y son perseguidos, juzgados y condenados”). Esta barricada levantada por Morenés para intentar ocultar lo acontecido no tarda en derrumbarse a poco que se examinen los datos existentes, como la anormalmente baja tasa de denuncias de acoso, agresión sexual o violación. 

Porque de ser cierto lo esgrimido por Pedro Morenés, que el mundo castrense es un territorio ajeno a esta lacra (por aquello del honor y tal), encontraríamos estadísticas similares en otros ejércitos del mundo, y no es el caso. Antes bien, si comparamos los datos disponibles en lo que a la violencia sexual sobre la mujer se refiere de nuestra milicia con los de los ejércitos de otros países avanzados, nos percataremos de la existencia de un problema: en Canadá, por ejemplo, el 27% de las mujeres militares sufrió algún tipo de acoso o agresión sexual (violaciones incluidas), con una estimación de casi 1.000 agresiones anuales, según un informe de 2016 realizado por el Instituto de Estadística canadiense. Estas cifras solo hacen temer lo peor al comprobar que, en nuestras Fuerzas Armadas, el número de denuncias por acoso o agresión sexual en diez años no llegó siquiera al 0,5% de las militares; poco más de medio centenar de acusaciones (62) de un total de menos de doscientas denuncias (174 si se incluyen otros acosos). 

Una tasa tan baja, por tanto, tiene que estar necesariamente muy alejada de la realidad. Es inconcebible que la comparación del número de los acosos y agresiones sexuales reportados a lo largo de diez años entre Canadá y España arroje un balance tan dispar: 10.000 contra 62.

Todavía peor: los condenados son ascendidos y las agredidas, acosadas

Escudriñando el resultado de las denuncias efectuadas se constata objetivamente lo alejado que se encuentra nuestro Ejército de la tan pregonada ‘tolerancia cero’. De las 174 denuncias comentadas anteriormente solo el 12,5% terminaron en condena, un total de 22, de las que únicamente una docena lo fueron por cuestiones sexuales. Situación que empeora todavía más al comprobar que, entre los escasos condenados, se incluyen delincuentes que siguen vistiendo el uniforme con orgullo y sin gran dificultad, como son los casos del capitán que agredió sexualmente a 28 reclutas, el coronel Lezcano-Mújica que agredió a Zaida, el teniente de navío que tan solo agredió (la agredida se zafó) sexualmente a una marinero en Alborán o el teniente coronel Francisco Bajo Ojeda, que acosó a Elisa Romera (y a otras mujeres). 

Para oscurecer todavía más este tétrico escenario los casos archivados superan el 60%, y la mayoría de las agredidas han abandonado la milicia. Este abandono se debe en gran medida al acoso laboral posterior a la denuncia, acoso que cuenta con la complicidad de multitud de militares, como bien aclaró –valga el caso Zaida de pauta– tanto el tribunal que condenó al coronel Lezcano-Mújica como la propia Zaida en su intervención en el programa Salvados. En el primer caso, el propio tribunal reconoció en la sentencia el conocimiento del acoso laboral al que estaba siendo sometida Zaida, mientras que, en el segundo, la actual diputada socialista se refirió en los siguientes términos a ello: “Me empiezan a transmitir cosas de este hombre, tiene comportamientos raros con las mujeres. Entonces tú [por ella] dices, conmigo, capitán, además es que te pones incluso conmigo, capitán, no va a pasar esto, ¿no? Para que te hagas una idea [dirigiéndose a Jordi Évole], incluso con la propia percepción mía, eso lo hará con las soldados, pero yo que soy una oficial…”.

El investigador investigado, una paradoja insostenible

Otro de los grandes escollos con el que se encuentran las afectadas es que la investigación corre a cargo de militares. Un ejemplo sobre cómo los propios militares ocultan los hechos en sus investigaciones sería lo acontecido en la residencia del Colegio Mayor Militar La Inmaculada en el año 2009, cuando el acoso de más de veinte chicas por un coronel tan solo fue castigado con una destitución. 

Cuando las pesquisas llegan a los juzgados la situación no mejora, ya que las víctimas tienen que enfrentarse a la paradoja del investigador investigado y a la presencia de un comisario político que controla todo lo que sucede. Ello se debe al anacronismo de la propia justicia militar, por un lado, y a la todavía más retrógrada presencia de un magistrado (de los tres que juzgan) que, además de cargar con la merma de independencia que acarrea el uniforme, ni siquiera tiene conocimiento de leyes (puede ser un oficial de Infantería, Artillería o cualquier otra arma). Por todo ello, en los últimos años es frecuente que denuncias por acoso, agresión o violación terminen en exoneración contra el criterio del fiscal, que en una maquiavélica cabriola también es militar. Todo ello constituye una reiterada violación de los derechos humanos de las víctimas al no proporcionarles el juicio justo que merecen. 

La solución: justicia independiente, derechos y libertades

En esta situación, la única solución al calvario que las mujeres y otros colectivos están sufriendo en las Fuerzas Armadas pasa por conseguir una justicia independiente (que la justicia ordinaria asuma la militar como, por ejemplo, en Alemania) y extender los derechos y libertades a todos los militares (sindicatos, libertad de expresión o manifestación). Con ello conseguiríamos la mejora y la fiscalización de los órganos de control (los cuales deberían ser civiles, jamás militares) y unas mínimas posibilidades de independencia e imparcialidad que permitan a las mujeres acosadas, agredidas o violadas denunciar con las necesarias garantías jurídicas. No podemos seguir ignorando por más tiempo el sufrimiento y el drama de tantas y tantos militares. Ha llegado la hora de reformar en profundidad nuestras Fuerzas Armadas. 

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Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra, expulsado de la milicia por denunciar la corrupción en las Fuerzas Armadas, acaba de publicar El libro negro del Ejército español (Akal).