La segmentación del trabajo a través de una serie de formas de contratación a término ha ido cobrando una importancia extraordinaria en la definición del marco laboral español. La historia es larga, y arranca de la contratación temporal de fomento del empleo ya en 1979-1981, que se utilizó como fórmula de sustitución de trabajo estable por temporal y así evitar el coste indemnizatorio al finalizar el contrato. La temporalidad fue paulatinamente desempeñando un rol decisivo en el empleo creado, sin que los intentos de redirigir este proceso, como la creación del contrato para el fomento del empleo indefinido en 1997, lograra su propósito ante una práctica empresarial tremendamente asentada y un marco normativo que no imponía adecuados límites a estas tendencias, que además se contagiaron al área del empleo público. 

La calificación de un trabajo como temporal se efectúa a partir de la pérdida de control sobre la causa material de la temporalidad, que se ha extendido hasta lograr que coincida prácticamente con la realización de cualquier trabajo que se desarrolle en el marco de la actividad normal de la empresa. La fragmentación y dislocación empresarial que produce la externalización de servicios y la subcontratación de los mismos, que se definen no solo como una forma de gestión empresarial que diluye la responsabilidad de la empresa principal, sino como una práctica ligada a los procesos de privatización generalizados en toda el área pública, ha acentuado esta tendencia, al permitir la jurisprudencia que la duración del contrato de obra o servicio coincida con la duración de la contrata. Por otra parte, la progresiva pérdida de la función contractual de las distintas figuras que se convierten prioritariamente en formas de inserción laboral sin atender a su objeto contractual, acentúan esta tendencia. Los contratos formativos, por ejemplo, se convierten ante todo en figuras que permiten incorporar a los jóvenes al trabajo, como el tiempo parcial está concebido como forma de empleo femenino. En el área pública, la acción combinada de las privatizaciones como forma prioritaria de gestionar los servicios públicos, y la reducción de personal como exigencia de la política de recortes en la crisis, han fomentado asimismo el uso habitual de la temporalidad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rebajado y diluido los controles a la causalidad de la contratación temporal hasta hacerlos prácticamente irrelevantes y ha creado figuras nuevas en el sector público como el indefinido no fijo que incorpora realmente las características del contrato de interinidad. 

En el 2017, la tasa de temporalidad era del 27%, frente a justo la mitad de media europea, el 14%. Y de los 20 millones de contratos que se firmaron a lo largo de ese año, el 90% fue un contrato temporal

A este panorama se une la fuerte devaluación salarial que hemos sufrido a partir del 2010, el bloqueo de la negociación colectiva y el desempleo masivo que se ha prolongado al menos hasta el 2015. En esas condiciones, la contratación temporal ha asumido los rasgos más negativos: ha hecho prácticamente desaparecer de las nuevas contrataciones el empleo indefinido, la rotación entre el desempleo y la ocupación temporal es creciente, y se entiende que resulta común la concatenación de contratos temporales de duración decreciente. Los datos son terribles. En el 2017, la tasa de temporalidad era del 27%, frente a justo la mitad de media europea, el 14%. Y de los 20 millones de contratos que se firmaron a lo largo de ese año, el 90% fue un contrato temporal.

La caída continuada de la duración media de los contratos y la elevada rotación en el puesto de trabajo son otros elementos que ponen de relieve los estudios económicos efectuados. Los contratos de siete días de duración superan el 26% del total de los contratos en diciembre de 2017. Tampoco el contrato temporal funciona como una suerte de antesala de la estabilidad. Las estadísticas muestran que tan sólo el 10% de quienes tienen un contrato temporal pasan luego a tener un contrato indefinido. Las reformas laborales, y en especial las del 2012 y 2013, han introducido además nuevos tipos de trabajo temporal o asimilados, como el contrato de apoyo a los emprendedores, o las figuras formativas del empleo juvenil, que son extremadamente criticables.

Este diseño trasciende la temporalidad en la contratación y se proyecta sobre una situación extendida de precariedad no sólo laboral, sino social. Su arraigo es tan fuerte que se puede llegar a afirmar que es la precariedad la que define nuestro modelo de crecimiento. Y esto naturalmente deja unas consecuencias enormemente negativas que a su vez producen problemas de regulación económica y social muy graves. La precariedad incide sobre la cohesión social y crea un espacio de desigualdad muy intenso, dentro y fuera del trabajo. Destruye las condiciones de seguridad en la existencia social que un sistema democrático tiene que preservar y aniquila las condiciones básicas de ciudadanía. También impide el ejercicio de derechos fundamentales, y en concreto, en lo que se refiere al derecho al trabajo, evita que éste despliegue las garantías sobre el empleo que sin embargo se mantienen, aunque debilitadas tras las reformas laborales de la crisis, en el caso del empleo estable. Desde el punto de vista de la eficacia económica, el modelo de la temporalidad implica la inversión en actividades de bajo valor añadido y favorece la alta volatilidad de las empresas.

Este esquema que es contradictorio con un modelo de crecimiento sostenible que incorpore las nuevas tecnologías –en especial la digitalización– y que por tanto construya un tipo de reindustrialización sólida y competitiva. Además, la Seguridad Social se resiente financieramente de este predominio del trabajo temporal en un contexto de desempleo de masas y de “pequeños trabajos” de subsistencia no declarados. No sólo la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social se ve dañada, sino que también se incrementa el gasto en las prestaciones por desempleo en este contexto de sustitución de trabajo fijo por temporal y de rotación del trabajo temporal en una concatenación de contratos temporales en un mismo puesto de trabajo y en las transiciones del trabajo (temporal) al paro o a la economía no declarada. Por si fuera poco, el marco regulatorio español está plenamente cuestionado por ser incompatible con la normativa europea tras varios fallos decisivos del Tribunal de Justicia, que es a su vez solicitado en nuevas cuestiones prejudiciales por parte de nuestros tribunales, y en especial por el propio Tribunal Supremo.

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Este artículo se publicó en el blog de Antonio Baylos 

Antonio Baylos es Catedrático de Derecho del Trabajo y Director del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Universidad de Castilla-La Mancha.