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Al sistema productivo español le pasa como a los cascos viejos y los barrios históricos de muchas ciudades: sufre procesos de destrucción creativa; es decir, transformaciones que arrasan lo viejo para generar algo nuevo que desplaza a una parte de la población autóctona mientras los promotores de la cosa, y otros que llegan, se forran. Aunque no se trata de episodios de “gentrificación” propiamente dicha sino más bien al contrario: quienes llegan a su mercado laboral no tienen mayor poder adquisitivo que quienes ya estaban en él, sino más bien al contrario.

La última EPA (Encuesta de Población Activa) ofrece la primera “foto” de esa década prodigiosa en la que la economía española, tras haber alcanzado en 2007 sus récords de empleo y de generación de riqueza, se estrelló para recuperarse con nuevas marcas históricas de negocio que, después de haber achicharrado su mercado laboral entre 2011 y 2014, no acaban de llegar a las familias, que sufren unos niveles desconocidos de empobrecimiento que llevan camino de cronificarse ante la  fractura del sistema redistributivo. 

La evolución de esos años resulta estremecedora. El PIB español entró y salió de ese periodo con cotas históricas: la marca de un billón 116.000 millones de 2008 se vio superada por los 1,118 de 2016, que entre enero y septiembre de este año, en vísperas de la crisis política, social y aparentemente nada económica de Catalunya, se estaba viendo incrementado en un 3,89%. Mientras tanto, la población activa (22.765.000 personas), es decir, las personas que componen el mercado laboral, era a finales de 2017 ligeramente superior (104.900 más) a la de diciembre de 2007, aunque con un diente de sierra ascendente de más de 700.000 personas hasta mediados de 2012 y descendiente con altibajos desde entonces. Y, sin embargo, su composición ha variado notablemente: hay 1.719.500 ocupados menos (18.998.400 frente a 20.717.900), pese a la recuperación de algo más de dos millones en los últimos tres años, y 1.824.300 desempleados más (3.766.300 por 1.942.000) a pesar de la reducción de 2,5 millones en cinco años. Y la tarea de esos ocupados también se ha reducido de manera notable: concretamente, en 81,8 millones de horas semanales (de 685,8 millones a 604) de manera global y en algo más de una hora (de 34,8 a 33,7) en el reparto individual.

Es decir, que el volumen de negocio del país va como nunca, pero trabaja menos gente (un 8,2%) y su tiempo de ocupación se ha reducido casi un 12%, lo que ha recortado un 3,1% la jornada semanal.

Menos trabajo en la obra, en la fábrica y en el campo

La pérdida de ocupación se ha centrado en la empresa privada, que emplea a 1,27 millones de personas menos tras caer a 12,84 millones de asalariados, y en el sector de los autónomos, que ha perdido 546.200 para situarse en 3,06 millones, mientras las administraciones iniciaron a finales de 2013 una recuperación que les ha llevado a tener un saldo favorable de 105.200 empleados al alcanzar los 3.074.300, aunque sigue a 232.000 de su marca de 3,03 millones de setiembre de 2011. No obstante, las limitaciones de la tasa de reposición de jubilaciones y la restricción de las oposiciones hacen que el avance haya sido de menos de 75.000 empleos en cuatro años.

Por sectores, las mayores pérdidas de ocupación se han dado en la industria y en la construcción, con reducciones de plantilla de 641.000 y de 1,53 millones, mientras la merma no alcanza los 50.000 en la agricultura. En los tres ramos se ha reducido también la el número de horas trabajadas: en 27 millones de horas semanales en las fábricas, en cerca de 58 millones en las obras y en casi tres millones en los campos y las granjas.

El único sector en el que mejora la ocupación es en el de los servicios, que en una década ha ganado 615.000 puestos de trabajo (dos tercios de ellos de jornada parcial) para alcanzar los 14,3 millones de empleados pero con solo un avance de 3,1 millones de horas de trabajo semanal. Esos datos permiten hacerse una idea de la tendencia a la precarización que se está produciendo en este sector, puesto que la división del aumento del trabajo por el avance del empleo da un cociente de cinco horas semanales. 

La evolución del volumen de trabajo por ramas de actividad señala a algunas de las que se encuentran en fase de decadencia y/o reconversión, caso del comercio, en el que se han perdido 12,5 millones de horas semanales entre sacudidas de las plataformas digitales;  el transporte y el almacenamiento (dos millones menos), directamente afectado también por los nuevos sistemas de reparto tras el bajón de tráfico de mercancías con la crisis; o la banca y los seguros, en el que la merma ha sido de casi tres mientras la digitalización y los procesos de concentración tras el rescate intensifican la pérdida de empleo.

Desmantelamiento, privatización y precarización

Por el contrario, aumenta en otros relacionados con el turismo y el ocio, como la hostelería (2,4 millones), aunque el principal avance se da en los servicios relacionados con el Estado del bienestar: más de cuatro millones de horas semanales en educación y casi diez en actividades sanitarias y vinculadas con los servicios sociales. Son, junto con el sector de las comunicaciones (1,3 millones), las tareas de gestión en las administraciones (4,1) y el ocio y el entretenimiento (1,3), las que más crecen. Aunque ese crecimiento, en realidad, no revela un avance en los sistemas de protección social del Estado, sino que enmascara su progresivo desmantelamiento y su privatización.

De hecho, el volumen de trabajo del sector privado ya supera al público en sanidad y servicios sociales. Lleva haciéndolo desde finales de 2013, cuando comenzó a sacarle un millón de horas semanales de ventaja dándole la vuelta a una diferencia de tres a favor de lo público que se había mantenido hasta principios de 2012. 

La brecha se va estrechando en la educación, donde el volumen de trabajo del sector público, que se sitúa claramente por encima de los veinte millones de horas semanales durante el curso escolar, duplica con creces el del privado, el cual, no obstante, ha pasado de diez a doce en menos de una década.

Ese aumento de la ocupación y del trabajo en estos dos sectores ha tenido consecuencias opuestas en la Administración y en la empresa privada: la jornada media semanal de los empleados ha crecido en la primera (dos horas y media en educación y unos minutos en sanidad y servicios sociales) mientras se reducía en la segunda, hasta dos horas en algún caso. Todo un síntoma de los derroteros por los que encamina el mercado laboral español en la postcrisis.