En septiembre de 1973, el gobierno chileno elegido democráticamente del presidente Salvador Allende fue depuesto en un brutal golpe de estado organizado por las fuerzas armadas chilenas con el apoyo de la CIA. Enseguida, el general Pinochet se convirtió en el líder de la Junta Militar, órgano que inmediatamente se dedicó a ejercer una cruel opresión contra los defensores del gobierno anterior y otros miembros sospechosos de la oposición mientras se prohibía cualquier actividad política. Al menos 3.000 personas fueron asesinadas: la mayoría fueron ejecutadas, murieron torturadas o “desaparecieron”.

Allende había sido elegido con el 36% de los votos en las elecciones de septiembre de 1970 y fue nombrado presidente de un gobierno de Unidad Popular con la aquiescencia del Partido Demócrata Cristiano. El nuevo presidente heredó una economía que, como en la mayor parte de Latinoamérica, estaba controlada por una pequeña élite mientras la mayoría de la población tenía pocos derechos económicos. En el discurso que pronunció Allende en noviembre tras su victoria, anunció un programa de cambio económico fundamental que proponía abolir los monopolios “que otorgan el control de la economía a tan solo unas cuantas familias”, derogar el sistema tributario que favorecía a los ricos, abolir las “grandes propiedades que condenan a miles de campesinos a la servidumbre” y “poner fin a la titularidad extranjera de nuestra industria”. “El camino hacia el socialismo necesita de la democracia, el pluralismo y la libertad”, proclamó Allende.

La estrategia era crear una sociedad reestructurada basada en tres tipos distintos de propiedad (estatal, mixta y privada) que se alcanzaría principalmente mediante una rápida ampliación del control estatal sobre grandes sectores de la economía. Esto suponía la adquisición estatal de los intereses privados, tanto nacionales como extranjeros, mediante la nacionalización directa o la inversión gubernamental. Estas políticas mejoraron la situación de los pobres, especialmente en la primera parte del mandato presidencial de Allende, a través del aumento del salario mínimo y unas bonificaciones especiales que se abonaban a los trabajadores mal pagados. Esto vino acompañado de una creciente popularidad del gobierno; en las elecciones parlamentarias que se celebraron el año del golpe, 1973, la coalición de la Unidad Popular aumentó su número de votos hasta alcanzar el 44%.

El gobierno de EE. UU. y la CIA habían tratado de impedir que Allende tomara posesión de su cargo

Inicialmente, el gobierno de EE. UU. y la CIA habían tratado de impedir que Allende tomara posesión de su cargo y subsiguientemente trataron de derrocarle. Un informe desclasificado de la CIA revela que, durante las décadas de 1960 y 1970, EE. UU. promovió “continuas campañas de propaganda contra Allende, entre las que se incluía el apoyo financiero a los principales medios de información”, mientras “diversos proyectos de actuación política apoyaban a determinados partidos antes y después de las elecciones de 1964 y después de la elección de Allende en 1970”. En la década de 1960, entre dichas actuaciones se incluía la ayuda económica al Partido Demócrata Cristiano y otros partidos, la distribución de pósteres y folletos, y la ayuda económica a determinados candidatos durante las elecciones parlamentarias. Cuando se celebraron las elecciones de 1964, que ganó el candidato favorito de EE. UU., Eduardo Frei, del Partido Demócrata Cristiano, la CIA había aportado 3 millones de dólares para impedir que Allende ganara.

La CIA llevó a cabo “varias ‘operaciones de desgaste’ encaminadas a impedir la victoria de Allende

En el periodo previo a las elecciones de 1970, que finalmente ganó Allende, la CIA llevó a cabo “varias ‘operaciones de desgaste’ encaminadas a impedir la victoria de Allende” y el presidente Nixon autorizó a la CIA “a tratar de instigar un golpe de estado para impedir que Allende tomara posesión de su cargo”. Unos días después de que Allende asumiera su cargo, la CIA recibió autorización para establecer contactos directos con oficiales militares chilenos “para evaluar las posibilidades de estimular un golpe militar si se llegaba a tomar la decisión de hacerlo”. Se proporcionaron armas, incluidas ametralladoras y munición, a uno de los grupos que estaba tramando un golpe de estado. Se autorizaron diez millones de dólares “para impedir que Allende llegara al poder o para derrocarlo”.

Una vez Allende hubo ocupado su cargo, la CIA canalizó millones de dólares “para fortalecer a los partidos políticos de la oposición” y “además proporcionó ayuda a grupos militantes de derechas para desautorizar al presidente y crear un ambiente tenso”. El dinero de la CIA también se empleaba para “remitir información propagandística por todo el mundo para que se publicara en los medios de comunicación locales” y promover una oposición pública a Allende entre los periódicos chilenos más importantes. En 1971 y 1972, la CIA emprendió operaciones encubiertas encaminadas principalmente a mantener activos a los adversarios de Allende mediante el apoyo a los partidos de la oposición.

Asimismo, se aprobaron acciones “para alentar que las empresas chilenas llevaran a cabo un programa de turbulencias económicas”. El embajador de EE. UU., Edward Korry, explicaba que la estrategia era “hacer todo lo que esté en nuestro poder para condenar a Chile y a los chilenos a la máxima privación y pobreza, una política diseñada para mantener durante largo tiempo la aceleración de las arduas particularidades de una sociedad comunista en Chile”. Tras la toma de poder por parte de Pinochet, la CIA menciona que “continuaba desarrollando algunas actividades de propaganda, entre las que se incluía el apoyo a los medios de información decididos a crear una imagen positiva de la Junta Militar”.

El Comité Conjunto de Inteligencia o Joint Intelligence Committee británico reconocía que “el gobierno de Allende ha estado dirigiendo sus esfuerzos económicos principalmente a efectuar una redistribución de los ingresos” mediante los cuales los precios se habían contenido y se había permitido un aumento de los salarios. Se reconocía que la estrategia era “corregir lo que consideraban injusticias económicas y sociales (incluida la dominación extranjera de ciertos sectores de la economía)” mientras Allende estaba “decidido a demostrar que el socialismo se puede implantar en Chile de un modo pacífico y democrático”.

La principal herejía de Allende fue la nacionalización. En julio de 1971, la industria del cobre –que proporcionaba el 70 por ciento de los ingresos procedentes de las exportaciones de Chile– fue nacionalizada totalmente y las minas de cobre propiedad de EE. UU. fueron confiscadas por el gobierno con la aprobación unánime del Congreso. EE. UU. reaccionó drásticamente y cortó todo crédito y renovación de ayudas al gobierno y presionó al Banco Mundial para que hiciera lo mismo. Las principales empresas mineras de EE. UU., Kennecott y Anaconda, iniciaron procedimientos legales contra el gobierno.

El embajador de EE. UU., Davis, le dijo a su homólogo británico, Reginald Seconde, que el gobierno de EE. UU. estaba preocupado “no solo por la pérdida de las empresas de cobre, sino también por el precedente que la medida chilena establecería en la nacionalización de otros intereses estadounidenses en todo el mundo”.

También se nacionalizaron varios bancos cuando, a comienzos de 1972, el gobierno anunciaba su intención de absorber 91 empresas clave que suponían aproximadamente la mitad de la producción de Chile. Una nota informativa del Partido Conservador británico mencionaba que las empresas británicas se habían visto afectadas por la nacionalización “pero en ese momento, en general se consideraba que allí donde se había llevado a cabo la nacionalización de los activos británicos, la compensación acordada había sido justa”. En una comunicación realizada solo ocho días antes del golpe de estado, el embajador británico Seconde admitía que Chile “al menos ha cogido sus problemas sociales por los cuernos: mucha gente que pertenece a los sectores de la comunidad más pobres y deprimidos ha alcanzado, como consecuencia de la administración del presidente Allende, un nuevo estatus y al menos ha saboreado, durante los primeros años, mejores condiciones de vida, aunque se han visto mermadas por la inflación”. Seconde concluía que “se trata de un gran logro que ha distinguido a Chile de la mayoría del resto de los países latinoamericanos”.

Solo tres meses después de que Allende asumiera su cargo, el Joint Intelligence Committee (JIC) concluía que “Washington está claramente afectado por los acontecimientos en Chile”. Además de la nacionalización de los intereses empresariales de EE. UU., “Estados Unidos debe tratar con considerable recelo la posibilidad de que un régimen de extrema izquierda logre un éxito moderado en Chile, aunque solo sea por el efecto que pudiera tener en cualquier otro lugar de Latinoamérica’.

El JIC también expresó el mismo temor desde la perspectiva británica al decir que, muy probablemente, el curso de los acontecimientos en Chile “repercutirá de manera significativa en toda Latinoamérica y quizá más allá”. “La victoria de Allende ha sido recibida como un refuerzo de la radical tendencia antiestadounidense dominante en Latinoamérica” y puede derivar en un bloque de “estados afines constituidos por Chile, Bolivia y Perú, cuya actitud negativa hacia la inversión extranjera ya ha sido demostrada”.

Seconde y otros funcionarios británicos también se autoconvencieron, sin embargo, de que las políticas del gobierno de Allende estaban llevando al país a la ruina económica y al caos político. Les faltó mencionar que esto fue gracias a la ayuda de la campaña de desestabilización de EE. UU., además de algunos fallos y desuniones dentro del propio gobierno de Allende. La preocupación esencial era la amenaza de los intereses comerciales de Occidente. Seconde mencionaba que una opción futura para Chile era un golpe de estado: “Si estuviera seguido de un régimen militar”, afirmaba, probablemente suscitaría la ayuda de  EE. UU.; por lo tanto “es en esto donde la comunidad comercial está depositando sus esperanzas”.

Los deseos de la comunidad comercial –junto con los gobiernos de EE. UU. y Gran Bretaña– se cumplieron. El 11 de septiembre, los militares chilenos llevaron a cabo lo que las autoridades británicas describieron como un golpe de estado “a sangre fría” y “cruel”, al que le siguió, de forma inmediata, una represión descomunal. El palacio de Allende fue bombardeado por los militares y al parecer el presidente se suicidó. Se hicieron miles de prisioneros, se suspendió el Congreso y se prohibieron todos los partidos políticos y movimientos sindicalistas.

Se llevaron a cabo ejecuciones sumarias por todo el país mientras la Junta, como decía la nota informativa del Partido Conservador dos meses después del golpe, “está dando caza a los antiguos líderes de la izquierda con el objeto de, en palabras del [miembro de la Junta, general de las fuerzas aéreas] general Leigh, ‘extirpar el cáncer marxista del país’’’.

El golpe de estado fue ampliamente condenado internacionalmente al considerarlo un derrocamiento ilegítimo, violento y represivo de un gobierno progresista elegido democráticamente. Suscitó mucha indignación por parte de la opinión pública, también en Gran Bretaña, especialmente porque el gobierno de Heath no condenó firmemente el golpe de estado en público. Si la opinión pública británica hubiera sabido lo que se estaba haciendo en secreto, la indignación habría sido aún mayor.

Los intereses británicos

Los archivos muestran con claridad que los estrategas británicos en Santiago y Londres agradecieron absolutamente el golpe de estado.

Los archivos muestran con claridad que los estrategas británicos en Santiago y Londres agradecieron absolutamente el golpe de estado e inmediatamente se dispusieron a entablar buenas relaciones con el gobierno militar mientras la represión aumentaba, e incluso se confabularon en secreto con la Junta para engañar a la opinión pública británica.

Los funcionarios británicos era absolutamente conscientes de la magnitud de las atrocidades. Tres días después del golpe, el embajador Seconde informaba al Ministerio de Asuntos Exteriores de que “es probable que el número de víctimas ascienda a varios miles, indudablemente está lejos de ser un golpe incruento”. Seis días después, mencionaba que “las historias de los excesos militares y el aumento del número de víctimas ha empezado a circular de forma creciente. La magnitud del baño de sangre ha conmocionado a los ciudadanos”.

Sin embargo, no pareció conmocionar a Seconde y a sus empleados en Santiago. Inmediatamente, este informó de que “seguimos teniendo bastantes intereses económicos en juego con Chile que requieren el mantenimiento de buenas relaciones con el gobierno en el poder”. Sin embargo, “no beneficiaría a los intereses de nadie identificarse demasiado con los responsables del golpe de estado”, es decir, esas buenas relaciones debían mantenerse en secreto. Tras telegrafiar a Londres que el número de víctimas ascendería a varios miles, Seconde comunicaba al Ministerio de Asuntos Exteriores que “independientemente de los excesos perpetrados por los militares durante el golpe” el gobierno de Allende estaba llevando al país a “la ruina económica”’. Por consiguiente, Gran Bretaña debía dar la bienvenida a los nuevos gobernantes ya que “hay razones de sobra para suponer que ahora… tratarán de imponer un periodo de gobernación sensato y ordenado”. Ciertamente, Seconde justificaba de manera eficaz la represión política al mencionar que “la falta de actividad política, por el momento, no ha producido ninguna pérdida”.

El embajador también comunicó al Ministerio de Asuntos Exteriores que “la mayoría de los empresarios británicos … estarán encantados con la perspectiva de consolidación que ofrece el nuevo régimen militar”. Las empresas británicas, como Shell, añadía, “todas están respirando aliviadas”. “Ahora es el momento de intervenir”, recomendaba, al tiempo que urgía al gobierno británico a ofrecer rápidamente el reconocimiento diplomático del nuevo régimen.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alec Douglas-Home, envió a varias embajadas británicas un memorándum oficial a modo de “guía”, el 21 de septiembre, que explicaba el apoyo británico a la nueva Junta. Decía: “Para los intereses británicos … no hay duda de que Chile bajo las órdenes de la Junta ofrece mejores perspectivas que el caótico camino de Allende hacia el socialismo; nuestras inversiones deberían mejorar, nuestros préstamos se podrán reprogramar satisfactoriamente y los créditos a la exportación se podrán retomar más adelante, y el estratosférico precio del cobre (importante para nosotros) debería caer cuando se restablezca la producción chilena”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores decidió llegar a extremos increíbles para garantizarle a la Junta chilena el deseo británico de establecer buenas relaciones. Once días después del golpe, el embajador Seconde se reunió con el almirante Huerta, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de la Junta. Las notas informativas de Seconde relativas a esta reunión dicen: “le diré con franqueza que el gobierno de su majestad entiende los problemas a los que se enfrentaron las fuerzas armadas chilenas antes del golpe de estado y a los que se enfrentan ahora: por este motivo en concreto están deseosos de entablar pronto buenas relaciones con el nuevo gobierno”.

Después Seconde dijo que haría referencia a “nuestros propios problemas respecto a la opinión pública en Gran Bretaña. Por consiguiente, nos ayudaría que él [es decir, Huerta] estuviera de acuerdo con que pudiéramos decir algo para tranquilizar a la opinión pública en Gran Bretaña”. La anotación de Seconde sobre esta reunión con Huerta confirma que dijo que el gobierno británico “entendía los motivos de las fuerzas armadas, la intervención y  los problemas a los que se enfrentaba el gobierno militar” –lenguaje diplomático de apoyo a la Junta. Después Seconde le dio a Huerta un borrador con las frases que emplearía el gobierno británico en público, ¡para que Huerta diera su consentimiento!

Esta declaración convenida es una apología de lo que la Junta Militar hacía por entonces, pues se llevaba a cabo a fin de aplacar a la opinión pública en Gran Bretaña aparentando que el gobierno hacía algo para expresar su preocupación por la situación en Chile. Decía que Gran Bretaña acepta que la situación interna de Chile “por supuesto es un asunto que solo concierne al gobierno chileno” y que el embajador británico había expresado “la profunda impresión que se vive en muchos barrios de Gran Bretaña por las muertes del presidente Allende y otros y por el arresto de tanta gente”. Añadía que “el gobierno chileno daba garantías de que trataría con humanidad“ a los detenidos y a los miembros de la oposición política –una mentira obvia, puesto que Seconde y Whitehall conocían perfectamente la magnitud de las atrocidades que se estaban cometiendo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alec Douglas-Home, estaba encantado con el éxito de Seconde para alcanzar un acuerdo con la Junta sobre la formulación de las frases. Telegrafió al embajador para alabarle la elaboración de un “informe difícil” añadiendo: “la declaración nos ha ayudado a defender el relativamente reciente reconocimiento de nuestro nuevo gobierno frente a las críticas nacionales”. Por lo tanto, se trata de un ejemplo más de la connivencia secreta con un régimen militar en una estrategia conjunta para engañar a la opinión pública de su país, una política británica parecida a la empleada en la guerra civil de Nigeria.

Un informe del Ministerio de Asuntos Exteriores mencionaba que “nuestro principal interés en Chile es el cobre”, que supone una tercera parte de las importaciones de cobre del Reino Unido. Los desórdenes en Chile y “la preocupación por el futuro” habían supuesto, recientemente, un gran aumento del precio del cobre que le estaba costando al Reino Unido 500.000 libras adicionales en divisas. “Por lo tanto, tenemos un gran interés en que Chile recupere la estabilidad, independientemente de consideraciones políticas”.

Por “independientemente de consideraciones políticas” significa “independientemente de la población chilena”. El hecho de que la pérdida de medio millón de libras se considerara más importante que el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente y en general con buenos resultados, reconocido incluso por autoridades británicas por haber mejorado la situación de los pobres, dice mucho sobre las prioridades y valores de las élites británicas. De hecho, sencillamente no existe preocupación alguna –en ninguno de los cientos de archivos que he revisado– por la destitución de un gobierno democrático.

Según los archivos del gobierno, solo había una mención en el Consejo de Ministros acerca del golpe de estado, cuando el 13 de septiembre se anunciaba: “el Ministro de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth han informado que tras un golpe de estado en Chile, se ha notificado que el presidente Allende se ha suicidado y una Junta Militar ha tomado el mando”. No quedaba claro, sin embargo, si la Junta ejercía un control real sobre el país, pero proponía que la cuestión del reconocimiento del nuevo régimen debía determinarse “de acuerdo con los criterios habituales”. Nada más.

De hecho, la abolición de la democracia fue convenientemente justificada por nuestro hombre en Santiago. Tres semanas después del golpe, en un reflexivo comunicado de 20 páginas, dijo que “el derrocamiento del orden constitucional no era lo que podría parecer en Gran Bretaña” y que, aunque reconocía que las fuerzas armadas estaban recibiendo una amplia reprobación internacionalmente, “este asunto debe situarse en la perspectiva adecuada”. El análisis de Seconde hacía referencia a la falta de apoyo habitual que sufría el gobierno de Allende en el Congreso y a que se mantenía en el gobierno gracias a tan solo el 36 por ciento de los votos, situación que, estaba convencido, no se daría nunca en Gran Bretaña.

Las perspectivas de los negocios británicos en Chile son sin duda más prometedoras bajo el nuevo régimen

Respecto a la nueva Junta Militar, Seconde observaba que “las circunstancias también les empujarán hacia direcciones que la opinión pública británica calificarán de deplorables” y que “los próximos años pueden ser poco prometedores, en los que la libertad de expresión puede resentirse”. “Sin embargo, este régimen se adapta mucho mejor a los intereses británicos que el régimen predecesor”. Traducción: este régimen será represivo y beneficiará a los intereses británicos. “Las perspectivas de los negocios británicos en Chile son sin duda más prometedoras bajo el nuevo régimen”, añadía. “Los nuevos líderes están inequívocamente de nuestra parte y quieren hacer negocios con nosotros en el más amplio sentido”.

De este modo, no solo estaba todo listo para que los negocios británicos funcionaran como de costumbre con los nuevos dirigentes militares, sino que las relaciones se intensificaban ahora que el gobierno democrático hereje había sido eliminado. Todo esto se hizo en un contexto en el que los estrategas británicos reconocían inequívocamente que “la tortura continúa en Chile” y que “los nuevos líderes al parecer tienen tendencias cuasi fascistas”. También se reconocía, como menciona anteriormente Seconde, que el nuevo régimen iba a seguir siendo represivo durante mucho tiempo. Tal y como observaba un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores: “parece muy difícil prever que, en muchos años, se recupere nada parecido a un gobierno democrático como al que se ha habituado Chile”.

El ministro de Asuntos Exteriores Leo Amery expresó claramente en varias reuniones privadas que mantuvo con Judith Hart, portavoz laborista de la oposición para el desarrollo exterior, que el programa de ayuda y las líneas de crédito británicas no se suspenderían, al contrario de lo que habían hecho algunos donantes. En respuesta a una pregunta parlamentaria, el Ministerio de Asuntos Exteriores redactó: “nuestras prioridades en Latinoamérica vienen determinadas en buena parte por nuestros intereses comerciales y de inversión… Ante los recientes acontecimientos que han tenido lugar en Chile, nuestra política oficial es negarnos a entrar en la polémica sobre las virtudes o defectos del gobierno del presidente Allende o del nuevo gobierno militar”.

El asunto de las exportaciones de armas británicas a la Junta fue especialmente interesante puesto que fue un caza Hawker Hunter suministrado por Gran Bretaña el que se había empleado en el golpe de estado para atacar el puesto del presidente Allende y su residencia. El embajador observó que durante el golpe “los Hawker Hunters barrieron la zona con sus proyectiles aéreos, dirigidos con notable precisión hacia el Palacio, que sufrió graves daños y fue incendiado”.

Con la Junta en el poder, los funcionarios británicos dejaron claro que se cumplirían los contratos de armas acordados con Allende, que implicaba ocho Hawker Hunters y demás equipamiento con un valor de más de 50 millones de libras. Pero fueron incluso más allá, pues en los archivos secretos decían que “a su debido tiempo estaremos dispuestos a aprovechar al máximo las oportunidades que se presentarán con el cambio de gobierno”. Había expectativas de que la Junta realizara nuevos encargos, pero “queremos llevarlos a cabo lo más discretamente posible durante algún tiempo“ debido a la oposición pública generalizada. El gobierno de Heath desatendió los llamamientos del partido laborista para imponer un embargo a la exportación de armas a Chile y a todos los Hawker Hunters que se habían entregado cuando se celebraban las elecciones generales de 1974.

Otra difícil tarea era contrarrestar la oposición británica e internacional a las atrocidades del régimen militar

Otra difícil tarea era contrarrestar la oposición británica e internacional a las atrocidades del régimen militar. Una nota extraordinaria enviada por el funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores Hugh Carless a Seconde en diciembre de 1973 afirma que “desafortunadamente hay (como usted ha señalado) mucho de verdad detrás de los relatos de las atrocidades, y solo eso nos impide contrarrestar la propaganda”. “Poco podemos hacer con la prensa”, añadía, “pero usted puede asegurarle [a la Junta chilena] que nosotros y nuestros ministros comprendemos los hechos”. Carless también comentaba que “los chilenos deben de estar preguntándose por qué demonios… se está prestando una atención tan parcial a su cambio de gobierno”. Debido al surgimiento de un Movimiento de Solidaridad con Chile en todo el mundo, que probablemente iba a perdurar mientras permaneciera la Junta, “tendremos que adoptar, esporádicamente, un perfil más discreto de lo que nos gustaría”, especialmente a la hora de suministrar armas, ayudar a la Junta con una reducción de la deuda y “socorrerlos cuando sean atacados en las reuniones internacionales”.

El impacto del golpe de estado en los chilenos fue devastador. Sin embargo, el golpe pudo trascender más allá de sus fronteras –además de mostrar al mundo el deseo de EE. UU. de aplastar a un gobierno hereje que había mejorado la situación de muchos de sus ciudadanos más pobres, también señalaba que el camino democrático y pacífico para mejorar la situación de los pobres se tropezaría con la violencia. De hecho, los organizadores británicos de la época  lo admitían. El embajador Seconde observaba en un comunicado tras el golpe de estado que “el fracaso definitivo ha quedado plasmado en este experimento llevado a cabo por las fuerzas armadas chilenas”. “Esto tiene algunas ventajas obvias”, comentaba, pero también algunas desventajas, una de las cuales era que “en general se concluirá que la revolución violenta es el único camino efectivo hacia el comunismo”. El ministro de Asuntos Exteriores Douglas-Home sugirió, de modo similar, que “el derrocamiento de Allende ha desvanecido la perspectiva de lograr un cambio social en Latinoamérica a través de la democracia”.

--------------------------

Este artículo se publicó en inglés en el blog de Mark Curtis

Traducción de Paloma Farré.