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“Voy a crear un millón de empleos”, con esta propuesta estrella y con la palabra ‘Trabajo’ encabezando su propuesta, el candidato Guillermo Lasso recorre el país prometiendo crear en cuatro años un volumen de puestos de trabajo más de dos veces superior a la actual cifra de desempleadas/os existentes hoy en Ecuador.
No es extraño encontrar este tipo de propuestas en una contienda electoral; al contrario, la creación de empleo (sin más) siempre es una propuesta recurrente de los partidos conservadores. De hecho, la estrategia mediática que rodeó el lanzamiento de esta propuesta ha sido muy efectiva. Durante meses, se ha azuzado el fantasma del desempleo como ariete contra la política laboral del actual gobierno. Una vez generado el temor, como veremos infundado, a un supuesto desempleo sobredimensionado, el principal candidato de la oposición lanzó un lema sencillo “crear un millón de empleos” en cuatro años como eje de su campaña. No fue el único, la candidata Cynthia Viteri ha prometido crear 800.000 puestos de trabajo, Paco Moncayo ofrece 470.000 nuevos empleos y Lenin Moreno plantea la creación de 250.000.
Tenemos que contextualizar estas propuestas con una breve caracterización del mercado laboral ecuatoriano y de su evolución en esta última década. No cabe duda de que las relaciones laborales ocuparon un lugar importante en los debates de la constituyente y que la Constitución de 2008 efectúa un amplio reconocimiento del Trabajo, reconociendo su centralidad en la economía sobre el capital. Con esta base y desde aquel momento se han realizado importantes avances en el ámbito de las relaciones de trabajo en Ecuador. Los datos son claros: la población activa ha aumentado en más de 1.5 millones de personas entre 2007 y 2015; en 2006 había 1.575.494 personas afiliadas al IESS, en 2016 hay 3.561.467 lo que indica un amplio crecimiento de la formalización de las relaciones de trabajo; los salarios reales han evolucionado al alza de manera continuada -- prácticamente se ha duplicado su capacidad de compra--, lo que se refleja en la reducción del índice de pobreza y la expansión del consumo de los hogares; el desempleo se mantiene en el 5,2%, lo que sitúa a Ecuador como el país con menos desempleo de América Latina. Uno de los datos más importantes es la reducción de la brecha de género en términos laborales y de disfrute de las prestaciones de seguridad social.
la población activa en Ecuador ha aumentado en más de 1.5 millones de personas entre 2007 y 2015
Evidentemente, quedan muchas cosas por hacer y por rectificar. Los datos del último año revelan que el mercado de trabajo acusa las dificultades por las que transita la economía mundial, de las que no se libra Ecuador. Centrándonos en primer lugar en el desempleo, observamos que en los últimos 12 meses la población en edad de trabajar aumentó en 300.000 personas y la población activa (PEA) ha crecido en 375.000 personas. Observando el desempleo, vemos que 6 de cada 7 ecuatorianas/os que han decidido buscar trabajo en este último año lo han encontrado y sólo uno se encuentra en desempleo, es decir, continúa buscando una actividad laboral. Esto sitúa la tasa de desempleo en un 5.2 % (410.441 personas de 7.46 millones de PEA), la más baja de la región. En esta coyuntura se trata de una cifra que indica una buena capacidad del mercado laboral ecuatoriano de resistir a la dinámica habitual de rápida eliminación de empleos como respuesta a una “crisis económica”. Además, en este mismo intervalo de tiempo, se han creado más de 300.000 nuevos puesto de trabajo.
Por añadidura, y es pertinente recordarlo, las mayorías sociales no están pagando la crisis en Ecuador. El ajuste, inevitable dada la vinculación con la economía internacional, no se está realizando sobre el bienestar de los que menos tienen. Al contrario, es muy llamativo que en los dos últimos años de crisis económica el decil más rico de la población ha sido el único que ha disminuido su porcentaje de ingresos. Más aún, entre 2007 y 2014, Ecuador redujo la desigualdad en ocho puntos, atendiendo al índice de Gini.
Pero, para valorar el desempeño del mercado de trabajo es necesario manejar otras variables, como la calidad del empleo y, en ese aspecto, las cifras más preocupantes son las que indican una reducción del empleo adecuado /pleno (en unas 250.000 personas) y la subida del subempleo en medio millón. Podríamos detenernos en buscar la explicación de estas cifras, que sin duda es múltiple y también tiene que ver con el rápido crecimiento de la PEA en el último año. Sin embargo, no estamos aquí para condenar lo que es el talón de Aquiles del mercado de trabajo ecuatoriano sino para valorar qué propuestas de los candidatos son adecuadas para solventar esta situación. Para ello vamos a analizar algunas propuestas de los Planes de Gobierno visados por notario ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por los cuatro candidatos/a que se sitúan en los primeros puestos de los sondeos electorales.
las cifras indican una reducción del empleo adecuado /pleno en 250.000 personas y la subida del subempleo en medio millón
En la oposición más conservadora se sitúa el programa de Viteri. Ajena a la realidad del mercado de trabajo que hemos descrito, la candidata plantea la vuelta a la desregulación casi total de las relaciones de trabajo con una apuesta clarísima “Libre contratación de empleadores: empleado y empleador podrán escoger el número de horas, días o meses de trabajo”. Esto supone la eliminación del carácter protector del derecho laboral respecto de la parte más débil de la relación de trabajo asalariado, es decir, los trabajadores. La visión ultraliberal de Viteri le lleva a afirmar la no necesidad de esta protección y a apostar por una eliminación de las normas que rigen las relaciones de trabajo. Así, es evidente que el programa de Viteri no responde a las necesidades de la realidad laboral del Ecuador sino a la de un sector empresarial determinado -- apostando abiertamente por la devaluación de la mano de obra-- y a los intereses del capital extranjero al que también Lasso pretende abrir las puertas del país. Además, la propuesta de Viteri de creación de 800.000 empleos no está en el Plan de Gobierno notariado y registrado en el CNE. Da la impresión de haber sido una respuesta al debate de la campaña y a la iniciativa estrella de Lasso. No existe ninguna explicación de cómo crear estos empleos ni financiar su estrategia.
Por su parte, Lasso apuesta por la creación de un millón de empleos, una aspiración sorprendente teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística de Ecuador (ENEMDU), en diciembre de 2016 había 410.441 personas desempleadas y que la población activa se encuentra en la tasa más alta de la década. ¿Está aspirando el candidato a dar empleo a quien no desea trabajar por encontrarse cursando sus estudios? ¿pretende reincorporar al mercado de trabajo a los adultos mayores? ¿repatriar a los migrantes? Una explicación plausible podría ser la siguiente: no se persigue la creación de un millón de nuevos empleos sino el trasvase del subempleo al empleo pleno, pero, desgraciadamente, esta no es la realidad que se deriva de las propuestas de Lasso. Todo lo contrario, el plan de Lasso recoge una serie de propuestas orientadas a la precarización de la mano de obra (reducir la protección ante el despido y la estabilidad en el empleo) recuperando las estrategias ya ensayadas en los países europeos, particularmente durante la crisis actual. Además, opta por incorporar bonificaciones fiscales para los empresarios sin importar la tipología contractual con la que generen puestos de trabajo, lo que abunda en la línea del traspaso de rentas del trabajo al capital.
Entre todas las medidas propuestas por Lasso hay una que llama poderosamente la atención y que permea todo su Plan de Gobierno: la obsesión por atraer la inversión extranjera devaluando para ello los derechos de las mayorías sociales en general y los derechos laborales en particular. Dicho en otras palabras, Lasso realiza una firme apuesta por autorizar e impulsar la modalidad de la maquila. Por añadidura, y ya en la línea de desconocer las graves consecuencias que esta propuesta ha supuesto en países como Chile, en materia de seguridad social Lasso propone una medida inconstitucional, como es la reforma del sistema de pensiones, pasando del modelo de reparto (de solidaridad intergeneracional y justicia social) a uno mixto donde prime la capitalización, es decir, un modelo individual, insolidario e incompatible con los objetivos de justicia social que rigen el modelo de seguridad social ecuatoriano.
Entre las medidas de Lasso destaca la obsesión por atraer la inversión extranjera devaluando los derechos de las mayorías sociales en general y los derechos laborales en particular
En el plano discursivo encontramos un contrapunto interesante en el Plan de Gobierno Moncayo. Este candidato sí menciona el trabajo digno y los derechos laborales aunque sus propuestas son contradictorias y sin concreción. Coincide con Lasso en la implantación de incentivos tributarios a las empresas que generen puestos de trabajo, sin especificar qué tipo de empleo o establecer requisitos para asegurar que el empleo que se genere sea empleo pleno o de calidad. Únicamente menciona la expresión salarios dignos, sin especificar su política salarial. El Plan tiene propuestas llamativas como la de “reajustar” los salarios de los funcionarios públicos, sin decir cómo o cuánto; la promoción de la seguridad social para quienes ejercen el “trabajo sexual” (¿propone legalizar la prostitución?) o la promoción de la contratación de mujeres, especialmente jefas de hogar sin más detalles. En este punto es importante señalar cómo este Plan cae de lleno en la concepción errónea de fomentar la “conciliación” y no la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, lo cual perpetúa el rol de cuidadora de la mujer y mantiene la discriminación laboral, máxime cuando, por añadidura, el Plan no incluye ninguna mención al trabajo no remunerado, a la economía de los cuidados y su reconocimiento.
El Plan de Moreno (registrado ante el CNE como Plan de Alianza País) y su capacidad para dar respuesta a la situación actual del mercado de trabajo difiere sustancialmente de los demás puesto que reitera la voluntad de colocar al trabajo sobre el capital. El Plan se centra en las estrategias para impulsar el empleo, sosteniendo que no se aspira a conseguir una meta únicamente cuantitativa sino también cualitativa: la generación de empleo no puede pasar por encima de la eliminación de la tercerización laboral, la afiliación de todos al IESS y el salario digno.
Las medidas para la generación de empleo incluyen los incentivos fiscales, la inversión pública y financiamiento al sector productivo
Las medidas para la generación de empleo incluyen los incentivos fiscales, aunque concretados en la promoción del trabajo juvenil y se incluyen específicamente otras vías: la inversión pública, el apoyo y financiamiento al sector productivo, sobre todo a los pequeños productores campesinos y urbanos y a la economía popular y solidaria. En el Plan de Gobierno se incluyen medidas concretas para apoyar la empleabilidad, como la formación continua de los trabajadores, especialmente en materia técnica y tecnológica, el apoyo a las diversas formas de organización del trabajo, y a las iniciativas de autoempleo con crédito y asistencia técnica. También se recogen propuestas que no están exentas de controversia como la generación de 8.000 puestos de trabajo en megaproyectos mineros, aunque a lo largo del Plan se hace especial hincapié en la generación de minería responsable y el combate de la ilegal. En el ámbito de la lucha contra la discriminación este Plan es el más desarrollado, y es especialmente llamativa la apuesta por proponer un “acuerdo nacional por el empleo y la producción con el sector privado”, una “alianza que facilite la producción dinámica, innovadora y sostenible”. También es una novedad en relación con el resto de planes la intención de propugnar la organización sindical por rama de actividad económica. En definitiva, en términos puramente técnicos el Plan de Moreno es el mejor articulado, el más concreto y, por tanto, el más creíble.
Una valoración global demuestra que, en sentido opuesto a la propuesta de Moreno, el “cambio” propuesto por Viteri y de Lasso supondría un cambio de rumbo hacia un pasado no lejano y bien conocido, una vuelta a la dependencia de la inversión extranjera, a la retirada del Estado y a las políticas a favor de las multinacionales, sacrificando los derechos laborales y de la seguridad social de las mayorías y en particular de los deciles más pobres. Son medidas que están arraigando en parte del continente, como Argentina o Brasil, donde ya se está sintiendo su impacto en las condiciones de vida de estos pueblos.
Adoración Guamán es Doctora en Derecho. Raúl Lorente es Doctor en Sociología. Profesores de la Universidad de Valencia.
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Autor > Adoración Guamán y Raúl Lorente
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