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La Gran Recesión que se inició en el verano del año 2007 no sólo dio lugar a un drástico debilitamiento de las clases bajas y medias en términos económicos y políticos (enormes transferencias de renta y riqueza, y de poder hacia los más favorecidos), sino también en términos sociales: condiciones de vida, derechos adquiridos, calidad del trabajo, parada de la movilidad social, etcétera, lo que se ha denominado “la ciudadanía social”. Ello fue facilitado por el constante debilitamiento paralelo de los sindicatos. La función de éstos consiste en proteger a los trabajadores (activos, en paro o jubilados), garantizando que tengan la voz más poderosa posible tanto en el mercado como en la democracia (con su autonomía, sin sustituir a los partidos políticos). Cuando los sindicatos son fuertes pueden garantizar salarios más justos, que los trabajadores dispongan de la formación necesaria para ascender de clase social o que se les tenga en cuenta en los procesos de toma de decisiones en el seno de las empresas. En el mejor de los casos los sindicatos fomentan la participación para cambiar las correlaciones de fuerza, y ayudan a desarrollar las políticas públicas idóneas que apoyen la movilidad social, como los incrementos de los salarios mínimos, las pensiones o el seguro de desempleo. Es muy difícil que estas funciones puedan ser desempeñadas por los movimientos que nacen al fragor de una lucha concreta y que, en muchos casos, se extinguen con la misma.

Ya existe suficiente distancia para hacer un balance de la Gran Recesión, una de las crisis mayores que ha sufrido el capitalismo, en términos de pobreza, desigualdad, incremento estructural de la precarización, y reducción y pérdida de calidad de la protección social. A estos efectos nocivos hay que incorporar dos elementos políticos que acompañan a lo anterior: la desconfianza ciudadana ante las promesas de cambio, sea quien sea el que las haga (lo que explica en buena parte la crisis de representación política en las sociedades occidentales, con la aparición de nuevos partidos y agentes sociales en liza) y la consideración de la democracia como un sistema meramente instrumental (se prefiere la democracia a las sociedades cerradas, pero inmediatamente se le exigen resultados: ¿qué hay de lo mío?, ¿cuándo va a llegar la recuperación social?).

Al margen de los cambios estructurales en el mercado de trabajo, el principal instrumento de languidecimiento de los sindicatos en España, en plena crisis económica, fue la reforma laboral del año 2011. Más allá de su intención de provocar una devaluación salarial generalizada (una especie de plan de estabilización sin reconocerlo como tal) generó un desequilibrio en el seno de la empresa a favor de las posiciones empresariales y en contra de las sindicales. Algunos sindicalistas han calificado esa reforma laboral como “la gran agresión”, debido a la transformación radical que a partir del momento en que se puso en práctica significó en el modelo de relaciones laborales, con la ruptura de los siempre frágiles equilibrios alcanzado durante décadas de diálogo social. Generó una progresiva sustitución del Derecho del Trabajo por el Derecho Mercantil como base para la regulación de las nuevas relaciones de trabajo, con una individualización creciente de las mismas, lo que significó un retroceso de muchas décadas. Y todo ello cuando ya era manifiesto que la crisis económica nunca tuvo que ver con el mercado de trabajo y sus hipotéticas rigideces sino con otras causas relacionadas con el sistema financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Cuando se produce un cambio en el ciclo y poco a poco se inicia la recuperación económica (la vuelta al crecimiento), es preciso adelantar todo lo posible la recuperación social que siempre llega con un periodo de retraso, con el objeto de no perder más posiciones. Vuelven a primera línea las políticas de redistribución. Entonces el sindicalismo encuentra mejores condiciones objetivas para renovar su hegemonía cultural en la sociedad a través de una de las piezas fundamentales de su legitimidad social: los efectos de su acción en el seno de las empresas y en el conjunto de la sociedad (las otras dos piezas son los niveles de afiliación y su representatividad en las elecciones sindicales), la vinculación de la mejora de las condiciones materiales con los derechos laborales y con la democratización política y económica. Es la vuelta a la consideración del sindicato como un movimiento sociopolítico. Como resume el documento “Repensar el sindicato”, de Comisiones Obreras, “el sindicato debe intervenir activamente, junto con otros agentes políticos y sociales, desde su independencia, en lograr una nueva hegemonía social de las ideas de justicia social, de democratización de la economía, de mayores cuotas de libertad para la población trabajadora”.