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Si bien es cierto que no se puede entender la crisis política, social y económica que vive España sin atender a la propia crisis del orden mundial de posguerra, resulta fundamental explicar las particularidades del Estado del sur de Europa para caracterizar claramente el momento de fractura del sistema político español. Una fractura que, como trataremos de argumentar, resulta irreversible y difícilmente resoluble a corto plazo.

El esqueleto del sistema español

El edificio político actual se construye y legitima en los años de la transición, como salida a la crisis política, económica y social de los últimos años del franquismo. Los pilares en los que se fundamenta este régimen, que sirvieron para salir de dicha crisis, se cimientan en una monarquía parlamentaria con un sistema de corte bipartidista, en la creación de un débil Estado del bienestar, en un nuevo encaje territorial y en la promesa de prosperidad y seguridad de las clases medias en medio de un marco de ampliación de las libertades civiles.

Todos estos elementos se configuraron con el inicio de la incipiente globalización financiera y con la integración del Estado español en ella. De esta forma, el grueso del modelo productivo español, fundamentalmente desde la entrada en la Comunidad Económica Europea, comenzó a ser el mejor ejemplo de lo que significó la globalización financiera en occidente: la pérdida constante del peso de la industria, la apertura comercial, la liberalización del sector financiero y la consecuente entrada masiva de capitales transformados fundamentalmente en burbujas de crédito e inmobiliarias. Como síntesis, todos estos elementos se enmarcaban en el relato de la modernización, ampliamente utilizado como imagen que definía el proceso de integración económica, social y política con las democracias europeas.

En esta tesitura, el crecimiento de la economía española se sustentaba en el turismo, la intermediación financiera y, sobre todo, en la construcción. Esta última actividad ha sido el núcleo del PIB español, sin el cual no se puede entender prácticamente nada del modelo de las últimas décadas. Como señalan Isidro López y Emmanuel Rodríguez en su obra Fin de ciclo, tomando el concepto de Robert Brenner, la burbuja inmobiliaria actuaba como un “keynesianismo de precio de activos”, dado que la capacidad de consumo interno se basaba en la revalorización de los activos inmobiliarios de las familias, siendo a su vez, la demanda interna, la que actuaba de motor del PIB.

España se integraba en la Unión Europea como uno de los mejores ejemplos de financiarización de la economía a nivel internacional

En consecuencia, la demanda interna funcionaba como la principal variable, todo ello en un contexto en el que los salarios reales permanecían estancados, el paro estructural era elevado y el gasto público se mantenía débil por las directrices del marco europeo. Así, la única posibilidad era la del “efecto riqueza”, esto es, un consumo en base al crédito gracias a la revalorización de los activos inmobiliarios, los bajos tipos de interés y la entrada de capital extranjero. En definitiva, con las materias primas del tardofranquismo y la incipiente globalización financiera, España se integraba en la Unión Europea como uno de los mejores ejemplos de financiarización de la economía a nivel internacional. 

La crisis del sistema político de la transición

Desde el año 2008, los consensos creados en torno al marco de la Constitución del 1978, esto es, un encaje político, social, económico y territorial, que dieron una estabilidad política más o menos continuada al país, han empezado a perder fuerza. Con el inicio de la crisis comienza a resquebrajarse el modelo económico que sostiene el consenso material, engarzado fundamentalmente en la estabilidad y prosperidad de las clases medias. En el 2011 surge el 15M, una respuesta a la crisis social que rompe con el relato legitimador del propio régimen y del sistema de partidos, dando una explicación determinada a los recortes, a la corrupción y a la pérdida de derechos sociales. Tres años más tarde, en enero del 2014, nace Podemos, canalizando el caldo de cultivo que dejó el propio movimiento del 15M, provocando una ruptura del sistema de partidos, así como el cuestionamiento de la monarquía que concluye en la abdicación del rey. Por último, acercándonos más al momento actual, empieza una nueva fase de descomposición: la fractura territorial.

Así pues, la fase más reciente, disparada por el procés, no es más que el resultado de la canalización en clave catalana de la crisis política en el Estado español. El fenómeno catalán enlaza perfectamente con los procesos soberanistas/nacionalistas/populistas que recorren el panorama europeo. Por su parte, la respuesta en bloque de los impulsores del 155, con gran peso de la monarquía, condensan la falta de consenso y el uso de la coerción, lo que provoca desafección en Cataluña. En efecto, el procés acaba derivando en un enfrentamiento judicializado sin posibilidad de acuerdo político por ninguna de las partes. Este hecho, materializado en la figura del juez Llarena, hace saltar a la palestra algo que estaba latente: el desencanto de la población con el sistema judicial.

En relación al tema judicial, como ha quedado patente con el caso de La Manada, además de chocar de frente con la revolución feminista, la sentencia acelera el descontento con la justicia española, que queda deslegitimada ante la opinión pública nacional e internacional. Este hecho se suma a las sentencias a tuiteros, raperos, el secuestro de Fariña, la retirada de las obras de ARCO, el propio caso catalán, etc. La judicialización de la política es la expresión de la dificultad de gobierno consensuado, del uso de la coerción y de la deriva antidemocrática. Obviamente, este contexto de desafección con la justicia no es compacto ni homogéneo, pues, por ejemplo, una de las demandas más claras hasta el momento ha sido la de la cadena perpetua revisable.

De forma más abstracta, en términos gramscianos, la hegemonía de la que gozaba el régimen entre 1978 y 2008 deja de operar al no poder asegurar aquello por lo que se sustentó: modernidad, prosperidad, seguridad, reproducción de las clases medias, etc. En la actualidad, la mayor parte de la población no asimila como propio el interés del bloque dirigente, lo que deriva en una ruptura cultural entre gobernantes y gobernados. En definitiva, las dificultades de gobierno y el deterioro del consenso devienen en una utilización cada vez más evidente de formas coercitivas.

El sistema político español no es más que la respuesta autóctona del resquebrajamiento de los sistemas políticos

Sin embargo, la fractura del sistema político español no es más que la respuesta autóctona del resquebrajamiento de los sistemas políticos occidentales, en el marco de lo que Giovanni Arrighi denominaba caos sistémico, esto es, el interregno entre un orden mundial en descomposición y la configuración de uno nuevo.  En este sentido, debemos analizar esta crisis como un proceso largo, en el que quizás estemos a mitad de camino.

La pulsión social y cultural

En el ámbito social, vemos dos pulsiones de signo contrario. Por un lado, la iniciada con el 15M, de corte claramente progresista y rupturista/reformista, ha cogido impulso con el movimiento feminista. Dicho movimiento, que dista mucho de ser homogéneo, lidera de forma abrumadora el proceso de ruptura progresista, con niveles muy elevados de aceptación social. Esta nueva ola de pulsión recuerda al primer 15M por tres factores fundamentales. Primero, la capacidad de movilización feminista va más allá del propio 8M, lo que ha quedado patente con las manifestaciones organizadas el mismo día de la sentencia del caso de La Manada, en el que salieron a la calle miles de personas en cuestión de horas. En segundo lugar, el movimiento no se siente representado de forma mayoritaria entre las fuerzas parlamentarias, pues, de forma intuitiva, el partido que tendría la potencialidad para hacerlo, Podemos, se encuentra totalmente fuera de juego en el contexto actual, incapaz de pensarse estratégicamente ante sus peleas internas. En tercer lugar, el empuje feminista ha conseguido ir más allá de las movilizaciones concretas, promoviendo una revolución cultural que tendrá un calado social profundo.

Por otro lado, existe una nueva ola reaccionaria que nace con la oposición del nacionalismo español al procés. La revolución de las banderas en los balcones reflota un anhelo nacionalista y un caldo de cultivo que da pie a la aparición de una derecha populista en un sentido laclauniano. En este sentido, la estrategia del PP con la aplicación del 155 y la consecuente judicialización de la política ha sido claramente cortoplacista. Aunque ha conseguido agitar pasiones conservadoras, activando emociones que estaban latentes, no ha sido capaz de canalizarla políticamente. En este marco, quien mejor ha sabido jugar sus cartas ha sido Ciudadanos, que desde el 1-O ha conseguido situarse en el mejor momento de su corta historia.

En consecuencia, la decisión de la justicia alemana en relación a Puigdemont, sumada al enfrentamiento entre Llarena y Montoro, rompen el relato del PP. Además de la batalla interna en el partido (el caso Cifuentes es un claro ejemplo), en el interior de la clase económica dominante existen facciones nacionales que tienen grandes problemas para sobrevivir ante la fuerza de grandes empresas globales. En síntesis, nos encontramos ante una recomposición de la derecha española, en la que las pasiones actuales pueden devenir en una derecha euroescéptica, con la lanzadera que ha supuesto el rechazo de la justicia alemana. De momento, aunque de forma marginal, VOX está intentando canalizar este nicho, quedando patente su ofensiva con el fichaje de Steve Bannon (asesor en la campaña de Trump).

De esta forma, la crisis del sistema de partidos, que fundamentalmente había afectado al PSOE, está haciendo mella de forma clara en el PP. El ejecutivo tiene tremendas dificultades para gobernar, algo que se expresa en el uso sistemático de la coerción, ya sea en su forma judicial o policial. Además, como partido, no tiene perspectiva estratégica a medio plazo y solo actúa en base a la supervivencia ante su propia lucha interna. Así, sus mejores bazas empiezan a no ser suficientes: buena relación en Europa con Alemania, respaldo de la generación anterior a la transición, control del conflicto catalán y, sobre todo, el manido discurso de la recuperación.

Una crisis de largo plazo: la llamada “recuperación” es insostenible

Hasta el momento, uno de los puntos fuertes del Partido Popular es el calado que ha tenido el discurso de la recuperación. Este término es utilizado por todo el arco parlamentario, algo que indica una clara victoria en este sentido. Ni que decir tiene que tal recuperación es una fantasía: vemos un repunte de la tasa de beneficio y la inversión, además de una leve reducción de la deuda total en medio de una precarización radical del empleo existente, una reducción drástica de las condiciones de vida de la mayoría y el crecimiento de la desigualdad. Es decir, nos encontramos en medio de un repunte dentro de la depresión sistémica del capitalismo global, que tendrá su recaída presumiblemente en el próximo lustro.

¿Por qué es previsible una recaída de la situación económica? Porque la crisis del ciclo neoliberal (1980-2008) está lejos de resolverse: el impasse actual responde fundamentalmente a factores exógenos: el sostenimiento de la deuda pública y privada por parte de la expansión cuantitativa, los bajos precios del petróleo y las distintas burbujas financieras (entre ellas la de la bolsa estadounidense) están permitiendo este pequeño respiro. Además, en términos puramente económicos, en el marco del euro, la economía española no puede competir de forma sostenida con los países centrales. En los últimos años, el descomunal déficit comercial se ha frenado gracias a la precarización del empleo y los bajos precios del petróleo, es decir, lejos de lo que se suele afirmar, la clave ha sido la reducción del peso relativo de las importaciones y no el éxito de las exportaciones.

El marco de la eurozona relega a la economía española a depender de los flujos financieros del centro de Europa

Las implicaciones que esto supone son muy graves, pues el marco de la eurozona relega a la economía española a depender de los flujos financieros del centro de Europa, con un modelo productivo basado en el turismo y en la especulación inmobiliario-financiera (un ejemplo representativo es la nueva operación Chamartín). En este marco, la única opción es la precarización estructural del empleo. En resumen, el modelo naciente es creado con los restos del anterior, en una especie de castillo de cenizas del neoliberalismo español, en el que se intenta reactivar la burbuja inmobiliaria y el turismo como bases de la división europea del trabajo.

Conclusión

Para finalizar, en resumidas cuentas, la compleja situación que vive el Estado español es la realidad de un Estado del sur de la eurozona en el marco de la crisis del orden mundial de posguerra. Una crisis no resuelta, en la que el Gobierno no puede asumir las demandas insatisfechas y, por tanto, lo acercan al fracaso electoral. Hasta el momento, ninguna formación puede asumir un nuevo proyecto de país: resulta imposible sin atender a la realidad europea, que afronta una decadencia considerable y un futuro incierto. De esta forma, como provincia dentro del marco europeo, no existe salida a la crisis de régimen español sin atender a su integración supranacional.

Sin duda, la convulsión social y cultural que estamos viviendo en los últimos meses será un factor clave en el futuro. En efecto, todo el sistema de partidos tendrá que reconfigurarse alrededor de dos fuerzas latentes. Por un lado, aunque con menos fuerza, el incipiente nacionalismo español, del que fundamentalmente se nutrirá el sector más conservador. Por otro lado, la revolución feminista, que está generando un cambio cultural de dimensiones todavía difíciles de calibrar.

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Juan Vázquez Rojo es economista, investigador y editor de la Revista Torpedo.