En el despacho de la jueza María Servini de Cubría, ubicado en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py, hay una fotografía que esta magistrada argentina de 81 años guarda con especial cariño. En la imagen puede verse, sonriente, a Ascensión Mendieta, la hija de Timoteo Mendieta, represaliado por el franquismo en 1939 y cuyos restos fueron exhumados hace un año por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por orden de la justicia argentina. “Me envió la foto así, con el cuadrito”, recuerda Servini de Cubría, que lleva ocho años investigando desde Argentina los crímenes del franquismo, la única causa abierta en el mundo para arrojar luz sobre el periodo más negro de la historia reciente de España.

La denominada querella argentina cuenta ya con cientos de testimonios y pruebas sólidas sobre esa matriz represiva del franquismo, pero avanza muy lentamente por la falta de colaboración de España, una circunstancia que la magistrada y sus colaboradores llevan constatando varios años. “Nos cuesta horrores seguir investigando la causa de los crímenes del franquismo”, se lamenta Servini de Cubría en un diálogo con CTXT. La investigación ha sido un campo minado desde el principio. Una traba después de la otra, como recuerdan la magistrada y los dos colaboradores que la acompañan en la charla con este medio. El primer obstáculo fue toda una enmienda a la totalidad. La querella se interpuso en Argentina el 14 de abril de 2010 en aplicación del principio de jurisdicción universal. Los delitos a investigar fueron tipificados como lesa humanidad, y por tanto, imprescriptibles. Pero España se amparó desde el principio en la Ley de Amnistía de 1977 y en la prescripción de los delitos, aferrándose al argumento de que el delito de lesa humanidad no estaba definido en la época en que se produjeron los hechos.

Cuando vi el cambio de gobierno, pensé: que nos abran las puertas

“Yo creo que es un error lo que está haciendo España porque cada vez, el tema se agranda más y todavía hay gente de esa época que vive”, asegura la magistrada. Su malestar tiene nombre y apellido: “Con (Mariano) Rajoy estábamos mal, poco y nada pudimos hacer. No sé si (Pedro) Sánchez cambiará de opinión, y entonces también cambien de opinión en el poder judicial en España. Eso no lo sabemos todavía. Ojalá que con el presidente Sánchez se pueda avanzar. Cuando vi el cambio de gobierno, pensé: que nos abran las puertas”.

Esas puertas a las que se refiere la magistrada se cerraron casi por completo cuando la Fiscalía General del Estado instruyó en octubre de 2016 a los juzgados provinciales para que rechazaran tomar declaraciones relacionadas con la causa. Para entonces, Servini ya había imputado a 19 excargos franquistas, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez y José Utrera Molina (fallecido más tarde), el ex policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas. La solicitud de detención y extradición había sido denegada en 2014 por las autoridades españolas, que dejaron en papel mojado una orden internacional de Interpol al interpretar que ésta no era vinculante.

La querella argentina, sin embargo, ha seguido su camino contra viento y marea. El primer paso lo había dado en 2010 Darío Rivas, un nonagenario residente en Argentina, cuyo padre fue fusilado por pistoleros de Falange Española. La ARMH y varias organizaciones de Derechos Humanos de Argentina se personaron en la causa y con los años se fueron sumando varios cientos de querellantes. Las dos últimas denuncias corresponden a sendos casos que habían sido rechazados en principio por el juzgado de Servini de Cubría al entender que no se ajustaban al marco temporal y espacial de la investigación. Pero la Cámara Federal de Casación Penal reconoció en junio el derechode los denunciantes a sumarse a la querella. Se trata de los casos de José Salmerón Céspedes, un policía que se mantuvo fiel a la República y fue fusilado al inicio de la Guerra Civil en Tetuán, y de Gustavo Muñoz Bustillo, un joven de 16 años asesinado por la policía en Barcelona en septiembre de 1978. La causa se adscribe al periodo 1936-1977 y al territorio español pero la Cámara Federal entendió que ambos casos encajan en el objeto de la investigación.

Solo uno de los excargos franquistas imputados ha manifestado su disposición a declarar: Martín Villa

Servini de Cubría pudo viajar sólo en una ocasión a España en el marco de su investigación. Fue en 2014, una breve estancia en la que intercambió puntos de vista con algunos jueces y habló con víctimas de la represión franquista y algunos de sus familiares. Sus sucesivas peticiones para volver a España a interrogar a los imputados cayeron en saco roto. Solo uno de los excargos franquistas imputados ha manifestado su disposición a declarar: Martín Villa, a quien la jueza responsabiliza de la “posible comisión de hechos atroces”. En concreto, el ex ministro del Interior está acusado por los sucesos de Vitoria de marzo de 1976 en los que murieron cinco obreros a manos de la policía, y por la muerte de varios manifestantes en el País Vasco cuando Martín Villa ya era ministro de Gobernación (Interior). El expolítico español pidió declarar pero con exención de prisión, una solicitud que fue rechazada por la magistrada, que le impuso una fianza que el exministro ya depositó, por lo que podrá declarar sin riesgo de quedar detenido. 

Servini de Cubría ya ha enviado un exhorto a España para poder realizar esa acción judicial en octubre. De momento, no ha recibido respuesta por parte de las autoridades españolas, pero la magistrada confía en los nuevos vientos políticos: “Con el cambio de gobierno pienso que nos van a permitir ir a España a tomar declaración. Con el gobierno anterior no nos daban ese permiso. La otra fiscal (Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado entre 2015 y 2016) nos negó la declaración indagatoria para todos”. En todo caso, la de Martín Villa sería la única declaración de los imputados en la causa.

Pese a todos los palos en la rueda que ha ido colocando España, la querella argentina ha logrado en estos ocho años de trayectoria algunos logros significativos, como el hecho de que por primera vez prestaran declaración testimonial en un juzgado víctimas de la represión franquista. Varios querellantes viajaron a Argentina a finales de 2013 para dejar constancia de sus denuncias. Y otros se acercaron a la embajada argentina en Madrid y contaron sus casos a través de videoconferencias. Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 que dirige Servini de Cubría se han emitido además varias peticiones de exhumaciones a España. “Lo que queremos es poder cavar y tener los cuerpos (de las víctimas), como en el caso de Timoteo Mendieta. Realmente, nos alegramos y nos emocionamos mucho el día en que aparecieron los restos de Mendieta. No se imagina la emoción que teníamos. Entiendo perfectamente el sufrimiento de esa gente y me doy cuenta de su desesperación por encontrar a sus familiares”. Pero esas peticiones dependen en última instancia de la voluntad del juzgado provincial que las reciba en España.

Plan sistemático

La investigación argentina se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. Según la causa 4591/2010, en España hubo un “decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Ese plan fue ejecutado, de acuerdo a la investigación, “por el grupo de militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.

El primer juez que se propuso investigar los crímenes del franquismo fue Baltasar Garzón. El Tribunal Supremo sostuvo que no era competente para hacerlo y poco después le dio la puntilla al apartarlo de la carrera judicial por prevaricación en el caso Gürtel. Garzón declararía después ante Servini de Cubría que la querella argentina era la única posibilidad que tenían las víctimas del franquismo de buscar justicia: “Él insistió en que estamos ante un caso de lesa humanidad”, subraya la jueza.

El futuro depende de que España colabore. O que pidan esta causa y la investiguen allá

En el juzgado de Servini de Cubría no son muy optimistas sobre el futuro de la causa (“nos golpearon mucho y nos pusieron muchas trabas”). Para que no acabe archivada con el paso del tiempo, España debería cambiar su actitud y tener un criterio coherente respecto de la justicia universal, advierte la magistrada: “El futuro depende de que España colabore. O que pidan esta causa y la investiguen allá. Acá hay declaraciones, hay prueba. Pero el problema es que a los jueces españoles no les dejan investigar”. Hasta ahora, a España ni siquiera se le ha movido una ceja por los rapapolvos que ha recibido de la ONU, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional por su inmovilismo en este asunto. 

No es la primera vez que Servini de Cubría tiene que lidiar con causas de lesa humanidad. Ordenó en su día la detención del exdictador argentino Emilio Massera e investigó también el asesinato del exgeneral chileno Carlos Prats y su esposa, perpetrado en Buenos Aires en 1974 por un agente del pinochetismo. Recuerda la magistrada que en este último caso, Chile colaboró con la investigación. Por eso le pide a Pedro Sánchez que haga lo propio: “Tiene que dejarnos investigar y tratar de calmar los ánimos en su propia nación porque no es cierto que esté todo el mundo tranquilo. La gente ha sufrido y aún sigue sufriendo. Hay que buscar y, en la medida de lo posible, ir entregando los restos (de las víctimas) a los familiares”. Para la jueza, no se trata de abrir heridas ni de despertar rencores. “Las heridas –sostiene– están ahora abiertas”.