España es un país extraño. Por ejemplo, existe una terrible asimetría en el trato que reciben las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Las víctimas del terrorismo son reparadas moral y económicamente y sus asociaciones apoyadas desde los poderes públicos. Del mismo modo, los victimarios son perseguidos por la justicia y castigados penalmente. Sin embargo, de las víctimas del franquismo y de sus deudos, los representantes políticos pueden burlarse públicamente en los medios de comunicación sin consecuencia alguna. Y aunque las Naciones Unidas han instado al Gobierno español repetidamente a llevar adelante, a través de medidas concretas, el principio de “verdad, justicia y reparación” para las víctimas del franquismo, todavía es ésta una cuestión pendiente de resolver. Se podría pensar que esta actitud, propia del Partido Popular, tiene que ver con las continuidades intergeneracionales dentro de esta formación o, bien, algo de mayor trascendencia, con una cultura política en la que perviven los lazos con la dictadura. Pero el caso es que empezamos a comprender que constituye un ropaje de uso más extendido y del que tampoco quiere deshacerse la nueva derecha que representa Ciudadanos. En efecto, durante el reciente debate parlamentario de la moción de censura, Albert Rivera se burló de las lágrimas de Pablo Iglesias porque éste se había emocionado en una intervención anterior en la que leyó los testimonios de tortura de José María Galante, Willy Meyer y Lidia Flacón. En realidad de quién se rió fue de tres víctimas de tortura, humillándolas de ese modo.

Habitualmente, en el debate público cuando se suscita la cuestión de la memoria histórica, el argumento favorito de la derecha es que se trata de un asunto del pasado. Rivera ha vuelto a repetirlo con motivo de las primeras propuestas de Pedro Sánchez en esta materia. Sin embargo, las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos durante la dictadura de Franco, desgraciadamente, constituyen una cuestión de la presente democracia española. No es un problema del franquismo, ni siquiera de la transición, sino de hoy. Porque es todavía hoy cuando España es el país con mayor número de fosas comunes tras la Camboya martirizada por el régimen de Pol Pot. Es hoy cuando todavía miles de mujeres desconocen qué fue de los hijos que les fueron arrebatados al nacer. Es hoy cuando miles de personas que padecieron torturas no han logrado la justicia que legítimamente les pertenece. En definitiva la impunidad del franquismo es un problema de la actualidad que constituye un déficit en términos democráticos y morales de nuestra sociedad.

Causa extrañeza asimismo que en España, por lo que concierne a las violaciones de los Derechos Humanos durante el franquismo, hasta ahora la lógica judicial se atenga exclusivamente al Derecho doméstico. ¿Por qué? Sencillamente porque la propia Constitución y los convenios internacionales suscritos obligan al Estado español a la observancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Penal Internacional. Veamos esta cuestión a través de un ejemplo. Si tomamos las resoluciones judiciales mediante las cuales no fueron admitidas a trámite en los Juzgados 17 y 23 de Madrid las querellas presentadas por Ángela Gutiérrez y el ya citado José María Galante contra González Pacheco, Billy el Niño, por torturas, observaremos varias cuestiones. En primer lugar, vemos cómo los juzgados admiten que, en efecto, hubo torturas, pero que se trata de un delito cometido por un funcionario que a día de hoy ha prescrito.

la tortura y de los malos tratos infligidos por González Pacheco no constituía un caso aislado de un funcionario de policía fuera de control. Al revés, esas prácticas formaban parte de unos protocolos, unos objetivos y un modus operandi compartidos

Sin embargo, la práctica de la tortura y de los malos tratos infligidos por González Pacheco no constituía un caso aislado de un funcionario de policía fuera de control. Al revés, esas prácticas formaban parte de unos protocolos, unos objetivos y un modus operandi compartidos por una red de funcionarios que configuraban la policía política del régimen. Una red cuyos hilos unían las comisarías y Jefaturas Superiores de Policía, amén de cuartelillos de la Guardia Civil. Naturalmente, esa red se centralizaba desde la Dirección General de Seguridad. Podría decirse entonces que hubo un Billy el Niño en cada establecimiento de detención de la geografía española. Además, resulta inimaginable que fuese de otro modo. De manera que los delitos de tortura, como es ahora el caso, fueron cometidos por un grupo organizado. ¿Alguien se imagina un grupo humano mejor organizado que la policía política de un estado represivo?

Por otro lado, las víctimas de los distintos Billy el Niño no eran ciudadanos despistados que, desafortunadamente, un mal día estaban en el sitio equivocado. Muy al contrario, las víctimas de torturas (y de otras violaciones de los Derechos Humanos) durante la dictadura formaban todas ellas parte de un grupo muy definido e identificable de la población española: en su inmensa mayoría formaban parte de la oposición antifranquista.

Que de la violación sistemática de los Derechos Humanos fuese responsable un grupo organizado –la policía política–, por un lado, y, de otro, que las víctimas formasen parte de un grupo de población determinado, de perfiles muy nítidos, hace que esas violaciones de los Derechos Humanos constituyan delitos de lesa humanidad. Y esta clase de delitos se caracterizan porque no prescriben. Esto pone sobre la mesa la futilidad de cualquier debate sobre la Ley de Amnistía en relación a los victimarios. Todo ello sin tener ahora en cuenta que la amnistía es una medida destinada a los delitos juzgados y a día de hoy éste no es el caso de los miembros del aparato de represión franquista.

España es también un país extraño en la medida en que en él los archivos se han constituido en una pieza clave de la impunidad del franquismo. Se debe a que una maraña de legislación, a veces contradictoria entre sí cuando no procedente del propio franquismo, como la Ley de Secretos Oficiales, impide a la ciudadanía en general y a los investigadores en particular acceder a ellos para conocer la verdad. Para completar el panorama los recursos destinados a los archivos públicos se han desplomado con la excusa de la crisis. Dos ejemplos: el sistema de archivos del Ministerio de Defensa cuenta como más archivos que archiveros. Otro: los archivos de la Administración General del Estado han perdido en los últimos años un total de 260 profesionales de la archivística.

Produce, al fin, más que extrañeza estupor las desempolvadas propuestas de resignificación del Valle de los Caídos, al objeto de convertirlo en un espacio de reconciliación. Porque el Valle es el único monumento de esas dimensiones que pervive en Europa en honor de una dictadura de origen fascista. Al igual que los campos nazis, su futuro sólo puede estar ligado a un proyecto de centro de interpretación que muestre a la ciudadanía, y en especial a las jóvenes generaciones, qué fueron aquellas cuatro décadas de sangre, terror e ignominia que resultó ser el franquismo.

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José Babiano es director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo.