Hace unos días, el magistrado y novelista Miguel Pasquau Liaño escribió un artículo en este mismo medio sobre el “consentimiento expreso” en los casos que afectan a la libertad sexual de las mujeres y, de forma muy pedagógica, planteaba al Gobierno algunas propuestas sobre el asunto que son de indudable interés y que, justo en un momento en el que el PSOE parece dispuesto a abordar una reforma del Código Penal en relación a los delitos sexuales, resultan oportunas y procedentes.

Nadie conoce las medidas que pretende implementar el Gobierno, mientras que nuestro proyecto de ley ya está marcha

Sin embargo, como diputada del Grupo Confederal Unidas Podemos, En Comú Podem, En Marea, me ha dejado sorprendida que el Sr. Pasquau no hiciera ninguna referencia al proyecto de ley sobre protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales que presentó mi Grupo en el Congreso el 11 de julio. Y me ha sorprendido porque, más allá de una vaga declaración de intenciones por parte de la Ministra Carmen Calvo, hasta el momento, nadie conoce las medidas que pretende implementar el Gobierno, mientras que nuestro proyecto de ley ya está marcha, incluye una reforma del Código Penal, en el sentido indicado por el Sr. Pasquau, y hace del consentimiento expreso de las mujeres un eje central y determinante. Mi impresión es que este proyecto no ha tenido la repercusión mediática que merece y, francamente, creo que supone un avance indudable para los derechos de las mujeres, tanto por su contenido como por la metodología participativa con la que ha sido elaborado.

Nuestra proposición de ley nace de un trabajo de diálogo y consenso con grupos feministas del mundo de la cultura, la educación, la sanidad y el Derecho, así como con expertas en formación y prevención de violencia machista, y, a mi juicio, resuelve satisfactoriamente las cuestiones que plantea el Sr. Pasquau en su artículo sobre el “consentimiento expreso”.

En primer lugar, hay que tener claro que la reforma del Código Penal es solo una de las herramientas que tenemos para acabar con las violencias machistas; que es necesaria pero no es suficiente. De manera que debe ir acompañada de otras medidas legislativas, políticas públicas y servicios directos en favor de las personas vulnerables a estas violencias. Estas medidas están especificadas detalladamente en nuestro proyecto de ley y tienen el ambicioso objetivo de superar la cultura de la violación, que es el paradigma en el que, más o menos conscientemente, se mueven los agresores.

En segundo lugar, y en relación a la cuestión del consentimiento como eje central de los delitos de agresión sexual, el proyecto solo califica de libres y satisfactorias las relaciones sexuales en las que las partes se implican activa y positivamente. Por esta razón, entre otras, se lleva a cabo la unificación y la ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de “agresiones sexuales”, poniendo el acento no ya en las conductas de contenido sexual, sino en los medios comisivos que evidencian la falta de consentimiento de la víctima para la práctica de sus relaciones. En esta línea, no hablamos de “consentimiento expreso”, sino que, siguiendo el art. 36.2 del Convenio de Estambul, asumimos que el consentimiento “debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes”. Precisamente por este motivo, y para no romper con un cuerpo legal que habla de consentimiento en otros delitos, no utilizamos la expresión “de mutuo acuerdo” que es más adecuada para definir las relaciones sexuales en las que las mujeres tienen también un papel activo y no se limitan únicamente a “consentir”.

Ni se invierte la carga ni se vulnera el principio de presunta inocencia, puesto que estos medios son los mismos que se exigen en estos otros delitos

Se trata, pues, de una propuesta realista que no obvia una gradación en la gravedad de las conductas, pero que articula la tipificación penal con base en la ausencia de consentimiento, como pasa también, por ejemplo, en el delito de robo o apropiación indebida. Y en relación a los medios de pruebas, ni se invierte la carga ni se vulnera el principio de presunta inocencia, puesto que estos medios son los mismos que se exigen en estos otros delitos.

Finalmente, en cuanto a la declaración de la víctima y su posible contradicción con la del acusado, no hay ninguna novedad ni tratamiento especial. Se trata de contradicciones que también se dan en otros delitos y que se resuelven a diario en los juicios, considerando las reglas del Derecho y la jurisprudencia. Lo que resulta curioso es que se ponga tanto énfasis en las declaraciones contradictorias en los delitos sexuales pasando por alto que la dificultad para describir los hechos y aportar las pruebas no es exclusiva de estos casos. No ayudan las extendidas presunciones prejuiciosas de culpabilidad de las mujeres, a la que se acusa popularmente de provocar el delito o de utilizar las denuncias como chantaje o venganza. A estas alturas es evidente que en este país los juzgados no se sustraen, como desearíamos, a la cultura machista. Ahí está, sin ir más lejos, el Síndrome de Alienación Parental que sigue aplicándose en casos de violencia de género, a pesar de que no supera el más mínimo contraste científico y de las numerosas advertencias acerca de lo pernicioso de su uso.

En fin, sirva este artículo para señalar que hay quienes en el Congreso estamos dispuestas a trabajar de forma efectiva por erradicar la violencia sexual contra las mujeres cuya incorporación al Pacto de Estado fue duramente resistida por parte de otros grupos parlamentarios. Ojalá nuestro proyecto de ley pueda solventar una laguna impropia de países que, como el nuestro, se han comprometido con el cumplimiento estricto del Convenio de Estambul.

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Alicia Ramos es licenciada en Derecho y diputada del Grupo En Comú Podem en el Congreso de los Diputados.