Utopía como un lugar inexistente, buenismo como ingenuidad idealista y principios éticos como fuente segura de irresponsabilidad. Ah, y por supuesto, las migraciones como un problema capaz de acabar en invasión. Seguramente el título de este artículo haya despertado en no pocas personas estas ideas. No en vano habitamos un marco de significados, tanto en los medios como en el debate político, que nos presenta esta opción como impensable.  

La defensa de las fronteras abiertas se suele atribuir a una posición marginal propia de activistas o cooperantes. Un libro editado por la UNESCO en 2011, Migración sin fronteras, ayuda a deshacer este error. Ahí se revela que la apuesta de esta prestigiosa institución de Naciones Unidas pasa precisamente por la apertura de las fronteras. Se considera la inmigración un derecho humano ligado al reconocido derecho a emigrar (artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), a elegir libremente un trabajo (artículo 23) o un nivel de vida adecuado (artículo 25); también se la presenta como la opción más realista en materia migratoria para reducir las desigualdades. 

Seguramente hayan escuchado a Marine Le Pen decir que la solución pasa por ayudar al desarrollo de los países de origen de las migraciones. Es uno de tantos argumentos loables empleados en este tema, una media verdad que hace más llevadera la ejecución de la crueldad. La cara oculta del argumento, al menos en el caso del fascismo, es que no los quieren cerca. Vuelven los indésirables de la política de entreguerras del siglo XX. Antes de decidirse por la solución final, recordemos, los nazis llegaron a pensar en Madagascar como un destino para los judíos europeos. 

La práctica totalidad de los estudios económicos al respecto desde hace 25 años concluyen que la apertura de fronteras no causaría la debacle que el marco dominante ha inoculado en nuestras cabecitas. Tampoco se daría la invasión de los bárbaros anunciada. 

Ni los ruidosos latinos del Sur tomamos París o Berlín a comienzos de los ochenta, ni los cualificados polacos o búlgaros nos invadieron veinte años después, ni la migración interna en el espacio sin fronteras de la Unión Europea es espectacular. Cierto que Asia, África y América encierran realidades de extrema gravedad económica y política, por lo que la exacerbada desigualdad en determinadas fronteras precisaría seguramente de medidas regulatorias transitorias. 

Aún en estas circunstancias, hemos de considerar que en la vida real cuesta migrar y separarse de los tuyos, del lugar que te ha visto crecer, donde entiendes la lengua o las costumbres de quienes te rodean. Apenas un 3% de la población mundial participa a día de hoy de los flujos migratorios. Son precisamente las fronteras cerradas las que aumentan parte de la inmigración al fomentar la permanencia de quienes temen no volver una vez salgan, motivo que dispara también las peticiones de reagrupación familiar. 

Una buena cantidad de trabajos teóricos –parte de ellos de origen liberal– prevén que con la apertura de fronteras se produciría un descenso en la desigualdad a nivel internacional. Al migrar sin restricciones, a medio plazo se producirían grandes avances en la convergencia de los salarios reales entre los países de origen y destino, incrementos de la productividad, de los ingresos y finalmente un importante crecimiento del PIB. También subirían las remesas enviadas, el ahorro o el conocimiento técnico de los emigrantes. Se acabaría con el gasto improductivo de la represión policial en frontera y en el interior del Estado receptor, a la vez que se reduciría la economía sumergida fortaleciendo la seguridad social y los ingresos fiscales. Se potenciaría el conocimiento científico, la libertad y el enriquecimiento cultural. 

Si además se fomentara en paralelo una transferencia de servicios y manufacturas a los países actualmente empobrecidos, de modo que se redujera la injusta relación real de intercambio existente entre el norte y el sur, la apertura podría convertirse en un motor de justicia económica internacional. 

Pero una cosa es la teoría y otra la incertidumbre de la práctica. En un entorno de debilidad sindical y de confusión en la izquierda política, con altas tasas de desempleo, precarización y jornadas extensivas, la oligarquía del país receptor puede aprovechar la llegada de migrantes pobres para presionar los salarios y los derechos laborales aún más a la baja, poner el foco en las ayudas sociales inclusivas y fomentar la xenofobia para que prenda una guerra entre pobres. 

En última instancia, más allá de un utilitarismo poco acorde al plano ético y democrático, quizá hayamos de asumir que para frenar las miles de muertes anuales de familias enteras en el mar, o para acoger a personas que huyen de la guerra, hemos de arriesgarnos a la posibilidad de cierta merma económica coyuntural. Merma que, recordemos, seguramente solo se produciría si no fuéramos capaces de enfrentarnos al capital y la oligarquía xenófoba patria.  

Otro argumento loable que los nuevos fascistas como Salvini están extendiendo es que cierran las fronteras y persiguen a las ONG que salvan náufragos porque no quieren una sociedad de esclavos. La crueldad que se oculta esta vez en lo manifestado por el ministro del Interior italiano no solo es que ellos no hacen nada por cambiar esta situación –más bien al contrario, pues incrementan las deportaciones, castigan la solidaridad y endurecen las servidumbres –, sino que además parecen decirnos con las acciones que acompañan sus palabras que los prefieren muertos. 

En un libro ya clásico de Michael Walzer, Esferas de la justicia (1983), tras comparar a los Estados soberanos con universidades de élite capaces de admitir a quienes sus miembros decidan, este autor describió de manera implacable a las sociedades actuales como “familias con sirvientes”. Llevando la analogía a la vieja Atenas, llamó la atención acerca del parecido de aquellos metecos que carecían de derechos completos con la situación de los inmigrantes en nuestras ciudades. Sin derechos políticos no podían asumir cargos públicos, votar en la Asamblea ni actuar como jurados. “Eran los súbditos de una banda de ciudadanos-tiranos”, concluía Walzer. 

Hoy día se niegan estos derechos políticos hasta a quienes residen de acuerdo a las normas del país. El miedo a la expulsión pende sobre las vidas de todos y todas, por muchos años de pertenencia social que se tenga. La solidaridad patriótica de los nacionales los excluye de una soberanía estatal que sigue imponiéndose a los principios democráticos de igualdad y libertad. Los inmigrantes conforman así la clase más explotada del país, cruzándose opresiones materiales y de estatus legal que, en el caso de las mujeres, habrían de sumarse a las derivadas de la dominación de género. Walzer clama contra unas comunidades, las nuestras, que han olvidado los principios básicos de la democracia. 

Pero ante la generalización de responsabilidades por la tiranía que hace este autor, no olvidemos que muchos ciudadanos carecen de derechos sociales y económicos básicos que sus Constituciones proclaman solo nominalmente, aunque sepamos que no tienen ningún valor real. Es por ello que las alianzas han de plantearse siempre solidariamente desde abajo, aunando un carácter de clase, internacional y feminista. 

Otro teórico político, Joseph H. Carens, ha publicado un libro relativamente reciente y altamente recomendable si queremos salir del marco actual. Se llama The Ethics of Immigration, y en él expone lo que ha venido defendiendo toda su carrera: las fronteras democráticas y abiertas. No se trata de la UNESCO en este caso, pero su obra viene avalada por los premios recibidos en 2014 por parte de las Asociaciones de Ciencia Política de Estados Unidos y de Canadá.  

Carens parte de que las fronteras no solo son aquellos espacios territoriales que separan países, también las hay internas. Éstas cavan abismos entre los derechos de unos y otros. Si la imagen de un policía amenazando (o golpeando) desde lo alto de un muro a quien huye de la pobreza o de la persecución política no resulta democrática, tampoco lo es la negación de derechos fundamentales a quien ha convertido con el paso del tiempo su nuevo país en un hogar. ¿Es democrático que te excluyan de participar en la conformación de las leyes que rigen tu vida? Nadie debería ser discriminado por su origen nacional, recordemos. 

Tras analizar las condiciones en Europa y Estados Unidos de los residentes extranjeros, de quienes tienen un visado temporal de trabajo y de los inmigrantes irregulares, Carens plantea un primer desafío de altura: ser miembro pleno de una comunidad política no debería depender de identidades, valores, herencias de sangre, dineros, lenguas ni religiones; tan solo de la pertenencia social (actual o anticipada, autorizada o no) derivada de vivir en un territorio un cierto tiempo. Es la suya una apuesta sólida y clara por la vecindad. 

Es en la segunda parte de su libro, al abordar la cuestión de quiénes entran, donde Carens defiende la urgencia ética y democrática de abrir las fronteras territoriales. 

Asumiendo primero el sistema existente, el autor da por supuesta la admisión de los familiares inmediatos de los residentes legales. No cabe discusión ética sobre esto. Señala asimismo que un consenso mínimo, logrado al menos de iure, reside en rechazar toda discriminación en las admisiones por motivos étnicos, religiosos, ideológicos o de orientación sexual, a lo que habríamos de añadir la aporofobia. 

En julio de 1938 una treintena de Estados se dieron cita en Evian, Francia, para abordar la cuestión de los refugiados judíos que huían de Alemania. Solo un país, la República Dominicana, se mostraría ampliamente dispuesto a la acogida. Sobre la intuición ética que despierta esta experiencia, Carens arma su respuesta a la cuestión de si hoy los Estados están obligados a recibir más refugiados. El capítulo que dedica a ello despide una contenida indignación. Se elude la Convención de Ginebra mientras países pobres con estándares democráticos en principio menores que los denominados occidentales acogen millones de personas. 

El autor es claro: no estamos ni de lejos en una situación que impida a los Estados ricos admitir refugiados. Se desestima la demanda vital de millones de personas por defender, en última instancia, el mantenimiento de un sistema fortaleza que no está mejorando precisamente la vida de la clase trabajadora nacional. Motivos humanitarios, responsabilidad propia ante los crecientes refugiados climáticos o ante quienes huyen de la pobreza, así como la propia normativa internacional, obligan moralmente a la acogida y a extender la definición de refugiado. Con ello plantearemos un horizonte de ruptura con un sistema económico injusto en su dimensión internacional. 

Para terminar y en esta línea, Carens se sale del marco de la soberanía. Con su apuesta por las fronteras abiertas cuestiona al Estado su derecho a impedir la libre movilidad humana. Le mueve la defensa de la libertad de movimiento que, en la mejor tradición arendtiana, considera fundamental y previa a otras como la de pensamiento y expresión. Asimismo se pregunta por qué admitimos sin problema esta misma libertad dentro de cada Estado, pues esencialmente remite a lo mismo. Esta analogía resulta interesante en el caso español por cuanto durante el franquismo las migraciones andaluzas a Cataluña, por ejemplo, eran sometidas a controles policiales, algunas las impedían en plena frontera regional e incluso en los años cincuenta se registraron al menos 15.000 deportaciones. 

Por último, Carens está también convencido de que esta apertura (que no eliminación) de fronteras remará a favor de la igualdad de oportunidades y la reducción de las desigualdades. Ambos argumentos le parecen independientes, y ambos los defiende. 

Todo es por tanto capaz de alterarse, no hay un orden natural inamovible. Es preciso volver a hacernos las preguntas iniciales sobre la democracia, indagar en lo que nos parece de justicia, para darnos cuenta de hasta qué punto el régimen de fronteras y ciudadanía actual está fallando. Y a partir de la crítica y la imaginación política aterrizar propuestas teóricas y prácticas, también legislativas, que hagan del mundo un lugar más justo.